Por José Javier Díaz
La pandemia del COVID-19 vino a acentuar y definir que los roles de los estados ya no serán los mismos.
Estamos frente a un nuevo paradigma, un punto de inflexión, y sabemos que este proceso no ha terminado en ningún lugar del mundo, esto tiene no solo un costo social y económico, sino también en vidas humanas, que, en el caso de Latinoamérica, impacta con mucha fuerza y crudeza en los sectores más vulnerables.
En Brasil, Jair Bolsonaro ha mostrado mucha soberbia e indiferencia frente al coronavirus, incluso luego de su diagnóstico positivo, continuó promocionando la cloroquina para enfrentar el COVID pese a que este medicamento fue retirado de los ensayos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El gigante sudamericano es el segundo país con más casos de contagios y muertes por el brote en el mundo, con poco más de 4,1 millones de casos confirmados, y un continuo avance desenfrenado.
Bolsonaro enfrenta el gran desafío de la masiva salida de capitales, la devaluación del real y el colapso del sistema sanitario. Todo ello en un contexto de un frágil sistema de salud pública, sumado a los recortes presupuestarios y a una crisis estructural que Brasil arrastra desde hace años. Se encuentra más enfocado en formular relatos para conmover a la opinión pública, que en el diseño de políticas públicas efectivas.
Por su parte, Perú ocupa el quinto puesto mundial y el segundo en América Latina entre los países con mayor cantidad de infectados, reportando más de medio millón de casos y 29 mil muertes por el coronavirus. Antes de la pandemia crecía sobre el promedio de Latinoamérica. En la actualidad, el país andino se encuentra en recesión por la pandemia, con desplome del 17% de su PIB, según cifras oficiales. Se enfrenta a la crisis económica más relevante y de mayor impacto de toda su historia. A la crisis económica se le suma una crisis política entre los poderes legislativos y ejecutivo, que arrastra desde hace años. El presidente Vizcarra gobierna en solitario desde 2018, atento a que carece de partido y de bancada propia en la cámara parlamentaria. El mandatario peruano se enfrenta a un reto de consenso, al tener que convencer a los congresistas de que hará falta un acuerdo para hacer frente a la pandemia.
En tanto, Chile es uno de los países más afectados de la región, esto se debe a que previo a la pandemia se produjo un estallido social que volcó a las calles a gran parte de la población, reclamando poner fin a un modelo que ha llevado la desigualdad a cifras abismales durante las últimas décadas. Educación pública, acceso a la salud y reconocimiento al pueblo mapuche han sido sólo algunas de las banderas de las manifestaciones masivas y reprimidas por el gobierno de Sebastián Piñera. La pandemia, en este contexto, vino a poner en evidencia, no sólo en este país, sino en el mundo entero, la necesidad de políticas que garanticen derechos elementales como la salud a toda la población y el acceso a internet (muchos niños y niñas han quedado fuera del sistema escolar por la imposibilidad de ir a clases de manera presencial), por mencionar algunos ejemplos. En el escenario político, la reforma constitucional prevista para empezar a discutirse este año en el país trasandino quedó suspendida, por el momento, debido al escenario de pandemia y al confinamiento obligatorio al cual se tuvo que recurrir luego de la fallida política de cuarentenas flexibles y selectivas que lo llevaron a ocupar un lugar en el top ten de los países con más casos, no solo de la región, sino del mundo.
Bordeando las costas del Atlántico se encuentra Uruguay, uno de los casos reconocidos como exitosos en la gestión de la pandemia. Son diversos los factores que explican esta afirmación, al menos en principio. En primer lugar, actuó muy temprano, al registrar el primer caso el 13 de marzo, decidieron cerrar actividades y clases para evitar la circulación del virus. Para ello contaron con el consenso de algunas fuerzas políticas que apoyaron al flamante presidente Lacalle Pou, iniciado en su mandato apenas dos semanas antes. Por otro lado, definieron una cuarentena no obligatoria apelando a la responsabilidad ciudadana, que respondió favorablemente. Fue clave el sistema de salud de acceso universal, ya que ello impidió el colapso del sistema al tener personal médico en los barrios, que realizaban chequeos tempranos. En lo que respecta a educación, el acceso a internet y a dispositivos, producto del exitoso Plan Ceibal que venía funcionando de gestiones anteriores, fue clave para evitar el alejamiento de la escolaridad de los sectores con menos recursos, siendo hoy Uruguay el primer país de la región en retomar las clases presenciales. Por último, debe tenerse en cuenta el factor demográfico, se trata de una población de 3,5 millones de habitantes, lo que facilita en cierta medida la gestión de un hecho inédito como la pandemia que estamos atravesando.
La pobreza y desigualdad social son cuestiones que atraviesan a toda la región, pero Venezuela posee los índices más altos y esta situación ha empeorado con la pandemia. Si bien es el país que menos contagios y fallecidos ha notificado, la deficiencia de su salud pública (falta de recursos médicos y de albergue para los enfermos) la ubica en un lugar de extrema vulnerabilidad. Se encuentra en una profunda crisis producto del riesgo alimentario, la falta de combustible y de agua (producto de la deteriorada infraestructura para su distribución).
Este escenario fue evidenciado por La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, la cual concluye en la destrucción de la calidad de vida de los venezolanos acumulada en los últimos cinco años.
La vulneración a los Derechos Humanos no es una cuestión exclusiva de Venezuela o Chile, el gobierno de Áñez en Bolivia es denunciado por cometer ejecuciones extrajudiciales y represión durante las manifestaciones en desacuerdo con la manera en que se forzó la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019. En el contexto de Coronavirus se han suspendido las elecciones presidenciales aumentando la crisis política que viene atravesando Bolivia, y los bloqueos en calles y carreteras convocadas por el Movimiento al Socialismo.
Las consecuencias en la salud son peligrosas ya que la falta de abastecimiento de insumos médicos como el oxígeno, aumenta el número de muertos por Covid.
En Argentina la situación es muy desigual desde el punto de vista geográfico, hay provincias que tienen una mayor apertura y otras tuvieron que dar marcha atrás en sus procesos de “normalización”. El Área Metropolitana de Buenos Aires es una de las que más ha sufrido las consecuencias de la pandemia y la aplicación de una cuarentena que lleva casi 6 meses, justificada por el gobierno como la forma por excelencia para evitar la saturación del sistema de salud. Esta situación parece estar generando el cansancio de sectores de la población que empiezan a manifestarse en las calles desafiando un virus que parece estar en su pico de contagios durante las últimas semanas.
La pandemia llegó a poco de inaugurarse el gobierno de Alberto Fernández, quien fue aplaudido por la mayoría al inicio de la pandemia, pero cuya imagen positiva fue disminuyendo con el paso del tiempo. En sus escasos meses de gestión, tuvo que enfrentar dos manifestaciones opositoras durante la cuarentena, una por el proyecto de expropiación de Vicentín (la firma agroindustrial que durante la gestión de Mauricio Macri recibió por parte del Banco Nación préstamos por $18.700 millones sin los controles legales pertinentes, y que luego se declaró en “estrés financiero” el 5 de diciembre de 2019, a pocos días de asumir el nuevo gobierno) y otra de múltiples demandas, el lunes 17 de agosto de 2020. Los próximos meses, que ya avizoran la campaña política de medio término, serán de gran trabajo para una clase política golpeada que viene sufriendo las graves consecuencias que va dejando esta pandemia a su paso.
La pandemia y las Fuerzas Armadas
En los países sudamericanos, la relación entre las sociedades civiles y sus respectivas Fuerzas Armadas (FFAA) es muy disímil, ya sea por razones geopolíticas, socio-económicas o históricas, esencialmente por las consecuencias de los distintos gobiernos militares que gobernaron en casi todas las naciones de América del Sur durante las décadas de 1960 a 1980.
En ese sentido, en diversos estudios, entre los cuales podemos citar un paper elaborado por la Consultora Sapiencia, la gravedad de la pandemia del COVID-19 implicó la toma de decisiones urgentes y de alto impacto social por las consecuencias sanitarias, económicas y sociales. Es por ello que todos los Estados no dudaron en recurrir al empleo subsidiario de sus Fuerzas Armadas para asistir a la población mediante operaciones de control (de tránsito y seguridad), logística (transporte, abastecimiento de alimentos, remedios, etc.), apoyo sanitario con equipamiento e instalaciones hospitalarias militares, etc.
Otros estudios, entre ellos, una encuesta de IPSOS, destacan que -en la mayoría de los países sudamericanos- las Fuerzas Armadas mejoraron su nivel de aprobación social, subiendo un promedio de diez a quince puntos porcentuales respecto a la valoración que tenían dichas instituciones previo a la pandemia.
Dicho esto, incluso en países como Chile y Venezuela, que en los últimos meses vivieron situaciones de extrema tensión social por diversos motivos, las FFAA mejoraron sus niveles de aprobación por encima de lo que la población ponderó a sus respectivos representantes del poder ejecutivo.
Particularmente en el caso de Argentina, el involucramiento de las Fuerzas Armadas en zonas de gran vulnerabilidad socio-económica ha sido ponderada por todos los espacios políticos, independientemente de su orientación ideológica y los uniformados han podido cumplir con sus tareas de apoyo a la comunidad sin registrarse actos de violencia o desdén hacia las tropas.
Esta realidad reafirma una expresión del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA argentinas, el General Juan Martín Paleo, quien expresó que: “Los militares no necesitamos reconciliarnos con la sociedad porque nunca estuvimos peleados…Aun en el primer ingreso de reconocimiento nuestro personal fue recibido con aplausos”.
Está claro que las instituciones castrenses disponen de medios y personal capacitado para hacer frente a situaciones extremas como lo es la actual pandemia. Como era de esperar, aquellas naciones que -antes de la pandemia- destinaron más recursos presupuestarios a la Defensa Nacional son los que tuvieron una mejor capacidad de apoyar y proteger a sus poblaciones. Confiamos que los gobernantes aprenderán la lección y, en adelante, comprenderán la necesidad de invertir más recursos en sus Fuerzas Armadas, ya sea para situaciones extremas en tiempos de paz como la actual pandemia o ante la inminencia de un conflicto armado.
