El chavismo se fortalece entre los escombros mientras EEUU diluye a la oposición

Por Ignacio Montes de Oca

A casi un mes del doble terremoto que sacudió a Venezuela, el escenario político cambió en sentido contrario al esperado. La tragedia que algunos imaginaban como una oportunidad para acelerar una transición democrática terminó dándole al chavismo una nueva oportunidad para recuperar iniciativa, controlar la asistencia y reorganizar su presencia territorial.

La ayuda internacional llega en gran escala: equipos de 28 países trabajan en las zonas afectadas, ingresaron más de 2.000 toneladas de suministros en 37 vuelos y Washington destinó US$310 millones a operaciones de rescate, logística y asistencia. Además, Estados Unidos desplegó 900 soldados y asumió el control operativo del aeropuerto de Maiquetía para garantizar la entrada de los cargamentos.

Pero el problema no está en la llegada de la ayuda, sino en su distribución. Una vez que los suministros abandonan el aeropuerto, el control vuelve a depender de estructuras estatales, funcionarios y redes políticas vinculadas al chavismo. Organizaciones humanitarias, dirigentes opositores y rescatistas denuncian restricciones, intimidaciones a periodistas, detenciones arbitrarias, selección política de beneficiarios y desvío de asistencia.

La reconstrucción quedó bajo el programa “Venezuela Renace”, integrado por figuras históricas del PSUV como Jaqueline Faría, Héctor Rodríguez, Ricardo Menéndez y Francisco Garcés. Son dirigentes asociados a gestiones cuestionadas por falta de transparencia, obras públicas inconclusas y manejo opaco de recursos. En la práctica, la emergencia terminó en manos del mismo aparato que durante años administró buena parte del poder chavista.

Esa dinámica expone el límite de Washington. La Casa Blanca puede asegurar que los aviones aterricen, pero no parece tener margen suficiente para impedir que el chavismo conserve el control de la distribución y de buena parte del territorio. Si Estados Unidos sostiene que influye sobre los principales recursos estratégicos venezolanos, también empieza a recibir cuestionamientos por los abusos que siguen ocurriendo dentro del país.

La ausencia de María Corina Machado refuerza esa contradicción. La dirigente opositora intentó regresar desde Panamá, pero no pudo ingresar al país. Ella denunció que el régimen cerró el espacio aéreo; Washington respondió que no controla el espacio aéreo interno venezolano. El resultado concreto, más allá de la explicación, es que la principal referente opositora sigue fuera de Venezuela y la transición vuelve a perder impulso.

Antes del terremoto, el Departamento de Estado todavía esperaba avanzar hacia una normalización institucional impulsada por Marco Rubio. Ahora, la reconstrucción desplazó a la política. La discusión electoral quedó relegada a una comisión entre la Asamblea Nacional de 2015, controlada por la oposición, y la Asamblea surgida en 2026, dominada por el oficialismo. Sin plazos claros, la posibilidad de elecciones vuelve a correrse, incluso hacia 2028.

El argumento técnico existe: depurar el Registro Electoral, renovar el Consejo Nacional Electoral, permitir el regreso de la diáspora y reconstruir garantías institucionales demanda tiempo. Solo organizar una elección nacional llevaría entre nueve y diez meses. Pero ese calendario también favorece al chavismo, que conserva ministerios, gobernaciones, estructuras territoriales y capacidad de disciplinar al Estado mientras negocia desde una posición más cómoda.

Dentro de Washington, además, conviven prioridades distintas. Marco Rubio insiste en una transición democrática con elecciones competitivas. JD Vance parece concentrado en estabilizar Venezuela para garantizar petróleo, gas, minería e inversiones. Trump oscila entre el discurso político y el pragmatismo. Esa tensión explica por qué funcionarios estadounidenses coordinan ayuda con dirigentes chavistas mientras siguen hablando de democratización.

La paradoja también alcanza a la ayuda internacional. Estados Unidos, gobiernos europeos y latinoamericanos, además de Rusia, China, Irán e Israel, participan de una respuesta humanitaria que, en buena medida, termina coordinada con funcionarios del PSUV.

Incluso Israel aporta metodología técnica para clasificar viviendas y edificios dañados, pese a que el chavismo sostuvo durante años una retórica abiertamente hostil hacia ese país. La ideología quedó subordinada a la supervivencia política. Esa capacidad del chavismo para metamorfosearse es el factor de supervivencia que Washington parece ignorar: si lo hizo mil veces, puede hacerlo otra vez en el futuro.

El financiamiento abre otra incógnita. Los US$310 millones anunciados por Washington son relevantes, pero insuficientes frente a la magnitud del desastre. Tampoco hubo definiciones sobre los aproximadamente US$7.000 millones provenientes de ventas de petróleo venezolano bajo supervisión estadounidense ni sobre la posibilidad de usar activos incautados al chavismo para la reconstrucción.

La ONG Transparencia Venezuela estimó que, desde 1999, las distintas tramas de corrupción vinculadas al chavismo habrían desviado alrededor de US$360.000 millones. Incluso recuperando apenas una fracción de esos activos sería posible financiar buena parte de la reconstrucción. Esa es una decisión política clave en este entramado. El antecedente existe.

Tras la invasión rusa a Ucrania, varios países occidentales avanzaron sobre activos congelados de empresarios y funcionarios rusos para financiar asistencia al gobierno de Kyiv. La pregunta es si ese mismo criterio podría aplicarse a fondos vinculados a dirigentes chavistas. La discusión puede basarse en lo que acaba de suceder en los tribunales estadounidenses.

El 14 de julio, un juez federal ordenó pagar US$314 millones a tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron haber sido detenidos y torturados en Venezuela. Son US$4 millones más que la ayuda directa de Estados Unidos a Venezuela por el terremoto. La indemnización se cubrirá con activos previamente incautados al chavismo. La decisión demuestra que esos recursos pueden utilizarse judicialmente. Lo que todavía no está claro es si Washington está dispuesto a emplearlos para financiar la reconstrucción del país.

Mientras tanto, miles de venezolanos siguen dependiendo de una asistencia administrada por el mismo aparato estatal que concentra el poder territorial.

La crisis también reactivó viejas prácticas. El caso del rescatista Wilmer Antonio Cruz, conocido como “El Topo de La Guaira”, expuso el costo de cuestionar públicamente la gestión oficial: tras rescatar a 60 sobrevivientes, fue blanco de campañas de desprestigio.

A eso se suman denuncias de obstáculos a periodistas, retención de ayuda civil y la necesidad de rastrear cargamentos desde el país de origen para evitar desvíos, como ocurrió con la ayuda enviada por la ciudad de Panamá. El GPS incorporado al envío mostró que estaba en Maturín, a 431 km de La Guaira, donde se la necesitaba de manera desesperada.

La imagen de Diosdado Cabello recorriendo zonas afectadas junto a funcionarios estadounidenses resume el nuevo realismo. Durante años, Washington lo presentó como el factótum del chavismo. Hoy debe reconocer que sigue siendo una pieza central de su política: controla estructuras partidarias, sectores territoriales y el equilibrio interno que sostiene a la dictadora interina, Delcy Rodríguez.

Así, la gran pregunta ya no es solo cuándo habrá elecciones, sino quién gobierna realmente Venezuela. Formalmente, la administración está encabezada por Delcy. En la práctica, decisiones estratégicas se negocian con Washington, Rubio impulsa una transición que el chavismo intenta demorar, Vance prioriza estabilidad económica y Trump mantiene una posición ambigua. Mientras tanto, el aparato chavista administra el presente.

El riesgo es que la transición se convierta en una promesa sin fecha. Una negociación prolongada puede darle al chavismo el tiempo que necesita para reorganizarse, mientras el calendario político estadounidense reduce la atención de Washington. Si la Casa Blanca se concentra en sus propias elecciones, en Irán, China, Rusia o la economía doméstica, la presión sobre Caracas podría licuarse.

El terremoto obliga a reconstruir ciudades, hospitales, rutas, viviendas y servicios públicos. Pero reconstruir instituciones será más difícil. Los edificios pueden levantarse con dinero; la confianza política exige reglas claras, elecciones competitivas y garantías que todavía no aparecen.

La Venezuela posterior al terremoto cambió de actores, alianzas y lenguaje. Maduro ya no está, pero en los barrios, las oficinas públicas y las zonas devastadas siguen apareciendo los mismos dirigentes, funcionarios y estructuras políticas de siempre.

Hay preguntas que siguen sin respuesta. Si Washington realmente posee la capacidad de influencia que afirma tener sobre Caracas, la duda resulta inevitable: ¿por qué la principal figura opositora sigue fuera de Venezuela? Dejando de lado el petróleo y el gas, ¿quién impone las reglas?

Frente al creciente malestar, tanto Washington como las nuevas instituciones venezolanas comenzaron a emitir comunicados conjuntos sobre el futuro político del país. Pero ¿en qué cambia eso el presente urgente de los venezolanos?

Otras incógnitas persisten: ¿por qué no se usa esa influencia de la que se jacta Trump para establecer una fecha clara para las elecciones? ¿Por qué no se levantan las restricciones a la oposición? ¿Por qué continúan las detenciones arbitrarias contra quienes expresan disidencia? ¿Quién decidió impedir realmente el ingreso de María Corina Machado?

Todas esas preguntas nos regresan a la más importante: ¿quién gobierna realmente Venezuela y quién lo hará en el futuro?

Ahora Rubio cambió sus prioridades para Venezuela. De los tres pasos —estabilización, recuperación y transición— pasó a un duro comunicado en el que afirma que el objetivo es “promover la estabilidad, la democracia y la recuperación” en Venezuela. Luego admite que el doble sismo “ha puesto de relieve la urgencia de la unidad, de un liderazgo responsable y de instituciones capaces de servir”.

Eso equivale a decir que su socio chavista ya no es suficiente, pero no lo descarta. De allí que el jefe del Comando Sur del Ejército de EE. UU., el general Donovan, haya sido fotografiado sin señales de fastidio con Delcy y con Diosdado, sobre quien pesa un pedido de captura por US$25 millones emitido por la misma nación que le da órdenes al militar. Y, si no es Donovan, desde enero hay una misión del FBI en Venezuela operando para “capturar a objetivos criminales de alto perfil”. Diosdado es de la misma raza criminal que Maduro y Cilia. De nuevo, es un problema de voluntad política, no de falta de medios, jurisdicciones o límites legales.

Además, el nuevo esquema impulsado desde Washington deja cada vez más atrás el reconocimiento que la administración estadounidense anterior había otorgado a Edmundo González como ganador legítimo de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. La prioridad ya no parece ser validar aquel resultado, sino construir un nuevo mecanismo de negociación entre oficialismo y oposición. Y, si se desprecia ese casi 70% logrado por la oposición, María Corina Machado también pierde potencia ante la Casa Blanca.

Ese cambio explica la creación de la comisión mixta que comenzará a funcionar el 1.º de agosto. Sobre el papel, aparece como un espacio de diálogo; para buena parte de la oposición, en cambio, representa un riesgo porque coloca en pie de igualdad a una Asamblea elegida democráticamente en 2015 con otra controlada por el oficialismo y dirigida por la dictadora y su hermano.

Esa conversación puede llevar semanas, meses e incluso años antes de producir un resultado. Hay un viejo refrán político que dice: “Cuando no se quiere tomar una decisión, se crea una comisión”.

Las comisiones para introducir las reformas en las leyes de hidrocarburos exigidas por Washington comenzaron a trabajar el 14 de enero. Para el 26 de ese mes se aprobó la primera; la segunda, el 9 de abril. La comisión mixta para el tema electoral no tiene apuro: comenzará a trabajar en agosto y tendrá 120 días para emitir un dictamen que ni siquiera será vinculante. Serán solo “recomendaciones”.

En el escenario ideal, debería haber elecciones en diciembre. En el real, con la oposición aún proscripta, hacerlas antes sería quitarle tiempo para prepararse frente al aparato chavista, que sigue intacto y conserva el manejo de los recursos estatales para hacer proselitismo. Si tardan más, la fecha quedaría más lejos de las elecciones de medio término de EE. UU. y del momento en que Trump podría perder su capacidad de influir para forzarlas.

La propia coordinadora de la comisión mixta por el bando opositor de 2015, Dinorah Figuera, aclaró explícitamente que la meta para diciembre de 2026 es únicamente “entregar las bases fundamentadas para la convocatoria”, pero subrayó que no puede prometer ni asegurar que los comicios se realicen este año.

La dictadora a cargo dio, irónicamente, la definición más realista de la fecha electoral: “No sé, algún día”.

Por eso crece el escepticismo. La transición existe sobre el papel, pero la realidad todavía se parece demasiado al pasado. Y mientras las elecciones sigan siendo una promesa sin fecha, la mayor victoria del chavismo quizá no sea haber conservado el gobierno, sino haber logrado que el tiempo vuelva a jugar a su favor.

Existe una frase atribuida a Giuseppe Tomasi di Lampedusa en El Gatopardo que parece escrita para representar a la Venezuela actual: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Una comisión venezolana supervisada por la Casa Blanca se encargará de decidir si es la definición correcta. La respuesta vendrá en semanas, meses o años.