Evidencias de la continuidad criminal y terrorista trasnacional de las FARC posterior al Acuerdo de Paz de 2016, y la construcción de los consecuentes escenarios estratégicos que se pueden presentar en Argentina
Por el Capitán de Corbeta (Armada de Colombia) José Alejandro Porto Morales
Posibles escenarios
Logrando concentrar las principales tendencias e incertidumbres en dos ejes ortogonales, se construye una matriz; cada matriz tiene cuatro cuadrantes donde cada uno de ellos constituye un futuro a explorar (Wilkinson, 1995). Cada matriz sigue el modelo de Peter Schwartz, con dos ejes, así:
Eje X: Representa la incertidumbre sobre el modelo político que dominará en América Latina a partir de 2023. En el lado izquierdo, plantea la posibilidad de continuación de gobiernos neosocialistas en América Latina, entre ellos a Argentina. En el lado derecho, plantea la predominancia de gobiernos conservadores en la región.
Eje Y: Representa la incertidumbre sobre la actitud internacional hacia las amenazas narcoterroristas trasnacionales, como lo son las disidencias de FARC y RAM. En el polo superior del eje, se plantea la posibilidad de que la comunidad internacional regional no reconozca a estas amenazas como organizaciones terroristas, lo que implica una insuficiente política estatal para combatir ese flagelo; en el polo inferior, se plantea que la comunidad internacional en la región si llegue a considerar a organizaciones como las disidencias de FARC y RAM como terroristas, lo cual significaría una serie de medidas estatales contundentes para combatirlas, como por ejemplo congelación de fuentes de financiación, emisión de circulares rojas de Interpol, aplicación de normas del DIH para actuar con medios militares convencionales, entre otras.
Escenarios para la RAM/CAM en 2023:
Elaboración propia
Se observa que el escenario más favorable (escenario apuesta) para los fines de RAM/CAM, coinciden en aquel en el cual continúa un gobierno neosocialista en la Casa Rosada, y en el cual la comunidad internacional regional latinoamericana no logra un consenso para reconocer a las organizaciones como FARC y RAM, como terroristas.
Por el contrario, el “escenario catastrófico” para la amenaza RAM/CAM, es aquel en el cual se de un gobierno conservador en Argentina, en cooperación con gobiernos regionales como el de Brasil, Chile y Colombia, y en el cual la comunidad latinoamericana reconoce a las FARC y a la RAM/CAM como organizaciones terroristas, lo cual conlleve a más y mejores medidas para combatirlos en todos los campos del poder.
· Cuadrante “Gobiernos neosocialistas en América Latina, como modelo predominante en la región” + “FARC y RAM no reconocidas como organizaciones terroristas por comunidad internacional”:
1. Fortalecimiento de la presencia y capacidad armada de la RAM/CAM en el occidente de Argentina con apoyo de FARC, aprovechando la porosidad de las fronteras, producto del debilitamiento sistemático de las FF.AA. de Argentina, y la facilidad que tendrán las FARC para actuar en Argentina con el beneplácito soterrado del gobierno.
2. Fortalecimiento del FSP en América Latina, estrechándose convenios e intercambios para robustecer trabajo político desde las masas, penetrando e infiltrando todos los campos del poder de manera directa. Campaña política regional coordinada desde el FSP, utilizando las herramientas estatales de países con gobiernos neosocialisatas, para desprestigio de líderes y partidos políticos conservadores, y promover la permanencia en el poder político más allá de los límites democráticos actuales. En paralelo, creación de milicias urbanas y rurales, con apoyo estatal, afines y leales al gobierno, como una fuerza paramilitar y alterna para contrarrestar poder de las FF.AA. dentro de un proyecto de perpetuarse en el poder.
· Cuadrante “Gobiernos neosocialistas en América Latina, como modelo predominante en la región” + “FARC reconocidas como organizaciones terroristas por comunidad internacional”:
3. Continuación de la presencia de la RAM/CAM en el occidente de Argentina, aprovechando la porosidad de las fronteras, producto del debilitamiento sistemático de las FF.AA. de Argentina. RAM aprovecha fortalecimiento del FSP en América Latina, para robustecer trabajo político desde las masas, buscando apoyo popular y capacidad de injerencia política.
4. FARC establece santuario político en Argentina, con el fin de intercambiar capacitación y adoctrinamiento.
· Cuadrante “Gobiernos conservadores en América Latina, como modelo predominante en la región” + “FARC Y RAM no reconocidas como organizaciones terroristas por comunidad internacional”:
5. Continuación mermada de la presencia e influencia de la RAM/CAM, con asesoría de las disidencias FARC, en el occidente de Argentina, con fines de narcotráfico y terrorismo, evadiendo la presión estatal chilena, aprovechando la porosidad de las fronteras, producto del insuficiente equipamiento de las FF.AA. de Argentina.
6. Aumento en intensidad, violencia y frecuencia de paros y piquetes promovidos por movimientos neosocialistas contra el gobierno conservador de turno, infiltrados por promotores de FARC, SEBIN y G2 cubano. Asimismo, aumento del esfuerzo por ejecutar trabajo político-ideológico para penetrar e infiltrar los campos del poder, líderes sociales y universitarios de manera discreta, como parte de un proceso de larga duración, con miras a las elecciones de 2023.
· Cuadrante “Gobiernos conservadores en América Latina, como modelo predominante en la región” + “FARC reconocidas como organizaciones terroristas por comunidad internacional”:
7. Compromiso estatal y regional, mediante conformación de coaliciones y convenios, para combatir al narcoterrorismo trasnacional, personificado en alianzas como la de RAM/CAM-FARC, lo cual dificulta y encarece la capacidad delictiva de estas organizaciones en la región.
8. Compromiso estatal y regional, mediante conformación de coaliciones y convenios, para combatir al narcoterrorismo trasnacional, personificado en organizaciones como las FARC, lo cual le dificulta y encarece su capacidad de injerencia en la región, impidiendo su influencia sobre movimientos políticos neosocialitas en Argentina.
El peor escenario: fortalecimiento del RAM como organización narcoterrorista
Fortalecimiento de la presencia y capacidad armada de la RAM/CAM en el centro-occidente de Argentina con apoyo de FARC, aprovechando la porosidad de las fronteras, producto del debilitamiento sistemático de las FF.AA. de Argentina, y la facilidad que tendrán las FARC para actuar en Argentina con el beneplácito soterrado del gobierno neosocialista.
En este escenario, la Resistencia Ancestral Mapuche, también aprovechando la inestabilidad e incertidumbre que se produce por el cambio de gobierno de Argentina en 2023, aumentará su trabajo de masas y la frecuencia de sus actos terroristas, como quema de vehículos y generación intencional de incendios, con el propósito de divulgar su mensaje, hacerse un actor fuerte y con capacidad de influir en la opinión pública mediante la generación de miedo; las otrora relaciones de radicales mapuches con funcionarios kirchneristas, miembros de La Cámpora y MPR Quebracho, facilitará a la RAM su resurgimiento.
Siguiendo un modelo, relativamente estandarizado, aplicado por las FARC en Colombia, especialmente en regiones como el Cauca y Nariño, el RAM/CAM seguirá impulsando la invasión de propiedades privadas rurales, mediante la manipulación de grupos indígenas que aleguen derechos ancestrales sobre esas tierras; esto, coordinado con el apoyo y acompañamiento de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de defensa de Derechos Humanos, solapará el accionar ilegal de ocupación de tierras, con un aparente manto de justificación ante la opinión pública.
Mientras la comunidad internacional no reconozca que tanto la RAM como la CAM son organizaciones terroristas, estarán limitadas las herramientas jurídicas y militares para neutralizarlos. Al respecto, cabe citar que en el mes de septiembre de 2018, la ONU pidió que se suspendiera la extradición de Facundo Jones Huala, líder de la RAM, a Chile, “mientras 18 expertos independientes examinan el caso” (Todo Noticias, 2018), atendiendo las demandas de Sonia Ivanoff, abogada del dirigente mapuche, quien argumentó que Huala es un “perseguido político”; este hecho refleja que organismos tan importantes como la ONU no tienen la conciencia situacional sobre la amenaza terrorista que se cierne en América Latina por organizaciones como RAM y CAM, las que a su vez, están interconectadas con otras aún más violentas como las FARC. Afortunadamente se impuso la razón jurídica, y el terrorista mapuche fue finalmente extraditado a Chile, donde fue condenado en diciembre de 2018 a nueve años de cárcel.
Si bien es cierto que el accionar terrorista de la RAM/CAM disminuyó en 2019, presumiblemente por el encarcelamiento de su principal líder, el regreso de un gobierno neosocialista en Argentina, afín a los ideales de indigenismo radical, coadyuvó en el fortalecimiento de la organización terrorista, alineado con el proyecto regional del Foro de São Paulo, lo cual implicará la interconexión con otros subsistemas como las FARC, quienes desde lo político-ideológico, y desde su brazo armado clandestino, aportarán al crecimiento de los mapuches radicales en Argentina.
Análisis de resultados
Riesgos para la seguridad regional por casos de continuidad criminal y terrorista de las FARC POS-Proceso de Paz. Exploración de la actualidad latinoamericana, desde el enfoque político:
A partir de las relaciones de identificación entre los actores analizados, se evidencian sus vínculos cooperativos, los cuales se mantienen vigentes, indiferentes al Acuerdo de Paz de 2016. El proyecto político coordinado por el FSP representa un sistema superior que el subsistema FARC, motivo por el cual es coherente deducir que los compromisos adquiridos por esta organización narcoterrorista a través de su historia con ese sistema se mantengan a pesar de lo negociado con el Gobierno de turno en Colombia. Igualmente sucede con los compromisos a nivel narcoterrorista asumidos por las FARC a través de su historia.
Las FARC y la organización autodenominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) han mantenido nexos bajo el amparo ideológico del “Socialismo del siglo XXI”, el cual recicla obsoletos postulados marxistas para hacerlos aparentemente funcionales aplicados a otras causas, como la supuesta lucha por la reivindicación de los derechos de minorías, en este caso indígenas. Estas dos organizaciones están alineadas con el Foro de São Paulo, iniciativa que nació tras la caída de la “Cortina de Hierro” con el propósito de mantener a flote a la izquierda latinoamericana; al inicio, acudieron originalmente 68 fuerzas políticas pertenecientes a 22 países latinoamericanos, bajo la batuta de Fidel Castro y Lula Da Silva, quienes hábilmente han logrado encauzar la energía revolucionaria por una nueva vía, donde la recalcitrante “lucha de clases” es reemplazada por una “lucha cultural”, que se enquista en el seno de la democracia como un cáncer que la consume desde adentro.
El Foro se ha mantenido muy activo, llevando a cabo sus congresos en diferentes naciones latinoamericanas, como Nicaragua, país donde se realizó el “XXIII Encuentro del Foro de São Paulo” del 15 al 19 de julio de 2017; dentro de las ideas allí promulgadas, se cita aquella que demuestra su proyecto de carácter continental, abanderando minorías, que si bien es cierto poco tienen que ver entre sí, su energía es combustible útil para los fines de la izquierda: “Es necesario que el Foro de São Paulo fortalezca los esfuerzos por la construcción de un frente político y social continental, integrado por movimientos políticos, sociales y populares de nuestra región, abarcando a amplios sectores de la sociedad, entre ellos aquellos que exigen el respeto a sus derechos personales y colectivos, como por ejemplo, sus orientaciones sexuales en el caso de los grupos LGBT, los sectores de la juventud, las luchas de género por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, los pueblos originarios, los afro descendientes, que no necesariamente actúan partidariamente, pero que luchan en las calles por sus derechos y el ejercicio de sus expresiones culturales.” (Foro de Sao Paulo, 2017)
El último encuentro registrado hasta la fecha, fue la reunión del Grupo de Trabajo del Foro de São Paulo realizada el 11 de marzo de 2018 en Ciudad de México, DF, donde entre sus participantes se encuentra Antón Castro, alias “Marlon” de las FARC, quien a principios del 2018 habría sido enviado a Caracas por parte de Rodrigo Londoño Echeverri “Timochenko”, máximo líder de las FARC, para apoyar al régimen de Nicolás Maduro mediante un “trabajo de masas”. Asimismo, dentro de los partidos políticos que actualmente integran el Foro de São Paulo se resaltan:
Argentina: Frente Grande (Partido integrante del Frente de Todos); Bolivia: MAS-IPSP (partido político del actual presidente de Bolivia, Luis Arce); Brasil: Partido de los Trabajadores, de los expresidentes Dilma Rousseff y Luis Inácio Lula da Silva; Chile: Partido Socialista, de la expresidenta Michelle Bachelet; Colombia: Partido Progresista, del actual candidato presidencial Gustavo Petro; Ecuador: Movimiento Alianza País, del expresidente Lenín Moreno, y de su antecesor Rafael Correa; Uruguay: Frente Amplio, Partido político del ex presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez; Venezuela: PSUV, Partido político del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entre otros partidos y representantes de los países latinoamericanos y países invitados.
Dentro de esas renovadas fuerzas políticas de izquierda, se cita el siguiente caso boliviano por ser uno de los pioneros en el enraizamiento marxista-indigenista, lo cual ayuda a entender el modus operandi del RAM de Chile, y su alianza con las FARC bajo el amparo regional del Foro de São Paulo. En 1992, empiezan a materializarse los proyectos del Foro, surgiendo novedosos y aparentemente inconexos grupos en distintos lugares de América Latina, bajo el patrocinio de recién creadas 458 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), cuyo propósito ha sido publicitar un ficcionario relato precolombino, logrando impulsar el 12 de octubre de ese año en Bolivia la primera gran marcha “indigenista”, aprovechando la conmemoración de los “500 años de sometimiento” (en referencia al descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492) en la cual ya destacaba la acción dirigente del entonces joven Evo Morales, quien en 2005 se consagraría Presidente de Bolivia (Márquez & Laje, 2016).
En ese sentido, el otrora vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, antiguo terrorista del autodenominado Ejército Guerrillero Tupaj Katari (EGTK), se refiere enfáticamente a la causa indigenista, y expone esta mutación del sujeto revolucionario dada entre el histórico “obrero explotado” al actual “indígena colonizado” a través del hilo conductor del marxismo (Márquez & Laje, 2016): “Iniciamos así una relectura, o más bien una ampliación de nuestra mirada, desde lo obrero muy centrado en Marx, o al menos en las obras clásicas de Marx y Lenin, hacia la temática de lo nacional, de lo campesino, hacia la temática de lo que se llama las identidades difusas. Ahí nace una etapa —hacia el año 1986— que se mantiene hasta hoy, de preocupación en torno a la temática indígena… supe incorporar la temática indígena en un esfuerzo por volverla comprensible y entendible a partir de las categorías que yo tenía; mi autoformación era básicamente marxista. (...) Comienza una obsesión, con distintas variantes, a fin de encontrar el hilo conductor sobre esa temática indígena desde el marxismo” (…) “Toda revolución implica un tipo de alianzas, aun la guerra de clases es exitosa si se logra aislar, desmoralizar, debilitar al adversario y acoplar a potenciales aliados, esa es la idea de una hegemonía” (Stefanoni, Ramirez, & Svampa, 2009). Es así como este líder boliviano, desde el máximo nivel del poder político, realza el proyecto hegemónico del nuevo socialismo y nos ayuda a entender cómo se engranan tantas organizaciones, como las FARC de Colombia y la RAM de Chile, bajo el mismo amparo ideológico.
Como resultado de la operación “Fénix”, ejecutada por las Fuerzas Armadas de Colombia, en la que se logó neutralizar al cabecilla de las FARC alias “Raúl Reyes” en marzo de 2008, se encontró gran cantidad de información que evidencia las conexiones de esta organización con otros grupos terroristas como la RAM de Chile; al respecto, el entonces Director de la Policía Nacional de Colombia, declaró que las FARC “Les realizaron – al RAM - un curso de entrenamiento sobre acciones, y por eso uno podría indicar que alguna manifestaciones que han tenido los mapuches, como incendio de buses, como pintura de grafitis; ése es el comienzo de las FARC en su época”. El General Riaño también aseguró que “el vínculo que se establece, generalmente se mantiene”. El chileno Manuel Olate Céspedes, del Partido Comunista, es quien ha sido identificado como nexo de las FARC con comunidades mapuches chilenas.
Explorando el contenido expuesto en la página de internet del Foro de São Paulo, se observa cómo se refieren a “lucha armada”, “revolución” y “victoria”, a los procesos terroristas que llevaron a cabo organizaciones como el “Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional” (FMLN) de El Salvador, y el “Frente Sandinista de Liberación Nacional” (FSLN), especialmente en la década de 1980. Igual trato le dan a las FARC, utilizando los términos resaltados anteriormente, que de alguna manera niegan el carácter terrorista de estas organizaciones y, en cambio, le intentan otorgar legitimidad.
Desafortunadamente el término “terrorismo” depende de la perspectiva desde la cual se le analice, o conveniente según los fines políticos; así como las FARC estuvieron incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea desde el 2001, en noviembre de 2017 fueron retiradas como un gesto de apoyo al Proceso de Paz; la consecuencia negativa de esto, es que las organizaciones violentas derivadas de las FARC, que han dado continuidad a la amenaza criminal y terrorista, no están ahora en mira de la comunidad internacional.
La dinámica geopolítica, protagonizada por una constante fricción, interacción y metamorfosis de intereses tanto estatales, como de otro tipo de organizaciones económicas y políticas, ha impedido que se consolide un concepto unánime de “terrorismo”, pero existen definiciones académicas que han logrado cierto nivel de consenso. En tal virtud, para el presente artículo, se va a adoptar la siguiente definición de terrorismo, dada por el experto en esta materia, Luis de la Corte Ibáñez, quien lo define como “una sucesión premeditada de actos violentos e intimidatorios ejercidos sobre población no combatiente y diseñados para influir psicológicamente sobre un número de personas muy superior al que suman sus víctimas directas y para alcanzar así algún objetivo, casi siempre de tipo político” (De la Corte Ibáñez, 2006); otra interesante forma de definir al terrorismo, manteniendo el enfoque anterior, es la que estructura el colombiano Andrés Molano en su libro “Terrorismo: concepto y fenomenología”: “un método de acción política violenta que tiende a articularse en procesos de larga duración para compensar asimetrías en el contexto de un conflicto y que opera provocando una destrucción o caos suntuario, según un modelo eminentemente transitivo y cuyo efecto psicológico es superior a sus efectos materiales (por cuanto elige objetivos con alto valor simbólico), a efectos de transmitir un mensaje para afectar grandes audiencias, y cuyos agentes impulsan principal – aunque no exclusivamente – determinadas pretensiones políticas” (Molano, 2012).
Es por lo anterior que muchos de los actos violentos promovidos por el Foro de São Paulo, utilizando como fachada una reivindicación a favor de minorías y pueblos ancestrales, se pueden analizar mediante el contraste con la definición de terrorismo, el cual, a su vez, tiene como requerimiento crítico una fuente de financiación, que como se ha expuesto a través de este trabajo, es por lo general el narcotráfico. En tal sentido, se propone referirse a Narcoterrorismo, como el “Uso seriado y sistemático de la violencia como instrumento político para subvertir un orden, basando su financiación en el narcotráfico”.
Como ejemplo de la falta de conciencia situacional a nivel internacional sobre la continuidad de la amenaza criminal y terrorista de las FARC en la era pos-acuerdo, cito el riguroso reporte de riesgos que realiza el World Economic Forum, a través de la publicación “The Global Risks Report 2019, 14th Edition” (GRR19), el cual caracteriza las amenazas que se ciernen a nivel global para el año en curso, a manera de pronóstico, ponderando cada riesgo en términos de probabilidad e impacto, y exponiendo las interconexiones que tienen los riesgos entre sí, y entre las tendencias a mediano y largo plazo; el reporte falla en desestimar la conexión existente entre el riesgo de “desastres ambientales ocasionados por el hombre”, con el de “ataques terroristas”, ya que, como se sustenta a continuación, tiene mayor grado de potencial impacto con respecto a lo expresado en el GRR19, enfocando la mirada en el actual caso colombiano, el cual a pesar de su carácter local, tiene implicaciones colaterales a nivel regional, y a largo plazo, de afectación global del medio ambiente. Así mismo, los incendios provocados por mapuches radicales a principios de 2019 en Chile son otro ejemplo de “desastres naturales provocados por el hombre”, pero con la intención de emplear esa violencia como instrumento político, lo cual es terrorismo.
Mapa de interconexión de riesgos globales | Panorama de riesgos globales 2019 |
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Fuente: Figure III: The Global Risks Interconnections Map 2019 | Fuente: Figure I: The Global Risks Landscape 2019 |
GRR19, World Economic Forum
Según el GRR19, el riesgo de ataques terroristas no figura en el cuadrante superior izquierdo en la gráfica “Figure I: The Global Risks Landscape 2019”, donde se sitúan aquellos riesgos de gran impacto y probabilidad; ni siquiera hace parte de los 10 riesgos de mayor impacto, ni de mayor probabilidad. En cuanto a su impacto, este trabajo considera que muchos de los actos terroristas desencadenan en efectos nocivos a la naturaleza, como efecto colateral.
Tratando de entender por qué el GRR19 desestima en cierta medida el impacto potencial de los ataques terroristas, interpreto lo siguiente: posiblemente, por el carácter global del reporte, este fije su mirada en el terrorismo más publicitado a nivel mundial, que en los últimos 10 años ha sido el perpetuado por radicales yihadistas en Europa, el cual ha buscado y logrado más impacto mediático que catástrofe (lógicamente la pérdida de vidas, por pocas que sean, es un acto repudiable y triste, pero desde la perspectiva geopolítica no se puede entrar en fijación con los detalles particulares, sino se debe analizar el entorno y su afectación a gran escala); posiblemente por ese enfoque, se desestimen otro tipo de actos terroristas, como los ocurridos en Colombia, los cuales han estado fuera del radar de la opinión pública mundial desde el 2012, por la cortina de humo que ha significado el Proceso de Paz con el grupo terrorista de las FARC.
Otra razón por la cual al GRR19 se le escapan algunos elementos de juicio con respecto al terrorismo, es porque este término es relativo a la óptica desde la cual se le analice, o conveniente según el polo geopolítico y sus intereses; así como Hamas es catalogado como organización terrorista por parte de Israel, Estados Unidos y la Unión Europea[1], no lo es para Rusia, quien a través de su Viceministro de Asuntos Exteriores, Mijail Bogdánov, manifestó “Los estadounidenses consideran a Hamás una organización terrorista. Pero nosotros no lo creemos así, porque se trata de una parte integral de la sociedad palestina (…) nosotros tenemos contactos y relaciones con ellos, porque no los consideramos terroristas” (EFE, 2015). Para el caso colombiano, la FARC estuvieron incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea desde el 2001 hasta el 13 de noviembre de 2017, cuando fueron retiradas tras la firma del Proceso de Paz entre el Gobierno de Colombia y la organización terrorista; sin embargo, esto dejó un vació conceptual, en cuanto a que grupos disidentes de las FARC continúan realizando actos terroristas, pero no están en mira de la comunidad internacional ni de estudios como el GRR19.
La discrepancia entre intereses mayores de actores que se encuentran en competencia mutua por temas político-ideológicos ha imposibilitado que se concilie una sola lista de organizaciones terroristas; una misma acción violenta puede ser catalogada como terrorismo, o de forma diametralmente opuesta, como un acto de reivindicación revolucionaria y, por ende, no llegar a ser condenado por un estado particular.
Otra muestra de la fragilidad del lenguaje ante su manipulación sistemática, se expresa a continuación. En el marco del proceso de paz con la agrupación autodenominada FARC-EP, el entonces Señor Presidente Juan Manuel Santos propuso un “desescalonamiento verbal” para referirse a esa organización; al respecto, el primer mandatario expresó "Dejar la violencia verbal, comenzar a desescalar el lenguaje, por ejemplo, en lugar de decirles 'estos bandidos, narcotraficantes o terroristas', decirles las Farc" (blu Radio, 2015). Ante el incauto, esta acción corresponde a una cuestión de forma, pero desde una perspectiva política, tiene implicaciones estratégicas.
Diametralmente opuesta, fue la estrategia de los señores presidentes Andrés Pastrana Arango (1998-2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), quienes basaron su lucha contra las FARC en el sustento de que ésta corresponde a una organización narcotraficante y terrorista, para con esto, alinear políticas internacionales y obtener herramientas que optimicen el esfuerzo político y militar para su neutralización.
Es así como el Señor Presidente Pastrana gestionó importantes recursos de cooperación por parte del gobierno de Estados Unidos, por medio del Plan Colombia, para combatir a las FARC, organización señalada como el máximo cartel de narcotráfico en Colombia. De manera similar, el Señor Presidente Uribe aprovecho hábilmente la coyuntura mundial surgida a partir de los atentados terroristas del 11S[2], para alinear las políticas de “guerra contra el terrorismo”, emanadas por el entonces presidente de EE.UU, George W. Bush, con los esfuerzos de lucha contra las FARC, logrando orientar recursos a favor del fortalecimiento de las capacidades militares de las Fuerzas Militares, y consolidando el consenso de potencias internacionales como EE.UU, Canadá y la Unión Europea, en el sentido de señalar oficialmente a las FARC como organización terrorista, lo cual implica drásticas consecuencias negativas para su proyecto criminal[3].
Es por esto que no es casualidad el actual lobby político que buscan las FARC, en el sentido de eliminar del lenguaje palabras aparentemente insignificantes, pero que realmente tienen un trasfondo mucho más complejo, y es el de desmontar sistemáticamente la imagen de terrorista con que se conocen internacionalmente, y así obtener legitimidad, elemento fundamental en su proyecto político y su fin último, que es la toma del poder.
Esta estrategia a base de manipulación de términos y palabras también se evidencia cuando oímos repetir una y otra vez la palabra “guerra” o “conflicto armado”, al referirse a la amenaza terrorista que por tantos años ha representado las FARC; al estilo del jefe de propaganda nazi, Joseph Gobbles, quien afirmaba que “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”. Nuevamente, no es casualidad que exista la intención de que inadvertidamente se empiecen a emplear términos que conduzcan a aceptar de alguna manera el estatus de beligerante, y no de terrorista, de las FARC.
Para sustentar lo anterior, cabe remitirse a lo redactado en el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, en su Artículo 1, referente a “Conflictos Armados No Internacionales” (CANI), definiéndolos como aquellos “que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas (…)” (COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, 1977). Analizando el caso de Colombia y la amenaza representada por las FARC, se puede observar que no aplica esta definición a la hora de describir la situación de orden público, toda vez que esta organización terrorista no ejerce control de alguna parte del territorio, ni realiza operaciones militares sostenidas, solo efectúan actos criminales con ánimos de lucro ilícito y atemorizar a la población civil; sin embargo, seguimos cayendo en el error de encasillar a las FARC como un actor dentro de un conflicto armado, reconociéndole cierto estatus político y por ende, aceptar que sean juzgados con una justicia especial[4], y no por la justicia penal ordinaria.
La ventaja que logra la organización terrorista FARC, al caracterizarse como una de las partes dentro de un conflicto armado, es que se les reconozca su estatus de beligerante, y por ende, las leyes que eventualmente juzgue a sus miembros les permitirán margen de maniobra al poder alinear delitos como el narcotráfico, con un supuesto método alternativo para financiar su revolución, disminuyendo las penas a que haya lugar, al ser delitos conexos políticos; de igual forma sucede con los infames secuestros, los cuales pasan a llamarse “retenciones” o “toma de prisioneros de guerra”; además, al enmascarar sus crímenes con una fachada política, no solo sobreviven y migran a la legalidad en forma de partido, sino que también les facilita el blanqueo de grandes cantidades de dinero producto de su economía depredadora.
Mientras el hábil manejo mediático y semántico, por parte de los estrategas políticos de las FARC, tratan de desvirtuar su imagen terrorista e intentan generar un ambiente artificial de paz dentro de la sociedad colombiana y la comunidad internacional, vemos que la realidad está representada en un aumento de cultivos ilícitos de mata de coca en las áreas donde históricamente han hecho presencia, así como de minería criminal;
Fuente: Policía Nacional de Colombia
Conclusiones y recomendaciones sobre el carácter ideológico de la amenaza
· Para determinar la estrategia adecuada mediante la cual combatir ese tipo de amenazas, es necesario estudiar las motivaciones ideológicas del enemigo y así disminuir la incertidumbre que surge de la dialéctica de voluntades.
· Sería un grave error creer que la continuidad criminal y terrorista de las FARC obedece únicamente a motivaciones económicas provenientes de sus actividades de economía depredadora, basada en el narcotráfico principalmente. Las organizaciones al margen de la ley que se empeñan en continuar la amenaza criminal y terrorista en el marco del pos-acuerdo tienen como común denominador que su fuente de financiamiento principal proviene de actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal; con respecto a la acogida de una ideología particular, se observa que se realiza con base en alguna, o todas, de las siguientes opciones: ideología como “ethos” y eje motivacional de la organización, conforme a la cual basar se “lucha armada”; ideología como un requerimiento crítico para generar valores y normas de conducta, cultura propia y una estructura que facilite la cohesión y la lealtad grupal; ideología para sustentar un carácter político de la organización, con lo cual obtener un estatus favorable al momento de negociar con el estado; e ideología para alinearse a plataformas internacionales que brindan cobijo y protección política.
· Asimismo, se hace necesario analizar el alcance del proyecto político-ideológico de las FARC pos-acuerdo, el cual está engranado a una organización de carácter regional latinoamericano, llamada Foro de São Paulo, la cual cobija y coordina esfuerzos revolucionarios cuyos fines son subvertir el orden existente; muestra de esto es el trabajo de masas y trabajo mancomunado entre las FARC y la RAM, que, a pesar del distanciamiento geográfico, mantienen una cercanía ideológica mediante la cual interactúan.
· Aunque la existencia de ideas absolutas no es un problema en sí misma y debe ser tolerada y respetada en el marco de la libertad de pensamiento consagrado en un sistema democrático, se configuran en una fuente de amenaza para la seguridad cuando recurren a la violencia como instrumento político. Asimismo, ideologías como el “Socialismo del Siglo XXI” generan una amenaza al sistema democrático establecido, teniendo en cuenta su intención de utilizar la democracia liberal como el terreno sobre el cual el proyecto socialista debe desenvolverse, “aprovechando y fomentando la multiplicidad de puntos de antagonismos que bajo aquélla es posible hacer emerger”, radicalizando su componente igualitario a tal punto que “aquélla termine siendo diezmada desde su propio seno; que sea barrida por su propia lógica; destruir la democracia desde adentro y no desde afuera” (Márquez & Laje, 2016).
· Por el carácter trasnacional de la amenaza criminal y terrorista de las FARC pos-acuerdo, es indispensable el trabajo combinado entre los organismos de seguridad y defensa de los países latinoamericanos democráticos.
· La RAM por sí sola no tiene la capacidad armada ni política para configurarse en una amenaza estatal; sin embargo, si representa la punta de lanza y un brazo armado de procesos ideológicos internacionales de carácter socialista, como los liderados por el Foro de São Paulo, organización que promueve entre sus miembros la “combinación de todas las formas de lucha” para hacerse al poder en cada uno de los países suramericanos. El acceso a recursos del narcotráfico, sumado con la capacitación en terrorismo impartida por miembros de la FARC, y aprovechando la porosidad fronteriza entre Chile y Argentina, configuran el caldo de cultivo para que se engendre una verdadera amenaza terrorista trasnacional.
[1] Según Diario Oficial de la Unión Europea, DECISIÓN (PESC) 2017/1426 DEL CONSEJO de 4 de agosto de 2017, literal II del listado, numeral 8. [2] El 11 de septiembre de 2001, la organización Al-Qaeda atentó contra el corazón financiero y estratégico de Estados Unidos, al secuestrar y estrellar aeronaves comerciales contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono [3] El Departamento de Estado de EEUU ya había incluido a las FARC y al ELN en la lista de organizaciones terroristas extranjeras desde 1997, mediante el documento “Immigration and Nationality Act” (INA), en su sección 219, con el propósito de canalizar esfuerzos para combatirlas. La Unión Europea las incluyó después de la ruptura del proceso de paz durante el Gobierno de Andrés Pastrana, en el 2002. [4] El día 13 de marzo de 2017, el Congreso de la República aprobó la implementación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), para juzgar a los actores del “conflicto armado” entre FARC y el estado colombiano.
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