Por Santiago Rivas
La defensa en toda América Latina, exceptuando unos pocos casos, hace años que va sin rumbo, sin planes estratégicos y sin capacidad de enfrentar las amenazas a la seguridad que existen en el continente. En un mundo cada vez más inestable, con una creciente polaridad entre occidente y oriente, con la amenaza del terrorismo, el crimen organizado transnacional, los ciberataques, la guerra híbrida, entre otras, es cada vez más preocupante la falta de visión a largo plazo existente en las naciones de la región.
En las últimas dos décadas se puede decir que solamente Chile y Brasil gozaron de cierta política de defensa con visión de largo plazo, la cual permitió algún nivel de reequipamiento y mantener niveles de disuasión creíbles. En el caso de Brasil, además, permitió fortalecer la industria local de defensa, a un nivel nunca antes visto en la región. Sin embargo, en ambos casos tampoco ha sido suficiente para consolidar una capacidad de defensa que permita enfrentar todos los desafíos. Y eso no se debió a las políticas de defensa, sino a algo que va más allá de las mismas.
En Chile, una política de defensa acertada se mantuvo desde comienzos de los años noventa, pero en los últimos tiempos ha ido languideciendo, al tiempo que los conflictos internos, especialmente en el sur del país, con una creciente guerra irregular de baja intensidad, permiten ver un riesgo cada vez mayor de que deban enfrentar un conflicto interno como hoy viven Perú y Colombia.
En Brasil, si bien se lograron pasos importantísimos, con programas como el nuevo avión de combate, el KC-390, el Sisfron y el Prosub, hay otros prácticamente detenidos y donde las capacidades son ya casi inexistentes, como es la flota de superficie para proteger el país con la segunda costa más extensa de América Latina, de casi 7500 km de longitud. Fuera de estas dos naciones, el resto ha padecido de una casi completa falta de políticas de defensa, llegando a casos extremos como el de Argentina, que es de los que menos recursos viene invirtiendo en defensa en los últimos 30 años, generando un deterioro tal que la capacidad real de brindar seguridad a la nación es prácticamente inexistente. En todos los casos se perciben anuncios de incorporaciones de material o reestructuraciones, pero sin una mirada holística de la defensa y sin pensar en el largo plazo, sino apuntando a cuestiones que generen rédito político y brinden soluciones acotadas y de corto plazo.
Si bien en cada país en particular se pueden enumerar distintas razones que llevan a estas situaciones, hay un punto común en todos y que va mucho más allá de la defensa.
La defensa es parte del sistema de seguridad de una nación, tomando en cuenta el concepto de seguridad ampliada, el cual se define como “la forma moderna de plasmar los esfuerzos del Estado para enfrentar con éxito el desafío de las múltiples amenazas que, en mayor o menor medida, ponen en riesgo los intereses de un país”[1]. Como tal, no es algo totalmente enfocado en la protección de la nación contra amenazas convencionales (como muy erradamente establece la política de defensa en Argentina), sino que es una herramienta del estado para enfrentar amenazas que no pueden ser combatidas con efectividad por las Fuerzas de Seguridad. En tiempos de guerra híbrida, donde para atacar a un estado se pueden emplear tanto herramientas convencionales como otras más propias de grupos criminales, y en donde el estado debe responder con efectividad y velocidad, actuando aún cuando no se sabe el origen de la amenaza, es muy complicado poder determinar límites entre seguridad interior y defensa, por lo que es fundamental que la política de seguridad de los estados esté más allá de eso y desarrolle mecanismos para actuar de manera eficaz dentro del marco legal y de respeto de los derechos humanos.
Más allá de estas consideraciones, hay que tener en cuenta que, por sobre todas las cosas, la defensa es un brazo de la política exterior de la nación y las políticas de defensa deben partir desde la definición de qué rol se espera que la nación cumpla en el escenario internacional, tanto global como regional, además de la visualización de las amenazas reales y potenciales existentes.
Hoy se puede ver que, en general, casi ninguno de los países de la región tiene una certeza de qué rol espera jugar en el mundo o en la propia región. Incluso las pocas políticas que van en ese sentido dependen solamente del partido político gobernante y se cambian apenas éste cambia, lo que sucede, normalmente, cada 4 o 5 años, según el país.
La definición de una política exterior clara, a su vez, debe partir de la definición de un proyecto de país, de determinar qué se espera alcanzar como nación en función de analizar las fortalezas y oportunidades que se poseen. Así como cualquier persona exitosa alcanza sus metas porque antes se fijó objetivos, a corto, mediano y largo plazo, un país exitoso lo es porque antes también determinó adónde quiere llegar. El primer cuestionamiento que se escucha cuando se plantea la necesidad de un proyecto de país es que si no se pueden resolver cuestiones simples de corto plazo no se puede pensar en el largo plazo. Sin embargo, quienes hacen esos planteos no comprenden que los problemas de corto plazo se repiten debido a que no hay un rumbo determinado. Como dice la frase “que lo urgente no tape lo importante”, la única forma de que los problemas urgentes no se repitan es pudiendo ver más allá de eso y pensando en el largo plazo cómo resolver aquellas cosas que generan esos problemas “urgentes”.
Hoy, prácticamente ninguna nación latinoamericana cuenta con un proyecto de país. Solo se puede decir que lo tiene Brasil, aunque se puede ver que una concepción errada de las fortalezas y debilidades del país ha llevado a que los resultados hayan sido bastante inferiores a los esperados, sobre todo si de toma en cuenta lo que se esperaba cuando surgió el bloque llamado BRICS, del cual Brasil formaba parte. Chile se puede decir que tuvo un proyecto de país entre los años ochenta y noventa, pero también faltó capacidad para comprender algunas debilidades estructurales y se sobredimensionaron algunas fortalezas, lo cual llevó a la crisis que se desató en 2019 y de la cual hoy no se ve una salida clara.
En el caso de la Argentina, desde los años 30 ha habido políticas partidarias, pero no de estado, con objetivos electorales y no nacionales, que han llevado a los vaivenes políticos (además de los golpes de estado) que se incrementaron desde los años noventa. Lo mismo se puede decir que ocurre en casi toda la región, desde México, Centroamérica, Perú, Ecuador y todos los demás países de América Latina. En los casos en que hay gobiernos perpetuados en el poder, como ocurre en Cuba o Venezuela, las políticas de estado no han apuntado al crecimiento genuino del país, sino solo al de sus gobernantes, en ambos casos a costa del empobrecimiento de su pueblo.
La falta de proyectos de país nace de la elección de una clase dirigente que solo apunta a obtener el poder y favorecer a su círculo cercano de políticos y empresarios, pero sin que tenga un mayor interés en el desarrollo de la nación. No hace falta describir el nivel de deterioro de la casta política que gobierna en casi toda América Latina, así como la caída en su imagen que percibe la sociedad. El problema, sin embargo, radica en que solo pequeños sectores de las sociedades de los países de la región demandan calidad en sus políticos y existe una falta de interés en participar en política en gran parte de la gente. Hoy, la única manera de que las naciones latinoamericanas puedan desarrollar de manera coherente y eficiente su defensa es si estas siguen los lineamientos de una política de estado bien desarrollada, que establezca planes a largo plazo en todas las áreas y, en función de eso, plantee cómo va a defender los intereses de la nación.
La defensa deberá construirse en función de esas decisiones que se tomen. ¿Se quiere una nación que sea un jugador global, solo regional o que simplemente se encierre en sus fronteras? ¿Se desea participar activamente en el juego político internacional o nada más mirar lo que pasa y acatar las consecuencias de las decisiones de otros estados? ¿El país tiene potencial para actuar comercialmente a escala global o regional? ¿Es necesario proteger intereses nacionales fuera de las fronteras? ¿Pretendemos participar de manera activa de alianzas internacionales, sea a escala global o regional, o mantenernos al margen de los grandes jugadores? ¿Es posible estar totalmente al margen? ¿Es posible mantener una “tercera posición” alejada de los polos de poder?
Estas preguntas deberían ser el punto de partida para empezar a definir un esquema de defensa, ya que darán una primera idea de qué alcances debería tener este esquema. Las respuestas a estas preguntas, antes que nada, deben ser cuestiones creíbles y factibles según plazos determinados, basadas en el análisis de la realidad y las potencialidades de la nación, con una hoja de ruta de cuáles son los problemas a resolver y las ventajas a aprovechar.
Hoy, las sociedades deben exigir de sus políticos el desarrollo de estas políticas de estado en sus plataformas políticas, donde se incluya a la defensa como uno de los varios pilares de la nación. Hasta que esto no suceda, no habrá un sistema de defensa eficiente.
[1] https://revistamarina.cl/articulo/concepto-de-seguridad-ampliada-y-la-optimizacion-de-los-recursos-del-estado#:~:text=En%20definitiva%2C%20la%20seguridad%20ampliada,los%20intereses%20de%20un%20pa%C3%ADs.
