Para quienes no estamos en México, la imagen que se ve del país latinoamericano es la de un completo caos, con regiones en manos de las bandas criminales, que no solo tienen un poder de fuego cada vez mayor, sino una agresividad que ya implica enfrentar abiertamente a las fuerzas gubernamentales. Seguramente es solo una imagen distorsionada por lo que vemos en los medios o en las redes sociales de quienes conocemos allí.
El entramado de los distintos grupos criminales es muy difícil de comprender para quien no lo sigue día a día, con organizaciones que sucumben, otras que surgen, se alían, se dividen, cambios constantes que ocurren todo el tiempo durante décadas, pero que también tienen otra constante y es un paulatino crecimiento del poder de las organizaciones ilegales frente a un estado que no parece capaz de dar soluciones.
A simple vista, lo que se observa es que el país está evolucionando en algunas regiones a lo que podría ser un nuevo feudalismo. Las grandes bandas criminales actúan como en la edad media hicieron los señores feudales, brindando protección y servicios a la comunidad a cambio de que ésta los acepte como líderes y señores en su tierra, en una relación frágil donde el de abajo recibe ciertos beneficios que las instituciones del estado no le brindan, pero, sobre todo, siente miedo. Y como en la época feudal, cada feudo se pelea con sus vecinos o adversarios para tener el control de más territorio y, por ende, más negocios y dinero. Pero también pelean contra el estado nacional que los combate y, sobre todo, generan una situación muy grave de inseguridad, corrupción y destrucción del entramado social.
En octubre de 2019, cuando el estado mexicano capturó en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, a Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo” Guzmán, el mundo vio como más de 200 criminales ocuparon gran parte de la ciudad y combatieron hasta forzar la liberación de su líder, en la que tal vez haya sido la mayor demostración de una banda criminal en México. En dicha acción, se los pudo ver con camionetas blindadas y empleando todo tipo de armas de fuego, incluyendo ametralladoras Browning M2 de 12,7mm. Su accionar fue organizado, decidido y agresivo, demostrando cierta preparación en llevar a cabo acciones de mediana escala.
Pero más allá de la acción desde el punto de vista del enfrentamiento, tuvo un impacto político mucho más fuerte y fue mostrar la debilidad del estado mexicano de actuar eficazmente para cumplir su deber de proteger a sus ciudadanos. El hecho de que la capital de un estado quede en poder de delincuentes durante algunas horas y que el estado deba ceder a la demanda de estos, tiene un efecto político mucho mayor que el puramente militar o de seguridad que pueda haber sido un combate que duró algunas horas.
El 17 de julio pasado, se viralizó un video del Cártel Jalisco Nueva Generación, hoy la mayor organización criminal de México, en donde se pueden ver unas 75 personas, al menos 19 vehículos blindados y armamento de distinto tipo, incluyendo diez fusiles antimaterial Barrett, una Browning M2, nueve ametralladoras calibre 7,62mm y 54 fusiles con 9 lanzagranadas, entre otras. Si bien los vehículos son todos civiles, tipos Ford F250, Dodge RAM, Hummer H2, Ford Raptor, Jeep y otros, con blindajes agregados por el propio cártel, una de las cosas que sorprende es que, a diferencia de casos anteriores, en que se veían vehículos apenas modificados y de manera rudimentaria, aquí se los ve con un trabajo que parece bien hecho, con protecciones, afustes para armamento, bien pintados, con escudos que dicen “Grupo Élite” y distintos accesorios, que demuestran capacidad técnica y económica para hacer los trabajos, la impunidad para circular con vehículos en esas condiciones y una pretensión por tener un poder de fuego equivalente o superior a las Fuerzas de Seguridad.
Si bien estos vehículos tendrían poca capacidad en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas o unidades de élite de las Fuerzas de Seguridad, le dan una ventaja en caso de enfrentarse a fuerzas policiales ordinarias y ante otras bandas criminales.
Esto se suma al atentado que el 26 de junio la misma organización realizó en Ciudad de México contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, a cargo de la seguridad en dicha ciudad. Si bien él pudo sobrevivir, aunque con tres impactos de bala, sus dos guardaespaldas y una mujer que pasaba por el lugar murieron. Lo llamativo del ataque fue la cantidad de personas que participaron, al menos 39, con una docena de vehículos, y entre las armas se calcula que emplearon al menos cinco fusiles Barrett, un lanzagranadas, 34 armas largas, ocho cortas, siete granadas y 51 bombas molotov.
La fuerza desmedida empleada para el ataque, si se compara con el resultado fallido, parece más bien un mensaje político de demostrar poder de fuego, más que lo que signifique el objetivo final de matar un funcionario.
Para conocer más sobre el origen de dicho cártel, sugiero acceder al siguiente link: https://gluc.mx/opinion/2020/7/16/el-cjng-la-vieja-historia-de-la-nueva-generacion-23242.html?fbclid=IwAR2nufRaSiJNbU0BUJaN2cEPryLZTYo7mCAOLudVRzhdFDhunKmCiGS9u-o
Lo que se puede percibir en todo esto es una decisión de algunas bandas criminales de disputarle al estado el monopolio del uso de la fuerza e intentar ir avanzando de a poco en el control total de territorios, al menos por cortos períodos de tiempo. El poder de fuego que demuestran lleva al planteo de hasta qué punto fuerzas policiales ordinarias tienen la capacidad de enfrentarse a ellos.
Más allá de las acciones puntuales y demostraciones de fuerza, lo que se aprecia es una tendencia a una mejor organización y mayor capacidad operativa por parte de las bandas, pasando ya a actuar en grandes grupos, con armamento muy sofisticado y vehículos cada vez más preparados. Se evidencia la capacidad económica también para adquirir este tipo de equipos, lo que puede suponer en un futuro cercano la incorporación de armas aún más sofisticadas, que generen un mayor desafío a las instituciones estatales.
La creación de la Guardia Nacional como una fuerza paramilitar pretende ser una solución, pero lo será siempre que ello vaya acompañado de la decisión política necesaria (lo cual hoy no parece ser el caso) y del equipamiento, organización y entrenamiento que les permitan cumplir su misión con éxito.
El empleo de las Fuerzas Armadas por el momento no parece ser necesario, pero no es una cuestión que se deba descartar a futuro, si el poder de estas bandas sigue en crecimiento.
Más allá del poder de fuego de las Fuerzas Armadas, hay que tener en cuenta que su doctrina apunta a la destrucción del enemigo, mientras que las Fuerzas de Seguridad apuntan a la prevención de delitos y la captura de los criminales, por lo que su modo de actuar es distinto y el empleo de fuerzas militares no sirve para actuar contra delitos comunes.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que llega un punto en que, por el nivel de sus acciones y los efectos que pueden constituir para la nación, al punto de perder el control efectivo sobre territorios, cuando ya está en juego la propia integridad de la nación, se puede considerar que estos grupos dejan de ser un problema de seguridad y pasan a ser uno de defensa, en el que sea necesario actuar contra ellos con la máxima fuerza y se deba priorizar su destrucción como fuerzas organizadas.
Esta última posibilidad puede volverse una realidad en un mediano plazo, al menos en determinadas regiones del país.
El empleo de manera eficiente de las Fuerzas de Seguridad es lo que podría impedir que eso suceda, a la vez que es lo que podría recuperar niveles mayores de seguridad. A la vez, creo que es necesario un profundo proceso político contra la corrupción y para tener un verdadero liderazgo político y con decisión, del cual hoy creo que López Obrador está demasiado lejos.
Hasta ahora, sus declaraciones han sido que no declarará la guerra a los grupos criminales y que su objetivo es combatir las causas que originan la violencia, aunque no ha explicado cuáles son ni cómo las combatirá.
Estas causas, se puede decir que, a grandes rasgos, están en tres ejes: las malas condiciones económicas de un sector de la población, que ve en el crimen una salida económica y social; la corrupción política que favorece la existencia de actividades ilícitas, las tolera y hasta las apoya, al ser parte de ellas; y la disputa entre las distintas bandas por el control territorial y de los distintos negocios ilícitos a los que se dedican, destacándose el narcotráfico. Si bien es cierto que combatir las causas que originan la violencia es esencial y el estado puede actuar directamente en los primeros dos ejes, en el tercero es mucho más complejo, porque negociar una suerte de “paz armada” con las bandas implica reconocerles cierta legitimidad.
Cuando se trata con criminales, cualquier negociación que los ponga en un plano de igualdad con el estado solo les da más poder, de la misma manera que cualquier inacción por parte del estado. Como indicó Nicolás Maquiavelo en El Príncipe: “Quien tolera el desorden para evitar la guerra, tiene primero el desorden y después la guerra”, al igual que Winston Churchill dijo en 1938 a Neville Chamberlain, cuando éste negoció una supuesta paz con Hitler: “te dieron la opción entre guerra y el deshonor. Elegiste el deshonor y ahora tendrás guerra”.
Al paso que evoluciona la situación en México, tarde o temprano tendrán guerra.
