Por Gonzalo Mary
Mercenarios, condotieri, compañías libres, war dogs, soldados de fortuna, empresas militares y de seguridad privada; todas nomenclaturas de elementos privados que han participado de la guerra a lo largo de la historia.
El reclutamiento de soldados extranjeros en ejércitos regulares es un fenómeno tan antiguo como la guerra misma. Desde el antiguo reino de Egipto al Imperio Británico en la época victoriana, los mercenarios entendieron que los profesionales de la guerra han jugado roles claves en los desarrollos militares, políticos y sociales que han dado forma a la civilización humana.
En unos períodos históricos estos combatientes se presentaban como individuos de diferentes procedencias que ponían sus capacidades bélicas al servicio de los mejores postores, en otros estaban estructurados en organizaciones complejas y ordenadas. Para ambos existía un único objetivo común: el beneficio personal derivado de los servicios prestados.
El monopolio de la violencia
La Paz de Westfalia (1648) marcó el inició de un nuevo orden en Europa, basado en la soberanía territorial, dando origen al Estado-Nación. Con el paso del tiempo, el Estado fue consolidándose de manera progresiva hasta afianzarse como un estándar universal.
Podemos definir al Estado como una estructura institucional y soberana de gobernanza social, la cual incluye normas, instituciones, procesos políticos, y es a su vez el actor internacional por excelencia. Weber define al Estado como una institución política que reclama el monopolio de la violencia. Este monopolio como criterio decisivo, distingue al Estado occidental moderno de otras formas históricas de dominación. Las mejoras tecnológicas en el armamento ayudaron a hacer este cambio posible.
Anteriormente, los mercenarios proporcionaban servicios altamente especializados, capacidad demasiado costosa para alcanzar por parte de los Estados; pero esto cambió con la llegada del mosquete, que permitía a una fuerza relativamente inexperta hacer frente a caballeros altamente capacitados. Las capacidades fueron mejorando con la implementación del servicio militar obligatorio. Este modelo eventualmente se convirtió en la norma. Los ejércitos profesionales fueron sustituidos por ejércitos nacionales a partir de las levas en masa. El uso de mercenarios pasó de ser una práctica común a una despreciada por parte de los Estados.
La Revolución Industrial acrecentó la decadencia de los mercenarios, ya que facilitó en gran medida la implementación de la doctrina de “la Nación en Armas”. Con el paso del siglo XIX y durante comienzos del siglo XX la estructura del sistema estatal y el concepto de soberanía se fueron consolidando. A su vez, se crearon normas tanto escritas como no-escritas para obstaculizar el uso de mercenarios.
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el advenimiento de la Guerra Fría y el mundo bipolar, el centro del poder se desplazó desde Europa hacia las dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. A partir de 1945 se inició un movimiento de descolonización que originó decenas de nuevos Estados. Muchos gobiernos de países en desarrollo, particularmente aquellos más frágiles, no eran, ni son capaces de garantizar la ley ni el orden per se. Sus fuerzas militares y de seguridad son demasiado débiles, demasiado corruptas o no están dispuestas a mantener el imperio de la ley, ni ejercer el estado monopólico de la violencia. Bajo estas circunstancias una de las consecuencias es la aparición de diversos actores no estatales capaces de gestionar cuotas crecientes de violencia asumiendo funciones de soberanía típicamente estatal
Por otro lado, para solucionar estos problemas, ciertos Estados transfieren cada vez en mayor medida un determinado grado de autoridad a organismos locales, regionales o internacionales e incluso a actores de carácter privado. Esto se podría leer como una transformación o incluso una crisis del modelo de Estado. Es por eso que el monopolio de la fuerza tiende así a transformarse en un mercado libre, en el que el Estado compite con mafias, redes terroristas, compañías militares y de seguridad privadas, señores de la guerra y grupos insurgentes.
La privatización de la violencia
Los albores del siglo XXI han comenzado a ver cómo el monopolio weberiano del Estado se derrumba lentamente. El avance de la globalización ha generado que empresas transnacionales y grupos subnacionales comenzaran a tener mayor preponderancia llegando a competir; e incluso en ocasiones a reemplazar a las fuerzas armadas y de seguridad, tanto de Estados desarrollados o débiles como a proveedores de seguridad y a su vez se convierten en una amenaza a la paz y la estabilidad.
En el caso de Estados débiles y/o fallidos, estos grupos se ven atraídos y aprovechan la dificultad o incapacidad de las instituciones gubernamentales para proporcionar diversos servicios, como la seguridad, asumiendo un rol no sólo militar, sino también social.
Por otro lado, con la caída de la Unión Soviética, los países más desarrollados han llevado a promover la privatización con el afán de efectivizar sus sistemas de gestión. Situación que se ha dado principalmente debido a la presión del mercado en busca de la eficiencia económica, la intensificación de la expansión tecnológica, el desmantelamiento y la desmovilización de fuerzas, o la eficiencia de pequeños grupos especializados en lugar de grandes ejércitos, entre otros motivos.
En los últimos tiempos también es fácilmente observable cómo en cuestiones de seguridad institucional, y/o empresarial, se delega a empresas privadas la custodia, guarda y acciones disuasivas de instalaciones tanto públicas como privadas por los mismos motivos ya expuestos.
A este punto podemos observar dos claras formas de privatización, las denominadas ascendentes (Bottom-up) y las descendentes (Top Down) (Mandel, 2002).
La privatización ascendente, se produce cuando actores no estatales utilizan la fuerza sin autorización de los organismos estatales para alcanzar sus propios objetivos políticos o económicos. Principalmente debido a que el Estado, como consecuencia de su debilidad institucional, es incapaz, o renuncia a proveer diversos servicios. Es por esto por lo que en muchas ocasiones estos grupos asumen roles no solo militares, sino también sociales, económicos o educativos.
En el otro extremo, el de la privatización descendente, es el Estado el que suele ser el iniciador de este proceso cuando decide subcontratar ciertas funciones de defensa y seguridad a proveedores privados. De esta manera se forman nuevas asociaciones público-privadas. En este caso entidades comerciales ofrecen servicios con fines de lucro, generalmente a través de un contrato formal creando así, un fuerte vínculo entre la política y la economía en el sentido de un “complejo político-militar-industrial”.
Empresas militares y de seguridad privada
Las Empresas Militares y de Seguridad Privadas (EMSP) representan una nueva reconfiguración a la hora de proveer servicios profesionales íntimamente ligados a la guerra; que desde sus orígenes han sido comparadas con los antiguos mercenarios, quizás mercenarios con una máscara corporativa. Estas empresas son verdaderas corporaciones multinacionales que manejan un negocio multimillonario, con subsidiarias en todo el mundo, cotizan en la bolsa y deben rendir cuentas a sus inversores. Incluso tienen sus propias asociaciones comerciales como la International Stability Operations Association (ISOA) en Washington, D.C., la British Association of Private Security Companies (BAPSC) en Londres, y la Private Security Company Association de Irak.
Al igual que en el caso de los mercenarios, no existe una definición exacta que represente a esta industria. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) engloba a todas las empresas con el término de Empresas Militares y de Seguridad Privada, sin distinción entre ellas. El Documento Montreux, instrumento elaborado en 2008 por iniciativa del gobierno suizo y el CICR, define a las EMP como:
“Entidades comerciales privadas que prestan servicios militares y/o de seguridad. Los servicios militares y/o de seguridad incluyen, en particular, los servicios de guardia armada y de protección de personas y objetos, como convoyes, edificios y otros lugares; el mantenimiento y la explotación de sistemas armamentísticos; la custodia de prisioneros; y el asesoramiento o la capacitación de las fuerzas y el personal de seguridad locales.”
Estas empresas comienzan a proliferar, en mayor medida, tras la finalización de la Guerra Fría para llenar un vacío en el ámbito de la seguridad. Si bien tienen sus primeras apariciones en África, operan en los cinco continentes, siendo jugadores determinantes en el desarrollo de las operaciones. La seguridad pasó a ser una forma más de negocio en donde estas empresas se manejan por las reglas del mercado.
Las EMSP, como cualquier otra empresa, se organizan según modelos corporativos, con una sede central, principalmente en países desarrollados militarmente; con personería legal, organización y estructura jerárquicas, sitios web y funcionarios de relaciones públicas. Algunas son parte de conglomerados multinacionales más grandes, con amplios intereses económicos. Intentan cultivar una imagen, lo que posibilita asegurarse nuevas contrataciones. Esto se pretende mediante la incorporación de un código ético interno. Para tener éxito, las empresas militares deben priorizar el profesionalismo.
Es imposible dimensionar el verdadero tamaño que tiene la industria militar privada, ya sea en el número de EMSP operativas existentes, como en las cifras del capital del negocio. Lo que sí se sabe es que el surgimiento de estas empresas se da a mediados de la década de los ‘60, con la creación de Watchguard International por el ex SAS Sir David Stirling, y que fueron evolucionando y adaptándose a las circunstancias.
Mario Laborie Iglesias distingue tres épocas en las que se plasma esta evolución. La primera durante la Guerra Fría, cuando surgen estas empresas, muy similares al mercenariado tradicional. La segunda etapa en el período inmediatamente posterior a la Guerra Fría, en el que los nuevos conflictos, las nuevas necesidades son aprovechadas por estas empresas que toman estructura corporativa y personalidad jurídica, y dejan el secretismo para operar de manera abierta. Y, por último, en nuestros días, que desde los ataques del 11-S y la “Guerra global contra el terror”, provocaron un aumento exponencial en el uso de las EMSP, las que intentan afianzar su legitimidad y rechazan todo paralelismo con el mercenariado (Laborie Iglesias, 2013).
Las EMSP operan de manera similar a empresas de e-Commerce o a las empresas de trabajadores temporales, ya que, al no mantener un gran número de empleados permanentes, pueden reducir sus costos. Por lo general tienen sus oficinas centrales en países desarrollados militarmente, se encuentran registradas en países más favorables en cuanto a las regulaciones locales, reclutan su personal prácticamente de cualquier lugar y obtienen sus herramientas directamente del mercado. Esta flexibilidad le permite a las EMSP reubicarse con facilidad, disolverse y reabrirse si fuese necesario, ya sea por problemas regulatorios, enjuiciamientos o querer cambiar la marca.
Tipos de empresas
Para clasificar a las EMSP, Peter Singer aplica una clasificación de “Punta de lanza”, donde distingue a las empresas por los servicios que ofrece, su grado de letalidad y por su cercanía relativa con el frente de batalla. En este sentido distingue tres tipos de empresas: Firmas proveedoras de servicios militares, Firmas consultoras militares y Firmas de apoyo militar (Singer, 2003).
Las firmas proveedoras de servicios militares, como Executive Outcomes o Sandline, van a la vanguardia, participando en los combates brindando un enfoque táctico. Pertenecen al sector más controvertido de la industria, atrayendo la atención pública más negativa. Es por esto que su organización permite una rápida reestructuración y transferibilidad. Dichas empresas suelen ofrecerles unidades militares independientes, pequeñas pero eficientes debido a su entrenamiento integral, experiencia y habilidad de juicio en el campo de batalla; o especialistas que funcionan como multiplicadores de fuerza, operando sistemas avanzados o capacidades de liderazgo.
Las firmas consultoras militares, como MPRI o Dyncorp, proporcionan servicios de asesoría y capacitación integral. Los contratos suelen ser a largo plazo y más redituables. Las necesidades del cliente no son de carácter inmediato, y pueden ir de la solución de un tema en particular, como el aumento de una capacidad, a una reestructuración completa de la fuerza.
Las firmas de apoyo militar, como SAIC o CACI, proporcionan servicios complementarios que incluyen logística, inteligencia, soporte técnico, suministro y transporte. Se especializan en tareas secundarias que no forman parte de la misión central del cliente, y a menudo se parecen más a multinacionales tradicionales.
La clasificación propuesta por Singer se queda corta al no incluir la amplia gama de soluciones en materia de seguridad o protección que ofrecen estas empresas, como lo son los contratos de seguridad armada que implican la protección de personas o propiedad en zonas de conflicto armado, o incluso custodiar fronteras y realizar control inmigratorio. Estos trabajos son realizados por empresas como Blackwater (más adelante Academi) o Triple Canopy, ambas empresas se fusionaron en lo que es el grupo Constellis.
Partidarios y detractores
El uso de EMSP cuenta con defensores y críticos que argumentan tanto las ventajas como las desventajas de emplearlas en diferentes operaciones. Lo interesante es que una misma característica, como la rentabilidad, la eficacia y la transparencia puede ser vista como una ventaja o desventaja dependiendo de la perspectiva.
Los partidarios de las EMSP resaltan su capacidad para satisfacer rápidamente necesidades operativas urgentes y abordar deficiencias de capacidad y personal en las fuerzas armadas. Además, en misiones multinacionales, las EMSP pueden llenar vacíos cuando los estados son reacios a proporcionar tropas, facilitando la aprobación parlamentaria y el apoyo público.
Sin embargo, los detractores argumentan que delegar la defensa a EMSP resta soberanía a los Estados y pone en peligro su monopolio sobre el uso de la fuerza. También critican la motivación económica de estas empresas, ya que no están obligadas a asumir riesgos como las fuerzas armadas. También se plantea la dificultad de asegurar estándares profesionales y la falta de control sobre los empleados de estas empresas, lo que puede tener un impacto negativo en la percepción local. Muchas veces al no estar sujetos a una cadena de mando militar, ni a un código de justicia militar, como sucede con los ejércitos regulares, se cree que las EMSP son legalmente irresponsables.
Empleados y clientes
Los empleados son el valor agregado de las EMSP. Estos provienen de todas partes del mundo, acarreando un gran abanico de especialidades debido a que en su mayoría son exmilitares, en muchas ocasiones de grupos de fuerzas especiales. Esto les brinda una doble ventaja a las empresas, por un lado, se ahorra los costos de capacitación, que fueron hechas por el Estado, y solo debe invertir en el mantenimiento de las habilidades relevantes; y por el otro su experiencia pasada le otorga cierto estatus a la empresa.
Las EMSP utilizan una fuerza de trabajo flexible que mediante bases de datos van seleccionando a los candidatos de acuerdo a sus habilidades para cubrir los requerimientos de contratos específicos, y agrupándolos para operar mediante una doctrina establecida, logrando así una mayor cohesión y disciplina.
Estatus legal
Una cuestión particular de los contratistas es su estatus legal, ¿Son civiles o combatientes? ¿Pueden ser objetivo de las acciones militares? ¿Tienen derecho a participar de las hostilidades? ¿Tienen derecho a la condición de prisioneros de guerra? ¿Pueden ser juzgados por su accionar en zona de conflicto?
Según la normativa internacional hay tres categorías posibles que pueden ser aplicadas al personal de EMSP: mercenarios, combatientes o civiles. Si bien las actividades de algunas empresas se aprecian como actividades mercenarias, sus empleados no pueden ser descritos como tales por la falta de cumplimiento de los estándares legales de la definición internacional de mercenario.
No es fácil aplicar la condición de combatiente a los empleados de las EMSP porque les resulta difícil cumplir con los requisitos para este estado. Las EMSP pueden incorporarse a las hostilidades de manera de facto, luchando junto a una de las partes en conflicto armado como un “grupo armado” en virtud de lo establecido por el artículo 4° del Convenio de Ginebra III; o de jure por medio de una ley interna que incorpore a las EMSP en las fuerzas armadas. Si existen dudas sobre la condición de combatiente sobre el personal de la EMSP y son capturados, un tribunal competente ya sea de un enemigo interno o internacional, debe determinar su condición.
Por otro lado, está la posibilidad de clasificar al personal de las EMSP como civiles. La principal obligación de los civiles es no participar en las hostilidades; si lo hacen serán considerados combatientes ilegales, perderán su carácter de protegido y pueden ser procesados de acuerdo con la legislación nacional. Pero si una persona no comete un acto hostil y no está claro si es o no un combatiente o un civil, debe ser considerado un civil sin decisión de un tribunal competente.
El personal puede ser reconocido como “personas que acompañan a las fuerzas armadas”, como lo establece el Convenio de Ginebra III, Artículo 4° A (4). Bajo esta clasificación nada impide que los civiles estén presentes en el campo de batalla y puedan prestar servicios militares sin perder su condición de civiles, y permanecer protegidos contra cualquier ataque durante la guerra. Cabe destacar que no existe distinción entre empleados del gobierno y contratistas privados.
Sin embargo, esta clasificación no se puede otorgar al personal de las EMSP que brindan sus servicios a actores no estatales o incluso organizaciones humanitarias; ya que la autorización requerida debe emanar de una parte involucrada en un conflicto armado internacional.
Los empleados de las EMSP que protegen a las organizaciones humanitarias no pueden ser considerados mercenarios. Tomando en consideración la definición negativa de civiles, como todo aquel que no es combatiente es civil, y teniendo en cuenta que, en este caso, los empleados de las EMSP no pueden ser considerados combatientes, se llega a la conclusión de que el personal de las EMSP que protege a las organizaciones humanitarias son civiles.
El uso de EMSP en operaciones de mantenimiento de la paz cae en una zona gris en el contexto del derecho internacional, ya que existen diferencias entre el DIH y normas de mantenimiento de la paz. Sus empleados, según el DIH, se los considera civiles, por lo tanto, no pueden participar en las hostilidades sin perder su carácter de protegido y la posibilidad de enfrentar un proceso judicial. Mientras que según las normas que regulan las operaciones de mantenimiento de la paz, si bien inicialmente son considerados civiles, mientras se abstengan de participar en las hostilidades, al tiempo de participar en ellas, su carácter de civil es suspendido por el momento y considerado combatiente. Por lo que, el personal de las EMSP que participa en operaciones de mantenimiento de la paz puede tener dos estados. Es considerado civil si no se involucra directamente en las hostilidades y combatiente si lo está.
Quiénes las usan
Muchos son los actores internacionales que emplean EMSP y más variados los motivos de su contratación. Entre los clientes de estas compañías podemos encontrar Estados, organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales y corporaciones; a quienes les ofrecen una amplia gama de servicios; y, además, tienen la posibilidad de trabajar para varios clientes al mismo tiempo.
Los Estados, tanto desarrollados como en desarrollo, han delegado funciones en estas empresas. Su uso otorga flexibilidad a los Estados y cambian la forma en que se desarrolla la política de seguridad. Sin embargo, los Estados no pueden eludir la responsabilidad cuando estas empresas actúan de manera inapropiada.
Organizaciones internacionales como la ONU, la UE y ONGs también contratan EMSP, especialmente en zonas de alto riesgo. Durante el genocidio de Ruanda, Executive Outcomes le ofreció sus servicios al jefe del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Kofi Annan, para contener la violencia hasta que las Naciones Unidas conformara una fuerza para mantenimiento de la paz, pero el futuro Secretario General de la ONU rechazó la oferta. La ONU ha aumentado su demanda de servicios militares y de seguridad desde la década de 1990, cuando las misiones de paz se volvieron más complejas. Además de ser contratadas directamente por la ONU pueden ser empleados en operaciones por un Estado miembro o por alguno de los departamentos, agencias, comités u oficinas que conforman la red de la ONU.
La UE también emplea EMSP en misiones civiles, policiales y militares, debido a limitaciones de tropas y capacidades específicas. Las EMSP brindan servicios de entrenamiento, protección personal y apoyo logístico en diversas misiones de la UE. En materia de misiones policiales, una de las más importantes ha sido la misión de la EUPOL en Afganistán, donde las EMSP se han dedicado a capacitar a las fuerzas de seguridad afganas y proporcionar servicios logísticos de apoyo.
Las EMSP también son contratadas por empresas multinacionales en zonas ricas en recursos naturales y con problemas de gobernabilidad. Estas empresas ofrecen seguridad y estabilidad localizada a las corporaciones, pero también pueden ser utilizadas por dictadores, grupos rebeldes y carteles de drogas.
Esfuerzos internacionales para regular las actividades de las EMSP
A lo largo del tiempo, el marco jurídico internacional sobre las actividades mercenarias ha sido un reflejo del contexto histórico. En el contexto actual, varias son las medidas para prohibir las actividades de los mercenarios y regular las EMSP, ya sea a través de legislaciones nacionales o acuerdos internacionales.
El Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación fue creado por la ONU en julio de 2005. Al grupo se le ha concedido jurisdicción para monitorear las actividades de las EMSP a fin de asegurarse de que éstas respeten los derechos humanos, para ello debe tener en cuenta varios estándares internacionales. Se puede decir que es el único organismo internacional de seguimiento de EMSP, pero no tiene la autoridad para imponer a los Estados sus recomendaciones.
En julio de 2010, en un informe este Grupo de Trabajo presentó un proyecto de una posible convención para la regulación y supervisión de las obligaciones de las EMSP sobre la base de los derechos humanos y las obligaciones del DIH. El mismo plantea ciertos mecanismos de control mediante una regulación interna, solicitando a los Estados parte que adopten las normas legislativas, judiciales, medidas administrativas y de otra índole necesarias para la efectiva regulación interna de las EMSP. A su vez instaura una regulación internacional con la creación de un Comité de Reglamento, Supervisión y Seguimiento.
En 2012, el Departamento de la ONU de Seguridad y Vigilancia (UNDSS) emitió el Sistema de Gestión de Seguridad de la ONU para acompañar a las directrices sobre el uso de los servicios de seguridad armada por parte de empresas de seguridad con el objeto de regular el uso de estas por parte de las Naciones Unidas.
En 2017 la UE dio un primer paso hacia la regulación de las EMSP con la aprobación por parte del Parlamento Europeo de un informe que insta a regular su concepto, actividades y proyección exterior. Además, recomienda la contratación de únicamente EMSP establecidas en la UE para evitar paraísos contractuales.
Por otro lado, por iniciativa del gobierno suizo, en asociación con algunas ONG, principalmente el CICR se crearon dos importantes documentos destinados a regular las actividades de las EMSP, el Documento Montreux en 2008 y el Código Internacional de Conducta para Proveedores de seguridad privada (ICoC) en 2010.
El Documento de Montreux fue el primer documento internacional que se ocupa específicamente de las EMSP, impulsado para dar respuesta a importantes preocupaciones humanitarias y legales, intentando regular su actividad en conflictos armados, enfatizando la aplicación del derecho internacional. En 2010 fue lanzado el Código Internacional de Conducta para Proveedores de seguridad privada, iniciativa que proporciona estándares para aquellas EMSP que operan en un entorno complejo. A su vez, en 2013 se crea una Asociación (ICoCA), conformada por CSP, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos, como un mecanismo de supervisión destinado a ayudar, apoyar y monitorear a sus empresas miembro en la implementación de sus responsabilidades dentro de la ICoC. Para cumplir con su misión, el ICoCA realiza certificaciones, seguimientos y evaluaciones de desempeño, y atiende reclamaciones de terceros.
Conclusión
Las EMSP se han adecuado al sistema de mercado, no sólo por las estructuras que adoptaron, sino también por adaptarse, especializarse y perfeccionarse en tareas antes realizadas por los ejércitos nacionales, llegando a punto tal que es prácticamente imposible llevar a cabo operaciones en el exterior sin la contratación de alguna empresa de este tipo.
Su naturaleza transnacional dificulta la aplicación de leyes nacionales, y es prácticamente imposible caratular las EMSP y a sus contratistas como mercenarios. Las mismas empresas han intentado desligarse de sus versiones pasadas y de lo peyorativo del término mercenario. Muchas incluso intentan evitar el término “militar” cuando se habla de ellas. El carácter transnacional e internacional del fenómeno, donde las empresas están registradas en un Estado, poseen sus oficinas centrales en otro, contratan su personal en un tercero, son contratadas en un cuarto y operan en un quinto, dificulta aún más la cuestión, situación de la que se aprovechan. Pero decir que las EMSP operan en un vacío legal absoluto es excesivo, lo que quedó plasmado con el análisis realizado. Sí existe una limitación que es un reflejo del contexto histórico en el cual fue elaborado.
Se puede afirmar que el sistema internacional, surgido de la Paz de Westfalia a mediados del siglo XVII, que planteó un mundo basado en actores estatales poseedores del monopolio del uso de la fuerza ha cambiado. Este cambio de paradigma no debe ser entendido como el final de ese modelo, sino como una evolución de éste, relacionada con los cambios del propio sistema internacional. En este nuevo contexto es innegable que las EMSP están adquiriendo un rol cada vez más preponderante en materia de seguridad.
Estas empresas seguirán modificando su oferta de servicios adaptándose a los requerimientos que vayan surgiendo en el contexto nacional e internacional. Queda claro que el fenómeno de las EMSP tiene un carácter global, por lo que también se necesita una respuesta de la misma envergadura ante esta situación.
Rusia y el Wagner Group
Para Rusia las EMP son ilegales, e inconstitucionales; no así las ESP que son legales desde 1992 y están registradas oficialmente (Marten, 2019). Si bien hay quienes apoyan la legalización de este tipo de empresas, los intentos de legalizarla han fracasado, arguyendo que el comportamiento mercenario viola la Constitución rusa y que las autoridades estatales son las únicas responsables de la defensa y la seguridad.
En 2007 se aprobó una ley que les permite a Gazprom y Trasneft emplear fuerzas propias autorizando el uso de la fuerza “mientras persigan a personas que hayan cometido actos delictivos o delitos civiles en las instalaciones bajo custodia” (Hurst, 2010).
En septiembre de 2018, Putin complicó aún más el panorama legal al firmar un decreto que clasificó como secreta toda la información sobre aquellos que cooperan con los servicios de inteligencia de la Federación Rusa. Además, hay que tener en cuenta que Rusia no es signatario del Documento Montreux ni del ICoC.
Para 2019 empresas como el Wagner Group, no contaban con ningún estatus legal en Rusia. Esta ilegalidad le sirve al Kremlin como una forma de mantener controladas a estas empresas y a su vez les permite mantener cierta desestimación plausible de sus actividades.
El Wagner Group es una EMSP rusa que surgió en 2014, pero tiene sus raíces en varias EMSP anteriores como Antiterror-Orel, Moran Security Group y Slavonic Corps, columna vertebral de Wagner. Fue fundada por el teniente general (R) del GRU, Dmitry “Wagner” Valerievich Utkin, que ya había trabajado para el Moran Security Group; y Yevgeny Prigozhin, quien ha estado cerca del presidente ruso desde mediados de la década de 2000, y quien, operando como financista, ha respaldado las ambiciones geopolíticas e internas de Putin, ha expandido la influencia rusa en el mundo en desarrollo y generado nuevos ingresos. Ambos habrían muerto en el Embraer Legacy accidentado (¿o derribado?) el 23 de agosto.
Es una entidad con vínculos cercanos tanto con el GRU como con el Ministerio de Defensa de Rusia, por lo menos hasta el golpe del 23 y 24 de junio, y no debe entenderse como una EMP en el sentido occidental, más bien, opera como una empresa semiestatal. Pero su ilegalidad le permite al Wagner Group ser un instrumento muy buscado para realizar tareas en las que las fuerzas armadas regulares no podrían estar implicadas, permitiendo mantener una negación plausible.
Estas vinculaciones se pueden apreciar en las dos bases que el Wagner Group tiene en adyacencias a la 10.ª Brigada Spetsnaz GRU en Molkino, región de Krasnodar; allí, antes de cada despliegue, el personal pasa por una etapa preparatoria que incluye formación integral de hasta dos meses de duración.
El Wagner Group posee un monopolio relativo en el mercado ruso. Sus primeras operaciones fueron en el sureste de Ucrania en 2014, donde tomó parte activa en la anexión de Crimea y operó principalmente en el territorio de la autoproclamada República Popular de Lugansk.
La empresa llega a Siria en 2015 como parte de la política rusa que apunta a estabilizar un socio importante y para evitar el derrocamiento del régimen de Assad. En un principio su principal tarea era capacitar y asesorar a las fuerzas sirias y a grupos de milicias favorables al régimen, sin embargo, la situación impulsó una participación más activa. Ha jugado un papel crucial recuperando y manteniendo el control sobre el territorio que se encontraba en manos de fuerzas rebeldes, principalmente durante las campañas de Alepo en 2016 y 2017, la contraofensiva para retomar Palmyra, y la ofensiva a Deir ez Zor de 2017 a 2019.
En Libia, el Wagner Group respaldó al general Khalifa Haftar y su Ejército Nacional Libio (LNA), desplegando contratistas y proporcionando entrenamiento y apoyo militar. Lo que comenzó siendo una misión limitada, fue evolucionando a lo largo de la intervención en el país, involucrándose en la protección de instalaciones de petróleo y gas en el país.
En África además el grupo operó en Sudán y la República Centroafricana, donde intercambió entrenamiento y asistencia militar por concesiones mineras. Además, introdujo armamento en la República Centroafricana, lo que causó preocupaciones sobre el embargo de armas de la ONU. En Madagascar, respaldando candidatos presidenciales a cambio de concesiones mineras y acceso a recursos naturales. En Mozambique, luchó contra rebeldes islámicos antes de ser reemplazado por otra empresa de seguridad.
Se ha sugerido que contratistas del Wagner Group podrían haber llegado a América Latina en 2019 para brindar seguridad a Nicolás Maduro en Venezuela en medio de una agitación política.
