Las amenazas discursivas y con algunas acciones, como el despliegue de tropas a la frontera, que históricamente ha llevado a cabo el gobierno venezolano contra Colombia, no han sido, ni parecen ser ahora, más que recursos para la tribuna propia y sus fanáticos seguidores de la izquierda latinoamericana. Sin embargo, hay un aspecto que ha ido cambiando en los últimos tiempos y que hace que la amenaza para Colombia sea no solo más real, sino mucho más grave. Y este es el apoyo cada vez más directo que el gobierno chavista brinda a los grupos narcoterroristas FARC y ELN, ya no solo aceptando que usen a Venezuela como su santuario, sino ahora entrenándolos y asociándose a ellos en el negocio del tráfico de drogas, minería ilegal y otras actividades criminales.
A su vez, lo que era algo que estaba a la vista ya cuando se firmaron los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, pero que muchos, en su idealismo, prefirieron ignorar, ya es a todas luces evidente: Las FARC nunca quisieron la paz, sino ganar tiempo para reorganizarse, reconstruir su poder y ganar espacio político, en un tiempo en que estaban diezmadas. Ahora, que ya se reorganizaron, la mayor parte de sus líderes volvió a la clandestinidad a retomar el comando de sus tropas, que nunca se terminaron de desarmar.
Desde siempre, el chavismo hizo la vista gorda a la presencia de guerrilleros en su territorio, pero en los últimos tiempos comenzó a verlos como aliados, tanto en sus negocios como para sostener al propio chavismo en Venezuela y para debilitar a su principal rival, el gobierno colombiano de Iván Duque. Esto quedó en evidencia en los documentos obtenidos por Colombia recientemente y divulgados por la revista colombiana Semana (https://www.semana.com/nacion/articulo/los-secretos-de-la-alianza-entre-el-gobierno-de-maduro-las-disidencias-y-el-eln/630999), donde se detalla no solo la relación entre el gobierno venezolano y los terroristas, sino la actividad y algunos planes conjuntos que han desarrollado, principalmente contra el estado colombiano.
La guerrilla en Colombia ha recobrado fuerza, debido principalmente al fracaso completo del proceso de paz y a un cada vez mayor financiamiento a través de actividades criminales. A su vez, se ha conformado como socia del gobierno chavista en algunos de estos negocios, encontrando en Venezuela una salida más segura para la droga y el producto de la minería ilegal.
Por otro lado, el problema humanitario causado por el éxodo de venezolanos, principalmente a Colombia, lejos de resolverse continúa empeorando y amenaza ser una fuente de conflictos en toda la región. Ya en Perú, Ecuador, Panamá y Brasil ha habido distintos tipos de conflictos con los inmigrantes, en muchos casos debido a que muchos venezolanos han terminado en la delincuencia. Ante la falta de oportunidades en dichos países y en Colombia, muchos inmigrantes terminan siendo presa fácil de organizaciones criminales, tanto para sumarlos a sus filas como para ser explotados.
Al 2 de agosto de 2019 se calcula que hay más de 4 millones de migrantes venezolanos, de los cuales 1,4 millones están en Colombia (https://cnnespanol.cnn.com/2019/08/02/aumenta-el-numero-de-venezolanos-en-colombia-hay-poco-mas-de-14-millones-de-inmigrantes-en-todo-el-pais/) y 768.000 en Perú, los países que más han recibido. Este número viene creciendo de manera alarmante desde 2015, para cuando poco más de 600.000 venezolanos habían abandonado su país, aunque los años con más movimientos fueron 2016 (con un millón de personas dejando su país) y 2017 (más de un millón y medio).
Esto genera en los países receptores una demanda cada vez mayor por que se resuelva la situación en Venezuela y se logre frenar y hasta revertir el éxodo, ya que la dimensión de los problemas sociales que puede generar una mayor migración es difícil de vaticinar.
Mientras, a esta relación cada vez más cercana entre el gobierno chavista y las guerrillas, en un momento de recrudecimiento del conflicto interno colombiano, se suma el anuncio del gobierno chavista de enviar 150.000 soldados a la frontera con Colombia, para el ejercicio “Soberanía y Paz”, justificado por Maduro alegando una supuesta amenaza colombiana contra Venezuela. Esto ha justificado la invocación, por parte del gobierno de Colombia y con el apoyo del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), el cual plantea la asistencia de los estados americanos cuando un estado del continente resulta agredido.
El pasado 11 de septiembre la Organización de Estados Americanos aprobó, por 12 votos a favor, 5 abstenciones y dos ausentes, la aplicación del TIAR, para lo cual se avanzará en estos días en la definición de qué medidas se pueden tomar contra el gobierno de Venezuela. A su vez, el gobierno de Colombia denunciará ante la ONU este apoyo del chavismo a los grupos terroristas.
Si bien a lo largo del tiempo, y especialmente en los últimos años, se ha hablado cada vez más de una posible intervención militar en Venezuela, la aprobación de la aplicación del TIAR, como también puede ser la aceptación por parte de la ONU de la denuncia colombiana, le dan sustento legal a una acción militar contra el gobierno chavista. Este punto es un paso fundamental hacia esta posibilidad y abre, por primera vez, el juego a una salida militar con apoyo internacional.
Aunque la salida militar nunca es la mejor opción y puede suponer una importante pérdida de vidas, además de mayores daños a la ya vapuleada infraestructura y economía venezolana, hoy se puede ver que todos los intentos por una salida incruenta y negociada a la dictadura chavista han resultado completamente inútiles. Por otro lado, la posibilidad de que haya una acción interna contra el chavismo ya está prácticamente descartada, debido al fuerte control que ejerce el régimen sobre los opositores y sobre cualquier disidencia en sus Fuerzas Armadas, que ha llevado a la captura y tortura de miles de ciudadanos y la muerte extrajudicial de al menos 6700 personas solamente entre 2018 y la primera mitad de 2019, según el informe difundido por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Colombia cuenta principalmente con el apoyo de Estados Unidos y Brasil, aunque gran parte del resto de América, como se vio en la votación del TIAR, sostiene su postura. En el caso de Brasil, el presidente Bolsonaro ha sido desde siempre un ferviente opositor al gobierno chavista y, si bien ha sido desmentido por sus voceros, varias veces se indicó que estaría a favor de una intervención militar. El resto de los gobiernos apunta a seguir intentando encontrar una salida pacífica, pero parecen ser más bien declaraciones de buenas intenciones que no logran ningún efecto.
Por su lado, el chavismo ha seguido con su retórica de que pelearán ante cualquier invasión, aunque la realidad indica que, si bien las Fuerzas Armadas Bolivarianas podrían ejercer una resistencia contra un ataque de fuerzas latinoamericanas, no podrían hacerlo en el caso de que participe Estados Unidos, país que tiene la capacidad de suprimir todo el sistema defensivo, de comando, control y comunicaciones, en cuestión de minutos y con un mínimo de pérdidas propias.
Creo poco probable una acción militar directa de EEUU solo, pero sí veo más probable la posibilidad de que apoye una acción por parte de Colombia, posiblemente con participación de Brasil y tal vez de otros países, además de apoyo interno desde Venezuela por parte de sectores antichavistas.
Por otro lado, como indican los documentos citados por la revista colombiana Semana, el chavismo planea, ante una posible intervención, emplear a los grupos terroristas FARC y ELN para ejecutar acciones en Colombia, generando un frente interno allí que obligue a distraer fuerzas de la frontera con Venezuela. En dichos documentos, queda claro que el chavismo cuenta con dichas organizaciones como parte integral de su esquema militar, al proveerles entrenamiento, mientras que a su vez recibe de ellas información de inteligencia y, como indica dicho documento, los terroristas contarían con la misión de “Destruir, capturar o neutralizar unidades, medios o instalaciones de las FF.MM. con la capacidad de neutralizar nuestras acciones ofensivas estratégicas y a la vez efectuar acciones ofensivas estratégicas contra la RBV (República Bolivariana de Venezuela)”.
Militarmente, si bien las Fuerzas Armadas Colombianas se han enfocado a lo largo del tiempo en guerra contrainsurgencia, en la última década esto cambió hacia un enfoque que incluye la guerra convencional, justamente previendo la posibilidad de un conflicto con Venezuela. Aunque apunta principalmente a contar con capacidad defensiva ante un ataque venezolano, muchos elementos de las Fuerzas Armadas Colombianas son útiles en caso de que sea necesario una acción ofensiva.
Por mar es poco probable que haya alguna acción, quedando entonces los teatros terrestres y aéreos como los ejes de cualquier acción militar. En el aire, si bien nominalmente la Aviación Militar Venezolana está mejor equipada, principalmente con los Sukhoi Su-30 y los F-16, la operatividad de ambos es muy reducida, además de que su equipamiento electrónico y armamento está desactualizado y sus pilotos mantienen un nivel de adiestramiento muy bajo, por lo que su capacidad real de enfrentar a los Kfir colombianos, equipados con sistemas y armamento más modernos y con tripulaciones mucho mejor preparados, es muy dudosa. Lo mismo sucede con la aviación de transporte, los helicópteros y demás segmentos.
En tierra, el Ejército Venezolano es donde está mejor equipado con respecto a sus vecinos, pero se desconoce el nivel de preparación de su personal y el grado de adhesión que tendría ante la posibilidad de tener que pelear una guerra en defensa del chavismo.
De todas maneras, es poco probable que una acción contra Venezuela derive en un conflicto prolongado y a gran escala, sino más bien, que se realice una acción rápida para destruir su sistema defensivo, ataques puntuales contra la cabeza del régimen y la instauración de Guaidó como único gobierno de Venezuela, protegido por las naciones que intervengan, más algún apoyo local de unidades militares.
Igualmente, es difícil predecir qué podría suceder y la posibilidad de una intervención depende, además del posible apoyo de la OEA y hasta de la ONU, de la postura de otros países, especialmente Rusia, que sostiene abiertamente al gobierno de Maduro y una caída de éste puede significarle un retroceso en su proyección para ganar espacios en América Latina.
