Por Martín Verrier*
Lejos de los tabloides, la política partidaria y las teorías de conspiración, la inteligencia es una actividad profesional, herramienta esencial para la seguridad nacional. Sir David Omand, Ex Jefe del GCHQ servicio de inteligencia de comunicaciones del Reino Unido, relata en su libro “Securing the State”, que el inesperado conflicto en el Atlántico Sur representó una dura lección para el sistema de inteligencia británico, ya que nadie había anticipado la operación militar argentina. Lejos de proponer la eliminación del Servicio de Inteligencia Secreta, el gobierno británico se inclinó por su perfeccionamiento, dando lugar a la potenciación del rol del Coordinador del comité de inteligencia nacional.
En nuestro país el sistema de inteligencia está conformado por la Agencia Federal de Inteligencia, la Dirección de Inteligencia Criminal y la Dirección de Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, y debería, en teoría y lejos de su uso político, garantizar cinco funciones que resultan vitales para el estado: apoyar el proceso de toma de decisiones, proveer al país de un servicio de contrainteligencia, anticipar eventos disruptivos, mejorar el nivel de resiliencia de la sociedad y dar una visión sobre el futuro y el contexto de seguridad.
En primer lugar, reduciendo la ignorancia en el proceso de toma de decisiones, el sistema de inteligencia permite reducir el nivel de error en materia en aquellas decisiones estratégicas vinculadas al interés nacional. La inteligencia no solo les permite a los estados evaluar la posibilidad de ocurrencia e impacto potencial de diversas amenazas, sino que también permite alinear el proceso de tomas de decisiones con los objetivos estratégicos impuestos. En otras palabras, sin inteligencia no hay estrategia.
La segunda función esencial de la inteligencia es la proteger al estado frente a la influencia y el accionar de actores externos. La contrainteligencia, en manos del sistema de inteligencia, es la principal herramienta que tiene el estado frente a la injerencia externa, sea esta estatal o no estatal. Esta función es la que le permite, por ejemplo, al estado, a detectar actos preparatorios, de reconocimiento, vinculados al terrorismo.
En tercer lugar, la inteligencia permite a los estados protegerse de eventos disruptivos. Es el trabajo de inteligencia por ejemplo el que permite identificar cambios en los patrones del trafico de estupefacientes, de forma tal de que el estado pueda reorientar recursos materiales y humanos de acuerdo con dichos cambios. La inteligencia permite gestionar basados en datos.
En cuarto lugar, la inteligencia habilita el desarrollo de la anticipación estratégica, que permite mitigar efectos y maximizar la resiliencia de la sociedad. En tiempos de cambio climático y pandemias globales, la capacidad de resiliencia de una sociedad adquiere cada vez más importancia. Sin inteligencia la sociedad queda a merced de las eventualidades.
Finalmente, el sistema de inteligencia permite anticipar el escenario estratégico futuro, aquel que debería dar muestras de qué lugar ocupará la Argentina en el mundo, cual podrá ser su relación con los actores relevantes del sistema y como podría la Argentina explotar las oportunidades que surgen en ese escenario futuro. De esta misma apreciación estratégica debería surgir también el entramado de alianzas y cooperación que la Argentina debería construir en base a sus intereses nacionales.
Para poder cumplir acabadamente con las cinco funciones detalladas es necesario recuperar tres condiciones que hacen a los sistemas de inteligencia modernos: alto nivel de transparencia y control, una adecuada coordinación interna y externa y un mayor grado de apertura y profesionalización.
La transparencia es el primer requisito para la reconstrucción del sistema de inteligencia argentino. Por ello se sebe establecer claramente la diferencia entre inteligencia e investigación criminal. La inteligencia es proactiva, y responde a un requerimiento de autoridad competente, mientras que la investigación es reactiva y responde a un requerimiento judicial. Hay que reconocer en la última modificación de la ley 25.520 un avance en este sentido. Asimismo, es necesario detallar con mayor exactitud el alcance y límites de la supervisión parlamentaria, como así también establecer sanciones más contundentes para aquellos legisladores que incumplan el deber de guardar secreto, de forma tal que esta mayor transparencia no se vea opacada por una mayor vulnerabilidad.
En segundo lugar, la AFI debe dejar de ser “juez y parte “del sistema de inteligencia. Hoy la AFI además de ser una agencia de inteligencia, actúa como coordinador del sistema, lo que genera incentivos negativos en el funcionamiento de los demás actores del sistema. Es necesario reemplazar a la AFI como órgano coordinador del esfuerzo nacional de inteligencia y en su lugar crear una instancia de coordinación de los tres actores del sistema de inteligencia nacional. En esto valen las experiencias británicas y norteamericanas. Los primeros, con la creación del “Joint Intelligence Committee” (Comité de Inteligencia Conjunta) en 1936, con el objetivo de presentar una visión unificada entre los servicios de inteligencia al Primer Ministro, y los segundos que, producto de los atentados de 2001, crearon en 2004 el puesto de Director Nacional de Inteligencia, de rango ministerial con el objetivo de funcionar como coordinador y enlace del vasto sistema de inteligencia con el poder ejecutivo.
Finalmente es necesario avanzar en la profesionalización y apertura a la sociedad del sistema de inteligencia. El trabajo de inteligencia es un proceso, un ciclo profesional. Esta profesionalización debe contemplar una formación acorde y por concurso en la Escuela Nacional de Inteligencia y un plan de carrera meritocrático, evitando innecesarias rotaciones por cambio de administración. Asimismo, y siguiendo la tendencia en otras agencias de inteligencia en un contexto de constante transformación hacia lo digital, es indispensable fomentar una mejor interconexión con el ámbito académico y el sector privado.
El desafío, por tanto, consiste en lograr el equilibrio entre un sistema de inteligencia con alto nivel de coordinación, transparencia y profesionalización y el respeto por su independencia del poder ejecutivo. Lejos de esa habitual mirada conspirativa, un sólido sistema de inteligencia permitirá concretamente salvar vidas, mejorar la posición del estado en el sistema internacional, detectar y prevenir la influencia extranjera, amplificar la potencialidad económica del país y mejorar la capacidad del estado para garantizar el estado de derecho.
*Ex subsecretario de lucha contra el narcotráfico de Argentina y analista en seguridad
