Entrevistamos a Richard Kouyoumdjian, vicepresidente de AthenaLab, para indagar en las diferencias y los paralelismos entre los planteos que se hacen en la Argentina y Chile sobre el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad.
Por Santiago Rivas
El debate del empleo de militares en seguridad interior está candente tanto en la Argentina como en Chile, donde algunos sectores de centroderecha vienen argumentando el sacar a las tropas a combatir el crimen organizado y el narcotráfico, mientras las Fuerzas Armadas y varios sectores de la sociedad se oponen.
Dialogamos con Richard Kouyoumdjian, vicepresidente de AthenaLab de Chile, sobre los desafíos a la seguridad que hoy enfrentan tanto Chile como la Argentina y donde se mezcla el planteo de sectores políticos de emplear a las Fuerzas Armadas en el combate del crimen organizado y el terrorismo, en días en que ha crecido la tensión entre ambos países luego de que la Ministra de Seguridad de la Argentina se refiriera a la presencia de “fuerzas combatientes iraníes en Bolivia, Chile y Brasil”, lo cual tuvo que salir a aclarar y será un tema obligado en la reunión que tendrá el próximo jueves 25 de abril con la ministra del Interior y Seguridad Pública del gobierno de Boric, Carolina Tohá.
En ese sentido, Kouyoumdjian comparó la postura actual del Ministerio de Seguridad de la Argentina, donde la ministra Bullrich ha defendido la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interna, con la derecha clásica tradicional chilena de Chile Vamos. “Yo lo he visto desde el Gobierno de Piñera dos. El ministro de Defensa de esa época, Alberto Espina, también empujaba a esa idea. Él, junto con algunos otros miembros del Congreso sacan la idea original de proteger infraestructura crítica, más dirigida a la infraestructura que a un rol de Seguridad Pública, copiando el modelo europeo antiterrorista” explica y agrega que esto lleva a que las Fuerzas Armadas se sientan que no están ni con la derecha ni con la izquierda y se tienden a seguir aislando ellas mismas y por eso opina que “probablemente la primera persona en la Argentina con la cual se sienten representados es Victoria Villarruel, que es un producto del sistema, una política que defiende la familia militar. Y acá en Chile probablemente ese político no existe”.
Esta falta de identificación se da porque la derecha chilena, al igual que la centroderecha argentina, viene desde hace tiempo planteando que “los nuevos desafíos en seguridad vienen por el crimen transnacional, el crimen organizado, las fronteras en el norte, la inmigración. La derecha nunca profundizó mucho en lo qué significaba el empleo de las Fuerzas Armadas. Ellos cometen el mismo error que la mayor parte de los civiles, que es pensar que porque tienen uniformes y portan armamento, un policía y un militar son casi lo mismo, y más todavía en el caso de Chile, donde la policía que tenemos, los Carabineros, es militarizada, y eso viene del regimiento de Carabineros, originalmente del Ejército. En Chile, hasta que se modifica la Constitución de 1925, en el año 1980, las Fuerzas Armadas eran parte de la fuerza pública”. Pero las Fuerzas Armadas solo participan en seguridad interior en casos de excepción constitucional, y Carabineros pasó a ser una fuerza policial preventiva y con capacidad de investigación.
Sin embargo, el primer problema que afecta a la seguridad pública es que, “en el año 2004, cuando se crea la nueva ley de inteligencia, la derecha se preocupó de no tener una KGB al frente y los de la izquierda no querían tener una repetición de los servicios de seguridad de Pinochet, la DINA. Entonces hicieron una ley que es perfectamente inoperativa. Se creó una organización llamada Agencia Nacional de Inteligencia, con unas 150 personas, básicamente analistas sin capacidad operativa y con poca capacidad de coordinar la información que se generaba a través de las direcciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas o la proveniente del Ministerio de Defensa. El sistema, para funcionar, debía tener la capacidad de integrar lo que generan las Fuerzas Armadas y las policías, los policías siempre tuvieron buena información, pero eso quedó desarmado producto de que hubo un mal manejo. Y los pilla el estallido y todo lo posterior, con muy pocas capacidades”.
Cinco pilares de seguridad
Esta realidad, luego del estallido social de 2019, llevó al actual gobierno de Chile y dada la situación de seguridad, a plantear la seguridad con cinco pilares. “El primero es la Ley de Infraestructura Crítica y mi opinión es que, sí hubiera una amenaza a la infraestructura como tal, lo entiendo como una prioridad y eventualmente se podría utilizar a las Fuerzas Armadas, escapa a lo policial” afirma Kouyoumdjian, aunque aclarado que, cuando la amenaza es contra las personas que están en dicha infraestructura, sí es un problema policial.
“Lo segundo son las Reglas de Uso de la Fuerza y uno dice ‘¿para qué?’, para poder usar la fuerza en estado de excepción o en infraestructura crítica en aquellas situaciones que podrían estar en contacto con la población civil. Y en eso estoy de acuerdo con Villarruel, todos los que van a tener enfrente van a ser civiles y los sistemas judiciales tienden a partir de la premisa de que el agente estatal es el que hizo un aprovechamiento de los derechos humanos. Entonces, las Reglas de Uso de la Fuerza, en mi opinión, están hechas para no usar la fuerza, siendo que las Fuerzas Armadas por el entrenamiento, lo que tienen son reglas de enfrentamiento, no reglas de uso de la fuerza” destaca.
“El otro punto es que las unidades militares, cuando salen a la calle, van a cumplir su consigna. Entonces, el que cumplió la consigna no tiene por qué ser llevado a la justicia, estamos de acuerdo en que nadie está por sobre la ley, pero a los militares les toca la justicia militar y a los civiles la justicia civil. El problema, en Chile no eliminaron la justicia militar, pero sí dijeron que si había un civil involucrado prima la justicia civil.
Otro tema es el Ministerio de Seguridad Pública, la idea de separar el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y sacar la parte de Seguridad Pública. Es un proyecto, pero lo que hemos dicho los que más sabemos es que no va a causar ningún efecto inmediato. Primero es crear un ministerio nuevo, más burocracia, mientras que la actual ministra del interior y su subsecretario del interior están totalmente dedicados a los temas de seguridad. Las policías reportan a ellos, se actúa casi como un Ministerio de Seguridad.
El cuarto es lo que llaman ‘Cartera de proyectos de seguridad pequeños’. La Agenda de seguridad Toha – Coloma: 31 proyectos que desarrollaron entre la ministra del interior y el presidente del Senado. Ese proyecto ha sido el más efectivo, es una serie de cosas chicas que van mejorando temas específicos, fallas en nuestras leyes, coordinación de policías.
El quinto eje de gobierno es arreglar la ley de inteligencia actual, porque no sirve para nada, pero la ley de inteligencia no va a generar automáticamente un efecto, lo más probable es que vas a tener mejores facultades para coordinar a todos los servicios de inteligencia, pero no te va a generar las capacidades policiales que faltan, y de ahí que tengas capacidad de hacer operaciones encubiertas o de información, va a demorar un tiempo. El Ministerio de Seguridad y ley de inteligencia del Estado son ideas con buen marketing a los ojos de la población” explicó.
Ante esto, Kouyoumdjian destacó que hay un consenso bastante claro en las Fuerzas Armadas de Chile de “no dársela fácil al gobierno para que los saquen a la calle. El jefe del Ejército ha sido claro en decir ‘no’, porque él es el que se vería más afectado junto con la Infantería de Marina”.
Además se suma que las “Fuerzas Armadas hoy en día son alta tecnología y baja mano de obra, a diferencia de las del pasado. Hoy en día las Fuerzas Armadas Chilenas no creo que tengan acuartelados más de 5000 conscriptos al año y la tropa profesional entre cuadros permanentes y conscriptos que se quedan por 5 años más, pero con niveles de sueldo mucho razonables, también están bajos” agregó.
Un despliegue que no sirve
Con ese esquema, hoy tienen al Ejército desplegado en la frontera norte, en un trabajo que no funciona, “porque en la frontera con Perú podemos reconducir de vuelta a la gente, pero con Bolivia no aceptan la reconducción, solo de bolivianos, pero la mayor parte de los que cruzan son venezolanos. Y realmente somos muy eficientes al recibirlos, los militares les dan abrigo y comida y los llevan al lugar de inmigración para que los registren y vean su estatus, pero el problema es que aquí no es como en otros países, donde tienes campamentos de refugiados, quedan en la frontera y no los dejan entrar al país. Nosotros los estamos dejando entrar. El Ejército está operando bien con la policía, pero no están logrando ningún efecto” explicó Kouyoumdjian, y se refirió luego al problema en la Macrozona sur, “las provincias de Arauco y Biobío, donde el pueblo mapuche es el principal en esa zona, es donde el estado de Chile entregó el control del territorio a los insurgentes terroristas. Este país es muy cómico, partieron hablando a la gente de violencia rural, después se echaron a hablar de delincuentes y después tímidamente de terrorismo, porque si tienes terrorismo tienes que aplicar la ley antiterrorista. Y ahí hablamos de insurgencia y para insurgencia hay que dar el remedio que la enfermedad insurgencia requiere, el cual siempre es duro, porque si la aplicas, vas a terminar con gente metida en bolsas negras. Y eso ni siquiera Piñera fue capaz de hacerlo. Era bastante decente, pero el día que había que hacer cosas era bastante tímido. El partió usando a las Fuerzas Armadas en la zona de la Araucanía, después pasaron un par de meses cuando llegó Boric, pero tuvo que reemplearlas y siguieron con un mandato muy limitado, es decir, quieren el efecto, que salgan fotos de que los militares llegaron, pero los roles que los militares podían cumplir bajo el decreto del estado de emergencia eran bastante limitados. Después, les dieron un poquito de libertad, aunque tienen el control de la zona, pero no un rol policial, en el sentido de que no pueden salir a investigar, solamente pueden actuar ante delitos fragantes. Esa labor, todavía en un estado de emergencia, la conduce el Ministerio Público y lleva los casos a la justicia. Parte de los problemas que ha habido en la Macrozona sur es que los mapuches insurgentes han inteligentemente amenazado de muerte a los fiscales y a su familia y eso hace más difícil que alguien se quiera ir a sacrificar por este tema. Lo que sí trajo de beneficio el estado de emergencia es que los casos violentos disminuyeron un 80% y no murió nadie en el 2023. Pero es como tirarle una aspirina a un problema, porque no estás corrigiendo el problema de fondo y en un par de años van a volver surgir. Y lo otro es que se detuvieron personas, finalmente la Fiscalía del Ministerio Público hizo el trabajo. Se logró capturar a Hector Llaitul, uno los principales líderes de la CAM, la Coordinadora Arauco-Malleco, pero pasaste todo el año 2021 y el 2022 con gente muerta en la calle o con tipos que estaban quemando tierras e instalaciones”.
Estado de excepción permanente
En este sentido, lo que se aprecia es que el estado de excepción no parece perseguir un objetivo concreto en cuanto a su duración en el tiempo, mientras que debe renovarse cada quince días en el congreso, pero de esa manera ya lleva años y no tiene una fecha de finalización prevista. En este punto, Kouyoumdjian sostiene que el problema es que una vez que los militares entran, es muy difícil políticamente sacarlos, pero en tanto hay unos 1500 militares desplegados en la Macrozona Sur en periodo de rotación de 90 días. Eso significa que hay personal en descanso y otros que están en despliegue, “pero además también tienes militares en la zona norte. Y tanto el Ejército como la Infantería de Marina hacen eso con menos gente. En la frontera norte, Chile tiene por lo menos 2 batallones de tanques en el norte, y están utilizando a los comandantes de tanques, al conductor o al artillero como jefe de una patrulla en el altiplano deteniendo inmigrantes. Entonces es lo mismo que si voy a un regimiento de caballería blindada en Argentina y pregunto, me van a decir ‘yo no entré al Ejército para ir a hacer patrullajes en Rosario’, te va a producir también un problema de motivación en los militares”.
Falta de consenso político
Kouyoumdjian, destaca que este es un problema común entre la Argentina y Chile al pretender usar a las Fuerzas Armadas para labores de Seguridad Pública, que puede ser más problemático en la Argentina, dado que en Chile es más fácil hacer funcionar el Ejército Chileno con Carabineros, ya que tienen cierta cultura similar. “Pero el Ejército no quiere porque, primero, no tiene recursos ni gente, porque te dan labores de Seguridad Pública y no más presupuesto, tienen que usar su presupuesto operativo y eso quiere decir que volaron menos aviones, navegaron menos buques y salieron menos tanques a entrenar, o realizan menos actividades de entrenamiento a nivel de las escuelas. Segundo, en el caso de Chile la justicia militar existe, pero si hay un civil involucrado, termina en la justicia civil. Tercero, cuando hay un problema, el estado te deja solo.
Nuestro grave problema es que no hay respaldo de las autoridades políticas ni judiciales al actuar de la policía, el estado te deja solo, tú llegas a tener un problema y te separan de la institución, te juzgan como si fueras un civil y el culpable de asesinar o haber herido a una persona. Y te tiran todo tipo de triquiñuelas para dejarte en la cárcel, entonces, al final del día los que se está dando cuenta la izquierda es que esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque se dan cuenta de que una cosa era que tengan una estrategia revolucionaria de izquierda, pero esa misma laissez faire permitió que llegara y creciera el crimen organizado. Y hay bastante consenso de actuar contra él, porque afecta a todos.
Por eso tienes que separar los casos que ocurren en El Salvador, donde las Fuerzas Armadas nunca se enfrentan al delincuente, hacen el anillo de seguridad y protegen a los policías. Si eventualmente hay que meter bala, meten bala, pero tienen un Bukele que salió elegido con 80 y pico por ciento de los votos, tiene el control del congreso y el sistema judicial. Por lo tanto, es poco probable que termines en la cárcel si hiciste el trabajo que el Estado te mandó hacer. Y el otro es el caso de Noboa en Ecuador, que el día que se produce la comunicación del Estado de sitio hay un acuerdo de las fuerzas políticas a nivel del Congreso y el Ejecutivo de que los militares no van a terminar en la cárcel”.
En este escenario, Kouyoumdjian se pregunta cuál es la solución, porque los militares no quieren seguir el mismo derrotero de los que terminaron presos por estar en los gobiernos militares y las policías han declarado que no se van a inmolar por los políticos. “Entonces, todos los pilares en los cuales se sustentan nuestras sociedades actualmente están en riesgo y el tema es que va a tener que llegar a los niveles de urgencia de El Salvador o de Ecuador para que haya un consenso político. Y las reglas de uso de la fuerza sean reglas de enfrentamiento y los militares, previo entrenamiento, puedan apoyar la Seguridad Pública, pero con misiones específicas. Pero si se produce un acuerdo político es porque comienza a subir la presión popular o directamente la situación de seguridad se desbordó”, aunque agregó que también depende de que la gente vote a candidatos que se preocupen por la seguridad y salga a protestar.
A modo de resumen, Kouyoumdjian explicó que los problemas que agravan la situación “son la ausencia de un sistema de inteligencia, la ausencia de una Estrategia Nacional de Seguridad Nacional, la inexperiencia del gobierno en materia de orden público, deformaciones ideológicas que no le permiten al gobierno ver las cosas de manera correcta, incapacidad de tomar decisiones y ejercer autoridad, creencia de que todo se arregla con leyes cuando en realidad hay que tener el respaldo político, creer que las Fuerzas Armadas sirven para todo y la ausencia de responsabilidad política y judicial cuando se ordena el estado de excepción, no asumir que es una orden suya. La solución es coordinar a todas las agencias del Estado para que actúen en conjunto, como el Servicio de Impuestos Internos, la Unidad de Análisis Financiero que monitorea el flujo de efectivo, ministerios públicos, tribunales y gobiernos locales. Esa coordinación nunca ha estado bien trabajada” y agregó que, aunque el paralelo con lo que sucede en Argentina no es exactamente igual, el hecho de que los militares en la Argentina son juzgados por la justicia civil es similar a lo que pasa en Chile cuando hay civiles en el medio y no hay un respaldo político y judicial del actuar de los militares.
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