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Crisis económica e inversión en defensa en la Argentina

A pesar de la retórica a favor de la recuperación de la defensa, la crisis económica que atraviesa el país vuelve difícil que eso se traduzca en hechos.

El 1 de octubre de 2020, el presidente argentino, Alberto Fernández, dio el paso final para la aprobación de la Ley 27565, que crea un fondo especial para inversiones en defensa en el país, el llamado Fondef. La ley prevé un esquema de aumento progresivo de fondos, partiendo del 0,35% del total de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto de 2020, hasta llegar al 0,8% en 2023, los cuales tendrían que destinarse a recuperación, modernización e incorporación de material para la Fuerzas Armadas. El proyecto, que fue presentado al congreso en 2019, propuso que para el 2020 se destinarían a reequipamiento unos 14 mil millones de pesos (unos 230 millones de dólares al tipo de cambio de octubre de 2019), para alcanzar el equivalente a más de 500 millones de dólares en 2023. Dado que la ley fue aprobada en 2020, se espera que la inversión comience en 2021, con el 0,5% del gasto total del gobierno. Si bien es un paso importante, la experiencia en Argentina indica que, no importa lo que se anuncie, ni siquiera lo que haya en una ley, esto puede cambiar. Lo primero a tener en cuenta es que, para que se pueda aplicar esta ley, se debe publicar el decreto reglamentario, con todos los detalles de cómo funcionará la ley. Antes de eso, la ley no es más que un montón de palabras. La experiencia indica que, en Argentina, en materia de defensa, esto puede llevar años, como fue el caso de las Leyes de Defensa y Reestructuración de las Fuerzas Armadas, sancionadas en 1988 y 1998 respectivamente, pero el decreto para regularlas se emitió en 2006. Al día de hoy, la realidad es que el decreto aún no está escrito.

Si bien el país necesita desesperadamente recuperar sus Fuerzas Armadas, que ni siquiera son capaces de brindar un mínimo disuasivo o de proteger los recursos naturales, como es el caso de la pesca ilegal, la creciente crisis económica y política que vive el país, agravada por la pandemia de COVID-19, pero también por una serie de decisiones equivocadas, dificulta mucho seguir adelante con cualquier gasto importante en defensa. No se trata de tener una ley para hacerlo, sino de tener el dinero.



Para 2021 se espera que se retome la modernización del TAM, pero el presupuesto asignado es demasiado bajo como para esperar un avance significativo.


En 2020, la economía argentina caerá más del 10% y algunas fuentes afirman que será incluso superior al 12%, y en 2021 se prevé un déficit fiscal del 4,5% del PBI, calculado en 1,7 billones de pesos argentinos (unos 20.000 millones de dólares). Mientras tanto, las reservas líquidas del tesoro están por debajo de los 500 millones de dólares y con un total de 40 mil millones de dólares (de los cuales la mitad es un swap de monedas con China).

Al mismo tiempo, como parte de las negociaciones del país con el Fondo Monetario Internacional, se está tratando de presentar un plan económico que incluya una gran reducción del déficit (el FMI apunta a bajarlo del 4,5 hasta un 3 % del PBI) y la mayor parte del gasto actualmente se está realizando en planes sociales, de los cuales solo hay planes de eliminar aquellos relacionados al COVID, los cuales en 2020 alcanzaron un 3 % del PBI. Esto hará que sea más difícil encontrar el dinero para cualquier inversión importante en defensa.

A pesar de que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, está presionando para aumentar el gasto en defensa, la realidad es que la defensa en Argentina está muy lejos de las principales preocupaciones de los políticos.

El único apoyo que el sector está recibiendo del gobierno es en el caso de la producción local, ya que podría ayudar a la recuperación de la economía, pero la industria local puede aportar solo una mínima parte de lo necesario para recuperar capacidades e incluso los productos locales tienen un alto porcentaje de componentes importados, que representan hasta el 80% de su costo total de producción. Aún así, en hasta la fecha, las acciones concretas para aumentar las compras a las empresas locales han sido insignificantes y, en la mayoría de los casos, inferiores a las realizadas en los últimos años.

En un escenario en el que el estado deberá reducir el gasto en varios miles de millones de dólares, en un año electoral como será 2021, es muy poco probable que el sector defensa se vea beneficiado contra otras áreas como el gasto social.

La crisis del COVID-19, así como los diferentes accidentes de los últimos años, mostraron a la población la situación real de las fuerzas y se dedicaron horas de discurso y textos a la necesidad de cambiar esto, pero la realidad demostró que no se hizo nada, sin diferencias según el color del gobierno.



En el sector naval, solo se espera finalizar las dos lanchas LICA y la entrega de los OPV restantes. Los demás programas no tienen ningún tipo de avance.


Una muestra de ello es que, entre el presupuesto de defensa de 2019 y el previsto para 2021, hay un aumento del 70% del dinero en pesos argentinos, pero se espera que la inflación acumulada en ese período sea de alrededor del 108% y el valor del tipo de cambio también haya superado el 100 %. Lo mismo ocurre con los sueldos del personal militar, con un aumento del 7% en 2020, cuando la inflación anual es de alrededor del 35%. A la vez, en el presupuesto enviado al congreso tampoco se encuentra ningún ítem que haga alusión al citado Fondef y en el área de adquisiciones con fondos del tesoro se pueden ver en su mayoría los mismos programas que aparecen desde 2016, de los cuales casi ninguno ha avanzado desde entonces.

La situación del país y sus Fuerzas Armadas, que desde hace muchos años incluye una falta total de política de defensa (y también de una política exterior), hace que la Argentina sea un blanco fácil para cualquier potencia que quiera tener más presencia en América del Sur y con proyección sobre Atlántico Sur y la Antártida. Por supuesto, no mediante una invasión, lo cual no es probable, sino apoyando la llegada al poder de un gobierno cercano a sus intereses y explotando la debilidad del país. Asimismo, la situación actual favorece un aumento de las actividades delictivas en la región, principalmente narcotraficantes, que se ven beneficiados por la imposibilidad de la Argentina de controlar el espacio aéreo y la mayor parte de sus fronteras, además de la pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva. También, hoy el mundo se está volviendo más peligroso, con un aumento en la inversión de defensa por parte de las potencias y una creciente tensión, que debe ser tenida en cuenta, ya que puede desembocar en conflictos abiertos en los próximos años. Y, mientras ocurre este aumento en las amenazas de seguridad y defensa, los políticos solo se dedican a la demagogia y no a desarrollar un plan factible para enfrentar las amenazas ni proteger los intereses de la nación.



La producción del Pampa III se ha frenado, esperándose solo un avión a ser entregado en el corto plazo. Por ahora no ha habido avances importantes en la incorporación y recuperación de otras aeronaves.

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Pucará Defensa

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