Entre las actividades expansionistas chinas en el mundo, especialmente en América Latina, la pesca se está mostrando como la que causa las mayores pérdidas a las economías locales, además de un enorme daño ambiental. A pesar de las promesas chinas para limitar la actividad ilegal, nada de eso se ha traducido en hechos y el estado chino sigue siendo uno de los mayores participantes en el negocio pesquero.
Por Santiago Rivas
El pasado mes de julio, la Armada Ecuatoriana detectó una flota de unos 260 buques pesqueros chinos estacionada al borde de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Ecuador en las Islas Galápagos, la cual aumentó hasta unos 340 buques pocos días después. Para ese entonces, la Armada Ecuatoriana informó que alrededor de la mitad de los buques habían apagado los transpondedores y los mantuvieron así por más de dos semanas, lo cual es ilegal. Entre los buques detectados, muchos pertenecen a empresas con antecedentes de pesca ilegal y varios de ellos fueron detectados ingresando en más de una oportunidad a la ZEE ecuatoriana. Sin embargo, la presencia de esta flota no es nueva, ya que, según Global Fishing Watch, parte de dicha flota ya había estado frente a Galápagos entre enero y abril, mientras el resto estaba en el Atlántico pescando frente a la Argentina hasta mayo, cuando ambos grupos se reunieron frente a Perú.
Posteriormente, la flota se movió entre septiembre y octubre hacia Perú, pasando por Chile en noviembre para ingresar en diciembre al Atlántico nuevamente.
Pesca ilegal
Según un reporte de Insight Crime (http://bit.ly/3rtMWVJ), “la pesca ilegal constituye la sexta economía criminal más lucrativa a nivel global, con ingresos estimados de USD15 a 36 mil millones, según un informe de 2017 realizado por Global Financial Integrity. La flota pesquera china, con cerca de 17.000 barcos, de lejos la más grande del mundo, es protagonista de este problema, y China aparece como el país con la peor calificación en pesca ilegal en un informe de Global Initiative de 2019”.
Si bien el gobierno chino informa que solo poseen unos 2.600 pesqueros de altura, con capacidad para operar en cualquier lugar del mundo, un estudio del Overseas Development Institute (ODI, https://bit.ly/3pgdE1Y) indica que la flota real es de 16.966, de los cuales unos 1.000 están registrados en otros países (incluyendo 34 registrados en la Argentina, 10 en Honduras, 21 en Belice y 52 en Panamá) y la propiedad de las empresas es algo difícil de distinguir. Al menos 183 de esos buques están ya reportados dentro de lo que se conoce como actividades IUU (illegal, unreported and unregulated: ilegal, no reportada y no regulada). Por otro lado, según indica el mismo estudio, la organización conservacionista Oceana ha descrito la falta de transparencia en las actividades de los pesqueros de altura de China: (Ellos) operan en gran parte sin acuerdos de acceso o bajo acuerdos de acceso que son secretos, por lo que ni siquiera sabemos si su captura es legal o no... Hay buenas razones para pensar que las flotas de altura de China, legal o no, capturan muy por encima del superávit en los países donde operan. Las autoridades chinas no publican estadísticas de capturas ni evaluaciones de las poblaciones explotadas por sus flotas. (Oceana, 2013).
Con esta flota, según el informe de ODI, en 2016 China capturó 15,2 millones de toneladas de pescado, el 20 % de toda la pesca global, pero en especies como el calamar capturado en aguas internacionales llega a entre un 50 y un 70 % del total. Además, consumen el 38 % de la producción global de pescado.
El tamaño y voracidad de dicha flota, en la que se incluyen unos no solo se sustenta en la creciente demanda que tiene China para autoabastecerse, sino en que, según informa la FAO, China también es el mayor exportador de animales marinos desde el año 2002 (http://bit.ly/34HiqOk).
Como declaró el almirante estadounidense Karl Schultz, comandante del US Coast Guard en el documento presentado por la fuerza en septiembre pasado sobre su visión en el combate de la pesca IUU (https://bit.ly/3nN3pln), “La pesca IUU ha reemplazado a la piratería como la principal amenaza a la seguridad marítima mundial. Si la pesca IUU continúa sin control, podemos esperar el deterioro de los frágiles estados costeros y un aumento de la tensión entre las naciones pesqueras extranjeras, amenazando la estabilidad geopolítica en todo el mundo”.
En la Argentina, la pesca IUU alcanza unos 2.000 millones de dólares al año, aunque 500 de ellos se consideran los contratos emitidos por el gobierno británico en la zona de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. De los otros 1.500 millones, unos dos tercios (unas 300.000 toneladas de animales) lo representa la pesca no reglamentada, realizada por fuera de las 200 millas, mientras que el restante sería por actividades ilegales o no declaradas dentro de la ZEE argentina, exceptuando la zona de Malvinas. En general, esta actividad la realizan principalmente buques chinos, españoles y surcoreanos, pero China hoy supera ampliamente a las flotas de los otros países (las cuatro flotas pesqueras de altura que siguen a China en tamaño son España, Corea del Sur, Taiwán y Japón, pero en suma no alcanzan los 900 buques).
Subsidios
Más allá de que se sospecha de que el Partido Comunista Chino tiene participación accionaria en muchas de las empresas pesqueras (como en casi cualquier otra empresa china), el estado chino subsidia en gran medida la actividad pesquera del país asiático, calculándose en unos 7.200 millones de dólares anuales (a 2018), lo que significa un 20 % del total de subsidios mundiales a la pesca. Si bien China ha indicado que parte de esos subsidios apuntan a reducir la actividad, la realidad muestra todo lo contrario, como los 400 millones de dólares anuales dedicados a subsidiar el combustible de los buques u otros subsidios para mejorar la construcción de los mismos. También se ve el apoyo chino a la actividad a través del desarrollo de puertos pesqueros en otros países, con el objetivo de abastecer y apoyar la actividad de sus buques a gran distancia de China, como son los casos en el Atlántico Sur, donde existen proyectos de infraestructura pesquera en Mauritania, Santo Tomé y Príncipe, Guinea-Bissau, Sierra Leona, Namibia, Gabón, Camerún y Angola, y próximamente Uruguay se sumaría a ese listado (http://bit.ly/2LXOoz8).
Como indica Insight Crime, “China finalmente ha propuesto ratificar el Convenio sobre Medidas de Estado Rector del Puerto, formulado en 2016 por la FAO, y que constituye el primer acuerdo internacional vinculante mediante el cual se busca ‘impedir, disuadir y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada impidiendo que barcos que incurren en esta práctica usen los puertos y descarguen el producto’, aunque no se ha fijado ninguna fecha para dicha ratificación. (…) Vale anotar que China ya ha firmado varios tratados de este tipo, sin que haya llegado a ratificarlos o implementarlos, entre los cuales se destaca un tratado con la ONU en 1996. También es miembro de siete organizaciones pesqueras regionales, muchas de cuyas cláusulas son ignoradas habitualmente por su flota”. Así, la realidad demuestra que, independientemente de los acuerdos firmados, el estado chino hace poco y nada por reducir la depredación pesquera frente a las costas de otros países.
Sobre la propiedad de los buques, una gran mayoría pertenecen a pequeñas empresas, que tienen uno o solo unos pocos buques, aunque se cree que muchas de ellas forman parte de conglomerados empresarios mucho mayores. Además, existen algunos grandes operadores, como la Chinese National Fisheries Corporation (propiedad del estado chino), que tiene al menos 257 pesqueros de altura (65 de ellos con banderas de otros países), o el Poly Group Corp, que posee 128 buques. Dicha empresa, que tiene participación en muchos otros sectores, incluyendo la defensa, ha sido descripta como un brazo comercial del Ejército Popular de Liberación de China (Welker, 1997; Bickford, 1999; Busch, 2019). De sus buques, 24 están registrados en Mauritania, gracias a un acuerdo con dicho país firmado en 2010. De los 183 buques de propiedad china reportados con antecedentes de actividades ilegales, cien están registrados con bandera de otro país.
Capacidad latinoamericana para prevenir las actividades ilegales
En América Latina se juntan tres problemas para combatir efectivamente esta actividad, que causa un enorme daño económico y ambiental. Por un lado, la necesidad de contar con China como socio comercial, con débiles economías latinoamericanas que no pueden darse el lujo de un conflicto con el gigante asiático. Por otro lado, la fuerte campaña de imagen que realiza el gobierno chino a través de medios locales, apuntando a eliminar cualquier crítica y mostrar una buena imagen del régimen comunista chino, como se vio claramente este 2020 con la pandemia de COVID-19, donde rápidamente la mayoría de los grandes medios evitó cualquier crítica a China por su lamentable manejo del virus.
La región debería organizarse para demandar de manera conjunta acciones por parte de las autoridades chinas para frenar la actividad irregular de sus buques en aguas latinoamericanas, a la vez de incrementar las multas y sanciones contra las empresas que operen de manera ilegal.
En el caso de la Argentina, un paso a favor fue la sanción de la Ley 27564 el 1º de octubre de 2020 que actualiza los valores de las multas y pasan a considerarse estos en relación al valor del litro de gasoil, para que puedan evolucionar en función de la inflación. Así, las multas, que en la actualidad estaban en el orden de los 100 mil dólares, pasarán a estar entre los 500 mil litros de gasoil a los 3 millones de litros, lo que equivale a entre 1,1 y 6,5 millones de dólares.
Pero ahí radica el tercer problema, que es la falta de capacidad por parte de las armadas y servicios de guardacostas de la región para realizar un efectivo control de los espacios marítimos, por lo que la posibilidad de multar a los buques que actúan de manera ilegal es muy limitada.
Además, falta coordinación entre los distintos países para realizar un control más eficiente, sumando esfuerzos y capacidades e intercambiando información. En el caso de Ecuador, se pudo contar con apoyo del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, el cual puede proveer de medios para colaborar con el combate de la pesca ilegal.
Actualmente, si bien las flotas han crecido en la cantidad de buques de patrulla marítima, ideales para estas operaciones, todavía distan mucho de contar con cantidades ideales. Lo mismo sucede con la aviación de patrulla marítima.
Aunque pueda parecer más importante contar con más destructores, fragatas o corbetas, hoy la mayor amenaza en los mares latinoamericanos radica en actividades ilegales de este tipo, además del narcotráfico y la piratería. La suma de más buques de patrulla, especialmente del tipo OPV (offshore patrol vessel), aviones de patrulla, helicópteros y UAV con capacidad de patrullaje, es esencial en el corto plazo.
Más allá de eso, lo que debe quedar claro es que, como antes hicieron otras potencias imperialistas, hoy China está actuando avasallando la soberanía y los derechos de los países más débiles, en una clara actitud imperialista que, en un mundo donde se considera que el 93 % de las reservas pesqueras están siendo explotadas al límite o directamente exterminadas, puede traer consecuencias catastróficas.
