Las Políticas de Defensa como Políticas Públicas
Por Maximiliano Larraechea Loeser – Centro de Estudios Estratégicos y Aeroespaciales de la Fuerza Aérea de Chile
La Política de Defensa, en países que han estado libres de confrontaciones armadas durante largos periodos de tiempo, suele ser una temática que sólo es abordada en círculos especializados o en el propio ambiente de la Defensa. Sin embargo, como toda acción del Estado, está concebida para abordar un problema específico -en este caso, la Defensa del país- el cual, tratándose de un asunto que impacta al Estado y a todos sus habitantes, se constituye en un problema público.
El propósito de este artículo es describir las variables que caracterizan y que condicionan a las Políticas de Defensa en su condición de Políticas Públicas, desde una perspectiva conceptual y algunas menciones finales al caso chileno, como ejemplo de la inclusión de los aspectos teóricos en la elaboración de las últimas Políticas de Defensa de Chile y la eventual necesidad de que sean complementadas. Para ello, inicialmente se describirá en términos globales las Políticas Públicas como concepto, con sus características y sus condicionantes. Luego y desde esta misma perspectiva, se describirá las Políticas de Defensa con algunas definiciones y con sus características particulares, para finalmente dar una breve mirada a algunas tomadas como ejemplo, en relación al contexto y la forma en que fueron elaboradas, para una mejor comprensión de las diferencias centrales entre éstas. Finalmente, utilizando la comparación con otros Estados tomados como ejemplo, se propondrá desde una perspectiva exclusivamente académica una posible estructura documentaria que complementaría nuestra actual Política de Defensa.
Tratándose de un trabajo exclusivamente teórico, se evitará especialmente el análisis crítico de los contenidos y las orientaciones específicas de nuestra Política de Defensa o de las anteriores, procurando mantener el estudio en torno a los conceptos que caracterizan a las Políticas Públicas y su expresión en las Políticas de Defensa.
Las políticas públicas
En primer lugar, debemos detenernos en la descripción de “Política”. A pesar de la riqueza de la lengua española, la palabra en cuestión no distingue entre dos grandes significados que están mejor expresados en el idioma inglés. La Política como “Policy”, según el diccionario de Cambridge, se refiere a “un conjunto de ideas o un plan de qué hacer en situaciones particulares que ha sido acordado oficialmente por un grupo de personas, una organización empresarial, un gobierno o un partido político”. Por otra parte, “Polítics” es entendido en el mismo texto como “las actividades del gobierno, los miembros de las organizaciones legislativas o las personas que intentan influir en la forma en que se gobierna un país”, esto es, la compleja trama de acciones, negociaciones, acuerdos e influencias que caracterizan al acontecer diario. Un intento de expresar estas dos concepciones en nuestro idioma, es referirnos a la primera acepción como “la política” y a la segunda, como “lo político”.
La pregunta que surge es: ¿Cuál de estas concepciones debemos asumir para referirnos a las Políticas Públicas? En mi opinión: ambas. El “conjunto de ideas o plan” está condicionado directamente a “las negociaciones, acuerdos e influencias” propias del día a día político, como veremos más adelante.
¿Cuándo un asunto es “Público”? Una primera mirada, lo ubica en sentido contrario a lo privado. Otra aplicación del término se inscribe en aquello propio del Estado, como es el caso de los servicios públicos. Sin embargo, en este caso y derivado de que la palabra se enlaza con el concepto de República –que la refiere a una cosa del pueblo- asumimos como público aquello que afecta, beneficia o es accesible para todos o al menos a un conjunto de personas con un interés en común que los convierte en un grupo definido.
En consecuencia, podemos concebir una Política Pública (PP) como la “descripción del proceso mediante el cual la autoridad pública elabora e implementa programas de acción pública, esto es, elementos político-administrativos coordinados en torno a determinados objetivos”. Si lo analizamos en sentido inverso, una definición aplicable es que son “objetivos, abordados por una organización del Estado para organizar la acción de actores, con el propósito de solucionar un problema o una deficiencia”.
Las Políticas Públicas, entonces, involucran al menos 4 elementos:
Percepción de algún problema o deficiencia
Involucramiento del sistema político
Definición de Objetivos
Proceso
Las Políticas Públicas o PP, están dirigidas a un público determinado que será afectado por esa política. En el caso de la Política Económica, busca satisfacer las necesidades derivadas del funcionamiento de la economía y las que provienen de determinados sectores de la economía. De ella se desprenden medidas concretas, como es en el caso de Chile la apertura a los mercados, la mantención de una regla de superávit fiscal, el fomento de la competitividad, etcétera. Las Políticas de Salud afectan a pacientes, prestadores de salud, Isapres y otros.
Las PP se inscriben dentro de un plan de acción más amplio, del cual aparecen metas y medidas que necesariamente interactúan con otras PP. Es obvio que, al menos, la implementación de una PP requiere el concurso del aspecto financiero, lo que la obliga a interactuar con la Política Económica, pero además es usual que involucren otras PP. Por ejemplo: una Política de Transporte Público está directamente relacionada con la de Obras Públicas, desde el punto de vista de la infraestructura.
Dicho lo anterior, se puede visualizar que las PP son una expresión de la política del Estado, que reflejan el pensamiento del gobernante estableciendo procesos de implementación de acciones que normalmente obedecen a problemas definidos. Como son iniciativas, decisiones y acciones, requieren de espacio político para negociar y consensuar con los actores políticos y sectoriales y, en consecuencia, son un reflejo del nivel de gobernabilidad.
Las principales teorías que explican sobre el origen de las PP las remiten a dos categorías conceptuales:
Basadas en la sociedad. En éstas, el Estado es percibido como una variable dependiente de la sociedad. Es el caso de las teorías Neomarxistas (Políticas surgen por la confrontación entre la sociedad y la sociología (Fair, 2016)), las Racionalistas (Políticas emanan de la confrontación entre las creencias y la realidad (Delgado, 2009)) y las Idealistas (Políticas reflejan la expresión de las mayorías ciudadanas (Borges, 2009)).
Basadas en el Estado. En este enfoque, se le atribuye al Estado un rol independiente de la sociedad, en el cual éste actúa como un selector de las demandas y proveedor de los servicios. De esta forma, son los individuos o grupos del Estado los que determinan las elecciones en PP. En otras palabras, la acción pública es el producto de resoluciones tomadas por altos decisores de los funcionarios públicos. Esto aparenta ser propio exclusivamente de los Estados totalitarios con Economías Centralmente Planificadas, pero no necesariamente es así. La cultura nacional y la tradición pueden llevar a los pueblos a delegar estas decisiones en el Estado en forma voluntaria.
Teorías Mixtas. Éstas plantean la existencia combinada de ambas teorías anteriores. Desde esta perspectiva, pueden resumirse en una visión de que las PP son el resultado de la interacción de múltiples acciones, entre las cuales destaca la cooperación mutua entre sectores y grupos de interés que ejercen presión hacia el Estado o se apoyan mutuamente en una concertación de actores que forman bloques de presión, con la intervención discrecional del Estado.
La historia política es generosa en entregar ejemplos respecto de cómo distintos factores pueden producir la introducción de una PP, su profundización, su declinación o su derogación. La idea preconcebida del gobernante, la ideología del gobierno, la detección de una falencia desde la perspectiva de los especialistas, la emergencia de una crisis, la presión ciudadana y la combinación o alternancia de estos factores, entre otros, puede determinar la implementación o la sustitución de una PP. Por ejemplo: luego del regreso a la democracia en Chile, técnicos como Mario Marcel y Claudio Orrego, que habían detectado que el Estado tenía una cultura de gestión muy pobre, comenzaron a recorrer otros países para nutrirse de ideas que llevaran a lo que luego se convirtió en la PMGP o Política de Mejoramiento de la Gestión Pública, durante el gobierno de Patricio Aylwin. Ello fue continuado y profundizado por el siguiente gobierno, de Eduardo Frei, que tenía una visión técnica propia de su condición de ingeniero. El gobierno siguiente, de Ricardo Lagos, llegó al poder con una agenda propia, centrada en el gobierno digital, que hizo que la PMGP perdiera prioridad (Olavarría, Navarrete y Figueroa, 2011). Sin embargo, la crisis derivada del caso MOP-GATE obligó a una negociación política que permitiera superar el impasse, de la cual surgió la exigencia de un nuevo componente de mejoramiento de la gestión pública, esta vez en términos de transparencia: la Alta Dirección Pública. Vemos en esta sucesión de eventos, cómo a través de 3 gobiernos una Política Pública fue influenciada por varios de los factores antes descriptos: la convicción del gobernante, técnicos empoderados, la ideología del gobierno, la detección de una falencia y la aparición de una crisis. La presión de la opinión pública no fue en este caso un factor gravitante.
Este tipo de situaciones, propias de la componente politics de las PP, son de concurrencia habitual en todas las fases de la existencia de éstas y, como veremos, también se advierten en la concepción, elaboración, implementación y declinación o sustitución de las Políticas de Defensa.
Seguridad y defensa
En la discusión diaria, tanto en el ambiente académico como fuera de éste, se suelen emplear los vocablos “Seguridad” y “Defensa” sin una distinción clara entre ambos conceptos. La Seguridad es un concepto amplio que especifica una condición, como también actividades para obtenerla. “Es la condición alcanzable, que requiere minimizar riesgos y disuadir o neutralizar amenazas” (Política de Defensa Nacional de Chile, 2020). Para no distraernos de nuestro objetivo, simplificaremos el concepto de Seguridad como una condición en la cual se proporciona estabilidad de lo que se tiene, ante desafíos y amenazas. Así, existen derivaciones como Seguridad Energética, Seguridad Ambiental, Seguridad Humana y muchas más.
La Seguridad Nacional constituye una vertiente del concepto, que ha producido últimamente profundas divisiones, debidas principalmente a la forma de conceptualizar el término. Al respecto, es interesante observar algunos antecedentes históricos al respecto. En una audiencia del Senado norteamericano en 1945, el entonces Secretario de Marina James Forrestal aventuró que la seguridad requería, para obtenerse, de una concepción amplia. Al respecto, señaló: “estoy utilizando la palabra seguridad en forma continua, en lugar de defensa”. Luego agregó: “…el asunto de la Seguridad Nacional, no es solamente del Ejército o la Armada…se debe considerar el potencial para la guerra, las minas, la industria, recursos humanos, investigación y todas las actividades que son propias de una vida civil normal…” (Room, 1993). Así, en ese escenario se asentó una concepción de Seguridad aplicable a un todo más amplio, que involucra todos los medios del potencial nacional, dejando a las fuerzas armadas las obligaciones propias de la Defensa.
Lo anterior derivó en un concepto doctrinario que se extendió en el escenario de Guerra Fría y, localmente, en la lucha contra las guerrillas en Latinoamérica: la “Doctrina de Seguridad Nacional”, basada en el argumento de que estos sucesos latinoamericanos representaban una amenaza marxista contra la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que justificaba la incursión norteamericana directa, apoyando el combate contra las guerrillas en varios países. Hasta hoy el término produce discusiones y divisiones, por lo que se hace urgente obtener consensos en torno a una denominación diferente, que permita abordar los problemas de la Seguridad sin caer en esta discusión semántica. Es importante agregar que la evolución del uso del concepto ha separado en la mayoría de los casos la Seguridad en “externa”, a cargo de las Fuerzas Armadas e “interna”, de responsabilidad de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Debe acotarse que no es posible establecer una división absoluta entre ambos conceptos, al menos no respecto de las obligaciones y atribuciones de dichos sectores, ya que impactaría negativamente en la capacidad de enfrentar amenazas de tipo híbrido que requieren ser asumidas como un amplio espectro externo e interno.
Las políticas de defensa
Las Políticas Públicas no son compartimientos estancos y siempre existe una interacción entre algunas de éstas. En este caso, se advierte que necesariamente la Política de Defensa debiera estar íntimamente ligada a la Política Exterior, por cuanto ambas representan la forma en que el Estado decide abordar su relación con el resto de los Estados y, en general, con el sistema internacional. Desde esa perspectiva, la definición de los grandes objetivos respecto de la inserción y relacionamiento internacional del Estado debieran ser compartidos, derivando posteriormente de éstos los objetivos propios de cada sector. El estudio comparado muestra que aquello en muchos casos no es aplicado integralmente.
Las Políticas de Defensa, como las Políticas Exteriores, responden a dos visiones muy dispares acerca del funcionamiento y características del sistema internacional. La Escuela Realista, se basa principalmente en la Geopolítica y la constatación de una experiencia histórica mundial acerca de la lucha por el poder entre los pueblos. La Escuela Idealista tiene una aproximación proveniente de la moral, que promueve relaciones basadas en la ausencia de conflictos y en la seguridad colectiva. De ella provino la promoción e instauración de instituciones internacionales como las Naciones Unidas, que deberían ser capaces de evitar el uso de la fuerza por parte de los Estados miembros. Como una suerte de punto de equilibrio entre las dos escuelas mencionadas, la Escuela Liberal Autoritaria o Neoconservadora (Manuel Iglesias Cavicchioli, 2014) difunde “valores culturales universalmente compartidos”, como garantía de paz y seguridad mundial, pero incorpora una aproximación más pragmática en cuanto imponer dichos valores por la fuerza si es necesario. Esta corriente es usualmente asociada a las Relaciones Internacionales de los EE.UU.
¿Cómo podemos definir una Política de Defensa de acuerdo a las características generales de las Políticas Públicas anteriormente comentadas? Una definición desde Chile establece que es “Aquella parte de la política pública general del Estado, definida por el gobierno y que determina y asume los requerimientos estratégicos y de seguridad derivados del posicionamiento del país en el sistema internacional, orienta la ejecución de la función de Defensa, identifica y asegura los medios para cumplir dichos requerimientos incluyendo los recursos humanos y materiales necesarios y como toda política pública, establece mecanismos de control de su eficiencia y eficacia”. (Navarro, 2015)
Tal como ocurre con toda Política Pública, la Política de Defensa representa la visión del gobierno y una acción ejecutiva ante una situación determinada, dentro de un contexto que puede ser de política interna o de desafíos de la política exterior o derivados de una crisis. Así, las últimas Políticas de Defensa de Chile claramente representaron la visión del gobierno de la época ante los desafíos de Chile en esta área, incluyendo aspectos de su gobernanza que normalmente son asociados al concepto de Política Militar. La Política de Defensa, una vez producido el retorno a la democracia en Chile, se plasmó en el Libro de la Defensa Nacional de 1997, que principalmente se constituyó en un texto de transparencia internacional respecto de nuestra Defensa, lo que muy bien puede asimilarse a las Medidas de Confianza Mutua (MCM) propias de las relaciones regionales vigentes en ese entonces. A continuación, el Libro de la Defensa de 2010 definió líneas de acción y asignó tareas a las Fuerzas Armadas, ya con una mirada más bien conceptual respecto de qué Defensa quería el gobierno de ese año. Le sucedió en 2017 el Libro de la Defensa de ese año, que tuvo como una de sus principales características la expresión del pensamiento del gobierno en torno a aspectos políticos y sociales como los Derechos Humanos, la Política de Género y otras materias relacionadas más bien con principios orientadores en la Política Militar, junto con la visión política respecto de las relaciones con los Estados de la Región. La Política de Defensa Nacional de Chile 2020, aún vigente, respondió a las necesidades de definiciones derivadas del término de la vigencia de la Ley Reservada del Cobre, ya que la Ley 21.174, que modificó la Ley 18.948 Orgánica Constitucional de las FF.AA en lo referido al financiamiento de las Capacidades Estratégicas, estableció que debía fundamentarse en las necesidades y orientaciones de “…la Política de Defensa Política Militar y restantes políticas públicas del sector Defensa…” (Art.97). Se advierte entonces que los cuatro textos mencionados responden a momentos históricos distintos, contextos políticos diferentes y necesidades y objetivos dispares. Ante ello, cabe preguntarse si es factible otorgar a la Política de Defensa el calificativo de Política de Estado, esto es, una política permanente en el tiempo. Como veremos a continuación, las condicionantes de las Políticas de Defensa contienen muchos elementos que sí pueden calificarse como permanentes, por lo que, si ellos fueran expresados en un texto exclusivo, aquel podría considerarse como una Política de Estado.
A.- Aspectos que condicionan a las políticas de defensa
Desde luego, hay aspectos generales que condicionan toda Política de Defensa:
La tradición de gasto militar de un país, que representa en alguna forma lo que esa sociedad está dispuesta a invertir y tiene una fuerte influencia desde aspectos sociológicos y de la percepción de riesgos por parte de la sociedad.
El pensamiento de quien está en el poder. Como se ha señalado antes, el sistema internacional es un sistema social y tanto la Política Exterior como la de Defensa representan cómo el país quiere hacerse presente en ese sistema social. Las ideas respecto de la pertenencia a determinadas alianzas, la participación en Operaciones de Paz, las ideas que se defienden en foros internacionales, son finalmente elementos que condicionan las Políticas de Defensa. Durante el periodo de existencia de gobiernos militares en la región sudamericana, las Políticas de Defensa demostraban una visión muy influenciada por aspectos geopolíticos desde una mirada de la teoría del Poder. Posteriormente, la región ha sido testigo de cómo los países oscilan en sus visiones, de acuerdo a quienes los gobiernan respecto de las relaciones vecinales y regionales: ¿Pertenencia a UNASUR o PROSUR? ¿Alianza del Pacífico? ¿Promoción o estancamiento del MERCOSUR? TPP-11, o tratados bilaterales? ¿Promoción del concepto de “zona de paz” que incite a un hipotético desarme? La actual Política de Defensa Nacional de Chile está orientada preferentemente hacia el Pacífico como zona de interés preferente, mientras que el proyecto de Nueva Constitución para Chile propone a Latinoamérica como el área de interés principal del país. Todas estas visiones, sujetas a las variables y a las ritualidades de la política interna, tienen un gran impacto en la posterior elaboración de las Políticas de Defensa de los Estados.
Existe además una serie de factores externos e internos, que condicionan la relación del país con el sistema internacional y, en consecuencia, la Política de Defensa:
En lo externo, se aprecia la existencia de factores más bien permanentes, como la posición geográfica del país (ampliamente descripta y analizada en nuestras Políticas de Defensa), la composición del territorio, la población en cuanto a cantidad y distribución, el nivel de desarrollo humano de la población, el prestigio nacional y particularmente el prestigio de su institucionalidad, liderazgo, diplomacia y Fuerzas Armadas. Asimismo, existen factores mucho más dinámicos, que tienen que ver con la posición actual del país en el sistema internacional, si se le asigna desde la comunidad internacional o el ámbito regional algún nivel de liderazgo en ciertas materias, cómo evoluciona su economía y también la estabilidad social y política y la política de alianzas del gobierno de turno.
En el campo interno, la cultura estratégica en cuanto a la percepción desde la sociedad en su conjunto respecto de la realidad del país ante sus desafíos, la percepción de amenazas o vulnerabilidades implica una convicción respecto de la existencia o inexistencia de aspectos que deban ser defendidos a ultranza, aunque ello implique el riesgo del uso de la fuerza. Esto puede referirse entre otras áreas a aspectos limítrofes, de acceso o defensa de determinados recursos naturales, proyección geopolítica e incluso aspectos de índole religioso. La cultura estratégica también representa la convicción del sistema político y la sociedad sobre la posibilidad de conflicto internacional y la necesidad de enfrentar esa realidad. La relación civil-militar, desde el punto de vista de la visión acerca de la estructura y gobernanza de la Defensa, que el Ejecutivo define en la denominada Política Militar, es una parte importante de la Política de Defensa, ya que allí es donde se define qué Defensa se desea tener y el para qué de ésta.
El factor financiero, puede constituir un aspecto decisivo. El gasto en Defensa como decisión política es una demostración de lo que se puede (o desea) invertir en su protección y en la de sus intereses internacionales. Tiene un componente subjetivo, propio de las prioridades políticas, que se combina con los elementos propiamente técnicos. Los niveles de gasto militar son difíciles de modificar. En cualquier sentido, normalmente las naciones muestran una cierta tendencia a la no innovación en estas materias, a menos que medien circunstancias extraordinarias (Navarro, 2017). Además, el concepto de análisis de costo de ciclo de vida de los sistemas de armas para mantenerlos vigentes tiene como consecuencia que muchas grandes inversiones queden comprometidas en el tiempo. Es necesario mencionar, que la disminución de los presupuestos de Defensa tiene un efecto negativo en la disuasión, entendida ésta como una sensación que se busca producir ante un antagonista, ya sea porque efectivamente se disminuye la capacidad de respuesta militar del país, como porque entrega a los demás Estados una señal de disminución de la voluntad política propia respecto de las materias contingentes en Defensa.
B.- Intereses y objetivos nacionales
1.- Los intereses
Los intereses nacionales, también conocidos como objetivos permanentes, representan en el largo plazo e independientemente de las circunstancias puntuales, aquellos fines que el país ha consensuado tomando en base su historia, tradición y valores.
De acuerdo a la visión de distintos pensadores, puede establecerse una clasificación de los intereses. Por ejemplo, el clásico Política entre las Naciones de Morgenthau distingue entre intereses vitales, que no comprometen la seguridad del Estado y secundarios, que por no comprometerla pueden ser sujeto de negociación para una solución pacífica. La clasificación de intereses entre estas dos categorías puede ser subjetiva: el abastecimiento energético, la pesca ilegal o la inviolabilidad de las fronteras, constituyen materias que cada sociedad (y sus liderazgos políticos e intelectuales) decide instalar en una u otra clasificación. También hay intelectuales que dividen los intereses entre vitales, importantes y humanitarios, o entre intereses mayores o periféricos, pero todas las clasificaciones tienen en común la distinción por urgencia temporal de un interés o por su valoración para una determinada sociedad, representada por su Estado.
¿Quién cataloga los intereses? Ello no proviene necesaria o exclusivamente del gobierno. Como este es un asunto de interés académico y político, en dichos ambientes se suele mantener una discusión respecto de estas materias. Así, Centros de Estudios o Centros de Pensamiento, relacionados con la Defensa o no, suelen debatir sobre la evolución del interés nacional. Institutos de estudios internacionales de las principales Universidades, como parte del análisis del accionar de la diplomacia, también suelen incluir este asunto en sus estudios y debates. Se aprecia de lo anterior que existe un origen desde las élites en la clasificación de los intereses de los países. Circunstancias excepcionales, como es el caso de procesos constituyentes como el que se ha desarrollado en Chile durante 2021-2022, también han sido fuente de análisis sobre estos aspectos. Como se señala en el comienzo de este párrafo, los intereses son más bien generales y estables. De ellos deriva una concepción más concreta y actual, definida como objetivos nacionales.
2.- Los objetivos
Los objetivos nacionales traducen los intereses en algo más concreto en tiempo y espacio, que permite identificar las acciones, plazos, medios, costos y riesgos que se asume para alcanzarlos. De acuerdo al momento político, las oportunidades, las propias convicciones y los medios necesarios versus los disponibles pueden ser ordenados por prioridades y se puede designar, como en toda Política Pública, los responsables, los métodos, las acciones, el financiamiento, los indicadores de evaluación, etcétera. Los Objetivos Nacionales no tienen plazos definidos, tienen vigencia mientras subsistan los intereses y aspiraciones que le dieron origen. Por el contrario, las Políticas establecen procesos y ello acota plazos de cumplimiento.
Los Objetivos Nacionales, por esencia, deben, entre otras condiciones, cumplir con las siguientes características: (González Carvajal, 2012)
- Dimensión nacional: deben beneficiar al conjunto de la Nación.
- Permanencia: su vigencia estará determinada mientras exista el Interés y la Aspiración que lo originó.
- Difusión y aceptación por parte de la población: esta condición permitirá la internacionalización y aceptación por parte de la población, generará garantía para la concurrencia de gobernantes y gobernados.
- Concreción: son una gran síntesis expresiva de un conjunto de elementos que los integran.
- Rol Orientador: son metas que expresan Intereses y aspiraciones vitales que otorgan direccionalidad al proceso planificador de la política nacional.
La dinámica con que distintos países abordan estas definiciones es variada y a continuación se muestra algunos casos que ejemplifican diferentes aproximaciones:
- En el caso de los Estados Unidos se elabora una Estrategia de Seguridad Nacional. El primer pilar de la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) del gobierno de Donald Trump, por ejemplo, fue “proteger a la patria”. En este pilar, la migración se presentó como una de las amenazas fundamentales. Del concepto de “proteger a la patria”, se deriva una serie de acciones que orientan a los distintos entes del aparato estatal. Por ejemplo: proseguir con el reforzamiento del control de las fronteras y la reforma del sistema migratorio. El segundo pilar de la ESN, “promover la prosperidad estadounidense” (el “América First”), implicó como objetivo lograr tratados comerciales “justos” para EE. UU. El tercer pilar de la ESN fue “Preservar la paz mediante la fortaleza”, con la idea de “reconstruir la fortaleza militar EE. UU.” Como puede apreciarse, estos tres pilares contienen elementos que luego fueron recogidos por las agencias respectivas para determinar sus propios objetivos sectoriales.
- En Chile, aparte de las definiciones constitucionales y los programas de gobierno de cada administración, no existe un documento rector superior que defina una “Estrategia” en general. La Política de Defensa Nacional de 2020, en su capítulo III “Estrategia de la Defensa” es la que define directamente Objetivos en seguridad externa y objetivos en seguridad interna y desarrollo. Luego, establece 5 Áreas de Misión y más adelante establece un “Concepto de Empleo” para cada una de ellas:
· Defensa de la soberanía e integridad territorial.
· Cooperación Internacional y Apoyo a la Política Exterior.
· Seguridad e intereses territoriales.
· Emergencia Nacional y Protección Civil.
· Contribución al desarrollo nacional y a la acción del Estado.
- El caso de España es diferente. En primer lugar, la Directiva de Defensa Nacional es el documento máximo del planeamiento de la Defensa de España y ocupa el lugar principal tras la Ley Orgánica de la Defensa Nacional en la Política de Defensa española.
El objeto común de todas las Directivas de Defensa Nacional (DDN) es establecer las líneas de actuación y objetivos que persigue el Ministerio de Defensa para la legislatura. La Directiva actual proviene de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 que se estructura en cinco capítulos: “Seguridad Global y Vectores de Transformación”, “Una España Segura y Resiliente”, “Riesgos y las amenazas a la Seguridad Nacional”, “Un Planeamiento Estratégico Integrado” y “El Sistema de Seguridad Nacional y la Gestión de Crisis”. Finalmente, la Directiva de Política de Defensa describe el contexto estratégico de la Defensa, establece sus objetivos y contempla las directrices para el planeamiento de la Defensa, tanto para la preparación de la Fuerza y las Operaciones Militares, como en el ámbito de las Capacidades militares, Tecnología e Industria.