Como ocurría en toda América Latina, a fines de los años sesenta en la Argentina también comenzaron a aparecer grupos terroristas y guerrilleros que apuntaban a la toma del poder por medio de las armas para imponer una dictadura comunista en el país. De éstos el ERP, de carácter maoísta, y Montoneros, con algo tan inverosímil como un peronismo marxista (siendo que Perón se había mostrado en su gobierno como un acérrimo anticomunista). Ante un crecimiento de la violencia originada por los terroristas, en 1971 se crea la Cámara Federal Penal, con el objetivo de combatir la insurgencia por medio de la aplicación de las leyes. El 6 de julio de 1971, por el decreto 2.100, artículo 2º, se señaló: “Si como consecuencia de las operaciones militares efectuadas por aplicación de la ley número 19.081, se produjere la detención de personas, tal circunstancia se comunicará por la vía más rápida a la Cámara Federal Penal de la Nación. Sin perjuicio de ello, y dentro de las 24 horas, se pondrán los detenidos, los elementos probatorios obtenidos y las actuaciones que hayan labrado a disposición del mencionado tribunal”. De esa manera, los camaristas trazaron una raya entre las jurisdicciones de los jueces y los miembros de las Fuerzas Armadas. Se buscaba, además, evitar que haya excesos en la lucha contra la subversión y que todo se haga dentro del marco legal. De esta manera, se logró mantener controlado en cierta manera el accionar subversivo.
Sin embargo, cuando asume la presidencia Héctor Cámpora, la primera medida de gobierno fue la sanción de la ley de amnistía 20.508 que liberó a prácticamente la totalidad de los terroristas condenados por dicha cámara, con el ingenuo o engañoso argumento de que dicha amnistía pacificaría al país. La realidad no pudo ser más opuesta y entre 1973 y 1976 la Argentina vivió una de sus épocas más violentas en toda su historia, con un terrorismo que se desbordó por completo y una justicia que poco podía hacer para mitigar los efectos de la desastrosa amnistía de Cámpora.
Vuelto Perón al poder, tras el ataque a la Guarnición Militar de Azul, el 19 de enero de 1974, éste planteó, en un mensaje por televisión, que “aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos” y luego planteó que había dos caminos para combatir la subversión: dentro o fuera de la ley, agregando: “Queremos seguir actuando dentro de la ley y para no salir de ella necesitamos que la ley sea tan fuerte como para impedir esos males. Ahora bien: si nosotros no tenemos en cuenta a la ley, en una semana se termina todo esto, porque formo una fuerza suficiente, lo voy a buscar a usted y lo mato, que es lo que hacen ellos. De esa manera, vamos a la ley de la selva (…). Necesitamos esa ley, porque la República está indefensa". Pero, mientras, en un mensaje a las Fuerzas Armadas, se refirió a exterminar “uno a uno” a los guerrilleros. Poco después, el 27 de abril de 1974 el presidente Perón firme el decreto secreto Nº1302/74 que ordena combatir a la subversión por diversas formas, desde lo militar a lo ideológico. Muerto Perón, su viuda y ahora presidenta, María Estela Martínez, firma el Decreto Secreto 261/75 donde ordena que “El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”.
A la vez, ya desde 1973 el más cercado colaborador de Perón, José López Rega, había organizado la llamada Triple A o Alianza Anticomunista Argentina, como organización para combatir a los guerrilleros por fuera de la ley.
Todo finalmente concluiría con el gobierno militar que optó por acabar con el terrorismo directamente exterminando a los guerrilleros y actuando sin ningún marco legal.
Pero todo era, sobre todas las cosas, consecuencia de la amnistía dictada en 1973, que llevó a que se vea que detener y condenar a los guerrilleros llevaba el riesgo de que luego estos nuevamente sean liberados y el terrorismo así no pueda ser derrotado. Se entendió que la única forma de que esto no suceda era simplemente eliminándolos físicamente y poco importó que eso se haga por fuera de la ley. Así, se llegó al punto culminante de la etapa más violenta de la Argentina en el siglo XX.
Los riesgos de acabar con la justicia
Hoy, la Argentina no vive en tiempos tan violentos ni creo que exista el riesgo inminente de una vuelta del terrorismo local y hay pocas posibilidades de una lucha armada, pero la situación actual tiene varias analogías con respecto a lo que puede suceder cuando se destruye el aparato judicial para favorecer delincuentes.
Entre 2003 y 2015 la Argentina vivió con un gobierno que batió todos los récords de corrupción, superando la etapa menemista, que a muchos parecía insuperable. Con descaro se saqueó al estado (y a todos los argentinos, incluyendo a los que votaban al propio kirchnerismo) y sus defensores argumentaron que, si era cierto el robo, debería demostrarlo la justicia. Algunos fiscales y jueces, sin amedrentarse por el asesinato del fiscal Nisman, avanzaron para demostrar la corrupción, deteniendo u ordenando la captura de quienes claramente estaban involucrados, a pesar de que fue imposible lograr que el congreso le suelte la mano a Cristina Fernández, a pesar de todos los pedidos de captura que tenía. No solo no lo querían los kirchneristas, sino que tampoco lo deseaba el macrismo, que pensó que allí tenía algo para asustar a sus votantes para que los sigan apoyando a pesar de sus continuos errores en el manejo económico. Pero la corrupción estaba quedando demostrada, a pesar de que ya era evidente para cualquier persona sensata.
Como hasta 1973, se intentó combatir la corrupción kirchnerista por medio de la ley, fue posible hasta cierto punto, pero no se terminó de eliminar el problema.
Como en 1973, el kirchnerismo que vuelve al poder hoy apunta a su amnistía, atacando a jueces y, pretendiendo, como dijo Cristina Fernández, que la historia ya los absolvió.
A la vez, el poder judicial, que hoy en su mayoría está compuesto por un conjunto de mercenarios que venden absoluciones o condenas al mejor postor, ya ha avanzado en absolver o bajar la presión sobre todos los acusados de la corrupción kirchnerista, sembrando cada vez más en la sociedad la idea de que el poder judicial ya no tiene la capacidad de impartir justicia.
Una encuesta de Management & Fit en 2017 determinó que solo un 1.8 % de los argentinos tiene mucha confianza en el poder judicial, mientras que otra realizada por Opina Argentina indicó que el 78% de la población tiene una imagen negativa del poder judicial. La gente cada vez le cree menos a los fiscales y a los jueces, y eso es peligroso.
El kirchnerismo ahora vuelve por todo, como ya están demostrándolo. Alberto Fernández, en estos últimos días, se ha mostrado abiertamente como un nuevo Cámpora, servil y obsecuente con quien lo puso a dedo en donde está, que es quien realmente maneja los hilos, el impone los ministros y las políticas. Y ella, por sobre todas las cosas, lo primero que quiere es su impunidad, a la vez que su entorno espera ansioso retomar el poder, para vengarse por los cuatro años en que no lo tuvieron, para enriquecerse y para disfrutar de la posibilidad de hacer lo que quieren con el poder.
Pero creo que el kirchnerismo no comprendió aún que hoy está poniendo a la sociedad argentina ante una disyuntiva muy peligrosa y parecida a la de los años setenta. El kirchnerismo no cuenta, como sucedió en Cuba y Venezuela, con el poder militar o policial para amedrentar a la población por medio de la fuerza. Tampoco cuenta con una mayoría abrumadora en las urnas, que le de legitimidad a sus ansias de poder total.
Puede comprar a la justicia o poner sus jueces adeptos, pero de una justicia en la cual la población no confía y que cada vez carece más de legitimidad ante la sociedad.
Y el riesgo está en que, si logran la impunidad y mantienen sus ansias de poder, intentando legitimarse en algo que cada vez carece más de valor para la sociedad, ésta va a buscar vías alternativas para imponer justicia. Y allí es donde podemos caer nuevamente en que la república se pierda, porque no hay peor justicia que la impartida de manera directa por una sociedad enojada y harta de que le roben.
Dudo mucho que el kirchnerismo que entra logre resolver muchos de los problemas que dice que resolverá, porque lo poco que se puede ver de sus propuestas son fórmulas que han fracasado y muchos de los integrantes de su equipo jamás demostraron tener capacidad para gestionar lo público. Al menos ya es evidente, por los propios dichos de Alberto Fernández, que no implantarán muchas de las cosas que prometió en su campaña, argumentando, al igual que lo hizo Macri, la “herencia” recibida.
Dudo mucho que la sociedad, incluyendo a muchos que votaron al kirchnerismo, no aumente su enojo en los años que vienen y, si a un gobierno que no resuelve problemas, se suma una corrupción e impunidad crecientes, con un poder judicial que sigue siendo obsecuente con el poder de turno, se estaría preparando un cóctel explosivo con resultados impredecibles.
Comments