Argentina: un oficial en servicio para el Ministerio de Defensa - Implicancias estratégicas de un cambio histórico

Por Andrea Guidugli – Exgerente regional de OTO Melara para Latinoamérica y España

En 1976, durante un viaje por el paso Los Libertadores rumbo a Córdoba, tuve mi primer contacto directo con una Argentina profundamente marcada por la presencia militar en la vida cotidiana. En las rutas, largas columnas de camiones del Ejército avanzaban con soldados apostados detrás de la cabina, armados con fusiles equipados para lanzar granadas. Al llegar a Mendoza, un control repentino bloqueó por completo una calle: los militares verificaban documentos uno por uno y el ambiente transmitía una tensión difícil de olvidar para un joven que apenas comenzaba a comprender la realidad política del Cono Sur.

Casi cincuenta años después, ese recuerdo sirve para subrayar una distinción central: la conducción militar del Estado que caracterizó a aquella época no tiene relación alguna con el debate contemporáneo sobre la posible designación de un oficial en servicio como ministro de Defensa. Hoy Argentina opera en un marco democrático consolidado, con Fuerzas Armadas profesionalizadas y una institucionalidad que separa con claridad el gobierno civil de la gestión técnica del instrumento militar. El contexto, los actores y la naturaleza de la discusión son completamente distintos.

Un cambio que parecía imposible

La apertura de la posibilidad de que un oficial en actividad asuma el Ministerio de Defensa marca un giro inesperado para la política argentina. Desde 1983, el país mantuvo sin excepciones un principio de conducción civil estricta del área, inicialmente como una reacción institucional necesaria en la transición democrática y luego como una tradición consolidada en sí misma.

La propuesta actual no implica una alteración del marco democrático ni un regreso al pasado, sino una revisión pragmática frente a un escenario estratégico más complejo y unas Fuerzas Armadas que requieren conducción técnica para recuperar capacidades básicas.

El punto clave es que, por primera vez, un amplio abanico de actores reconoce que el sistema de defensa argentino necesita algo más que administración: necesita gestión operativa, conocimiento doctrinario y capacidad de interlocución internacional, elementos que un oficial en servicio puede aportar de manera inmediata.

Evolución del principio de conducción civil

Tras el retorno constitucional, Argentina aplicó un modelo rígido: ministros exclusivamente civiles, rotación frecuente de titulares y un Ministerio que operaba más como órgano administrativo que como órgano de conducción estratégica.

Este esquema cumplió un rol histórico fundamental, pero con el tiempo mostró limitaciones: ruptura entre conducción política y cuadro militar profesionalizado; ausencia de planificación plurianual sostenida; retraso doctrinario en operaciones conjuntas; dificultades para negociar programas de modernización con contrapartes técnicas extranjeras.

Mientras tanto, países como Brasil, Chile, Colombia y Perú adoptaron modelos más flexibles: conducción política civil, pero presencia de militares o exmilitares en cargos estratégicos.

Argentina, en cambio, mantuvo un esquema homogéneo incluso cuando la profesionalización de las Fuerzas Armadas alcanzó estándares comparables con los de la región.

Por qué esta discusión ocurre ahora

a.         Deterioro profundo de capacidades

La situación del instrumento militar argentino es bien conocida:

•           La Fuerza Aérea mantiene capacidades severamente reducidas tras dos décadas de obsolescencia acumulada. El acuerdo por los F-16 representa un salto cualitativo relevante, pero no altera la escasez de plataformas de apoyo: transporte estratégico limitado, flota de helicópteros con disponibilidad fluctuante, capacidades ISR insuficientes y un sistema de defensa aérea fragmentado y con radares de generaciones dispares. La falta de un avión de entrenamiento avanzado con capacidades LIFT restringe la curva de formación de pilotos de caza, mientras que la infraestructura aeroportuaria y los talleres de mantenimiento requieren inversiones para sostener un ritmo operativo acorde con el nuevo material entrante. La renovación del sistema supersónico es necesaria, pero no suficiente sin una arquitectura de apoyo robusta.

•           El Ejército enfrenta un cuadro de modernización igualmente crítico. La flota de vehículos blindados — TAM, M113 y VCTP — supera en muchos casos los 40 años de servicio, con limitaciones estructurales en potencia de fuego, protección y movilidad. El programa TAM 2C avanza lentamente y no alcanza a cubrir el parque completo. Los nuevos Stryker aportan movilidad táctica, pero su incorporación — en condición de segunda mano — no modifica de manera sustantiva la falta de un vehículo 8×8 moderno ni la necesidad de renovar artillería de campaña y sistemas de defensa aérea de corto alcance. El nivel de adiestramiento conjunto se ve restringido por disponibilidad de munición, combustible y mantenimiento de polígonos, afectando la preparación para operaciones combinadas y de alta intensidad.

•           La Armada atraviesa una situación aún más compleja: flota de superficie que requiere reemplazos urgentes y problemas crónicos de disponibilidad; flota submarina prácticamente inexistente tras la pérdida del ARA San Juan y el retiro operativo del ARA Santa Cruz. Se analizan alternativas con Francia para eventuales unidades tipo Scorpène, pero sin acuerdos vinculantes a la fecha. La componente aeronaval mantiene capacidades severamente reducidas por obsolescencia, limitaciones logísticas y baja disponibilidad de aeronaves —incluidos P-3 Orion, helicópteros Sea King y la imposibilidad de recuperar el sistema Super Étendard— lo que afecta patrulla marítima, guerra antisubmarina y apoyo embarcado. La componente anfibia también enfrenta restricciones por envejecimiento del material y limitada capacidad de transporte y apoyo.

Este cuadro impide cualquier reforma si el ministro no posee conocimiento técnico inmediato de ciclos logísticos, prioridades operativas y limitaciones reales.

b.         Un entorno regional más exigente

Sudamérica enfrenta amenazas híbridas más complejas: expansión del crimen organizado; ciber amenazas en infraestructura crítica; mayor presencia de actores extra regionales; ampliación de capacidades navales en Brasil y Chile.

En este contexto, la conducción de la defensa exige decisiones rápidas, coherentes y técnicamente sólidas.

c.         Reputación internacional

Argentina necesita demostrar que puede sostener políticas de defensa consistentes.

Un ministro con experiencia operativa facilita: interlocución con gobiernos y proveedores occidentales; comprensión de requisitos de interoperabilidad; avance más rápido en programas FMS y de cooperación.

La decisión del gobierno y sus fundamentos

El Gobierno ha confirmado la designación del teniente general Carlos Alberto Presti, jefe del Estado Mayor General del Ejército, como próximo ministro de Defensa. Se trata de la primera vez desde 1983 que un oficial en servicio activo asume la conducción política del área, un hecho que el propio Ejecutivo ha descrito como “una decisión excepcional para circunstancias excepcionales”.

La argumentación oficial se centra en tres ejes:

a.         Profesionalización y eficiencia

El Ministerio requiere —según la posición del gobierno— una conducción “altamente técnica”, capaz de acelerar procesos de modernización demorados durante más de dos décadas y de traducir necesidades operativas en decisiones políticas concretas.

b.         Fin de la dicotomía ideológica

La Casa Rosada sostiene que la exclusión automática de oficiales activos del cargo ministerial fue una norma útil en la transición democrática, pero que hoy carece de fundamento. Reclama que las Fuerzas Armadas han alcanzado un nivel de profesionalización tal que permite considerar perfiles operativos sin comprometer la conducción civil del Estado.

c.         Velocidad en la toma de decisiones

Dado el estado crítico de capacidades —particularmente en el ámbito naval y terrestre—, el Ejecutivo argumenta que es necesario un ministro que comprenda inmediatamente los ciclos logísticos, doctrinarios y presupuestarios, evitando curvas de aprendizaje prolongadas.

En su comunicado, el gobierno subraya que la designación no altera la subordinación institucional de las Fuerzas Armadas al poder civil ni implica cambios en la naturaleza democrática del sistema. Se presenta, en cambio, como una medida operativa, destinada a dotar al Ministerio de una conducción con conocimiento directo del instrumento militar bajo el mismo marco constitucional vigente.

Implicancias regionales

Brasil: Una conducción técnico-militar enviaría la señal de que Argentina desea recuperar capacidades y equilibrar la asimetría actual. Podría revitalizar proyectos conjuntos y mejorar la coordinación en ciberdefensa, transporte estratégico y operaciones en la Cuenca del Plata.

Chile: Chile ha mantenido durante dos décadas una política de defensa estable. Una Argentina con conducción técnica facilitaría: diálogo más eficiente entre estados mayores, cooperación austral y antártica, ejercicios conjuntos con mayor complejidad.

Estados Unidos: Washington valora interlocutores técnicos que conozcan estándares OTAN y puedan sostener proyectos a largo plazo. La llegada de un ministro militar podría consolidar: interoperabilidad creciente, acceso más fluido a programas FMS, formación conjunta ampliada. En paralelo, la relación con Estados Unidos incluye el análisis de una base logística conjunta en Ushuaia, orientada a operaciones antárticas, búsqueda y rescate y apoyo científico, sin carácter de base militar permanente. Este proyecto reafirma el interés de Washington en ampliar su presencia en el Atlántico Sur y fortalecer la interoperabilidad con Argentina. Durante el gobierno anterior existieron propuestas de infraestructura con participación china en Tierra del Fuego, interpretadas por algunos sectores como iniciativas de uso dual, pero sin despliegue de fuerzas ni acuerdos de base. El nuevo enfoque busca ordenar ese marco y garantizar que las capacidades logísticas australes se desarrollen dentro de esquemas transparentes y compatibles con socios occidentales.

China: China ha mostrado interés en ampliar su presencia en el sector de defensa argentino. Un ministro con fuerte orientación operativa revisaría estos vínculos con criterios estrictamente técnicos, priorizando sostenibilidad logística e interoperabilidad, pero las informaciones que circulan en el sector afirman que este gobierno no comprará absolutamente nada de China.

Críticas internas y evaluación institucional

Las objeciones previsibles se centran en el riesgo simbólico de “militarización”.

Sin embargo: la Constitución no impide que un militar ejerza el cargo; el control político permanece intacto; el contexto democrático no es comparable con el de épocas pasadas; las Fuerzas Armadas actuales poseen altos estándares de profesionalización y subordinación institucional.

El desafío es principalmente comunicacional: explicar que la medida busca eficiencia, no un cambio de naturaleza política.

Qué cambiaría realmente en la política de defensa

Planificación: Retomar un ciclo plurianual de 10 años con prioridades claras y evaluación anual.

Modernización basada en requisitos operativos: Evitar adquisiciones simbólicas y orientar el presupuesto hacia: vehículos de combate; defensa aérea de corto alcance; helicópteros utilitarios; patrullado marítimo; consolidación de capacidades australes y antárticas.

Interoperabilidad: Fortalecer ejercicios combinados con Brasil, Chile, Estados Unidos y Europa; estandarización doctrinaria; ampliación del adiestramiento conjunto.

Transparencia: Un liderazgo técnico reduce incertidumbre en procesos licitatorios, acorta plazos y mejora la consistencia documental.

Sostenibilidad del cambio

El nombramiento de un militar no resolverá por sí mismo los problemas estructurales. La clave será: estabilidad presupuestaria; continuidad más allá de ciclos electorales; fortalecimiento de astilleros, FAdeA y arsenales; agenda de innovación y ciberdefensa.

En fin, la eventual designación de un oficial en servicio como ministro de Defensa representaría una novedad histórica para Argentina, pero no un retorno al pasado. Se trataría, más bien, de una corrección funcional en un sistema que requiere conducción técnica para recuperar capacidades básicas y reposicionar al país dentro de la arquitectura de seguridad sudamericana.

Con instituciones democráticas consolidadas, una legislación clara y unas Fuerzas Armadas profesionalizadas, la discusión ya no gira en torno a temores históricos, sino a la necesidad de construir un instrumento de defensa moderno, eficiente y alineado con los desafíos del siglo XXI.