Canadá se arrima a Europa y Trump promete represalias

Por Ignacio Montes de Oca

Canadá se está acercando a Europa como nunca y Donald Trump ya respondió con una amenaza: si Bruselas convierte ese acercamiento en una alianza que considera que puede perjudicar a Estados Unidos, habrá represalias comerciales contra la Unión Europea.

El episodio podría parecer una nueva disputa arancelaria, pero en realidad revela algo mucho más profundo. Por primera vez en décadas, Ottawa está comenzando a construir alternativas concretas frente a la dependencia económica, tecnológica y militar que mantiene con Washington. Y Europa, que también busca reducir sus propias vulnerabilidades, acaba de abrirle una puerta inédita.

La propuesta fue formulada por Ursula von der Leyen en Estrasburgo, durante su discurso sobre el estado de la Unión Europea, con el primer ministro canadiense Mark Carney presente. La presidenta de la Comisión Europea planteó que Canadá se convierta en el primer “miembro asociado” de la UE. La denominación no existe actualmente en los tratados europeos y su forma jurídica todavía deberá ser definida, por lo que no equivale a una adhesión ni a una incorporación al mercado único.

Pero el contenido político es inequívoco: Bruselas y Ottawa quieren llevar su relación mucho más allá del actual acuerdo comercial y construir una alianza que incluya comercio, energía, minerales críticos, inteligencia artificial, tecnología, defensa, servicios financieros y seguridad estratégica.

La reacción de Trump fue inmediata. Camino a un acto en Carolina del Norte, calificó la iniciativa europea como un movimiento hostil y advirtió que respondería con aranceles severos contra los 27 países de la Unión Europea si interpretaba que el acercamiento con Canadá buscaba perjudicar a Estados Unidos.

La amenaza se suma a una escalada previa de gravámenes sobre sectores sensibles —autos, autopartes, acero, aluminio y bienes industriales— y convierte una disputa comercial en un conflicto político dentro del propio bloque occidental. Y Washington está descubriendo que la presión económica que utiliza para disciplinar a sus aliados también puede empujarlos a buscar alternativas.

El trasfondo explica la intensidad del choque. Canadá y Estados Unidos sostienen una de las relaciones económicas más densas del planeta: cadenas automotrices compartidas, infraestructura energética integrada, servicios financieros conectados y una frontera por la que circulan bienes esenciales para ambos lados. Según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), en 2025 el comercio bilateral de bienes y servicios entre ambos países alcanzó unos 872.300 millones de dólares, con Canadá como uno de los principales destinos de las exportaciones estadounidenses. Esa interdependencia, sin embargo, empezó a tensarse cuando la Casa Blanca endureció las barreras comerciales y convirtió al vecino del norte en un blanco de presión política.

Por eso la estrategia de Ottawa no consiste en abandonar el mercado estadounidense, sino en reducir la posibilidad de que Washington convierta esa dependencia en presión política. Canadá intenta construir una segunda y, eventualmente, una tercera vía comercial: no busca reemplazar a Estados Unidos, sino evitar que sea su única opción.

La invitación europea enfureció a Trump porque altera un equilibrio que Washington daba por descontado. Para Ottawa, el acercamiento a Bruselas funciona como una póliza de seguro: no elimina la interdependencia con Estados Unidos, pero reduce la capacidad de la Casa Blanca de usar aranceles, compras públicas, energía o defensa como instrumentos de coerción.

La dimensión comercial es el primer dato decisivo. Un arancel no es solo un impuesto de frontera: en una economía integrada encarece insumos, desordena cadenas productivas y redistribuye costos entre empresas, consumidores y regiones enteras. La disputa comenzó con gravámenes estadounidenses sobre el acero y el aluminio canadienses, siguió con represalias de Ottawa por miles de millones de dólares y empujó a Bruselas a coordinar medidas de castigo contra productos estadounidenses. La amenaza de excluir a proveedores canadienses de las compras públicas federales agrega otra capa de presión, porque ese mercado mueve cientos de miles de millones de dólares anuales.

Para entender por qué Canadá busca ampliar su margen económico hacia Europa conviene mirar el tamaño de la relación con Estados Unidos. De acuerdo con los datos de la USTR, las empresas estadounidenses vendieron a Canadá bienes por más de 333.000 millones de dólares en 2025, mientras que las importaciones desde Canadá sumaron casi 382.000 millones. El déficit comercial estadounidense en bienes fue de unos 48.300 millones, pero la propia estructura del intercambio muestra que buena parte de esa diferencia está concentrada en el sector energético, no en una supuesta pérdida generalizada de competitividad.

La energía es el núcleo de esa dependencia mutua. La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) identifica a Canadá como la mayor fuente externa de petróleo crudo y productos energéticos para el mercado estadounidense. En 2025, Canadá aportó alrededor del 63% del petróleo crudo importado por Estados Unidos, casi la totalidad del gas natural importado, cerca del 98% de los líquidos de gas natural y más del 80% de la electricidad comprada en el exterior. Para Canadá, a su vez, las exportaciones de hidrocarburos hacia Estados Unidos representaron más de 157.000 millones de dólares canadienses y alrededor de una quinta parte de todas sus exportaciones de bienes. Dicho de otro modo: la guerra arancelaria no golpea a un sector marginal, sino a uno de los engranajes centrales de la seguridad energética norteamericana.

La alternativa europea no reemplaza de inmediato ese volumen, pero ofrece escala, previsibilidad y diversificación. Según la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, desde la aplicación provisional del CETA en 2017, la Unión Europea y Canadá eliminaron el 98% de sus aranceles y llevaron el comercio bilateral de bienes y servicios a más de 130.000 millones de euros en 2025, con un crecimiento superior al 80% respecto de 2016. La UE ya es el segundo socio comercial de Canadá y, al mismo tiempo, un mercado de casi 450 millones de consumidores con capacidad de absorber exportaciones canadienses de energía, minerales críticos, alimentos, servicios profesionales y tecnología.

El CETA explica por qué Bruselas y Ottawa pueden moverse con rapidez. La Dirección General de Comercio de la Comisión Europea señala que ese acuerdo redujo aranceles, simplificó trámites, abrió mercados de servicios y compras públicas, y creó reglas previsibles para empresas e inversores. Una asociación más profunda permitiría ir más allá del comercio tradicional e incorporar sectores regulados de alta tecnología, como inteligencia artificial, semiconductores, computación cuántica, biotecnología y minerales críticos. También facilitaría la participación canadiense en cadenas de suministro europeas que buscan reducir su exposición a Estados Unidos y China.

La relación también le ofrece algo a Europa. Canadá posee enormes reservas de materias primas estratégicas, energía, uranio, alimentos y minerales críticos, además de capacidades industriales, tecnológicas y aeroespaciales útiles para una Europa que intenta reducir sus dependencias externas. La guerra de Rusia contra Ucrania aceleró el rearme europeo y obligó a Bruselas a mirar con mayor atención la seguridad de sus cadenas de suministro. Canadá puede convertirse así en algo más que un mercado adicional: en un proveedor y socio estratégico. No se trata simplemente de que Europa le abra una puerta a Ottawa; ambos tienen algo que necesitan del otro.

Es por eso que la defensa es el segundo gran eje del realineamiento. Según el Consejo de la Unión Europea, en junio de 2026 se concluyó formalmente el acuerdo que permite a empresas y productos canadienses participar en el instrumento SAFE (Security Action for Europe), el programa europeo de compras conjuntas destinado a fortalecer la base industrial de defensa valuado en €150,000 millones.

El mismo comunicado del Consejo precisó que Canadá se convirtió así en el primer país no europeo habilitado para entrar en ese mecanismo, una señal política que va mucho más allá de una licitación: inserta a Ottawa en el esfuerzo de rearme europeo y le ofrece una alternativa a la dependencia casi exclusiva del complejo militar estadounidense.

Para Canadá, este fondo representa el respaldo financiero ideal para empezar a comprar sus cazas y sistemas de defensa en Europa, disminuyendo su subordinación al Pentágono.

Hay otro aspecto que toca la defensa común e incluso el proyecto del “Escudo Dorado”, el sistema propuesto por Trump para emular al sistema Iron Dome, David’s Sling y Arrow israelí para proteger a todo el territorio de EEUU de amenazas aéreas.

Desde la Guerra Fría, Estados Unidos y Canadá vigilan juntos los cielos de Norteamérica mediante el NORAD, una arquitectura binacional de radares, alerta temprana y defensa aeroespacial. Ese sistema depende de interoperabilidad, doctrina común y equipamiento compatible. Por eso la tensión comercial se vuelve estratégica: si Canadá reduce compras a proveedores estadounidenses, reconsidera contratos como el de los F-35 o prioriza alternativas europeas, la integración militar norteamericana queda sometida a una presión inédita.

El debate no se limita a los aviones de combate. Canadá busca submarinos, sistemas de vigilancia ártica, capacidades cibernéticas, municiones, defensa antiaérea y una industria nacional menos vulnerable a vetos o demoras de Washington. Para Europa, ese giro refuerza la posibilidad de sumar a un socio confiable en recursos, tecnología y capacidades industriales.

El Escudo Dorado depende también de Europa por pura física balística y geografía: los misiles balísticos e hipersónicos que viajan por la ruta más corta sobre el Ártico y el continente europeo, obligando al Pentágono a colocar sus sensores y radares en territorio extranjero para rastrear y destruir las amenazas en su fase inicial de vuelo. Sin el acceso estratégico a la base de radares de Pituffik en Groenlandia (perteneciente a Dinamarca) y la estación de Fylingdales en el Reino Unido, el sistema estadounidense carecería del tiempo de reacción necesario y sufriría de un "punto ciego" masivo en el Atlántico Norte, lo que demuestra que Washington no puede blindar su espacio aéreo si además fractura sus alianzas con la Unión Europea.

La cuestión es todavía más delicada cuando se mira hacia el norte. El Ártico convierte esa asimetría en algo concreto. Canadá posee uno de los territorios más extensos del planeta, pero una parte considerable de su vulnerabilidad estratégica está precisamente en el espacio que comparte con Estados Unidos y en las rutas que ambos consideran esenciales para su seguridad. Allí la discusión deja de ser sobre aranceles y vuelve a aparecer la vieja pregunta canadiense: cómo preservar la soberanía cuando el vecino del sur posee una capacidad económica y militar incomparablemente mayor.

En conclusión, lo que empezó como una pelea por el precio de los metales se convirtió en una partida de ajedrez global. Si se superpone el mapa económico al de seguridad, aparece una singularidad inquietante: una guerra comercial entre países aliados de la OTAN. El choque no ocurre en el vacío, sino mientras siguen abiertos dos conflictos que impactan sobre la estabilidad estratégica mundial: la invasión rusa de Ucrania, donde la Unión Europea y Canadá sostienen a Kyiv con una participación estadounidense cada vez más disputada, y la crisis de Medio Oriente, donde Washington pretende respaldo de sus socios atlánticos sin conseguir siempre la alineación automática que antes daba por descontada.

No se trata de un reparto ordenado de responsabilidades, sino de un desacople progresivo: Estados Unidos avanza por un lado y sus aliados tradicionales buscan márgenes de autonomía por otro. La disputa económica alimenta esa ruptura. Canadá reacciona buscando apoyo europeo porque no percibe la presión de Trump como una simple negociación comercial, sino como una amenaza política más amplia. El mandatario no solo inició una guerra arancelaria; también puso en duda la soberanía canadiense al sugerir que el país podía integrarse como un nuevo estado de la Unión.

Esa presión ayuda a explicar por qué Ottawa empezó a pensar escenarios que durante décadas parecían impensables. Informes periodísticos publicados por medios como The Globe and Mail y The Economist señalaron que el Departamento de Defensa Nacional de Canadá modeló hipótesis ante una eventual incursión estadounidense, algo que remite al antecedente remoto del Defence Scheme No. 1, elaborado originalmente en 1921 por el teniente coronel James “Buster” Sutherland Brown y considerado dentro de la planificación canadiense hasta fines de la década de 1920. La comparación no implica que Canadá espere una guerra, pero sí revela el deterioro de una confianza estratégica que durante un siglo fue una de las bases del orden norteamericano.

El valor de recordar aquel episodio no está en sugerir que Ottawa crea que Estados Unidos vaya a invadir Canadá. No existe evidencia de que esa sea la expectativa del gobierno canadiense. Su importancia es otra: muestra que la vulnerabilidad frente al gigante del sur no es una preocupación nueva, sino un temor antiguo de la seguridad canadiense. Durante generaciones, Ottawa aprendió a convivir con una potencia económica y militar muy superior, primero bajo el paraguas británico y después dentro de la alianza norteamericana.

Las presiones actuales no crean ese temor desde cero; lo despiertan. Cuando Trump comenzó a hablar de Canadá como eventual estado estadounidense, difundió mapas que incorporaban su territorio a Estados Unidos y respaldó públicamente la idea de convertirlo en el estado número 51. La vieja cuestión de la asimetría entre ambos vecinos volvió entonces a alcanzar una resonancia que durante generaciones había quedado enterrada.

Sin llegar al dramatismo de aquellos años, Ottawa observa con desconfianza el apoyo de sectores MAGA a movimientos secesionistas en Alberta. Esa provincia no es un detalle menor: concentra una parte decisiva de la producción petrolera canadiense y es, por lo tanto, una pieza central de la seguridad energética continental. Cualquier intento de agitar su fractura interna tiene para Canadá una lectura económica, territorial y militar al mismo tiempo.

El desacople estratégico también aparece en las palabras de Carney. En la Universidad de Toronto, el primer ministro sostuvo que Canadá ya no debería enviar tres cuartas partes de su capital de defensa a Estados Unidos. En esa línea, Ottawa prioriza contratos con firmas europeas, la compra de una nueva flota de submarinos, el fortalecimiento de su base industrial y la diversificación de proveedores. La posible reconsideración del contrato por 88 cazas F-35 a favor de opciones europeas, como el Saab Gripen sueco, funciona como una señal inequívoca de que Canadá intenta recuperar margen de maniobra.

Por eso la presión actual produce un efecto diferente al de una guerra comercial convencional. Ottawa no está reaccionando solamente a la pérdida de acceso a determinados mercados. Está preguntándose cuánto de su soberanía económica, tecnológica y militar depende de la voluntad de un vecino que posee una economía aproximadamente quince veces mayor, una capacidad militar incomparablemente superior y un peso político que durante décadas Canadá aceptó como parte natural de su entorno.

Ese es también el motivo por el cual las declaraciones de Mark Carney tienen tanta importancia. El primer ministro canadiense sostiene que su país necesita construir mayor capacidad propia y diversificar sus asociaciones. La posible reconsideración de adquisiciones militares estadounidenses debe entenderse dentro de esa estrategia más amplia: no necesariamente como una ruptura con Washington, sino como el intento de evitar que la seguridad canadiense dependa de un único proveedor.

Hay otros indicios de ruptura y realineamiento. Carney ha reformulado el rol geopolítico de Canadá. Su objetivo anunciado es liderar junto a la UE una coalición de naciones democráticas de peso medio para resguardar el orden internacional basado en reglas. El objetivo explícito ante los eurodiputados es blindar la "autonomía estratégica" recíproca para evitar que actores externos -como la Casa Blanca- dicten las decisiones soberanas, controlen sus mercados o vulneren su integridad territorial.

Hay otras medidas de orden más concreto. Se evalúa la interconexión y el acceso preferente de Canadá a los sistemas de pago avanzados de la UE, para facilitar transacciones financieras transatlánticas instantáneas. La idea es que ambos espacios ganen autonomía frente a las empresas de servicios financieros estadounidenses que hoy dominan ambos mercados.

También se propone la alineación mutua de regulaciones médicas y sanitarias, para agilizar la aprobación y distribución de medicamentos y biotecnología sin duplicar burocracias. Es otro campo en el que la disputa con EEUU expone un flanco débil frente a las presiones arancelarias.

Carney solicitó formalmente la participación de Canadá en el programa Erasmus+ de la UE. Esto permitirá que miles de estudiantes universitarios canadienses cursen sus estudios en Europa con financiamiento y homologación automática de créditos. Hay que considerar que cada año 28.000 estudiantes canadienses se inscriben en universidades de EEUU y que son la tercera nacionalidad extranjera entre los ingresantes.

Aunque Canadá ha descartado unirse al Espacio Schengen, sí negocia visas de residencia y trabajo exprés de larga duración para profesionales capacitados, emulando acuerdos recientes de movilidad laboral fluida.

El control de la Ruta Ártica (y el Paso del Noroeste) es, de hecho, el factor geográfico y estratégico más crítico y peligroso de todo este conflicto. No es solo un tema comercial; es una línea roja militar donde la deriva de Canadá hacia Europa choca directamente con las ambiciones de la Casa Blanca. Allí se fusionan tanto las tensiones de EEUU con Canadá como las presiones de Trump sobre Dinamarca -socio de la OTAN y de la UE- para hacerse con el control de la isla.

La mayor parte de esa ruta pasa por Canadá, que afirma que esas aguas son interiores y, por lo tanto, bajo su soberanía. Eso le daría el derecho legal de decidir qué barcos pasan, cobrar peajes y regular el tráfico. Históricamente, EEUU sostuvo que se trata de un "estrecho internacional" de libre tránsito. Bajo la actual administración de Trump, la presión escaló: Washington exige acceso militar y comercial libre y sin restricciones para sus barcos y submarinos, ignorando la posición canadiense.

Al otorgar a Canadá el estatus de miembro asociado, Europa busca blindar la seguridad de su flanco norte. Países de la UE con intereses árticos (como Dinamarca o Finlandia) apoyan el control canadiense para evitar que Estados Unidos extienda un monopolio militar absoluto sobre el polo norte.

Y el Ártico nos regresa a la cuestión económica. De acuerdo con la evaluación del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la región al norte del Círculo Polar Ártico concentra aproximadamente el 13% del petróleo convencional no descubierto del mundo y cerca del 30% del gas natural convencional no descubierto, una magnitud que explica por qué las rutas, los fondos marinos y los derechos de paso se volvieron asuntos de seguridad nacional.

Por eso la estrategia canadiense es más realista si se la interpreta como una política de reducción de riesgos. Cuantas más opciones tenga Ottawa, menor será la capacidad de Washington para convertir una dependencia económica en presión política. No se trata de romper una relación que Canadá necesita, sino de conseguir que esa relación deje de condicionar todas las demás.

Hay además una paradoja en todo el proceso. Trump utiliza el tamaño de Estados Unidos para obligar a Canadá a permanecer cerca de Washington, pero esa misma presión está produciendo el incentivo contrario: Canadá está buscando nuevos mercados, nuevos proveedores, nuevas alianzas militares y nuevos mecanismos financieros. Europa, a su vez, encuentra una oportunidad para incorporar a un socio que comparte intereses estratégicos y posee recursos que Bruselas necesita.

Lo que empezó con aranceles sobre acero, aluminio y automóviles está terminando, por lo tanto, en una discusión sobre soberanía.

La cuestión ya no es solamente cuánto paga Canadá por entrar al mercado estadounidense o cuánto cuesta un arancel. La pregunta que empieza a hacerse Ottawa es cuánto poder preserva para tomar decisiones propias cuando depende de un solo vecino para vender sus productos, comprar parte de sus armas, integrar sus industrias y garantizar una porción importante de su seguridad.

Canadá no está rompiendo con Estados Unidos. Está intentando rebajar su dependencia. Y cuanto más Washington use ese poder para impedirlo, más razones tendrá Ottawa para buscar en Europa el margen de maniobra que durante décadas dio por sentado. Trump está invirtiendo la ley de gravedad: a mayor tamaño y mayor cercanía, menos atracción.