Para inicios del 2019, el presidente de Colombia, Iván Duque, lanzaba lo que se constituiría en la nueva Política de Defensa de esta nación, presentada como la hoja de ruta por medio de la cual el conjunto de las Fuerzas Armadas se proyectaría durante el presente decenio.
La estrategia fue bautizada como Política de Defensa y Seguridad, para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad, con la que el estado busca el fortalecimiento y la legitimación de la acción gubernamental, al mismo tiempo que recuperar el principio del respeto por la autoridad y aumentar su presencia institucional, particularmente en regiones y zonas en donde ha aumentado de manera considerable el accionar delictivo de los grupos armados organizados (GAO), así como de los grupos delincuenciales organizados (GDO) y de los grupos de delincuencia común organizados (GDCO).
Este accionar no solo viene afectando de manera negativa los índices de seguridad y convivencia ciudadanas, sino que además vulneran los derechos humanos de poblaciones y colectividades, así como el derecho internacional humanitario, con las respectivas repercusiones para el estado en sus relaciones con la comunidad internacional.
En vista de estas situaciones se plantea entonces esta política que se materializa por medio de cinco estrategias, denominadas “pilares” que tendrían como objetivo –según el gobierno- conseguir que el sector defensa (y lo que el involucra) camine hacia una “transformación” (sin especificar cuál, amén de ser ya la tercera en los 12 últimos años) que le permitiera no solo a ese sector, si no a las Fuerzas Armadas, poder de manera efectiva enfrentar a los fenómenos generadores de inseguridad, identificados como el terrorismo, el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el contrabando, no priorizando inexplicablemente aquellos que vienen afectando la defensa de la integridad nacional.
Los Cinco Pilares
Para comprender entonces cuales son los alcances de la nueva estrategia, se trazaron cinco pilares que corresponderían a los objetivos específicos y que se materializarían de las siguientes formas:
El primero –con vocación ecológica-, prioriza la biodiversidad, el medio ambiente y al agua como activos estratégicos, necesarios e indispensables para la proyección de la nación en el nuevo siglo, particularmente en tiempos en los que comienza a ser reconocido no solo su valor sino la escasez de los mismos.
El segundo pilar se refiere al valor de la seguridad cooperativa, explicado en las decisiones consensuadas entre estados y organizaciones y que se transforman en operaciones o acciones conjuntas para la seguridad regional o internacional, justo luego del ingreso de esta nación a la OTAN como socio global.
El tercero –orientado a la seguridad-, se centra en poder contrarrestar de manera efectiva el accionar de las principales estructuras delincuenciales, principalmente el narcotráfico y las economías ilegales que genera y promueve.
El cuarto, justifica la necesidad de crear y promover las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), con el fin de poder recuperar a través de esta intervención integral territorios y espacios afectados por el accionar delictivo de estructuras criminales.
Y finalmente el quinto, explica la importancia de incentivar así como de apoyar la innovación tecnológica nacional, respaldando la dirección de ciencia e innovación, así como a las principales empresas del Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED).
De la lectura de estos pilares es fácil deducir que la nueva política está dirigida a contrarrestar y combatir eficazmente a los actores que afectan los indicadores de seguridad, convivencia y orden público, lo que ha generado un aumento notable en la percepción negativa de la ciudadanía respecto de su seguridad, motivada principalmente por el microtráfico focalizado –y delitos conexos- producto del exponencial aumento de los cultivos de coca que superan las 200.000 hectáreas y que están ad portas de desbordar la capacidad del estado para lidiarlo y contrarrestarlo.
¿Políticamente Correcto?
Igualmente es también notoria la ausencia de objetivos específicos, referidos exclusivamente al fortalecimiento operacional de las Fuerzas Militares (FFMM), a través de la construcción –y el reforzamiento- de capacidades mínimas disuasivas y que no son nada diferente al financiamiento de los principales programas de las diferentes fuerzas planteados en el sentido de adquirir sistemas y equipos con los cuales suplir sistemas y material que se encuentran –sino lo han superado ya- al límite de su obsolescencia o vida operativa útil, sobre todo en momentos en que la calidad de socio global de la OTAN implica una serie de compromisos -traducidos en parte- en el despliegue de medios modernos que garanticen no solo la supervivencia de las fuerzas sino el cumplimiento de las misiones asignadas.
A pesar de ello –y como es ya costumbre- son notoriamente escasas las menciones que sobre planes, proyectos o estrategias se puedan plantear con fin de incrementar el fortalecimiento operacional de las Fuerzas Militares, a través de la construcción de capacidades disuasivas, traducidas en la implementación de proyectos para la adquisición de sistemas y equipos con los cuales suplir la deficiente y ya en gran medida obsoleta dotación.
Y es que son estas ya de por si inocultables deficiencias en material y sistemas las que no han posibilitado el planteamiento efectivo de esquemas defensivos mínimamente creíbles (aún y a pesar del considerable pie de fuerza y a una notable experiencia en combate), ante las pretensiones e intereses positivos que sobre espacios terrestres y marinos tienen naciones vecinas tales como Venezuela y Nicaragua, la primera de las cuales, ha sido señalada por Colombia de violar de manera constante sus espacios soberanos (más de 20 incursiones aéreas no autorizadas en los últimos 25 años).
Sin embargo, es importante recordar que esta situación no es el resultado de una falta de gestión del conjunto de las FFMM, que al contrario se ha esmerado no solo en plantear, sino justificar y explicar las razones (a partir de detallados informes de inteligencia) por las cuales surtir esos procesos y desplegar posteriormente los sistemas en zonas y sectores identificados como prioritarios para la defensa de activos estratégicos materiales, que en la actualidad se encuentran en riesgo, por la dificultad material de defenderlos y conservarlos, o porque los recursos existentes no son los suficientes para tal misión (y deber constitucional).
Esa falta no solo de apoyo sino de interés político (amén de la legitimidad que el público pueda generar) dificulta la financiación de programas -ya de larga data- presentados en repetidas ocasiones ante diferentes gobiernos, que no han logrado la atención del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), traducidos en la asignación de las partidas para la financiación de los mismos.
Es así como –nuevamente- se plantean necesidades tales como la renovación de la flota de cazas de combate de la Fuerza Aérea (FAC), la dotación de un sistema misilístico de mediano alcance para el Sisdan, la renovación de la flota de aviones Lift´s para la FAC, la adquisición de un sistema Vshorad para el Ejército, la compra de un Tanque Medio de Batalla (MBT) para esa misma fuerza, la adquisición de un sistema Vshorad móvil para la Infantería de Marina, la adquisición de un sistema ATGM también para esa fuerza, la compra e instalación de un sistema de defensa antiaérea de mediano alcance para las Fragatas FS1500 de la Armada (ARC), la aprobación y asignación de las partidas necesarias para el financiamiento del proyecto de Plataformas Estratégicas de Superficie (PES) de la ARC, así como el traslado de su principal base (la ARC Bolívar), el desarrollo del proyecto Mariposa C4i2 para el Comando General, la compra de un Sistema de Lanzamiento Múltiple de Cohetes (MRLS), así como de artillería autopropulsada para el Ejército y una larga, detallada, justificada y más que necesaria lista de sistemas y equipos con los cuales comenzar a construir capacidades mínimas disuasivas –hoy en extremo reducidas-, que nunca han podido concretarse y que una administración sencillamente pasa como responsabilidad hacia otra futura, sin lograr comprender que la adquisición de esos sistemas son vitales para el desarrollo efectivo del pilar número uno, es decir, el de proteger efectivamente los activos naturales nacionales (agua, oxígeno, diversidad ambiental y tierras) cuya futura escasez el mismo estado colombiano prevé será detonante de próximos conflictos.
Es decir que, paradójicamente, el estado colombiano plantea futuros y eventuales escenarios geopolíticos, pero injustificadamente no toma las medidas conducentes para contar con unas FFMM dotadas para la defensa de esos recursos naturales que se pretenden preservar, y eso solo se puede explicar en que las diversas administraciones nacionales han asumido posiciones entendidas como políticamente correctas, pero realmente contrarias sin duda a los intereses nacionales.
Presupuestos y Cifras
Y es que las cifras presupuestadas para el presente 2020 son también un indicio de que esta tendencia no se modificará, pues en su momento fueron anunciadas sumas por un total de 35.7 billones de pesos (aproximadamente 9.672.175.562 de dólares, a 3.691 pesos por dólar según Tasa Representativa del 25 de julio de 2020), de los cuales 34.7 billones de pesos (9.401.246.274 de dólares) serán para gastos de funcionamiento y 1.01 billones de pesos (273.638.580 de dólares) para gastos de inversión.
Para el estado colombiano, la inversión de estas sumas fortalecerá su Política de Defensa, pues se logrará un aumento del control territorial y se incrementará el nivel de alistamiento de personal y equipos de las FFMM, en desarrollo precisamente de lo postulado en su Política de Defensa y Seguridad, para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad.
De esos 273 millones para inversión, se le asignaron (en el papel) aproximadamente 61 al Ejército, 46 a la Fuerza Aérea y 46 más a la Armada, sumas que no hicieron nada distinto a anticipar nuevos recortes, que además de hacerse efectivos, se vieron justificados por el acaecimiento del Estado de Emergencia en virtud del Covid-19.
Estas sumas pueden ser comparadas con las invertidas en el 2019, cuando unos 267 millones de dólares fueron asignadas también en los rubros de inversión, pero en el que se destinaron cerca de 32 millones para el desarrollo marítimo, fluvial y costero (inversiones que duplicaron las del presente año), así como 70 mas para el fortalecimiento de las capacidades de la Policía (sumas que duplicaron las de este 2020) y otros 59 millones para el fortalecimiento de la gestión.
Comparativamente es evidente una notable reducción en las sumas asignadas en los rubros de inversión, lo que revela fuertes ajustes presupuestarios contrarios a los pronunciamientos públicos –tanto del Ministerio de Defensa como de Hacienda- y respecto del supuestamente fortalecimiento financiero del sector defensa para el 2020.
Las decisiones presupuestarias desnudan entonces las realidades de las FFMM Colombianas, que no disponen de los recursos –y apoyos- necesarios para llevar a cabo no solo sus procesos de renovación y adquisición de material, sino y más importante, para comenzar a compensar un balance estratégico regional desfavorable en estos momentos y en un entorno geopolítico en el Caribe cada vez más complicado y frente a posibles y probables escenarios de confrontación convencional, para los cuales no se cuenta hoy con los suficientes, necesarios, e idóneos recursos con los cuales defender la soberanía e integridad nacionales. Esa, es la inocultable y dura realidad.
