El gobierno uruguayo avanza con la rescisión del contrato con Cardama por los OPV

Tras la serie de irregularidades en todo el desarrollo de la compra e inicio de la construcción de los dos OPV para la Armada Uruguaya por parte del Astillero Cardama, según publica el medio Búsqueda, el gobierno uruguayo avanza con la rescisión del contrato, que se espera que sea activada por el presidente Yamandú Orsi, a su regreso desde su viaje a China.

Esto se da tras la auditoría realizada por Bureau Veritas, ordenada por el Ministerio de Defensa de Uruguay, la cual, en sus conclusiones, cuestiona el proceso de construcción, retrasos e incumplimiento de procedimientos, como la obtención de los certificados de bandera uruguaya, lo cual ya se debía haber realizado, debido a que los OPV no son considerados buques militares, ante lo cual la normativa uruguaya establece que “las solicitudes de construcción y armado de embarcaciones” destinadas a tener la bandera uruguaya deben ser analizadas por una comisión técnica. A esto se suma la cancelación del contrato del proveedor de los motores de los buques, ante lo cual el astillero no tiene reemplazo, lo que puede demorar significativamente la construcción, a la vez que la selección de un motor de reemplazo puede implicar modificaciones sustanciales en la ingeniería de detalle del buque y en el proceso de construcción.

Además, el informe de Bureau Veritas destaca que Cardama no cumplió con el hito de la puesta de la quilla del segundo OPV, a pesar de que el astillero lo dio por cumplido para reclamar el pago de una cuota del contrato.

Esto se suma al problema ya informado con las garantías de fiel cumplimiento, por 4.113.500 euros, y otra de reembolso, por 8.224.000 euros, las cuales inicialmente habían sido provistas por una empresa radicada en el Reino Unido, EuroCommerce, que había sido dada de baja del registro comercial británico por incumplimientos. Además, esa garantía originalmente se debía presentar a los 45 días de la firma del contrato, pero el astillero demoró 11 meses. La garantía de reembolso, por el 10% del contrato, fue luego emitida por Redbridge Insurance Company. Esto llevó a que en diciembre pasado se presente un informe a la ministra de defensa indicando que “al día de la fecha el Estado uruguayo no cuenta con una garantía válida vigente, que pueda ejecutar en caso de incumplimiento de la empresa y ello constituye un incumplimiento grave al contrato”.

Según indica Búsqueda, el Ministerio de Defensa notificó a la empresa la semana pasada sobre un “grave incumplimiento adicional” de sus “obligaciones esenciales” establecidas en el contrato. Esta falla y las anteriores agravan “de manera significativa” la posición del astillero. Los representantes legales de Redbridge confirmaron a las actuales autoridades, según el escrito del ministerio, que el documento que entregó Cardama y está en poder del gobierno “no es una póliza de anticipo financiero”, sino un documento de “términos y condiciones”.

En su notificación, Defensa recordó que no se trata de un “hecho aislado”, sino que se suma a un “incumplimiento repetido y sistemático” por parte del astillero. Sostuvo, además, que la decisión de remitir un documento que no muestra los términos de la garantía que dijo haber obtenido es una “grave negligencia” y, quizás, “una actuación deliberadamente orientada a crear la apariencia de cumplimiento de obligaciones esenciales requeridas por el contrato cuando ese cumplimiento no existe en realidad”.

Si bien Astilleros Cardama tiene todavía un plazo para responder a la notificación del Ministerio de Defensa sobre el informe de Bureau Veritas, el gobierno uruguayo no cree posible que la empresa pueda levantar las observaciones y el contrato será finalmente rescindido. Esto llevará a que, por un lado, el estado uruguayo deba iniciar acciones para intentar recuperar lo pagado, y, por otro lado, iniciar un nuevo proceso para la compra de los OPV, habiéndose perdido varios años en avanzar con un astillero que claramente no tenía las capacidades ofrecidas.