El hidrógeno verde de Río Negro puede terminar como el litio: nuestro, pero no para nosotros

Por Agustina Sánchez Castro

Hace meses que escribo sobre el mismo patrón. Primero fue el cobre, después el litio y ahora el hidrógeno. Ya no me parecen tres casos aislados, sino una sola historia que Argentina repite cambiando el nombre del recurso: hay geología, hay un anuncio grande y hay una foto de la firma. Lo que todavía no tenemos es la certeza de cuánto de ese negocio se quede en nuestro país.

El esquema lo conocemos por el litio y el cobre. Argentina pone el subsuelo, las provincias ceden tierra y cobran regalías bajas, una empresa extranjera invierte el capital y la tecnología, y cuánto y cómo se produce se decide en una oficina de otro país.

Con el hidrógeno verde, estamos a tiempo, todavía se puede hacer algo distinto, porque la industria recién está empezando y buena parte de su estructura todavía no existe. El problema es que, con los antecedentes que tenemos y mirando cómo viene la historia, no parece que estemos aprovechando la oportunidad que abre el cambio de matriz energética. Por eso, el caso de Río Negro sirve bien para verlo.

En 2021, durante la cumbre climática de Glasgow, se anunció el Proyecto Pampas de la empresa transnacional australiana Fortescue con 8.400 millones de dólares de inversión, 625.000 hectáreas cedidas para parques eólicos, una planta electrolizadora en Sierra Grande, un puerto de aguas profundas para exportar y una promesa de 15.000 empleos directos y hasta 50.000 empleos indirectos. La entonces gobernadora Arabela Carreras, lo presentó como la gran apuesta energética de Río Negro. Dos años después, el proyecto seguía en estudios de prefactibilidad. Lo que vino después fue más revelador todavía: en agosto de 2024 trascendió que la empresa minera australiana, Fortescue, había descartado el proyecto y devuelto las tierras. La empresa lo desmintió, aunque admitió que sus otros desarrollos en Brasil tenían más prioridad. Desde el gobierno provincial siguieron diciendo que el proyecto estaba vigente, a la espera de condiciones macroeconómicas estables y la reglamentación del RIGI.

En el 2026, el plan original tuvo un plan B mucho más modesto: un parque eólico en Cerro Policía, sin fecha firme de construcción, por la resistencia de comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas, que cuestionan el impacto el Área Natural Protegida Valle Cretácico. Además, una parte de las tierras que se le habían cedido a la empresa minera Fortescue en Punta Colorada terminó redirigida por YPF hacia la planta de GNL de Vaca Muerta Sur. Para mí, este es el dato más importante de todo este asunto: el propio gobierno nacional dejó trascender que el hidrógeno quedaba para la próxima década, porque hoy la prioridad es el gas y el petróleo. Se entiende bien lo que esto significa. El presidente Javier Milei apostó sus recursos políticos y regulatorios a Vaca Muerta, y el hidrógeno verde quedó como una promesa de mediano plazo, a la espera de que una empresa australiana vuelva a tener interés en invertir en el país.

El gobernador Alberto Weretilneck heredó el proyecto de la gestión de Arabela Carreras y ratificó su continuidad apenas asumió, pero lo puso bajo la órbita de la Secretaría de Energía y Ambiente, a cargo de Andrea Confini, dejando ver que el vínculo con la empresa Fortescue, no se había cuidado en la transición de gobierno. Mientras tanto, Chubut, la provincia vecina, muestra más interés por impulsar y dar un marco legal al hidrógeno verde, con el argumento de que la provincia concentra más del 60 % de la potencia eólica instalada del país. Así, el hidrógeno verde vuelve aparecer como vector energético por su rol en los procesos de descarbonización.

Sobre el caso de Río Negro, ninguno de estos actores está mintiendo. Pero entre todos arman un relato muy distinto al que se presentó en 2021. El proyecto ya no parece avanzar y da la impresión de que nadie quiere asumir el costo de decir que se cayó. Si el Estado tiene que poner en juego sus recursos regulatorios para que una empresa australiana vuelva a ver atractiva a la Argentina, me pregunto si eso es una estrategia energética o es el intento de mantener con vida un proyecto que perdió tiempo e impulso en plena transición energética, mientras se espera a ver qué pasa. Y seguimos sin la herramienta más básica: una ley. El proyecto de Promoción del Hidrógeno de Bajas Emisiones, que el Poder Ejecutivo envió en 2023 quedó cajoneado en el Congreso. Desde mediados de este año aparecieron otras iniciativas impulsadas desde Chubut. La diputada Ana Clara Romero presentó en 2025 una propuesta que obtuvo dictamen. En mayo de este año, la senadora Edith Terenzi quedó a cargo de una mesa de legisladores patagónicos para unificar proyectos en uno solo. Pero ninguno se convirtió en ley. La propuesta original, además, tampoco resolvía sus propias contradicciones: exigía un 35 % de contenido nacional en los primeros cinco años, algo que varios especialistas del sector ya advirtieron que podría terminar siendo una barrera de entrada más que un incentivo, porque en Argentina todavía no existe una industria de electrolizadores capaz de cumplir con ese piso. Además, el propio proyecto de ley reparte competencias regulatorias entre la Secretaría de Energía, la de Industria, una Agencia Nacional de Hidrógeno que habría que crear y un Consejo Federal del Hidrógeno.

Conociendo cómo funciona la burocracia argentina, eso no promete mucha rapidez para aprobar proyectos. Chile, Brasil y hasta Uruguay, ya tienen marcos regulatorios más avanzados mientras nosotros seguimos discutiendo, sin ley, cuanto contenido nacional le vamos a exigir a un electrolizador que todavía nadie instaló.

Tampoco ayuda que buena parte del entusiasmo original por el hidrógeno verde, acá y en el resto del mundo, haya nacido de una coyuntura que ya cambió. La escalada de precios del gas que siguió a la invasión rusa a Ucrania empujó a Europa a buscar alternativas energéticas, y ahí el hidrógeno verde patagónico apareció como una promesa atractiva. Se llegó a proyectar que el continente iba a necesitar 10 millones de toneladas para 2030. Pero la crisis energética europea se fue acomodando por otras vías: más gas licuado de Estados Unidos y Medio Oriente, más renovables propias. Y las tasas de interés más altas volvieron mucho menos atractivo financiar proyectos tan intensivos en capital como una planta de electrólisis a escala industrial.

Lo que plantea el consultor energético Juan Carlos Villalonga, en un análisis que recogió Dinamicarg a mediados de septiembre: el hidrógeno verde no fracasó, sino que está pasando de la etapa del gran anuncio a una maduración menos eufórica. Ya no se lo piensa como el reemplazo de toda la matriz fósil de una vez, sino como una herramienta para sectores puntuales de descarbonización, como el acero, los fertilizantes o el transporte pesado marítimo y aéreo, donde ni la electrificación directa ni las baterías directas alcanzan.

La ventana para consolidar un mercado exportador ya no se proyecta para el 2030, como se pensaba hace unos años, sino para el 3035 o 2040. Y para llegar a esa ventana no alcanza con el viento: según ese mismo análisis, hace falta antes estructura dedicada, como capacidad de trasporte eléctrico, acceso a agua para electrólisis y puertos adecuados, además de certificaciones de origen bajo en carbono que los mercados de destino van a pedir.

A mí esto me deja una mirada ambivalente. Por un lado, confirma que el sector no es una burbuja que va a desaparecer. Por otro, la meta queda más lejos justo cuando Argentina ni siquiera terminó de discutir la ley que dé un marco regulatorio previsible, algo que el propio Juan Carlos Villalonga considera como una condición básica para no quedar afuera cuando ese mercado finalmente se ordene. Repsol, BP y Shell siguen anunciando megaproyectos de hidrógeno en distintas partes del mundo, y la hoja de ruta del hidrógeno verde sigue apareciendo en las agendas de gobiernos que van de China a Australia. Pero la ventana de negocio que en 2021 parecía obvia hoy es bastante menos clara, y Argentina llegó tarde incluso a subirse a esa ola cuando todavía estaba alta.

El recurso, en cambio, no está en discusión. Un estudio de prefactibilidad que el Fraunhofer Institute for Energy Economics and Energy System Technology (IEE) hizo para la provincia ubica la velocidad media del viento en Río Negro en 8,65 metros por segundo, y señala a Cerro Policía como una zona con condiciones para generar energía eólica. Diario Río Negro suma otras ventajas: agua, generación para generar hidroeléctrica en el Comahue y una costa atlántica, con Sierra Grande y Punta Colorada, que podría servir de salida logística tanto para el mercado interno como para la exportación. El mismo artículo aclara que convertir ese potencial en industria exige inversiones en parques de generación, electrolizadores, almacenamiento, transporte y puertos, y que los costos de producción y la eficiencia del proceso siguen siendo un desafío. Es decir, la geología esta. Lo que falta es todo lo demás, y Cerro Policía es justamente el lugar donde el parque eólico sigue sin fecha.

Ahora, supongamos que el Proyecto de Río Negro finalmente avanza. Tampoco sería justo descartarlo: puede pasar. Pero ahí aparece un segundo problema, menos visible que la demora y, quizás, igual de importante. Aunque el hidrógeno finalmente se produzca acá, buena parte del negocio va a seguir sin ser nuestro. El modelo que se viene discutiendo es esencialmente, exportador: la energía se genera con viento patagónico, se convierte en hidrógeno y se envía al exterior, sin dejar en el país mucho más que los ingresos por el uso de la tierra y algunos puestos de trabajo en la etapa de construcción.

Para esto, la literatura sobre desarrollo tiene un nombre, la “maldición de los recursos”: un país puede ser rico en recursos naturales y, sin embargo, capturar solo una porción limitada del valor que estos recursos generan. La pregunta, entonces, no es solamente si Argentina va a producir hidrógeno verde, sino qué parte de esa cadena de valor va a quedar en el país. Sí otra vez exportamos el recurso o la energía sin desarrollar capacidades industriales propias, ni proveedores locales, podemos terminar repitiendo la misma lógica del litio: El recurso es nuestro, pero la cadena de valor no necesariamente lo es.

Lo curioso es que el propio Estado ya describió lo que está en juego. La Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Economía del hidrógeno, que la Secretaría de Asuntos Estratégicos publicó en 2023, plantea que el hidrógeno de bajas emisiones involucra varias cadenas de valor: la generación de energía , la producción y almacenamiento del hidrógeno y sus derivados, y la de sus usos y aplicaciones. Cada una se compone de segmentos que piden capacidades industriales y tecnológicas muy distintas: insumos y materiales críticos, bienes de capital y sus partes, infraestructura de transporte y almacenamiento, servicios de ingeniería e investigación, y la producción de derivados como combustibles sintéticos, acero o fertilizantes de bajas emisiones. Ese listado sirve para medir lo que se discute hoy. Si el proyecto de Río Negro se limita a generar la energía y exportar el hidrógeno, Argentina participa de una parte de la primera cadena y queda afuera de casi todos los segmentos que la propia estrategia señala como los de mayor capacidad industrial y tecnológica. Es decir, el documento describe el ecosistema que dice querer, y los anuncios describen otra cosa. Hay además otra dependencia de la que nadie habla cuando se presenta la energía “limpia”, como sinónimo de autonomía. Producir hidrógeno verde, energía eólica o energía solar, no te hace independiente si seguís comprando afuera el equipamiento para aprovechar el viento y el sol. China concentra hoy más del 80% de la capacidad mundial de fabricación de paneles solares, domina gran parte de la cadena de componentes para turbinas eólicas. En electrolizadores, según la Agencia Internacional de Energia (AIE) concentra el 60% de la capacidad mundial de fabricación. Europa lleva años intentando reindustrializar su propia cadena solar y, aun así, continúa dependiendo en gran medida de componentes provenientes de China. Entonces la pregunta es quién fabrica las tecnologías que necesitamos para producir energía y quien captura el valor que generan. Porque podemos cambiar la fuente de energía y, al mismo tiempo, mantener una estructura de dependencia tecnológica.

También hay un debate puertas adentro sobre los costos ambientales reales de esta transición que muchas veces se presenta como si fuera casi impecable. La electrólisis requiere aproximadamente nueve toneladas de agua por cada tonelada de hidrógeno, según la tecnología y el proceso, a lo que se suma el uso de agua adicional para el tratamiento de purificación. En una región como la Patagonia, donde el agua no está distribuida de manera uniforme y hay territorios con restricciones hídricas, ese tema no puede quedar fuera de la discusión.

Existen desafíos asociados al manejo y almacenamiento. El hidrógeno es un gas altamente inflamable y exige condiciones de seguridad y equipos adecuados, sobre todo en instalaciones de gran escala. Nada de esto es motivo para descartar la tecnología, pero sí alcanza para dejar de presentarla como si no tuviera costo, impactos o riesgos, que es lo que muy pocas veces mencionan los anuncios.

Cambiar una fuente de energía por otra, sin discutir quién paga los costos, quién se queda con los beneficios y qué capacidades quedan en el país, no es una transición seria. Y hay otro debate de fondo que tampoco se trata con la seriedad que merece, el modelo de negocios que elijamos. Y están los que piensan el hidrógeno verde exclusivamente como fuente de dólares: se produce acá, se exporta entero y el país se queda con las divisas y poco más. Y están los que quieren construir un ecosistema real, con proveedores locales, empleo calificado y capacidad propia de innovación, aunque eso implique ir despacio y exigirles más a las inversiones extranjeras que quieran instalarse.

Argentina necesita dólares, eso es innegable. Pero si la única discusión que damos es cuántos dólares entran y no cuánto valor queda adentro, podemos terminar reproduciendo con el hidrógeno, la misma ecuación que ya conocemos demasiado bien: exportar recursos, importar buena parte de la tecnología y capturar una porción limitada del valor que genera la actividad.

No estoy planteando que haya que frenar el desarrollo del hidrógeno verde ni de las renovables en general. Argentina tiene condiciones excepcionales: viento patagónico, sol del Noroeste, agua en regiones y capacidades científicas y tecnológicas que a futuro podrían permitirnos construir algo mucho más ambicioso que una simple exportación de energía verde. Además, a diferencia de otros recursos que ya tienen una estructura productiva consolidada, acá no hay nada armado, y eso puede ser una buena noticia: las reglas del juego se pueden discutir y todavía se puede decidir qué queremos que se quede en el país.

Pero a este ritmo, entre proyectos que no terminan de arrancar, leyes que no se votan y una agenda energética fuertemente concentrada en el gas y el petróleo, cuesta pensar que vayamos a aprovechar esta ventana de oportunidad antes de que se cierre. Si seguimos con anuncios grandilocuentes, sin ley, sin condiciones de contenido nacional que se sostengan en el tiempo y sin exigirle a las empresas algo más que un canon por hectárea, el resultado va a ser el de siempre, un recurso nuestro, gestionado por otros, que termina afuera.

Hay un concepto que la teoría de relaciones internacionales usa para explicar esto, la autonomía periférica, la idea de tener el recurso nunca alcanza si no hay una estrategia deliberada para capturar el valor que ese recurso genera. No es un problema de geología, sino de decisión política: si el Estado va construir una estrategia o va a seguir esperando la próxima foto de una firma con bombos y platillos. Esa estrategia es, en definitiva, un plan para desarrollar capacidades propias y aumentar el grado de decisión sobre el valor que generan nuestros recursos. La próxima vez que alguien anuncie un megaproyecto de energía limpia con miles de millones de dólares de inversión y miles de empleos prometidos, yo, por lo menos, voy a esperar algo más que la foto de una firma. El litio debería ser tomado como advertencia. Todavía estamos a tiempo de que el hidrógeno verde no repita la misma historia que todavía no empezó.