Las Fuerzas Armadas de Colombia en una crisis cada vez más profunda

Una investigación realizada por la revista colombiana Semana puso sobre la mesa el creciente problema presupuestario que enfrentan las Fuerzas Armadas de Colombia desde que asumió la presidencia Gustavo Petro, lo cual se da en un contexto en el que la narcoguerrilla y el crimen organizado crecen en poderío y en control territorial, echando por tierra los avances que se habían logrado en los primeros 15 años del nuevo milenio, en que los grupos terroristas habían perdido gran parte de su poder, al punto de plantear los fracasados acuerdos de paz firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos. Como ejemplo, en lo que va del año han muerto ya 80 militares y hubo más de 200 atentados terroristas, mientras que departamentos tan importantes como Antioquia ya están en un 53 % en manos del Clan del Golfo, uno de los principales grupos criminales de Colombia.

Según plantea el informe de Semana, las partidas presupuestarias asignadas para 2025 fueron casi un 50 % inferiores a lo solicitado por las fuerzas, totalizando 33 billones de pesos colombianos (unos 8200 millones de dólares), aunque 921.000 millones de pesos están congelados debido a la crisis fiscal que afecta al Estado. “El Ejército le informó al Gobierno Petro que requería 22 billones de pesos para operar durante 2025 y recibió 12 billones de pesos; a la Policía (en Colombia es dependiente del Ministerio de Defensa) le asignó 14 billones de pesos, cuando lo que se requiere son 23 billones; la Armada solicitó 4,6 billones de pesos y le consignaron 3 billones; a la Fuerza Aeroespacial llegó menos plata que el año anterior, 2,6 billones de pesos, y el Comando General de las Fuerzas Militares percibió 186.000 millones de pesos, pero el 80 por ciento se dedicó al funcionamiento y el restante a actualizar sus capacidades, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Defensa” describe el artículo de Semana.

Esta situación ha llevado a que prácticamente todos los programas de incorporación de equipamiento estén frenados, así como planes de infraestructura y desarrollo humano del personal. Tal como ya planteamos en artículos anteriores, uno de los programas más importantes de reequipamiento, que se encuentra frenado, es el reemplazo de la flota de helicópteros Bell UH-1H, Huey 2, UH-1N y Bell 212. En el caso del Ejército, para el reemplazo de sus Huey 2 y UH-1N, así como sus Antonov An-32 y Casa C-212, pidieron 2,7 billones de pesos (unos 670 millones de dólares), pero no han sido aprobados. La actual falta de helicópteros, ya que los UH-1N ya no operan, de los Huey 2 y Mi-17 hay muy pocos en servicio y solo los Black Hawk mantienen cierto nivel de operatividad, ha llevado a que muchos movimientos de tropas se hagan por tierra, quedando a merced de emboscadas y artefactos explosivos improvisados, a la vez de reducir considerablemente los tiempos de reacción de las fuerzas, que llevan a que muchas veces se llegue tarde para enfrentar al enemigo.

Además, se redujo la movilidad del personal, el mantenimiento del material, las labores de inteligencia y las Fuerzas Armadas han planteado que están perdiendo capacidades para hacer frente al conflicto armado que vive el país, donde los grupos criminales, por su parte, están incrementando el empleo de tecnología, como es el uso de drones y otros sistemas, lo cual complica aún más la tarea para las fuerzas militares.

El requerimiento del Ejército se basa en el combate de los grupos criminales, que actualmente cuentan con 17.500 hombres y operan en 28 departamentos de Colombia, explicando que de esos 22.000 millones de pesos (unos 5500 millones de dólares), 5,4 billones de pesos eran para sostenimiento, 2,5 billones de pesos para protección, 1,7 para comando y control, 2,4 para munición, 354.522 millones para inteligencia y 9,3 billones para operaciones. Sin embargo, solo se les autorizaron 12 billones (unos 3000 millones de dólares), de los cuales solo 735.000 millones son para inversión (unos 182 millones de dólares), lo cual ha llevado a que la fuerza recorte los fondos para el 43 por ciento de sus unidades, muchas de las cuales están desplegadas en zonas donde operan los grupos criminales y terroristas. También han sido seriamente afectadas unidades relevantes como la Brigada Contra el Narcotráfico, la Quinta División, que cubre 369 municipios del Eje Cafetero, Cundinamarca, Boyacá y Tolima, la Primera División, que protege algunos sectores del Caribe y frena la multiplicación de grupos armados ilegales, y al Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia.

En el caso de la Policía Nacional, logró hacerse de 17 de los 23 billones de pesos necesarios, 2,3 billones obtenidos por fuentes por fuera del tesoro nacional, de los cuales el 63 % se va en salarios, el 15 por ciento en gastos administrativos, el 12 por ciento en la salud, el 7 por ciento en bienes y servicios, el 2 por ciento en educación, el 1 por ciento en inversión, y tendría un presupuesto bloqueado que ascendería a 867.000 millones de pesos, lo que agrava las finanzas de la institución. Esto llevó, según pudo obtener la revista Semana a través de un derecho de petición, a que se informe que hubo “una reducción del 27 por ciento en el presupuesto de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, que persigue a los peores delincuentes del país y apoya a la Fiscalía en las investigaciones más complejas de desarrollar; a las operaciones policiales le asignaron 18.000 millones de pesos, cuando en 2022 fueron 60.000 millones de pesos; la inversión en tecnología cayó a 15.000 millones de pesos, mientras que en 2024 fue de 34.000 millones de pesos; las recompensas también tuvieron reducción: la Dirección de Inteligencia tiene un banco de apenas 106 millones de pesos para 2025 y ese rubro en la Dirección de Antinarcóticos no sobrepasa los 500 millones de pesos”.

Un punto relevante en estos recortes es que lleva a una fuerte desmotivación del personal, que carece de medios para hacer frente a una delincuencia que es cada vez más fuerte. Esto también facilita la corrupción del personal policial por parte de las bandas criminales. El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, planteó que “No solamente es el recorte, es la desmotivación, que es lo más grave. Yo encuentro una fuerza pública desanimada, desmotivada. Nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos en Bucaramanga por la seguridad”.

En el caso de la Armada, que recibió solo dos tercios de lo requerido y 84.222 millones de pesos menos que en 2024, empleó 2,5 billones de pesos para funcionamiento y 500.637 millones (unos 125 millones de dólares) para inversión, en su mayoría para los programas de construcción de buques con el astillero Cotecmar. De las áreas que sufrieron reducciones en el presupuesto, lo más alarmante es que Operaciones Navales tuvo una caída del 99 por ciento, mientras que otras como logística cayeron un 38 % y desarrollo humano un 34 %.

Por parte de la Fuerza Aérea, se le asignaron solo 2,6 billones de pesos, de los cuales 554.627 son para inversión, en momentos en que la fuerza apunta a comprar nuevos aviones de combate, mientras sigue en el proceso de compra de los aviones Texan, debe reemplazar sus Bell Huey 2 y 212 y otros sistemas de armas.

Esto se da mientras el gobierno de Petro ha planteado la compra de hasta 24 aviones de combate Gripen por un monto de 4.035.956.719 dólares, un valor bastante superior a las propuestas planteadas por Lockheed Martin por el F-16 (unos 3.000 millones de dólares) y Dassault por los Rafale (por 3.500 millones de dólares), lo que genera dudas de cómo se puede justificar dicho valor por un sistema de armas de performances inferiores y cómo se piensa pagarlo en el escenario actual de recorte presupuestario.