Movilizar todo: la carta final de Putin

Por Ignacio Montes de Oca

Vladímir Putin volvió a aumentar el tamaño autorizado de las Fuerzas Armadas rusas. El decreto firmado el 28 de septiembre, elevó la plantilla total a 2.441.630 personas, de las cuales 1.550.500 corresponden a militares. La cifra impresiona, pero engaña: El aumento fue de 15.500 efectivos para el combate. 

En el número de soldados que van al frente está la clave para entender si Vladímir Putin ordenará una movilización masiva. Porque su decreto lo que hizo en realidad, fue simplemente ampliar el techo legal de la estructura militar rusa. La diferencia parece administrativa, pero resulta fundamental para entender cuántos soldados tiene realmente Rusia, cuántos necesita para sostener la guerra y por qué vuelve a aparecer la posibilidad de una movilización masiva.

El aumento tampoco es novedoso. Según los reportes del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), en 2021, antes de la invasión, el total era de 1,9 millones. En agosto de 2022, seis meses después de empezar la ofensiva, un primer decreto lo subió a 2,04 millones, con 137.000 militares más. En diciembre de 2023 llegó a 2,20 millones, en septiembre de 2024 a 2,38 y en julio de 2026 a 2,426, hasta el récord actual de 2,44. El decreto de julio, según el texto oficial, respondió a la creación de una unidad de construcción militar.

La secuencia es reveladora: Putin aumentó la estructura militar casi de manera continua sin recurrir a otra movilización general. El Kremlin consiguió ampliar sus Fuerzas Armadas mediante contratos voluntarios, reclutamiento regional, conscripción, incorporación de extranjeros y distintas formas de presión administrativa. Por eso, el crecimiento de la plantilla no puede confundirse con el número de soldados que Rusia incorporó realmente a la guerra.

Para saber cuántos rusos combaten de verdad ahora mismo en el frente, hay que abrir la cifra pieza por pieza, como recomiendan las agencias de inteligencia occidentales y el Conflict Intelligence Team.

Es una pirámide en la que no todos visten uniforme o llevan un fusil a la primera línea. La base es la retaguardia pura: casi el 36% del total son esos 891.130 civiles y administrativos, entre ellos oficinistas, contadores, médicos de hospitales base, mecánicos y cocineros. Su aporte directo con armas al frente es mucho menor que el de las tropas que combaten.

Al restarlos quedan 1.550.500 militares activos, el brazo armado del Kremlin. Pero hay un segundo filtro. La ley rusa prohíbe que los 261.000 jóvenes del reclutamiento obligatorio anual salgan del país, así que se dedican a la logística interna y a cuidar las fronteras propias. Otros 125.000 oficiales de carrera deben quedarse en Rusia, a cargo de las bases estratégicas, los silos de misiles y los submarinos nucleares.

Sobre los conscriptos hay que aclarar algo, porque la realidad no siempre respeta la ley. Organizaciones de derechos humanos y medios como la BBC y Mediazona documentaron que, a las pocas semanas de entrar, muchos jóvenes denuncian presiones y maltratos de sus superiores para que firmen un contrato como soldados profesionales (kontraktniki). Con la firma pierden la protección legal y los mandan a unidades de asalto en Ucrania. Hay, además, un segundo camino.

Para cumplir la prohibición, el Ministerio de Defensa puso a miles de conscriptos a vigilar las fronteras de los oblast rusos de Kursk y Bélgorod. Cuando las tropas ucranianas cruzaron esa frontera, esos jóvenes sin experiencia quedaron en la primera línea, sufrieron muchas bajas y cientos fueron capturados. Otros llegan al combate porque quedan bajo el fuego de drones y misiles ucranianos o en incursiones ocasionales. Cuántos conscriptos llegan en total al frente no se puede saber, así que las cifras que siguen los dejan afuera.

¿Quiénes pelean entonces? El núcleo de combate ronda los 837.000 hombres. Unos 537.000 son voluntarios contratados (kontraktniki), civiles atraídos por los bonos del Ministerio de Defensa. Los otros 300.000 son fuerzas de élite y mandos de carrera, como las Fuerzas Aerotransportadas (VDV) y la Infantería de Marina, que dirigen los ataques y manejan los misiles y la aviación. Ese grupo es el más numeroso, pero unos 125.000 de sus integrantes están en territorio ruso, en defensas antiaéreas, centros de mando, bases estratégicas y submarinos nucleares.

A ese núcleo se suman entre 30.000 y 40.000 combatientes de las zonas ocupadas, reclutados a la fuerza por las administraciones colaboracionistas, que por razones políticas figuran como tropas rusas desde los decretos de anexión de septiembre de 2022. En las trincheras secundarias y en la custodia de los territorios ocupados están, por último, los 300.000 reservistas movilizados por la fuerza en septiembre de 2022, a quienes nunca se ordenó volver a casa. Estas categorías vienen de estimaciones distintas y no conviene sumarlas sin más. Putin, por ejemplo, habló a fines del año pasado de unos 700.000 soldados combatiendo en Ucrania, una cifra menor que la de este artículo. Pero la da Putin, que es parte.

La diferencia entre esas cifras también es importante. No existe información pública que permita afirmar que Putin haya decidido movilizar un número determinado de hombres. Lo que aparece en distintas evaluaciones es una coincidencia sobre el problema. El sistema de reclutamiento voluntario tiene cada vez más dificultades para compensar las bajas.

Para resolver ese dilema falta la pieza que decide todo el debate: la Reserva General. Rusia tiene aún unos 2.000.000 de reservistas que todavía no movilizó. No son soldados activos ni cobran sueldo militar. Son civiles que hacen su vida normal, pero hicieron el servicio obligatorio o tienen conocimientos de uso militar y figuran en las actas de reclutamiento.

En septiembre de 2022 Rusia no los llamó a todos: hizo una movilización "parcial" y sacó de ahí unos 300.000 hombres en la primera movilización desde la Segunda Guerra Mundial. Otra movilización masiva rompería ese dique. Por el costo político y social, el Kremlin la evita y prefiere ampliar por decreto las plazas de voluntarios pagados por el Estado. Es su última carta.

Por eso el último decreto se entiende mejor como un ajuste contable que como una orden de reclutamiento. No crea soldados: crea vacantes presupuestarias. Al agrandar los casilleros del Ministerio de Defensa, deja lugar para registrar a quienes Rusia necesita sumar ahora que los voluntarios no alcanzan para cubrir las bajas.

Una forma de leerlo es que esa bolsa más grande permite alojar, sin romper los topes financieros, a la burocracia de retaguardia, a los extranjeros y a los 300.000 ciudadanos que, según Kyiv, Moscú planea sacar de la Reserva General. La confusión nace de los titulares que dicen "el ejército ruso crece a 2,4 millones" y sugieren un salto de cientos de miles de hombres en el frente, cuando el aumento real es de 15.500 plazas y la logística sigue siendo un cuello de botella.

Ese plan es el centro de la disputa. El 27 de agosto, la Oficina del presidente de Ucrania resumió un informe de inteligencia, presentado por la Dirección Principal de Inteligencia (GUR) y el Servicio de Inteligencia Exterior, según el cual el Estado Mayor ruso preparó un escenario para movilizar a 600.000 personas: 300.000 en 2026, como objetivo inmediato antes de fin de año, y otras 300.000 en 2027. Lo confirmó el 7 de septiembre Oleh Ivashchenko, jefe del GUR.

El 24 de septiembre, Macron dijo que hay "varias señales" y calificó de plausible un llamado de unos 300.000 hombres. Volodímir Zelenski agregó, que ocurriría después de las elecciones y sin tocar las grandes ciudades, para reducir el rechazo social. El Kremlin niega de forma sistemática que prepare algo así. Hay algo de razón en ambos planteos, y conviene mirar primero lo que empuja a Putin hacia esa decisión.

El primer factor es el peso de las bajas. El Estado Mayor ucraniano habla de más de 1,5 millones de bajas rusas (muertos, heridos y desaparecidos) desde 2022. Las estimaciones independientes son algo menores, pero del mismo orden: el CSIS calculó 1,4 millones hasta junio de 2026 y The Economist, entre 1,1 y 1,5 millones.

El ISW y la inteligencia británica calculan más de 40.000 bajas por mes, con picos de 39.290 en junio, 42.860 en julio y 42.020 en agosto, como resultado de los asaltos frontales masivos en el Donbás. Un análisis del ISW basado en datos de la iniciativa ucraniana I Want to Live encontró una relación de un ruso muerto por cada tres heridos, frente a la de uno a cinco, y hasta uno a nueve, de los estándares occidentales. Las estimaciones del CSIS de 2025, con 250.000 muertos y 700.000 heridos, van en la misma línea. Para esos analistas, muchos heridos rusos mueren en el terreno, y por eso es más urgente reponer las bajas.

El segundo factor, que señalan especialistas como Janis Kluge, es que el reclutamiento voluntario a base de dinero se está agotando. Al comienzo de la guerra, en 2022, no había un bono unificado y los salarios base rondaban los 2.000 dólares al mes, una cifra baja que obligó a la movilización parcial de 300.000 civiles. A fines de 2023, se creó un bono federal de bienvenida que, sumado a los regionales, promediaba entre 4.000 y 6.000 dólares y permitió firmar 490.000 contratos en el año. A fines de 2024, con más bajas, Putin duplicó el bono federal, hasta unos 4.000 dólares, y el paquete de entrada llegó a 15.500 dólares, con 440.000 soldados incorporados.

En 2025, los datos presupuestarios federales indican unos 360.000 contratos, mientras las regiones competían por subir sus pagos. Hoy el pago regional promedio por contrato está entre 21.400 y 22.600 dólares, un 30% más que a mediados de 2025, con máximos de 40.400 dólares en Volgogrado.

Aun así, según los cálculos de Kluge, señalan que entre enero y agosto de 2026 se firmaron 234.000 contratos, un 10% menos que en 2025 y el nivel más bajo en tres años: unos 30.000 por mes, monto que no alcanza a cubrir las bajas. La inteligencia occidental estima que las pérdidas superan al reclutamiento en unos 6.000 hombres por mes.

Para pagar, las regiones recortan otros gastos: Yakutia postergó la actualización de los salarios públicos y Volgogrado canceló un festival juvenil. De ahí el argumento de que la única forma sostenible de reponer las bajas sería preparar al Estado para movilizar por obligación la Reserva General, algo que, según esa lectura, también haría falta para mantener la ofensiva. Macron lo resumió al decir que Moscú está dispuesto a mayores sacrificios para tomar todo el Donbás.

La otra opción es reclutar fuera de Rusia. Según datos de septiembre del proyecto estatal ucraniano I Want to Live, uno de cada diez prisioneros de guerra en manos de Ucrania es extranjero, y hay combatientes de 55 países. El mismo proyecto documenta que cerca de 29.000 extranjeros firmaron contratos con las fuerzas rusas desde 2022, y que el Ministerio de Defensa ruso planeaba reclutar otros 18.500 en 2026.

Según la inteligencia militar ucraniana y la organización Truth Hounds, los desgloses parciales identifican a más de 13.000 de Asia Central (sobre todo de Uzbekistán y Tayikistán), cerca de 3.000 de África, más de 1.800 del sur de Asia (como Nepal y la India) y más de 1.500 de América Latina, con casos de Cuba, Perú, Colombia, Panamá y Argentina.

Aunque en las comunicaciones internas se los trate como un recurso secundario, el ejército ruso los usa como fuerza de choque, con la misma lógica de contener el desgaste que aplica a sus propias tropas.

Aparte están los soldados de Corea del Norte. Según el general Vadym Skibitskyi, subjefe de la inteligencia militar ucraniana, unos 25.000 norcoreanos pasaron por el ejército ruso, hoy hay unos 8.500 en Kursk (400 de ellos operadores de drones y unos 1.000 ingenieros y zapadores) y Putin podría pedir hasta 50.000 más en septiembre. Zelenski habló de entre 30.000 y 50.000, y Pionyang lo desmintió. El ISW evalúa que esas tropas cubrirían la retaguardia y dejarían libres a más soldados rusos. Moscú no admite cifras de reclutamiento ni de bajas de combatientes extranjeros y mantiene una política de silencio.

Frente a estos empujes hay frenos, y el primero es la capacidad. Los analistas del ISW y del Conflict Intelligence Team sostienen que un ejército no puede movilizar más hombres de los que puede vestir, alimentar, armar y entrenar. El GUR calcula que, con la experiencia de 2022, Rusia podría formar hasta 100.000 reclutas por mes, con entrenamientos de 15 a 60 días, y cree que su logística y la corporación estatal Rosrezerv puede sostener a los movilizados, aunque en 2022 faltaron uniformes y equipo.

Por eso, incluso si fuera correcta la información ucraniana sobre una eventual necesidad de 800.000 hombres, esa cifra no significa que Rusia pueda transformarlos en combatientes eficaces en cuestión de semanas. Los escépticos advierten que pasar de los 300.000 por ola colapsaría el suministro médico, la munición y los instructores.

Ivashchenko estimó que el sistema ruso puede absorber simultáneamente entre 300.000 y 500.000 nuevos reclutas y que Rusia compensara por ahora buena parte de sus pérdidas con los mecanismos actuales. El ISW llegó a una conclusión similar y señaló que una convocatoria de 800.000 hombres desbordaría las capacidades de entrenamiento, administración e integración de las Fuerzas Armadas.

Esta es una de las razones por las que, si Putin decide aumentar la movilización, podría hacerlo de manera escalonada. En lugar de una sola convocatoria gigantesca, Moscú puede distribuirla entre distintas regiones, aumentar la presión sobre potenciales voluntarios, utilizar reservistas para tareas defensivas y liberar soldados profesionales para el frente. La fórmula tendría, además, una ventaja política: reduciría la visibilidad de la movilización y evitaría que cientos de miles de familias recibieran al mismo tiempo una orden de incorporación.

El antecedente de 2022 explica por qué esto importa tanto para el Kremlin. Cuando Putin anunció la movilización de 300.000 reservistas en septiembre de aquel año, generó protestas y un éxodo de hombres en edad militar. Reuters informó entonces que cientos de miles de personas abandonaron Rusia a través de países como Georgia, Armenia y Kazajistán, mientras más de 2.000 fueron detenidas durante protestas contra la movilización. Las imágenes de las fronteras y los aeropuertos se repitieron ante los rumores de una nueva movilización en la previa a las últimas elecciones.

El segundo freno lo describe un informe del centro de análisis Riddle Russia: movilizar a más de medio millón de personas provocaría dos cortocircuitos internos. El primero es la mano de obra. Sacar a cientos de miles de hombres jóvenes de sus trabajos frenaría fábricas civiles y de armamento que ya sufren falta de personal técnico. El segundo es político. Los analistas ven bajo el riesgo de protestas masivas, dada la fuerte represión estatal, pero una leva muy grande que llegue a las clases medias de Moscú o San Petersburgo debilitaría la estabilidad del régimen.

Por eso el Kremlin intentó durante años que la mayor parte del costo humano recayera sobre voluntarios de regiones periféricas y sectores sociales con menor capacidad de presión política. El ISW señaló que Moscú concentró buena parte de sus esfuerzos de reclutamiento en regiones con grandes minorías étnicas, y podría intentar proteger a zonas políticamente más sensibles a una futura movilización amplia. Esa estrategia no elimina el costo político, pero permite distribuirlo de manera desigual.

El tercer freno es el dinero, y afecta a las dos opciones: mantener los bonos de reclutamiento ya es caro y una movilización también lo sería. En 2022 Rusia destinó unos 65.000 millones de dólares a defensa, el 3,6% de su Producto Interno Bruto (PIB). En 2023 presupuestó unos 67.000 millones. En 2024 el gasto subió un 68% en rublos, hasta unos 112.000 millones de dólares, el 6,0% de la economía, según Bloomberg. En 2025 se presupuestaron unos 160.000 millones para defensa nacional, y el Instituto Internacional de Estocolmo (SIPRI) estima el gasto militar total en 190.000 millones, el 7,5% del PIB; defensa y seguridad interna suman cerca del 40% del presupuesto federal.

Según documentos a los que accedió Reuters, para 2027 el Kremlin planea gastar unos 202.580 millones, un 27% más que los cerca de 160.000 millones presupuestados originalmente y la cifra más alta desde el inicio de la invasión. Para 2026 planificó unos 143.000 millones, pero el gasto real es secreto.

El resto de las cuentas confirman el dilema. Según esos documentos, el gobierno duplicó su estimación de déficit fiscal para 2026, del 1,6% al 3,2% del PIB, y bajó su previsión de ingresos por petróleo y gas de unos 105.000, a unos 90.000 millones de dólares.

Para cubrir el bache aumentará su endeudamiento neto un 26%, hasta unos 58.000 millones de dólares, y gastará unos 5.400 millones del Fondo de Bienestar Nacional, cerca del 11% de su parte líquida. La deuda estatal pasaría del 19,9% del PIB en 2026 al 21,7% en 2027.

Tampoco sería correcto describir esto como una crisis de insolvencia. La deuda pública rusa sigue siendo relativamente baja en comparación con muchas economías occidentales. Los documentos presupuestarios prevén que pase de 19,9% del PIB en 2026 a 21,7% en 2027.

El problema es otro: financiar simultáneamente una guerra prolongada, una economía recalentada y una estructura militar cada vez mayor, obliga a pagar un precio creciente en inflación, intereses, impuestos y disponibilidad de trabajadores.

Para financiarse, el Ministerio de Finanzas propuso subir el IVA del 20% al 22%, gravar los ingresos pasivos y el comercio electrónico, y crear un impuesto del 30% a las ganancias extraordinarias de las mineras y metalúrgicas (20% para el oro), que recaudaría unos 2.400 millones de dólares al año, apenas una porción de los 42.700 millones añadidos de gasto militar.

Analistas del CEPA señalan que Rusia solo puede endeudarse dentro del país y a tasas de dos dígitos, lo que alimenta la inflación. Economistas de Riddle Russia y del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) advierten además que la capacidad productiva se agota: la industria carece de mano de obra técnica, por la fuga de profesionales y el envío de jóvenes al frente, y no consigue maquinaria de alta precisión por las sanciones occidentales.

Todo esto ocurre en un frente que no premia la espera. Según el Tercer Cuerpo del Ejército ucraniano, la Operación Vivaldi, en el sector de Lyman, al norte de Donetsk, ya puso bajo su control unos 125 kilómetros cuadrados, 50 de ellos liberados de la ocupación rusa.

En el último año Rusia avanzó en promedio unos 190 kilómetros cuadrados por mes según DeepState (unos 170 según el ISW), pero en las últimas cuatro semanas su ganancia cayó a unos 100 según DeepState y a prácticamente cero según el ISW, mientras Ucrania recuperaba aldeas como Shandryholove, Derylove y Seredne.

Eso puede empujar a Putin en dos direcciones: si considera que el ritmo de pérdidas impide alcanzar sus objetivos, necesitará más hombres; si entiende que una movilización masiva no resolverá las carencias de entrenamiento, drones, mando y logística, puede optar por atenuar sus ofensivas y proponer una guerra más lenta mientras reconstruye sus unidades.

Por eso, la cuestión no es cuántos reservistas tiene Rusia, —los dos millones que suelen aparecer en algunos análisis no constituyen una fuerza inmediatamente movilizable— sino cuántos hombres puede incorporar, equipar, entrenar y enviar al frente sin afectar la producción de armas, las finanzas y la estabilidad interna.

Putin todavía puede aumentar los bonos, reclutar en regiones menos sensibles, recurrir a extranjeros y tropas norcoreanas, extender el servicio o aplicar convocatorias parciales y encubiertas. Ninguna opción es gratuita, todas implican un costo político menor que repetir el shock de la movilización de septiembre de 2022.

Putin tiene hoy 2,44 millones de plazas, millones de reservistas en sus casas y un frente que consume unos 40.000 hombres por mes. Lo que falta no son casilleros: es decidir cuánto está dispuesto a pagar por llenarlos.

Movilizar la Reserva General significa arriesgar la economía y la estabilidad política. No hacerlo significa arriesgarse a ceder terreno en una guerra que Moscú pensó corta y que se alarga. Un decreto no resuelve ese dilema: solo deja los casilleros preparados. Falta ver si el Kremlin se anima a jugar su última carta al llenarlos, con todas las consecuencias que pueden traer para el futuro ruso. Y para su estabilidad en el cargo.