Ante la obsesión por emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, es preciso analizar si hoy es realmente necesario y cómo esto afecta a su misión principal, que es enfrentar amenazas externas.
Por Santiago Rivas
En estos días en la Argentina se está debatiendo el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, planteándose su necesidad ante la violencia que existe en la ciudad de Rosario por el accionar de bandas criminales, principalmente dedicadas al narcotráfico. El pasado 13 de febrero analizamos el marco legal existente, las necesidades de reformas y la urgencia o no de que hoy se emplee el poder militar para combatir a la inseguridad (https://www.pucara.org/post/la-argentina-necesita-a-sus-fuerzas-armadas-en-tareas-de-seguridad). Sin embargo, es preciso seguir analizando este tema, dado que el actual gobierno ya no solo apunta a que las Fuerzas Armadas cumplan un rol de apoyo logístico, como está previsto en la Ley de Seguridad Interior, sino que se creen unidades específicas que actúen básicamente como fuerzas policiales, desvirtuando la misión de las Fuerzas Armadas.
En una conferencia dada por los ministros de Defensa, Luis Petri, y de Seguridad, Patricia Bullrich, el pasado 21 de marzo, el ministro de Defensa planteó “estamos modificando la Ley de Seguridad Interior para permitir que las fuerzas armadas puedan intervenir y realizar operaciones de seguridad interior, en el supuesto de terrorismo, como patrullajes, control de personas y vehículos, control de instalaciones y aprehensión en flagrancia a aquellas personas que cometen delitos”.
El primer punto por tomar en cuenta es que, si bien la situación de Rosario es muy complicada y tiene la más alta tasa de homicidios de la Argentina, también es cierto que en los últimos años hubo una total inacción por parte de los gobiernos nacional y provincial, donde prácticamente no se hizo nada contra las bandas criminales y las instituciones del gobierno provincial fueron de a poco cooptadas por los criminales.
Si bien en 2023 hubo un total de 259 homicidios, según indicó el propio presidente Javier Milei en su discurso de apertura de sesiones en el Congreso Nacional el 1º de marzo pasado, con el despliegue de fuerzas federales desde diciembre pasado, “en Rosario se logró disminuir en dos meses casi un 60% el homicidio doloso en la vía pública en las zonas controladas por las fuerzas federales”. Según indicó el ministro de Defensa el pasado 21 de marzo, en los primeros dos meses y medio de 2023 hubo 70 homicidios, mientras que en el mismo período en 2024 hubo algo más de 30. Esta importante reducción se alcanzó con un pequeño despliegue de fuerzas de seguridad federales y una mínima actividad de inteligencia criminal, ya que es un área que había sido desmantelada por el gobierno anterior, lo cual indica que la situación ya estaba comenzando a ser controlada solamente con el empleo de Fuerzas de Seguridad y sin participación de las Fuerzas Armadas. Siendo que el delito ha venido disminuyendo marcadamente con un pequeño despliegue, es difícil justificar el empleo de las Fuerzas Armadas, el cual según la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior, en su artículo 31, “las Fuerzas Armadas serán empleadas en el restablecimiento de la seguridad interior dentro del territorio nacional, en aquellos casos excepcionales en que el sistema de seguridad interior descripto en esta ley resulte insuficiente a criterio del Presidente de la Nación para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 2º”. Además, esto solo podría ocurrir si se declara previamente el estado de sitio. Hoy, los hechos demuestran que el sistema de seguridad interior no resulta insuficiente, ya que no se lo está empleando en su totalidad.
En su justificación, la ministra de seguridad, que pareciera tener una obsesión con el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, ha comparado la situación de Rosario con otros países de América Latina, cuando la realidad es sumamente distinta. Si bien la Argentina debe adaptar su marco legal para estar preparada para actuar en casos de terrorismo o si en algún momento se llegara a dar una situación como la que hoy ocurre en países como México, Ecuador o Colombia, la realidad es que hoy la nación está sumamente lejos. Como ejemplo, en México en 2022 hubo casi 100 homicidios por día, contra menos de 6 en toda la Argentina. En este sentido, en la reunión que Bullrich tuvo en febrero pasado con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, éste le destacó que la situación en Argentina es distinta a la de El Salvador. “Como el problema es más pequeño, el medicamento podría ser más pequeño. Yo creo que todos los países tienen diferencias y está claro que El Salvador no es el Reino Unido, lo mismo se pudiera decir que El Salvador tampoco es la Argentina. Hay diferencias, incluso el problema de seguridad de la Argentina, que existe, no es tal vez tan apremiante como lo era en El Salvador y, por ende, las medidas que pueden ser compartidas de nuestra parte, de repente no necesitan ser tan drásticas”.
Hoy, la situación en Rosario no hace necesario el despliegue de las Fuerzas Armadas, ni en tareas logísticas (las Fuerzas de Seguridad tienen capacidad suficiente) ni mucho menos realizando patrullajes o controles, ya que, como se ve en las cifras de homicidios, la situación ha mostrado una notable mejoría desde comienzos de año y solo un mayor trabajo de las Fuerzas de Seguridad y de inteligencia criminal podría estabilizar aún más la situación, a lo cual también acompañaría una mejora en la situación económica del país, ya que la criminalidad también es fruto del crecimiento de la pobreza y marginalidad en los últimos años.
Volcar a las Fuerzas Armadas, que cobran salarios miserables, a combatir delitos comunes, implica también exponerlas a ser corrompidas, como ya lo han sido muchas fuerzas de seguridad provinciales y como ocurre normalmente en todos los países que han empleado a sus Fuerzas Armadas en misiones de seguridad. A esto hay que agregar que ninguno de los países latinoamericanos que sacó a sus tropas a cumplir tareas de seguridad logró resultados positivos. Incluso en el caso de El Salvador, si bien las Fuerzas Armadas han colaborado, el grueso del trabajo corrió por cuenta de la Policía Nacional Civil y los servicios de inteligencia, así como de cárceles más seguras, mejoras en el aparato legal y el poder judicial.
El segundo punto central es que no alcanza solo con modificar el Decreto 727 que reglamenta la Ley de Defensa Nacional, ni cambiar dicha ley ni la de Seguridad Interior, sino que se debería generar un marco legal que incluya la manera en que se juzgará el accionar del personal militar y donde la principal responsabilidad recaiga en el sector político que ordena el accionar, para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en la década de 1970, cuando fue un gobierno constitucional el que ordenó a las Fuerzas Armadas “aniquilar” el accionar terrorista, pero fue luego el personal militar el único responsabilizado por lo sucedido.
Soldados o policías
El tercer punto es que hoy las Fuerzas Armadas tienen otras prioridades mucho más importantes que prestar un apoyo que las Fuerzas de Seguridad no necesitan, ya que por 40 años han sido desfinanciadas y hoy necesitan no solo reequiparse, sino que su personal debe dedicar todo su tiempo para entrenarse y adiestrarse para cumplir su misión principal, que es hacer frente a amenazas convencionales.
Lamentablemente, hay sectores políticos que creen que los militares “no hacen nada” o que si las Fuerzas Armadas no están en la calle están “paralizadas”, cuando la función del militar es entrenarse y adiestrarse de manera constante para estar preparados para actuar. Y esa preparación, junto con el equipamiento adecuado, es lo que permite cumplir la principal misión de las Fuerzas Armadas, que es la disuasión.
En este sentido, un punto preocupante es que se apunta a crear un batallón dedicado específicamente a tareas policiales, el que, como indicó el ministro de defensa, tendrá “recursos y armamento específico” (en noviembre pasado, un actual funcionario del gobierno, proveniente del PRO, había planteado en una reunión de equipos de La Libertad Avanza, la posibilidad de incorporar armamento no letal en las Fuerzas Armadas, ya anticipando estas medidas), lo cual implica que del ya ínfimo presupuesto de defensa, donde se debió cancelar el proceso de equiparación salarial con las Fuerzas de Seguridad debido a la falta de fondos, se deberán desviar recursos para comprar ese equipamiento, en desmedro de los programas prioritarios de reequipamiento que tienen las fuerzas.
Sin un importante aumento del presupuesto del Ministerio de Defensa, cualquier nueva misión que se asigne a las Fuerzas Armadas implicará que se les quite prioridad a las ya existentes. En un escenario en donde las fuerzas ya hace años no tienen capacidad para cumplir su misión, esta realidad solo significará un mayor deterioro.
Además, implicará reducir dotación de distintos regimientos para formar la nueva unidad, en tiempos en que todas las unidades tienen una menor dotación de personal de la necesaria, con regimientos que son más bien compañías reforzadas. El ministro Petri indicó que significarían “no más de 2000 efectivos”, lo cual es casi el 5 % del personal del Ejército.
Por otro lado, más allá de los tiempos que demandaría la aprobación de las nuevas leyes, la formación de dicha unidad hasta que esté totalmente operativa también llevaría varios meses y no podría estar disponible en 2024.
Actualmente, el gobierno deberá enfrentar primero el debate en el parlamento, donde ya la propia vicepresidente de la nación y presidente de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel, en la noche de ayer, 21 de marzo, volvió a explicitar su rechazo a la idea de que las Fuerzas Armadas cumplan tareas de seguridad: “No estoy de acuerdo, lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo. La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo había quedado claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió al terrorismo, ¿dónde están los que lo combatieron? Presos”. Además, se suma el profundo malestar en las Fuerzas Armadas ante esta idea, desde sus cúpulas hasta, especialmente, los cuadros de menor jerarquía, no solo porque no ven un marco legal acorde, sino porque entienden que no es su misión, que hacerlo les impedirá prepararse para su misión principal y que hoy no existe la necesidad de que salgan a la calle a actuar como policías. Este será otro escollo para superar y, en el mejor de los casos, se logrará que acepten a desgano la medida, generando más malestar en el personal militar, que se verá cumpliendo misiones que nada tienen que ver con su razón de ser.
