Rusia acelera su “operación híbrida especial” contra la OTAN europea
- Ignacio Montes de Oca
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Por Ignacio Montes de Oca
Dos apagones en un solo día. Ese fue el mensaje que recibió Alemania el 1 de septiembre de 2026, la misma jornada en que Berlín señaló oficialmente a Rusia como responsable de un ataque híbrido contra su territorio. Por la mañana, varios artefactos incendiarios fueron hallados junto a una subestación eléctrica de Brandeburgo, cerca de la central de carbón de Jänschwalde. Por la tarde, otro sabotaje alcanzó instalaciones eléctricas en Bergheim y obligó a desconectar cinco unidades de generación de lignito de RWE.
Las autoridades aún investigan ambos episodios y no han establecido que Rusia esté detrás de ellos. Sin embargo, la coincidencia fue especialmente inquietante: mientras Alemania examinaba nuevos ataques contra su infraestructura energética, el Gobierno confirmaba que Moscú estaba detrás del intento de atacar con drones un avión de carga ucraniano en el aeropuerto de Leipzig/Halle. El incidente había ocurrido durante la noche del 4 al 5 de agosto; ninguno de los artefactos llegó a detonar, pero su presencia dentro de una zona aeroportuaria protegida elevó el episodio por encima de un simple sobrevuelo.
El objetivo no sería provocar una guerra abierta con la Alianza, sino desgastar, encarecer, intimidar y dividir a los países que sostienen a Ucrania. El cálculo es especialmente atractivo para Moscú porque permite obtener efectos estratégicos con recursos muy inferiores a los necesarios para una operación militar convencional y, al mismo tiempo, conservar una capa de negación que dificulta la respuesta occidental.
Conviene explicarlo en términos sencillos. Un vecino hostil no necesita entrar a golpes en una casa para volverla inhabitable: puede cortar el cable de internet, provocar un incendio, sobrevolarla con un dron y luego negar cualquier responsabilidad. Aislado, cada episodio permite una explicación alternativa. El patrón aparece cuando los hechos se repiten durante años y se concentran sobre los mismos sectores: transporte, energía, comunicaciones, logística militar, industria de defensa y, cada vez más, las personas que dirigen esas empresas. Eso es lo que ha comenzado a ocurrir en Europa desde la invasión de Ucrania.
La cronología comienza con episodios que todavía podían confundirse con delincuencia común. En octubre de 2022 fueron cortados cables de comunicación ferroviaria en Berlín y Renania del Norte-Westfalia, lo que paralizó el tráfico durante horas. Después llegaron los daños a cables submarinos del Báltico y, en diciembre de 2024, la ruptura del Estlink 2 entre Finlandia y Estonia, protagonizada por el petrolero Eagle S, vinculado a la llamada flota en la sombra rusa. El buque arrastró su ancla durante decenas de kilómetros. El caso expuso una ventaja central de esta clase de guerra: demostrar quién produjo físicamente un daño puede ser relativamente sencillo; probar ante un tribunal que actuó de manera deliberada y por orden de un Estado es mucho más difícil.
En julio de 2024 se produjo un salto cualitativo. Paquetes con dispositivos incendiarios enviados desde Lituania explotaron en centros logísticos de DHL en Leipzig y Birmingham, mientras que otro artefacto fue interceptado en Polonia. Investigadores occidentales atribuyeron la operación a agentes vinculados al GRU y la interpretaron como una posible prueba para introducir dispositivos incendiarios en aviones de carga. Los artefactos estaban ocultos dentro de cojines masajeadores. No hacía falta una gran explosión: bastaba con demostrar que una cadena logística internacional podía ser penetrada desde dentro.
En enero de 2025, la OTAN respondió creando Baltic Sentry, con fragatas, aviones de patrulla y drones destinados a proteger la infraestructura submarina del Báltico. El reconocimiento era explícito: cables, gasoductos, puertos, rutas marítimas y redes energéticas habían dejado de ser únicamente infraestructura civil. Formaban parte de un nuevo campo de confrontación en el que Europa debía proteger sus activos sin disponer siempre de pruebas suficientes para identificar al atacante.
Entonces apareció una segunda fase, mucho más ligada a la guerra de Ucrania: los ataques, o intentos de ataque, contra la industria de defensa.
El cambio responde a una lógica económica. Europa está aumentando el gasto militar y ampliando la producción de municiones, drones, vehículos, sistemas de defensa aérea y componentes electrónicos para reponer sus propias reservas y sostener a Ucrania durante una guerra prolongada. Para Moscú, impedir o demorar ese proceso puede resultar más valioso que destruir una instalación concreta. Una fábrica paralizada durante semanas no solo deja de producir una cantidad determinada de material: también genera retrasos contractuales, mayores costos de seguridad, problemas con proveedores, primas de seguro más altas y la necesidad de trasladar producción a otras plantas. Así, un ataque barato puede provocar un daño económico multiplicado.
Eso explica por qué algunos de los objetivos más sensibles de los últimos años fueron compañías integradas en la cadena militar europea. En 2024, un incendio en una instalación de Diehl en Berlín —fabricante del sistema antiaéreo IRIS-T utilizado por Ucrania— despertó sospechas de sabotaje ruso, aunque esa hipótesis no quedó establecida judicialmente. Algo similar ocurrió con una explosión en una planta de BAE Systems en Gales: la instalación estaba vinculada a la producción de armamento, pero la investigación de la compañía no halló evidencias de sabotaje. La distinción importa. No todo incendio en una fábrica de armas puede atribuirse a una operación rusa, incluso cuando sus consecuencias favorezcan al Kremlin.
Otros episodios presentan indicios más preocupantes. Bulgaria sufrió explosiones en depósitos de municiones de EMCO, una empresa vinculada a la producción y comercialización de armamento, y las investigaciones posteriores contemplaron la hipótesis de una intervención rusa. En 2026, la secuencia se acercó todavía más al núcleo tecnológico de la guerra. En Estonia, un incendio en instalaciones utilizadas por Milrem Robotics, fabricante de sistemas terrestres no tripulados, fue considerado deliberado y las autoridades investigan un posible sabotaje. Tres sospechosos fueron detenidos en Letonia y entregados a las autoridades estonias, aunque hasta ahora no existe evidencia suficiente para atribuir la operación a Moscú. La propia empresa aseguró que el incendio no afectó su producción ni sus entregas a Ucrania.
En Eslovaquia, las autoridades frustraron además un intento de incendio contra una planta de Skyeton, fabricante ucraniano de drones. La policía detuvo a varios sospechosos y estudia si el episodio forma parte de una campaña de sabotaje vinculada a Rusia. El hecho resulta relevante porque muestra otra característica del método: no siempre es necesario que el ataque tenga éxito. El simple intento obliga a una empresa militar a incrementar su seguridad y demuestra que el atacante ha conseguido penetrar sus defensas.
El caso más reciente resulta todavía más significativo. El 31 de agosto, un incendio destruyó parte de las instalaciones de WB Electronics en Skarżysko-Kamienna, Polonia. La empresa produce componentes para sistemas no tripulados, drones, municiones merodeadoras, sistemas de control de tiro y comunicaciones militares. Sus drones FlyEye y Warmate son utilizados por las fuerzas ucranianas. Después de determinar que el fuego había sido provocado deliberadamente mediante un dispositivo con material inflamable, la fiscalía polaca abrió una investigación por terrorismo y por participación en actividades de un servicio de inteligencia extranjero. Los daños fueron estimados inicialmente en al menos 15 millones de zlotys.
El episodio es especialmente revelador porque ocurrió en una empresa que no solamente fabrica armas, sino que forma parte del ecosistema industrial que permite a Polonia y Ucrania desarrollar una guerra basada cada vez más en drones. Ya no se trata de cortar el camino por el que viajan las armas. El objetivo potencial es afectar el lugar donde esas armas son diseñadas, ensambladas y producidas.
La evolución no termina en las fábricas. En julio de 2024, Estados Unidos y Alemania descubrieron un supuesto plan ruso para asesinar a Armin Papperger, director ejecutivo de Rheinmetall, uno de los mayores fabricantes europeos de armamento y uno de los principales proveedores de Ucrania. El complot fue frustrado después de que los servicios estadounidenses alertaran a Alemania y las autoridades reforzaran la protección del empresario. Según Reuters, el plan formaba parte de una operación más amplia dirigida contra ejecutivos de empresas de defensa europeas que apoyaban el esfuerzo bélico ucraniano.
En 2026 apareció un segundo caso particularmente inquietante. Stefan Thumann, fundador de la empresa alemana de drones Donaustahl, fue advertido por los servicios de seguridad de que era objetivo de un supuesto plan de asesinato. Según fuentes de seguridad citadas por la televisión pública alemana, había sido vigilado y existían indicios de que agentes rusos podían estar detrás del complot. Las autoridades consideraron el riesgo lo bastante serio como para recomendar que el empresario permaneciera oculto.
El paso de las instalaciones a los ejecutivos modifica el cálculo. Destruir una fábrica requiere introducir un explosivo. Intimidar a su director puede requerir mucho menos. Si un empresario tiene que contratar seguridad permanente, modificar sus desplazamientos o esconderse, el Estado agresor ya ha conseguido parte de su objetivo sin necesidad de disparar un solo tiro.
Detrás del sabotaje físico existe otra capa, menos visible: el ciberespacio. Una operación contra una fábrica puede comenzar mucho antes del incendio, con la penetración de sus redes informáticas. Los atacantes pueden buscar planos, horarios, proveedores, inventarios, sistemas de seguridad, cámaras y turnos de trabajadores. El ciberespionaje proporciona así la información necesaria para seleccionar el objetivo físico. La secuencia potencial es espionaje, intrusión informática, identificación de vulnerabilidades y, finalmente, sabotaje. La guerra híbrida no obliga a elegir entre un ataque digital y uno físico: obtiene su eficacia al combinarlos.
Lo mismo ocurre con los ejecutores. Rusia no necesita enviar agentes uniformados. Puede reclutar intermediarios mediante redes sociales, canales clandestinos o círculos delictivos y pagar a personas sin vínculo ideológico con Moscú. La cadena puede reducirse a un servicio de inteligencia, un intermediario, un delincuente y un incendio. Cuantos más eslabones contiene, más difícil resulta demostrar judicialmente quién dio la orden. Esa distancia ofrece al Kremlin una ventaja adicional: no necesita convencer a todos de su inocencia; le basta con impedir que su culpabilidad pueda probarse de manera concluyente.
Aquí aparece uno de los componentes decisivos de la estrategia: la prueba de límites. Cada operación permite a Moscú medir la respuesta europea. Si aparece un dron sobre una base, observa la reacción de las defensas aéreas. Si se corta un cable, mide la respuesta política. Si arde una fábrica, comprueba cuánto tarda la investigación. Si amenaza a un empresario, registra si la compañía modifica sus planes. Si intenta atacar un avión y falla, descubre hasta dónde puede avanzar antes de provocar una respuesta colectiva. La guerra híbrida funciona, también, como un laboratorio para medir la voluntad política de la OTAN.
En un contexto más amplio, acotar las acciones a los componentes europeos de la OTAN en un escenario en el que la Casa Blanca agita el fantasma de su ruptura con el resto de la alianza atlántica, también le sirve para calibrar el compromiso de EEUU en caso de un derrape militar.
Eso explica por qué el momento actual puede ser más peligroso que los primeros años de la invasión. Europa está rearmándose y Rusia tiene un incentivo para retrasar ese proceso antes de que alcance su máxima escala. La guerra de Ucrania ha demostrado el valor de la producción masiva de drones, municiones y sistemas electrónicos. Europa está intentando convertir esa experiencia en una capacidad industrial permanente. Para Moscú, sabotear una planta hoy puede tener más valor estratégico que destruir el mismo número de armas mañana en el campo de batalla.
La dimensión política completa el mecanismo. Si los sabotajes afectan infraestructura, fábricas, logística y empresas que ayudan a Ucrania, el efecto puede exceder ampliamente el daño material. Una sociedad sometida a apagones, amenazas terroristas, drones sobre aeropuertos y ataques contra empresas puede comenzar a preguntarse si el costo de apoyar a Kyiv es demasiado elevado. En ese punto aparece la segunda mitad de la operación: mientras Rusia genera problemas, los movimientos que proponen reducir la confrontación pueden presentarse como la vía para recuperar la normalidad.
Más difícil de atribuir al azar es el contexto político de estos ataques. El doble sabotaje del 1 de septiembre de 2026 ocurrió días antes de tres elecciones regionales alemanas, incluida la de Sajonia-Anhalt, donde Alternativa para Alemania (AfD) lideraba las encuestas y podía llegar al poder. AfD y la Alianza de Sahra Wagenknecht (BSW) promueven frenar la ayuda militar a Ucrania y levantar las sanciones a Rusia. Ningún fiscal ha probado un vínculo directo entre los sabotajes y la campaña, pero el momento encaja con la “maniobra de pinza” descrita por analistas europeos: el miedo y el caos erosionan a los gobiernos que apoyan a Kyiv, mientras los partidos que prometen reducir la confrontación con Moscú capitalizan ese desgaste, a veces con financiamiento o respaldo mediático que investigaciones periodísticas y parlamentarias vinculan al Kremlin.
La pinza no es nueva ni exclusiva de Alemania. El Parlamento Europeo denunció, en una resolución aprobada por más de 400 votos, el reclutamiento de eurodiputados como agentes de influencia rusos y exigió a AfD revelar sus vínculos financieros con Moscú, tras conocerse que un asistente del partido contactó a un coronel del FSB en busca de apoyo económico. El caso Voice of Europe, plataforma acusada de pagar a políticos para difundir narrativas prorrusas, alcanzó a varios eurodiputados. En Francia, el préstamo de once millones de euros de un banco ruso al FN de Marine Le Pen —hoy Rassemblement National— sigue bajo investigación parlamentaria. Según el grupo Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo, el FPÖ austríaco, la Lega italiana y el Fidesz húngaro también presionaron contra las sanciones mientras recibían crédito o respaldo político de Moscú.
El patrón se repite fuera de Alemania con una nitidez incómoda. En Rumania, el candidato ultranacionalista y prorruso Călin Georgescu ganó por sorpresa la primera vuelta presidencial de noviembre de 2024 tras una campaña impulsada por una ola de vídeos coordinados en TikTok que el Tribunal Constitucional rumano consideró evidencia de interferencia de Moscú. El tribunal anuló la elección. Georgescu fue finalmente excluido de la repetición electoral en marzo de 2025 y se retiró de la política en mayo, tras la victoria del candidato proeuropeo Nicușor Dan. En Moldavia, la presidenta Maia Sandu denunció que Rusia había gastado cientos de millones de euros en un intento de comprar votos, financiar desinformación y organizar disturbios antes de las elecciones parlamentarias de septiembre de 2025; las autoridades moldavas detuvieron a 74 personas por un presunto plan de motines coordinado desde Moscú apenas días antes de los comicios. El partido proeuropeo ganó, pero con un margen mucho más estrecho que cuatro años atrás, y el propio Kremlin, a través del canciller Serguéi Lavrov, calificó la votación de fraudulenta.
A partir de allí se detecta una contradicción geopolítica de fondo. La Unión Europea endurece su discurso y anuncia prohibiciones a largo plazo, pero al mismo tiempo sigue absorbiendo flujos comerciales multimillonarios de Rusia. En el primer semestre de 2026 importó un récord de casi diez millones de toneladas de GNL ruso, además de fertilizantes, hierro, acero, níquel y uranio. El récord de GNL corresponde sobre todo a Yamal y que el grueso lo compraron Francia, Bélgica y España.
Esa dependencia estructural, que las sanciones y los planes de desconexión energética aún no han disuelto, limita la respuesta política: grupos empresariales y algunos gobiernos presionan contra medidas más radicales.
Eso es lo que puede convertir la guerra híbrida en una pinza. Por un lado, se genera miedo e incertidumbre. Por el otro, se ofrece políticamente una salida: reducir el apoyo a Ucrania, levantar sanciones y evitar la confrontación con Moscú. No hace falta que Rusia controle directamente a un partido europeo para beneficiarse de esa dinámica. Basta con aumentar el precio político de la estrategia que quiere combatir.
La interferencia electoral forma parte del mismo ecosistema. Los casos de Voice of Europe, las redes de influencia vinculadas a Moscú y las operaciones de desinformación detectadas en Rumania y Moldavia demostraron que Rusia dispone de instrumentos para actuar sobre el debate político europeo. No todos los episodios tienen el mismo nivel de evidencia ni pueden colocarse en una misma categoría, pero juntos muestran que Moscú no necesita elegir entre propaganda, interferencia política y sabotaje físico. Puede emplearlos simultáneamente.
El gran peligro es que esta lógica termine provocando una escalada que nadie haya planeado. Mientras las operaciones permanecen por debajo del umbral de una guerra convencional, los gobiernos pueden discutir si se trata de espionaje, terrorismo, delincuencia o sabotaje. Pero ese cálculo cambia si un incendio mata trabajadores, si un dron destruye un avión con pasajeros o si un sabotaje eléctrico provoca víctimas. El problema de una guerra basada en la ambigüedad es que el atacante puede decidir cuánto riesgo acepta, pero no controla completamente las consecuencias.
Por eso las declaraciones de esta semana son importantes. Después de que Alemania atribuyera oficialmente a Rusia el ataque de Leipzig/Halle, Ursula von der Leyen dijo el 2 de septiembre que este tipo de incidentes se ha convertido en la “nueva normalidad” y advirtió que Europa entra en una “nueva era de seguridad”. La presidenta de la Comisión Europea sostuvo que la infraestructura cotidiana debe ser tratada como objetivo de primera línea y afirmó que la UE está preparada para aumentar la presión sobre Moscú. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, calificó a Rusia de “cada vez más temeraria” y aseguró que la Alianza debe disponer de las capacidades necesarias para enfrentar estas amenazas. La idea central es preventiva: si aeropuertos, redes eléctricas, cables y fábricas ya forman parte del frente, su protección no puede empezar después del ataque.
Kaja Kallas fue todavía más lejos: afirmó que el ataque de Leipzig tiene “todos los rasgos” de un acto de terrorismo patrocinado por un Estado y anunció que los ministros europeos discutirían nuevas medidas. La UE prepara nuevas sanciones contra integrantes del complejo militar ruso y, según Kallas, ya hay alrededor de 1.600 personas y entidades de ese entramado en tramitación o incluidas en la lista, con la posibilidad de sumar más. La precisión no es menor: se trata de un proceso de ampliación de sanciones, no de una nómina completamente nueva.
La respuesta europea muestra que algo ha cambiado. Durante 2022 y 2023 reinó la cautela: se hablaba de incidentes híbridos, posibles sabotajes y actividades no identificadas. Después llegaron los cables, los paquetes incendiarios, las incursiones de drones, los incendios en instalaciones militares, los intentos contra ejecutivos y ahora el ataque contra un aeropuerto utilizado por la logística vinculada a Ucrania. Alemania ha cerrado el consulado ruso en Bonn y terminado el acuerdo para el funcionamiento de la Casa Rusa en Berlín. La Unión Europea prepara nuevas sanciones y la OTAN ha vuelto a colocar la protección del territorio aliado en el centro de su agenda.
Nada de esto equivale todavía a una declaración de guerra. Y ese es precisamente el cálculo que vuelve peligrosa la estrategia. Cada operación puede mantenerse un escalón por debajo del umbral que obligaría a la OTAN a responder militarmente: un cable puede romperse por el ancla de un barco, una fábrica puede incendiarse por un accidente, un ejecutor puede ser un delincuente, un dron puede fallar y una subestación puede ser atacada por extremistas locales. La duda no es un efecto secundario de la estrategia. Es parte de ella.
El resultado es que Europa enfrenta cuatro guerras simultáneas. Una guerra militar contra Ucrania. Una guerra económica destinada a encarecer su apoyo a Kyiv. Una guerra política destinada a dividir a las sociedades occidentales. Y una guerra clandestina destinada a impedir que Europa transforme el rearme actual en una capacidad militar permanente.
El objetivo, por tanto, no es necesariamente destruir una fábrica, cortar un cable o provocar un apagón. Es demostrar que cualquiera de esos blancos puede ser alcanzado. Si Rusia logra que una empresa eleve sus costos de seguridad, que un ejecutivo tema por su vida, que una fábrica demore su producción, que un aeropuerto militarice su perímetro o que un gobierno destine más recursos a proteger infraestructura civil, ya habrá obtenido una parte del resultado buscado.
Europa está descubriendo que un país puede convertirse en campo de batalla sin que un ejército extranjero cruce su frontera. Una fábrica de armas puede ser atacada sin que caiga un misil. Un empresario puede convertirse en objetivo sin una declaración de guerra. Una elección puede ser influida sin que aparezca un soldado extranjero. Y una sociedad puede terminar pagando el costo de una guerra que, formalmente, se libra a más de mil kilómetros de sus fronteras.
La pregunta, entonces, ya no es quién encendió cada fuego. Es cuánto tiempo puede Europa absorber incendios, sabotajes, drones, amenazas, intrusiones y operaciones clandestinas antes de considerar que el conjunto constituye una agresión. Y hasta dónde quiere llegar con su respuesta para frenar el bullying antes que llegue al extremo inevitable del Artículo 5°.
Porque el pirómano no necesita firmar. Solo necesita quedarse mirando, impune, mientras el fuego avanza y calcula cuánto tardan los demás en apagarlo.
