‘Bendito Menor’ el primer gran golpe del nuevo gobierno Colombiano

La muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, en la Operación Centinela de la Patria, constituye mucho más que la neutralización de uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Su significado político, militar y estratégico debe analizarse en varias dimensiones, particularmente por la rapidez con la que se produjo, menos de un mes después de la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia, un objetivo que el propio mandatario convirtió en prioridad fue localizado y neutralizado en Riohacha, sosteniendo que desde el inicio del Gobierno se impartió la instrucción de concentrar los esfuerzos de la Fuerza Pública sobre este objetivo de alto valor.

La primera lectura es inevitable y el resultado cuestiona si durante los cuatro años anteriores el problema principal fue realmente una ausencia de capacidades o, en buena medida, la falta de una decisión política clara para emplearlas con una prioridad operacional definida. La respuesta, sin embargo, exige matices. No sería técnicamente correcto afirmar que las Fuerzas Armadas permanecieron completamente inactivas durante ese período ni que la neutralización de un objetivo de alto valor depende exclusivamente de una orden presidencial. Pero el hecho sí demuestra algo fundamental, y es que las capacidades esenciales de inteligencia, vigilancia, seguimiento, mando, coordinación interinstitucional y acción directa estaban disponibles y pudieron ser concentradas rápidamente cuando el nuevo Gobierno convirtió a “Bendito Menor” en una prioridad concreta.

La operación parece demostrar, por tanto, que la capacidad del Estado colombiano para perseguir objetivos de alto valor no había desaparecido. Lo que cambió fue la prioridad política y el nivel de concentración del esfuerzo. Según la versión oficial, la instrucción presidencial activó a la cúpula de la Fuerza Pública, al Ministerio de Defensa, a la Policía y a un comando especial de la DIJIN alrededor de un objetivo específico. Esa diferencia es sustancial, porque una organización armada ilegal puede ser objeto de operaciones permanentes, pero un resultado estratégico se vuelve más probable cuando inteligencia, medios técnicos, fuentes humanas y capacidad de intervención se integran bajo una misma prioridad de Estado.

También resulta relevante la participación de inteligencia estadounidense. Diversas informaciones publicadas sobre la operación señalan que agencias de Estados Unidos aportaron información que contribuyó a la localización del cabecilla. Aunque los detalles operacionales permanecen naturalmente reservados, el episodio confirma el valor que continúa teniendo la cooperación internacional para Colombia y, particularmente, la posibilidad de combinar capacidades nacionales con inteligencia técnica, análisis de comunicaciones y otros recursos de socios estratégicos. La captura reciente de un cabecilla del Tren de Aragua con apoyo de la DEA ya había mostrado una profundización de esa cooperación en materia de seguridad.

Las ACSN responden

Un elemento particularmente significativo fue el pronunciamiento posterior de las ACSN. La organización reconoció la muerte de “Bendito Menor”, admitió que su pérdida representa un golpe para la estructura y aseguró que no habría retaliaciones, al tiempo que llamó a mantener la calma. Ese lenguaje conciliatorio merece atención. No significa necesariamente que la organización haya perdido su capacidad de respuesta ni que haya abandonado sus actividades criminales, pero sí constituye una señal de que la neutralización de uno de sus hombres más visibles produjo un impacto suficiente para que su reacción pública inicial fuera de contención y no de escalamiento.

Desde la perspectiva militar, la operación tiene además un efecto psicológico. Durante años, la supervivencia prolongada de determinados cabecillas puede alimentar una percepción de impunidad e invulnerabilidad. La caída de un objetivo de alto valor, particularmente uno con una presencia pública tan visible, transmite el mensaje contrario y es que  la exposición, la movilidad y la capacidad de ocultamiento no garantizan seguridad cuando el Estado concentra sobre un individuo suficientes recursos de inteligencia y operación.

Para las Fuerzas Militares y la Policía, el resultado puede representar igualmente un punto de inflexión moral y doctrinal. No porque una sola operación modifique la situación de seguridad del país, sino porque demuestra que las capacidades acumuladas durante décadas —inteligencia, operaciones especiales, policía judicial, vigilancia técnica y cooperación internacional— continúan siendo instrumentos eficaces cuando existe una directriz política clara y un objetivo operacional preciso.

Para el nuevo Gobierno, la muerte de “Bendito Menor” es un triunfo temprano y, probablemente, uno de los primeros resultados visibles de su política de seguridad. Pero también crea una expectativa. Si la tesis gubernamental es que el Estado puede recuperar la iniciativa mediante operaciones sostenidas contra las principales estructuras criminales, el desafío será demostrar que este resultado no fue excepcional, sino el comienzo de una campaña sistemática. El éxito no puede medirse únicamente por el número de cabecillas neutralizados, sino por la capacidad de degradar estructuras, afectar sus finanzas, recuperar territorios y evitar que los mandos muertos sean rápidamente reemplazados.

¿Y la oposición?

Para la oposición, el golpe plantea un problema político complejo. Resultará difícil negar la importancia operacional de la neutralización de un cabecilla de alto nivel. Su margen de crítica se concentrará previsiblemente en los métodos, el lenguaje presidencial, las garantías jurídicas y la estrategia de seguridad en su conjunto. Pero la caída de “Bendito Menor” introduce una pregunta incómoda, pues si las capacidades del Estado permitieron localizar y neutralizar a este objetivo en cuestión de semanas, ¿por qué durante cuatro años no se produjo un resultado similar?

La respuesta no puede reducirse a una sola causa, recordando que las operaciones contra objetivos de alto valor dependen de oportunidades, errores del adversario y circunstancias que no siempre pueden ser creadas a voluntad. Pero tampoco puede ignorarse el elemento político, pues un Gobierno determina prioridades, asigna recursos, exige resultados y define el nivel de presión sobre las estructuras ilegales.

En ese sentido, la muerte de “Bendito Menor” tiene un significado que supera al individuo. Demuestra que el Estado Colombiano conserva capacidades importantes para identificar, seguir y golpear a objetivos de alto valor. La gran interrogante que deja abierta es si durante los últimos años esas capacidades fueron empleadas con la misma determinación, prioridad y voluntad política que ahora parece caracterizar al nuevo Gobierno.

La Operación Centinela de la Patria no resolverá por sí sola el problema de las ACSN ni la crisis de seguridad del Caribe colombiano. Pero sí envía una señal política y operacional contundente, al demostrar que cuando el Estado concentra inteligencia, cooperación internacional, capacidad de mando y voluntad política sobre un objetivo, los resultados pueden llegar con una velocidad que obliga a replantear muchas de las explicaciones sobre la supuesta pérdida de capacidad de la Fuerza Pública.

La verdadera prueba comenzará ahora. Neutralizar a “Bendito Menor” fue un golpe importante. Impedir que otro cabecilla ocupe su lugar, desarticular la estructura que lo sostenía y recuperar el control efectivo de los territorios donde operaba será lo que determine si esta victoria fue un hecho aislado o el primer resultado de una transformación real de la política de seguridad colombiana.