Rusia, la peste y el búmeran de los biolabs
Por Ignacio Montes de Oca
Un caso sospechoso de peste, surgido en un laboratorio ruso, encendió las alarmas y el reflejo de quienes atravesaron la pandemia de COVID y todavía recuerdan cómo empezó: una neumonía sin nombre claro y un parte oficial que no decía lo que temía decir. También trajo de vuelta una vieja acusación de Moscú contra Ucrania por presuntas armas biológicas. Los paralelos muestran, otra vez, qué pasa cuando la información llega tarde, editada o a medias.
En marzo de 2022, cuando la invasión de Ucrania acababa de comenzar, el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, aseguró ante el Consejo de Seguridad que Kyiv operaba una red de 30 laboratorios biológicos con apoyo del Pentágono. Las transcripciones de la ONU documentan su denuncia sobre experimentos destinados a crear armas biológicas con patógenos como peste, ántrax y cólera. No presentó pruebas, pero la acusación se convirtió en una de las tantas justificaciones del ataque ruso.
El extremo no lo inventó una red social. Lo puso en circulación el teniente general Igor Kirillov, jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica, en los briefings de aquel marzo: documentos de vigilancia veterinaria presentados como prueba de un complot para llevar patógenos hacia Rusia.
De ahí salió el catálogo que la propaganda del Kremlin llevó hasta el ridículo: palomas entrenadas para saber exactamente dónde estaban las zonas enemigas y esparcir los virus, patógenos que sabían distinguir nacionalidades para infectar específicamente a ciudadanos rusos y murciélagos convertidos en una variante biológica de los drones ucranianos. Nebenzia le recitó el mismo relato al Consejo de Seguridad. Pese al avance ruso, las instalaciones ocupadas nunca mostraron el programa de armas que Moscú había anunciado.
La maniobra funcionó porque no necesitó que Occidente creyera en las palomas. Le bastó una frase ambigua y gente dispuesta a repetirla. En una audiencia del Senado en marzo de ese año, la subsecretaria de Estado Victoria Nuland dijo que Ucrania tenía “instalaciones de investigación biológica” y que Washington trabajaba para que esos materiales no cayeran en manos rusas. Al día siguiente el Departamento de Estado aclaró que hablaba de laboratorios de diagnóstico y biodefensa, no de armas, y la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, recordó que cualquier laboratorio, incluso uno universitario, maneja materiales sujetos a control.
La aclaración no frenó la repetición. Activistas con acceso al círculo de poder estadounidense, entre ellas Laura Loomer, difundieron el esquema de los laboratorios como un hecho comprobado, ya sin el delirio de los murciélagos y ya con acento local. En junio de 2026, la en ese entonces directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, reabrió el expediente al desclasificar mapas de más de un centenar de laboratorios financiados por Washington, Ucrania incluida, y hablar de patógenos peligrosos. Los papeles mostraban cooperación sanitaria y riesgos de bioseguridad. No mostraban el arma que Kirillov había anunciado. Para entonces daba igual: la acusación ya no necesitaba al general ruso para seguir circulando.
Cuatro años y siete meses después, la muerte ocurrió dentro del sistema que Moscú presenta como seguro y defensivo: una técnica rusa falleció tras trabajar en un instituto creado precisamente para estudiar la peste. El episodio expone una paradoja difícil de ignorar: el país que reclamó inspecciones y explicaciones fuera de sus fronteras ofrece respuestas incompletas cuando la sospecha aparece dentro de las propias.
Repasemos los hechos: Daria Shipilova tenía 28 años y trabajaba en el Instituto Antipeste de Irkutsk, en Siberia. Según los reportes más recientes, el presunto accidente con una muestra habría ocurrido el 25 de septiembre; fue internada el 29 con una neumonía grave en la ciudad de Shelekhov, quedó conectada a un respirador y murió en la madrugada del viernes 2 de octubre. La secuencia temporal coincide en varios medios, aunque las autoridades todavía no confirmaron ni el accidente, ni la causa de la muerte.
El medio regional independiente Lyudi Baikala, citado por The Moscow Times, informó que Shipilova dijo al equipo médico que había roto un tubo de ensayo con bacterias de peste mientras recolectaba muestras. Los datos difundidos este domingo precisaron que fueron identificados 197 contactos y que 189 quedaron bajo observación en establecimientos sanitarios: 114 en un hospital, 63 en otro y 12 en el propio instituto antipeste. Hasta el último parte, ninguno presentaba síntomas y los análisis eran negativos. El hospital de Shelekhov fue puesto en cuarentena.
La reacción oficial fue, como mínimo, esquiva. Las autoridades de Irkutsk hablaron únicamente de una “infección particularmente peligrosa”. La agencia económica, bne IntelliNews, informó que el gobernador de la vecina Buriatia, Alexei Tsydenov, confirmó la muerte sin precisar de qué forma de peste se trataba. Según El Imparcial, primero escribió que la mujer había muerto de peste y luego modificó el mensaje para reducirlo a un caso “posible”. El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, afirmó por Telegram que los contactos no tenían síntomas y que sus análisis eran negativos, pero, de acuerdo con The Moscow Times, no mencionó la muerte.
La jefa de la sanidad rusa, Anna Popova, viajó más de 4.000 kilómetros desde Moscú para dirigir la respuesta, según El Financiero. La información publicada este domingo agregó que la cuarentena de varias clínicas de Irkutsk se extendería durante tres semanas, que se cancelaron actos públicos y que la planta de aluminio de Irkutsk, en Shelekhov, impuso el uso de mascarillas; vecinos también dijeron que se repartieron barbijos en jardines de infantes.
Días después, Meduza recogió el cierre burocrático del episodio: Rospotrebnadzor sostuvo que no se habían hallado en el cuerpo microorganismos relacionados con la actividad profesional de la técnica, habló de una neumonía de causa no determinada y describió la situación como estable. El parte reemplazó el nombre de la posible enfermedad por una fórmula administrativa, pero no resolvió la cuestión central.
Conviene separar con cuidado lo que se sabe de lo que todavía no se puede probar. Hasta ahora no existe confirmación oficial ni independiente de que la causa de muerte haya sido la peste, ni de cómo se habría producido la infección. La rotura del tubo es la versión más difundida, pero no la única. Medios regionales citados por El Imparcial y por el portal Límite42 hablaron de la mordedura de una rata de laboratorio. Otra hipótesis vinculó el caso con una expedición cerca de la frontera con Mongolia, donde existen focos naturales de la bacteria.
Tsydenov rechazó esa última versión. Según The Moscow Times, dijo basarse en información de Rospotrebnadzor y de su propio gobierno, afirmó que Shipilova no había estado en Buriatia y aseguró que no había brotes de peste en la república ni en las zonas fronterizas con Mongolia.
Algunos reportes pusieron además en duda la explicación del tubo roto por los protocolos de seguridad que deberían regir en estos institutos. El epidemiólogo Mikhail Favorov, citado por Echo, explicó que allí se trabaja con traje protector y que romper una probeta deja una probabilidad baja de contagio; aun así, consideró más probable un error técnico durante el trabajo que una infección en un foco natural. The Moscow Times informó que las fuerzas de seguridad abrieron una causa penal por posibles violaciones de las normas de seguridad con resultado de muerte. Ninguna de esas piezas reemplaza una autopsia pública ni una investigación verificable.
¿Por qué un despliegue tan grande por una sola persona? Por la forma en que puede actuar la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud explica que la peste bubónica, la modalidad más conocida, suele transmitirse por pulgas. La peste neumónica afecta los pulmones y puede pasar de una persona a otra mediante pequeñas gotas respiratorias. Su período de incubación puede ser de apenas 24 horas.
Sin tratamiento, según la OMS, puede matar en 18 a 24 horas. Con antibióticos administrados a tiempo, en cambio, las probabilidades de recuperación son altas. No estamos ante la peste de la Edad Media, hay tratamientos, siempre y cuando se admita el brote y se actúe a tiempo.
Tampoco hay motivos para anunciar una nueva pandemia. La OMS registró 3.248 casos de peste en todo el mundo entre 2010 y 2015, con 584 muertes, y señala que hoy la mayoría se concentra en África. Lo inquietante en Irkutsk no es la escala del episodio, sino el lugar donde ocurrió y la dificultad para saber con precisión qué sucedió.
Los accidentes de laboratorio existen en todos los países. En 1978, en Birmingham, la fotógrafa médica Janet Parker contrajo viruela con una cepa cultivada en el laboratorio del piso inferior, según la investigación oficial británica conocida como informe Shooter. Fue la última persona en morir por esa enfermedad. El informe tuvo autores, conclusiones públicas y consecuencias: el laboratorio fue cerrado.
En 2004, según recopilaciones de incidentes de bioseguridad, dos investigadores del centro de control de enfermedades de China se infectaron con el virus del SARS en Pekín y contagiaron a otras seis personas. En 2007, un escape del laboratorio de Pirbright, en el Reino Unido, causó brotes de fiebre aftosa en granjas cercanas. El caso británico terminó en informes, sanciones y un debate parlamentario sobre el mantenimiento de las instalaciones. La diferencia no está en qué país comete errores, sino en qué ocurre después: cuánto se investiga, qué se publica y cuánto tarda la sociedad en conocerlo.
Rusia carga con un antecedente que vuelve esa falta de transparencia especialmente grave. El 2 de abril de 1979, en Sverdlovsk, hoy Ekaterimburgo, se liberaron esporas de ántrax desde una instalación militar. Los documentos oficiales soviéticos, recogidos por la antropóloga Jeanne Guillemin en su libro Anthrax, atribuyeron 64 muertes a carne contaminada vendida en el mercado negro.
La versión sobrevivió durante años e incluso fue considerada creíble por científicos estadounidenses influyentes, según recordó el programa Frontline, de PBS. Recién en 1992 el presidente Boris Yeltsin admitió que el brote había sido consecuencia de actividad militar.
Ese mismo año, un equipo dirigido por el biólogo de Harvard Matthew Meselson reconstruyó la ubicación de cada víctima. La revista Science relató que el grupo contó al menos 66 muertes y concluyó en un artículo de 1994 que todas se alineaban con la dirección del viento desde el Complejo Militar 19. “La carne en mal estado no viaja 50 kilómetros en línea recta, pero el viento sí”, resumió Meselson. Hicieron falta trece años, un cambio de régimen y acceso extranjero a los mapas para que la explicación oficial se derrumbara.
Sverdlovsk no fue un episodio aislado. La Unión Soviética había firmado la Convención sobre Armas Biológicas, vigente desde 1975, pero mantuvo un programa secreto. Ken Alibek, exvicedirector de Biopreparat que desertó a Estados Unidos en 1992, declaró ante el Congreso estadounidense en 1998, que ese aparato civil empleaba a unas 32.000 personas en 40 instalaciones. Según su testimonio, el programa completo llegó a involucrar a más de 60.000. No son cifras auditadas desde afuera, sino el inventario disponible de un sistema que nunca se abrió por completo a la inspección pública.
En una entrevista con Frontline, Alibek afirmó que en Kirov, en una instalación del Ministerio de Defensa, se habían almacenado unas 20 toneladas de peste. También dijo que no creía que Rusia conservara arsenales, aunque estimó que podría reanudar la producción en 2 o 3 meses.
Esa capacidad científica no desapareció. Rusia conserva VECTOR, en Novosibirsk, uno de los dos depósitos autorizados por la OMS para guardar el virus de la viruela; el otro está en Estados Unidos. También mantiene Obolensk, cerca de Moscú, institutos antipeste distribuidos por Siberia y centros militares.
Moscú sostiene que todo ese sistema es civil y defensivo. El Departamento de Estado de Estados Unidos sostiene lo contrario: afirmó a Newsweek en 2022 que Rusia mantiene un programa activo de armas biológicas y viola la Convención. Ninguna de las dos posiciones puede verificarse plenamente desde afuera, y ese es el problema de fondo. Cuando no hay expedientes accesibles, datos completos ni controles independientes, la versión oficial se vuelve imposible de contrastar.
Allí se invoca otro recuerdo, el de Putin silenciando a los familiares de los 118 tripulantes del submarino Kursk que reclamaban saber las circunstancias que rodearon a su destrucción en agosto del 2000. Rusia sigue estando al mando del mismo presidente.
El contexto agrava esa desconfianza. Rusia está en guerra y trata la información como parte del combate. No hace falta convertir la muerte de Shipilova en una prueba sobre la invasión para advertir el riesgo: un incidente sanitario tratado como un flanco político puede producir más silencio que conocimiento. La precariedad no se limita a equipos o trajes. También puede estar en el método, en protocolos que nadie externo puede revisar y en una cadena de mando acostumbrada a sostener una explicación hasta donde sea necesario.
Ese marco devuelve la mirada a Ucrania, ya no para repetir la frase de Nuland, sino para ver qué hicieron con ella las instituciones. En marzo de 2022, la alta representante de la ONU para el Desarme, Izumi Nakamitsu, respondió ante el Consejo de Seguridad que Naciones Unidas no tenía constancia de ningún programa de armas biológicas ucraniano. Lo repitió en reuniones posteriores, según informó el propio servicio de noticias de la organización.
Rusia insistió y utilizó los mecanismos de la Convención sobre Armas Biológicas. AP informó que, a pedido de Moscú, los Estados parte se reunieron en Ginebra en septiembre de 2022, aunque el informe final indicó que no había sido posible alcanzar un consenso. En noviembre, el Consejo de Seguridad rechazó el proyecto ruso para crear una comisión investigadora: recibió dos votos a favor, tres en contra y diez abstenciones. Solo China acompañó a Rusia. La aclaración del Departamento de Estado y el recordatorio de Haines ya estaban sobre la mesa. No alcanzaron para que Moscú retirara el cargo, ni para impedir que años después Gabbard lo reabriera desde el propio servicio de inteligencia estadounidense.
CBS informó que Washington sostiene que sus programas en Ucrania se remontan a la década de 1990 y fueron creados para desmantelar el legado biológico soviético. Science Feedback confirmó el argumento de Haines: controla materiales, no fábrica armas. La distancia entre esa descripción y el briefing de Kirillov es el hueco por el que pasó la propaganda.
Hay un detalle que, visto desde Irkutsk, se transforma en un búmeran. En marzo de 2022, la OMS dijo a Reuters que había recomendado a Ucrania destruir patógenos de alta peligrosidad almacenados en laboratorios públicos, para evitar derrames si esas instalaciones eran bombardeadas. Nebenzia sostuvo ante el Consejo de Seguridad, según la transcripción difundida por Voice of America, que Kyiv intentaba borrar pruebas antes de que las encontraran las fuerzas rusas.
La recomendación buscaba impedir un derrame. Cuatro años después, el país que presentó esa precaución como una maniobra sospechosa no logra explicar con claridad un posible incidente en uno de sus propios laboratorios. Y el Estado que exigió una comisión para instalaciones ajenas no ha ofrecido un mecanismo equivalente para la propia.
Ese contraste sería apenas diplomático si la experiencia reciente no hubiera enseñado cuánto cuesta perder tiempo frente a una amenaza infecciosa. El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, informó a la oficina de la OMS en China sobre casos de “neumonía de causa desconocida”. Según el aviso público de la OMS, al 3 de enero había 44 pacientes, 11 de ellos graves, y todavía no se conocía el agente causante.
El 4 de enero, según la cronología de Chinascope, la misma comisión elevó la cifra a 59 casos de “neumonía viral de causa desconocida” y aseguró que no había detectado transmisión significativa entre personas ni contagios entre el personal médico. La OMS no señaló, hasta el 22 de enero, que los datos sugerían transmisión de persona a persona en Wuhan.
En medio de esas semanas hubo silenciamiento. Según China Change, el 3 de enero el oftalmólogo Li Wenliang, que había alertado a colegas por mensajería, fue citado por la policía y obligado a firmar una amonestación por hacer “declaraciones falsas”. Murió de COVID-19 el 7 de febrero, a los 34 años. Una investigación oficial posterior lo exculpó y la policía de Wuhan pidió disculpas a su familia en marzo.
Recordar esa secuencia no significa afirmar que Irkutsk sea el comienzo de otra pandemia ni equiparar episodios distintos. Significa recordar una lección social que todavía está fresca: cuando las autoridades sustituyen datos por fórmulas vagas, editan mensajes o castigan las advertencias, la incertidumbre crece y la respuesta llega tarde.
En junio de 2025, el grupo asesor de la OMS sobre el origen del SARS-CoV-2, conocido como SAGO, concluyó que la mayor parte de la evidencia disponible respaldaba un salto del virus desde animales, pero que la investigación seguía inconclusa. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo, según el sitio especializado CIDRAP, que China no había entregado cientos de secuencias virales tempranas, datos sobre los animales de los mercados de Wuhan ni información sobre la seguridad de sus laboratorios. “Todas las hipótesis deben seguir sobre la mesa”, sostuvo.
Según Al Jazeera la presidenta del grupo, Marietjie Venter, explicó que sin esos datos no era posible evaluar si había ocurrido un accidente de laboratorio. Eso no equivale a decir que ocurrió. Significa que la duda no pudo cerrarse nunca porque faltó información.
El paralelo entre Wuhan e Irkutsk, por lo tanto, no es de culpabilidad, sino de método. Con Wuhan, el mundo quedó atrapado en una incertidumbre que todavía no puede resolver porque no tuvo acceso a todos los datos. En Irkutsk aún hay tiempo para evitar que ocurra lo mismo, pero ya aparecen señales conocidas: un comunicado oficial que evita la palabra “peste”, un mensaje editado, un parte que habla de neumonía sin identificar la causa y un silencio gubernamental sobre el hecho central.
También hay una simetría política incómoda. China fue el único país que votó, junto a Rusia, en el Consejo de Seguridad cuando Moscú pidió investigar a Ucrania, según AP. Hoy ambos gobiernos enfrentan, por razones diferentes, la misma demanda básica: abrir la información necesaria para que otros puedan comprobar lo ocurrido.
Si finalmente se confirmara un accidente de laboratorio en Irkutsk, no sería una prueba de que Rusia produce armas biológicas ni tendría una relación directa con las acusaciones contra Ucrania. Sería algo más limitado y, a la vez, más difícil de ocultar: un error humano dentro de un sistema que manipula algunas de las bacterias más peligrosas del mundo, con controles poco visibles y bajo un Estado que ya tardó trece años en admitir que el ántrax de Sverdlovsk había salido de un complejo militar.
La alarma responsable no consiste en anunciar una peste mundial ni en llenar los vacíos con teorías. Consiste en exigir información antes de que esos vacíos se vuelvan permanentes. La sociedad aprendió con el COVID-19 que una “neumonía de causa desconocida” puede ser una descripción provisional, pero también una advertencia que no debe quedar encerrada en un comunicado.
La paradoja final es que Rusia ya mostró qué mecanismos existen para pedir cuentas. Invocó el artículo V de la Convención sobre Armas Biológicas, convocó una reunión en Ginebra y llevó el caso ucraniano al Consejo de Seguridad. Esos instrumentos están disponibles para cualquier país miembro. La pregunta no es si Moscú tenía derecho a exigir explicaciones, sino si está dispuesto a someterse a la misma exigencia que reclamó para los demás.
