Trump juega una carta demencial al favorecer a Putin
Por Ignacio Montes de Oca
Donald Trump está dispuesto a pagar un costo político muy alto para favorecer a Rusia, incluso cuando esa decisión amenaza con perjudicar a su propio partido en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
El contrasentido es cada vez más difícil de ocultar: el presidente que prometió poner a Estados Unidos primero alivia la presión económica sobre Vladímir Putin, deteriora la relación con Ucrania y se enfrenta a legisladores republicanos que consideran sus decisiones un regalo para Moscú. No se trata de una diferencia menor sobre política exterior. Es una elección que pone en cuestión la credibilidad de Trump, la coherencia de su partido y la razón por la que la Casa Blanca parece dispuesta a concederle tanto a un adversario estratégico.
El episodio más reciente ocurrió el 16 de octubre, cuando Trump firmó una orden ejecutiva que suspendió la aplicación de sanciones y aranceles contra Rusia contemplados en la ley Graham, aprobada por el Congreso en septiembre. Invocó el interés nacional para justificar la suspensión, una decisión que dejó sin efecto medidas que debían comenzar a aplicarse la semana siguiente. El presidente no estaba obligado a hacer esa concesión, pero eligió hacerlo precisamente cuando Rusia rechaza la sugerencia de negociar y recrudece su ataque contra Ucrania.
La decisión se sumó a un acuerdo para facilitar la circulación de diésel ruso con el argumento de aliviar la presión sobre los precios de la energía. El razonamiento parece sencillo: más combustible disponible debería traducirse en precios más bajos.
El problema es que el beneficio prometido es mucho menos convincente de lo que sugiere Trump. El 12 de octubre, el analista de mercados de Reuters, Mike Dolan, calculó que el volumen involucrado equivalía aproximadamente a doce horas del suministro mundial de diésel y consideró improbable que produjera una reducción significativa de los precios en las estaciones de servicio estadounidenses durante las semanas siguientes. Estados Unidos, además, es exportador neto de ese combustible y podría aliviar el mercado interno con su propia producción sin recurrir a combustible de Putin.
La evidencia indica que puede beneficiar a las empresas rusas y aliviar restricciones comerciales, pero no que vaya a resolver el problema que la Casa Blanca invoca para justificarla.
La reacción política fue inmediata. El 13 de octubre, 12 senadores estadounidenses, 6 de ellos republicanos, pidieron a Trump que rescindiera el acuerdo sobre el diésel. Considerando ese número y sumados a la bancada demócrata de 43 integrantes, bastarían para reunir una mayoría simple en un cuerpo de 53 bancas para complicar a Trump en el futuro. Una derrota el 3 de noviembre que aumente la cifra opositora, podría complicar aún más a la Casa Blanca.
El Senado tiene herramientas concretas de presión en política exterior: ratifica los tratados, controla fondos y supervisa la aplicación de sanciones. No pueden obligar al presidente, pero sí encarecer políticamente una postura favorable a Rusia.
En una carta difundida por Reuters, los senadores ya advirtieron que el entendimiento proporcionaría a Putin ingresos para financiar la guerra y no produciría beneficios relevantes para los consumidores estadounidenses. El 17 de octubre, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski calificó de equivocada la suspensión de las sanciones y sostuvo que beneficiaba exclusivamente a Rusia.
Desde Moscú llegó una valoración muy diferente: Kirill Dmitriev, enviado ruso para asuntos económicos, calificó la decisión de momento histórico y afirmó que las penalizaciones habrían podido paralizar la cooperación económica entre ambos países. No hace falta demostrar una coordinación secreta entre Trump y el Kremlin para advertir quién celebra la decisión presidencial y quién soporta sus consecuencias.
Lo más llamativo es que Trump avanza en esa dirección cuando la opinión pública estadounidense sigue siendo profundamente desfavorable a Rusia. Una encuesta del Pew Research Center publicada el 23 de abril de 2026, realizada entre 3.507 adultos del país a fines de marzo, registró que el 83% tenía una opinión desfavorable de Rusia y que el 51% la consideraba enemiga de Estados Unidos. Apenas el 7% la veía como un país socio.
La hostilidad hacia Moscú no es patrimonio exclusivo de los demócratas: la imagen negativa de Rusia atraviesa a ambos partidos, aunque existan diferencias importantes en la manera de abordar la guerra y financiar la defensa ucraniana. Para un presidente que puede perder el control del Congreso en las elecciones del 3 de noviembre, acercarse a Rusia es poner en juego la gobernabilidad de su administración en el segundo tramo de su mandato. Eso hace aún más llamativa la tozudez con que Trump defiende su acercamiento con Putin.
La desconfianza pública alcanza al propio presidente. En esa misma encuesta, el 66% de los estadounidenses afirmó no confiar en que Trump pudiera tomar buenas decisiones sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, frente a un 32% que sí confiaba en su criterio. En agosto de 2025, la confianza había alcanzado el 40%.
Esa caída no es un detalle estadístico: supone que, en menos de un año, Trump perdió una parte considerable de la confianza ciudadana en uno de los asuntos internacionales más importantes de su mandato. Y el deterioro no se limita a los adversarios demócratas. La confianza entre los republicanos también retrocedió.
La diferencia entre el rechazo a Rusia y la discusión sobre la ayuda a Ucrania es fundamental para entender el problema político del presidente. Una parte importante de los votantes estadounidenses considera que Washington ha gastado demasiado dinero en el exterior y quiere que la Casa Blanca priorice los problemas domésticos. Esa posición ofrece a Trump una base legítima para revisar el volumen y las condiciones de la asistencia militar.
Pero esa demanda no equivale a respaldar las concesiones al Kremlin, ni mucho menos a considerar que Putin sea un socio confiable. En abril, el 29% de los estadounidenses encuestados por Pew juzgaba insuficiente la ayuda a Kyiv, el 26% la consideraba adecuada y el 20% excesiva. El electorado está dividido sobre cuánto debe aportar Estados Unidos, pero no existe un mandato popular equivalente para aliviar la presión sobre Rusia.
Esta distinción es especialmente incómoda para los republicanos. El rechazo al gasto exterior puede ser un argumento electoral eficaz; aparecer como el partido que facilita la recuperación económica de Rusia es otra cosa. Trump intenta presentar ambas posiciones como si fueran una misma política: terminar la guerra, reducir los costos y recuperar recursos para los estadounidenses.
Sin embargo, si para conseguirlo presiona a Ucrania, suspende sanciones contra Moscú y debilita los instrumentos de presión aprobados por el Congreso, termina convirtiendo una discusión presupuestaria en una pregunta sobre la lealtad estratégica de Washington.
¿Por qué exigir concesiones a la víctima de una invasión mientras se reduce el costo económico para quien la inició? ¿Acaso el facilitar el ingreso de dinero a Rusia no apunta en un sentido contrario al de acortar la guerra? ¿Cuál es la coherencia entre las tradiciones democráticas del país y reclamar la salida de Zelenski impedido de hacer elecciones por la invasión y no hacer lo mismo frente a una autocracia como la de Rusia? Las preguntas se acumulan en el deber de Trump al tiempo que el apoyo a su figura se desploma en un momento crucial.
Los indicadores electorales más recientes muestran que el problema aparece en el peor momento para la Casa Blanca. En su informe del 8 de octubre, el Pew Research Center situó la aprobación de Trump en apenas el 35,2%, el nivel más bajo de su segundo mandato hasta esa fecha. Entre los votantes registrados, los candidatos demócratas aventajaban a los republicanos por ocho puntos en la intención de voto para la Cámara de Representantes: 44% contra 36%. Además, el 44% de los votantes afirmó que su voto de noviembre sería fundamentalmente una expresión de rechazo a Trump, frente al 19% que lo veía como un respaldo al presidente. Son cifras nacionales, no una predicción automática de quién ganará cada distrito, pero reflejan una vulnerabilidad política concreta.
La asimetría en la movilización añade otro problema. Según Pew, el 78% de los votantes que apoyaban al candidato demócrata de su distrito consideraba muy importante qué partido controlaría la Cámara, nueve puntos más que entre quienes respaldaban al republicano. Los simpatizantes demócratas también eran más proclives a afirmar que habían pensado mucho en la elección y a declararse extremadamente motivados para votar.
En un sistema donde la participación puede decidir distritos competitivos, una oposición más movilizada constituye un riesgo serio para el partido gobernante. En ese escenario, los republicanos no pueden permitirse multiplicar las controversias que alejan a los votantes moderados o desalientan a sus propios simpatizantes. Eso explicaría la oposición creciente a las decisiones de Trump entre los legisladores de su propio partido. Su destino electoral se juega también en sus distritos en donde las simpatías y rechazos se traducen en votos.
El dato más incómodo para Trump es que la economía sigue dominando la campaña. El 84% de los votantes registrados considera que la situación económica es muy importante para decidir su voto, según la misma encuesta de Pew. La inflación, el costo de la energía, el empleo y el poder adquisitivo pesan mucho más en la vida cotidiana que la mayoría de las disputas diplomáticas.
Es precisamente por eso que la justificación económica del acuerdo con Rusia debería ser sólida. Si el diésel ruso no produce una baja perceptible de los precios, Trump habrá asumido un costo estratégico sin obtener el resultado que prometió. Si logra algún alivio, todavía deberá explicar por qué era necesario debilitar la presión sobre Moscú para conseguirlo.
La contradicción no termina en el precio del combustible. La suspensión de sanciones transmite a los aliados de Estados Unidos la impresión de que sus compromisos pueden quedar subordinados a las urgencias políticas del presidente. El Congreso había aprobado nuevas penalizaciones para aumentar el costo de la guerra rusa y reducir la capacidad de Moscú para sostenerla. Trump las firmó y después las dejó en suspenso.
El costo no se agota en las fronteras de Estados Unidos. El mismo estudio de Pew Research Center encontró que en Suecia, Países Bajos, Francia, Alemania e Italia más de ocho de cada diez encuestados no confían en que Trump actúe correctamente en los asuntos internacionales.
Esos ciudadanos no votan el 3 de noviembre, pero sí eligen a los gobiernos que deciden a quién comprarle armas, gas natural y tecnología, y qué acuerdos sostener con Washington. Ya hay antecedentes: España descartó en 2025 la compra de cazas F-35, y el acuerdo comercial de Turnberry, que impuso aranceles del 15% a la mayoría de los productos europeos, generó malestar en varias capitales de la Unión Europea.
La suspensión de sanciones a Rusia agrega otro motivo de desconfianza. Para la economía estadounidense, que exporta a Europa 737.300 millones de dólares de bienes y servicios a la UE, de acuerdo con el Departamento de Comercio de EE. UU., no es un asunto menor. Parte del electorado está involucrado en ese comercio como empresarios o consumidores.
Hay además un efecto de imagen que opera en sentido inverso. Los estadounidenses se piensan a sí mismos como parte de una comunidad occidental definida, durante décadas, por su oposición a Moscú. Cuando los aliados históricos de Washington expresan desconfianza masiva hacia su presidente, esa mirada externa llega al votante estadounidense, que ve cuestionada una parte de su identidad política. No decide una elección por sí solo, pero se suma a los otros factores y refuerza la percepción de que la política hacia Rusia se aparta de lo que el país dice ser.
¿Por qué insiste Trump, entonces, en una política que parece tan costosa? Los hechos permiten identificar varios incentivos, aunque no demostrar una motivación única. El primero es su concepción personalista de la diplomacia: Trump presenta las relaciones internacionales como transacciones que deben producir resultados visibles, rápidos y atribuibles a su propia intervención. Si los precios bajan, puede reclamar el mérito; si las concesiones fortalecen la posición rusa, el costo estratégico se manifiesta más tarde y se distribuye entre Ucrania, Europa y los gobiernos futuros.
El segundo es su rechazo a los compromisos internacionales que limitan su margen de decisión. Su insistencia en salirse de la OTAN, la decisión de abandonar instrumentos multilaterales como la OMS y los pactos climáticos, obedecen a su preferencia por mecanismos que no limiten su rango de decisión o que eviten consultas vinculantes.
El tercero es su convicción de que puede conseguir una salida negociada mediante la presión sobre Kyiv, aunque esa estrategia no obligue a Putin a hacer concesiones equivalentes. Desde 2025 intenta, sin éxito alguno, la dependencia crítica de Ucrania respecto a los envíos militares estadounidenses la capacidad de forzar a Kyiv. Tratos energéticos, pactos por tierras raras y amenazas de corte de suministro militar fueron hasta ahora gestos inútiles ante un rechazo ucraniano fundamentado en su supervivencia frente a Rusia. Las tres motivaciones muestran fallas y un personalismo en el manejo exterior.
Existe una motivación más: el director del Fondo de Inversión Directa de Rusia y enviado económico del Kremlin, Kirill Dmitriev, afirmó oficialmente que la cartera de potenciales proyectos conjuntos y de negocios entre bilaterales supera los 14 billones de dólares.
Allí hay un argumento de peso para reforzar las suspicacias en torno a la insistencia de Trump. Aquello puede presentarse como un argumento electoral, sin embargo, no deja de colisionar con las encuestas sobre la aceptación de Rusia como socio y el abandono a su suerte de Ucrania. Y también en el manejo opaco de los beneficiarios reales de un acuerdo de esa envergadura. Un sondeo de Fox News hecho en octubre reveló que la corrupción gubernamental es el problema número uno del país para el 60% de los votantes, superando por primera vez a la inflación y al precio de la gasolina. El personalismo en política exterior tiene curvas ocultas que pueden convertir un argumento positivo en negativo con enorme facilidad.
Hay, además, una cuestión de fondo: Trump parece considerar que su capacidad personal para negociar con Putin vale más que los instrumentos tradicionales de presión estadounidense. Desde esa perspectiva, las sanciones no son una herramienta estratégica que deba mantenerse hasta obtener resultados verificables, sino un obstáculo que puede retirar para demostrar que está dispuesto a cerrar un acuerdo.
El problema es que una negociación no se mide por la cordialidad entre los líderes ni por el anuncio de un entendimiento, sino por las obligaciones que cada parte asume y cumple. Si Rusia conserva sus objetivos militares mientras obtiene alivio económico, el resultado no es necesariamente una paz favorable a Estados Unidos. Puede ser, simplemente, una concesión unilateral presentada como un éxito diplomático. En la práctica, Putin nunca varió sus planes por un anuncio, un gesto amistoso o una advertencia. Allí reside la corroboración de un error recurrente de Trump. La realidad es independiente de las intenciones y los postureos.
Nada de esto demuestra que Trump actúe por obediencia personal a Putin o que exista una explicación secreta capaz de resolver todas las contradicciones de su política. Es algo que se sostiene, sin embargo, como una sospecha en las redes sociales y medios críticos que horada aún más a la imagen presidencial.
No hace falta descartarlas para evaluar las consecuencias. El presidente está reduciendo la presión económica sobre Rusia, deteriorando la relación con Ucrania y contradiciendo una política de contención que había reunido apoyo bipartidista. La cuestión relevante no es adivinar sus pensamientos, sino exigir que explique qué obtiene Estados Unidos a cambio de esas decisiones y por qué los beneficios prometidos compensarían los costos estratégicos.
Las elecciones del 3 de noviembre no serán un plebiscito exclusivo sobre Ucrania. La economía, la inflación, la inmigración y la aprobación general del presidente influirán mucho más directamente en numerosos votantes. Tampoco puede afirmarse que la política hacia Rusia vaya a determinar por sí sola el resultado.
Sin embargo, la aproximación a Putin ofrece a los demócratas un argumento difícil de aprovechar: un presidente que prometió defender los intereses estadounidenses está debilitando la presión sobre un adversario, mientras su propio partido intenta conservar el control del Congreso.
Los republicanos deben decidir en consecuencia si defienden cada movimiento de Trump, cuestionan sus decisiones o procuran que la campaña vuelva cuanto antes a los asuntos domésticos. Saben que una derrota en noviembre los afectará tanto o más que a Trump porque, a diferencia del presidente, muchos de ellos no van a contar con otros dos años de recursos estatales para revertirla. Y para el votante se presentan disyuntivas similares.
El dilema es particularmente delicado porque la mayoría de los estadounidenses no necesitan apoyar una financiación ilimitada de Ucrania para desconfiar de Rusia. Puede querer que termine la guerra, exigir que Europa asuma una mayor parte del esfuerzo y rechazar nuevos compromisos militares sin considerar que Putin merezca concesiones. Pero Trump confunde esas posiciones cuando presenta cualquier reducción de la ayuda a Kyiv, como un paso hacia la paz y cualquier presión sobre Moscú como un obstáculo para sus negociaciones. Una cosa es revisar los instrumentos de la política exterior; otra, debilitar la posición de Estados Unidos sin demostrar que el adversario está dispuesto a hacer lo mismo.
Trump corre así el riesgo de convertir una de sus promesas políticas más reconocibles – el poner a Estados Unidos primero- en una contradicción difícil de ocultar y en un precio desproporcionado en términos electorales.
Puede que muchos estadounidenses no quieran financiar indefinidamente la defensa de Ucrania. Los datos muestran, sin embargo, que la mayoría mantiene una imagen profundamente negativa de Rusia, que la confianza en el criterio presidencial sobre la guerra se ha deteriorado y que los republicanos llegan a las elecciones en una posición vulnerable.
Favorecer a Putin no es una consecuencia inevitable de querer terminar el conflicto: es una elección política que Trump ha tomado aun cuando sus beneficios domésticos son inciertos.
Si el presidente insiste en que cada decisión suya responde al interés nacional, la pregunta que debe contestar es cada vez más simple: ¿qué gana Estados Unidos con una política que beneficia a Rusia y pone en riesgo al partido que gobierna en Washington? Esa es una respuesta que también recorre a muchos votantes dentro del cúmulo de dudas previas al momento de votar.
Esto nos conduce a un último factor: la caída de la imagen de negociador eficaz que cultivó como parte de la estrategia que lo devolvió a la presidencia en 2025. Tantos errores objetivos contradicen un marketing basado en una capacidad casi legendaria para resolver conflictos, que ya comenzó a erosionarse al no cumplir su promesa de terminar la guerra en 24 horas. Ahora, con estas concesiones, no solo alarga el final al darle más recursos financieros a Moscú: también pierde el rol de mediador. Eso no es eficacia, es lo opuesto.
En su apuesta arriesgada, puede perder además el capital electoral que lo sostiene y quedar atado de manos por un Congreso hostil. Todo por insistir en esta política y no admitir que reconocer errores también forma parte de un buen gobierno.
