Venezuela: el petróleo se vendió, los dólares volvieron y todavía no se sabe quién cobró

El dato más revelador del informe de KPMG es uno solo: de los más de 12.000 millones de dólares que generó el petróleo venezolano entre enero y septiembre, apenas 133 millones, poco más del 1 %, se usaron para pagar directamente bienes o servicios del Estado venezolano. El resto siguió un camino que el documento, divulgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos el 12 de noviembre, solo describe a medias. Permite reconstruir por dónde circuló el dinero, pero no responde la pregunta de fondo: quién ganó con él, y por qué Washington armó un sistema con el que controla no solo dónde se deposita la renta petrolera, sino también quién vende el crudo, quién accede a los dólares y en qué condiciones.
Empecemos por los números. Entre el 3 de enero y el 30 de septiembre entraron 12.260 millones de dólares a una cuenta que administra el Tesoro estadounidense. La mayor parte vino del petróleo y sus derivados; el resto, de ventas de oro, minerales y fertilizantes. Al 30 de septiembre se habían desembolsado 12.110 millones y quedaban 168,6 millones. Hay un detalle que no cierra: desembolsos más saldo superan en 18,6 millones el total ingresado, y el documento no explica la diferencia, que habrá que conciliar. La cuenta, además, generó unos 12 millones de dólares en intereses en esos nueve meses, según la información del informe que difundió The New York Times. Es poco frente a la renta petrolera, pero confirma que administrar el dinero ya es un negocio en sí mismo, incluso antes de repartirlo, y deja otra duda: quién cobró esos intereses y bajo qué condiciones.
La administración de Donald Trump asegura que le devolvió a Venezuela casi todo. En términos contables, el argumento se sostiene: los fondos nunca pasaron a integrar el presupuesto estadounidense ni se los presentó como propios. Pero el dato de los 133 millones cambia la lectura. Washington no le giró dinero al gobierno venezolano para que ejecutara un presupuesto y luego rindiera cuentas. Montó un circuito en el que Estados Unidos conserva el control de la cuenta de origen y las autoridades venezolanas reparten, con su propio criterio, buena parte de los dólares entre empresas y particulares, a través del Banco Central de Venezuela y de bancos comerciales.
La custodia es el punto donde Washington tiene mejor argumento. Los compradores depositaban lo que pagaban en una cuenta creada para administrar los ingresos venezolanos: primero en Qatar y, desde fines de enero, en Citibank, en Nueva York, bajo administración del Tesoro. Los retiros y transferencias requieren autorización estadounidense. La base legal es la Orden Ejecutiva 14373, que Trump firmó el 9 de enero. Establece que los fondos siguen siendo propiedad soberana de Venezuela, pero prohíbe que se los embargue o que los alcancen decisiones judiciales de acreedores privados, salvo autorización expresa, y ordena que permanezcan bajo custodia estadounidense; su destino público, gubernamental o diplomático lo define el secretario de Estado. Hay una razón jurídica concreta: Venezuela arrastra una enorme deuda externa y muchos acreedores intentaron embargar activos del Estado y de PDVSA. Una cuenta expuesta a esos reclamos podría haberse bloqueado, con consecuencias sobre la disponibilidad de los ingresos petroleros.
Pero esa protección no lo explica todo. Estados Unidos no se limitó a cuidar una cuenta: intervino en la selección de los comercializadores, en las condiciones de venta, en la autorización de los desembolsos y en el camino por el que los dólares regresaron a Venezuela. Una cosa es controlar que el dinero se use bien; otra, decidir quién participa del negocio, quién puede acceder a las divisas y en qué condiciones. De ahí surge la pregunta que el informe no responde y que debería ocupar el centro de cualquier investigación: si el objetivo era evitar que la renta terminara en manos de funcionarios corruptos o se gastara sin control, ¿por qué no fijar un presupuesto de gastos autorizados, transferir los fondos correspondientes y exigir una rendición detallada, con auditorías independientes? Esa vía no habría sido sencilla: las sanciones, los reclamos de acreedores y la disputa sobre la legitimidad de las autoridades venezolanas imponían obstáculos legales y financieros reales, y blindar los fondos frente a embargos no se logra con una auditoría posterior. Pero eso tampoco explica el resto del diseño.
Hay otras preguntas más difíciles. Si Washington desconfía de las autoridades chavistas para administrar los recursos del país, ¿por qué no aprovechó esa misma tutela para incorporar a representantes de la oposición democrática a los mecanismos de supervisión? ¿Por qué el control estadounidense se tradujo en una reorganización de los negocios y de los operadores económicos, pero no en un proceso equivalente de transferencia del poder político? Si la desconfianza justificaba limitar la capacidad del chavismo de decidir sobre el dinero, también podía servir para acelerar su reemplazo institucional y preparar una transición democrática. Sin embargo, el mecanismo elegido terminó reforzando la dependencia económica de las autoridades que Washington mantiene en el poder.
Para ver qué hay detrás, conviene seguir el dinero desde el principio. El primer eslabón es la venta del crudo. El petróleo venezolano, en especial el pesado y extrapesado de la Faja del Orinoco, no cotiza como el Brent: por su calidad, su dificultad de procesamiento y el costo del transporte, se vende con descuento. Y el descuento no es un detalle. Vender un barril diez dólares por debajo del precio internacional no es lo mismo que hacerlo veinte dólares por debajo, y esa diferencia, multiplicada por cientos de miles de barriles diarios, suma cientos o miles de millones de dólares al año.
En septiembre, Reuters informó que Vitol y Trafigura, dos de las mayores comercializadoras de materias primas del mundo, designadas por la Casa Blanca para vender el crudo venezolano, presionaban por descuentos de entre 18 y 20 dólares por barril respecto del Brent. Argumentaban que el transporte más caro y las dificultades operativas de Venezuela lo justificaban: el flete desde el puerto de José hasta la costa del Golfo de México pasó de unos 1,90 dólares por barril a comienzos de año a cerca de cinco, y el precio de referencia del Merey venezolano se ubicó en agosto unos 14 dólares por debajo del Brent. El flete caro es un costo real, pero no dice quién se queda con la diferencia entre el precio de venta y el que Venezuela podría obtener en otras condiciones comerciales. Para eso habría que conocer los contratos, los costos efectivos de cada operación y el precio al que se revendió cada cargamento, y el informe público de KPMG no permite reconstruir esa cadena.
Vitol y Trafigura no extraen petróleo. Compran cargamentos, organizan el transporte, asumen riesgos logísticos y financieros y revenden a refinerías y otros compradores. Ese trabajo tiene un costo y justifica un margen. El problema aparece cuando el margen se combina con un acceso privilegiado a una mercancía que, antes de la intervención estadounidense, se comercializaba de manera mucho más restringida. En agosto, entre ambas movieron alrededor de 597.000 barriles diarios, más de la mitad de las exportaciones venezolanas del mes. Un dólar por barril sobre ese volumen equivale a unos 218 millones de dólares al año; si el margen efectivo fuera de tres a tres dólares y medio, como estimó un especialista citado por BigGo Finance, el negocio rondaría entre 650 y 760 millones anuales. No es una ganancia comprobada ni un dato publicado por las compañías, sino una proyección que muestra la magnitud potencial de la intermediación. Como vara de comparación: en 2025, las importaciones venezolanas de productos medicinales y farmacéuticos sumaron unos 515 millones de dólares, según los registros que recopila CEIC Data. No son magnitudes equivalentes, pero sirven para dimensionar lo que está en juego.
Washington les entregó a ambas licencias especiales para comercializar el petróleo venezolano poco después de la operación militar de enero. Las dos empresas pasaron así a manejar un negocio que depende de autorizaciones del propio gobierno estadounidense, y no hubo una licitación abierta que permitiera comparar públicamente las ofertas de otros operadores. La elección de Vitol, además, quedó bajo una sombra política. Reuters reveló el 11 de noviembre que el secretario de Energía, Chris Wright, llamó el 5 de enero a John Addison, operador de la compañía y antiguo respaldo financiero de JD Vance, para ofrecerle a Vitol la oportunidad de participar en la comercialización del crudo venezolano. Addison y su esposa habían aportado siete millones de dólares a comités políticos en 2024, cinco de ellos al entorno de Trump. Addison dejó Vitol en marzo y pasó a presidir el consejo asesor de política energética de Wright. El Departamento de Energía sostuvo que la empresa se eligió por su capacidad comercial; Vance, Wright y Addison negaron haberse reunido antes en Montana para hablar del petróleo venezolano. La información no demuestra un favoritismo ilegal, pero plantea dudas sobre la transparencia de la adjudicación.
Tampoco se trata de compañías sin antecedentes controvertidos. Vitol reconoció en 2020 haber participado en esquemas de sobornos vinculados con operaciones en Brasil, México y Ecuador y aceptó pagar sanciones, y Trafigura también afrontó condenas y acuerdos por hechos de corrupción en distintos países. Ambas aseguran que reforzaron sus controles internos. Razón de más para que las condiciones de sus contratos en Venezuela sean públicas y verificables.
Y aquí aparece otro hueco: el informe de KPMG no identifica públicamente a los veinte compradores de petróleo, oro y otros recursos. Sus nombres fueron censurados. La administración estadounidense afirma que todas las empresas pasaron controles contra el lavado de dinero y el incumplimiento de sanciones, pero el público no puede saber quiénes fueron los compradores, qué precios pagaron ni qué márgenes obtuvieron al revender los cargamentos.
El segundo eslabón es el regreso de los dólares. Una vez en la cuenta de custodia, los fondos se liberaban mediante solicitudes de las autoridades venezolanas y autorizaciones de Washington. Una parte se destinó a pagos concretos. La agencia Associated Press identificó, entre otros, cinco millones de dólares para el estudio jurídico Greenberg Traurig, casi 24 millones para insumos de diálisis y equipos de minería de carbón, y 8,7 millones para saldar deudas por la compra de vacunas a través de la Organización Panamericana de la Salud. Son pagos identificables, aunque el informe no da el detalle de todos los contratos y proveedores. Pero en conjunto sumaron esos 133 millones. El grueso fue por otro lado: pasó al Banco Central de Venezuela, que lo distribuyó mediante ventas de divisas a bancos comerciales.
Un ejemplo ayuda a entenderlo. Una empresa venezolana necesita importar medicamentos, alimentos o repuestos industriales. En lugar de recibir una transferencia del Tesoro estadounidense, pide dólares al sistema financiero local; el Banco Central asigna las divisas, el banco comercial concreta la operación y la empresa paga sus importaciones. Puede ser un método razonable para una economía que necesita importar y recuperar su actividad productiva. Pero obliga a preguntar qué empresas recibieron esos dólares, cuánto recibió cada una y con qué criterios se las eligió. El informe da algunas cifras generales: según la reconstrucción publicada a partir del documento, unos 9.400 millones de dólares fueron asignados a empresas y unos 2.900 millones a personas. Pero no hay nombres ni datos que permitan saber quién obtuvo cada suma, y parte de los dólares distribuidos se mezcló con fondos de las reservas venezolanas en el Fondo Monetario Internacional, lo que complica rastrear el origen de cada operación.
Entre los bancos con mayores asignaciones figuran el Banco de Venezuela, Banesco, Mercantil, BBVA Provincial y el Banco Nacional de Crédito. No son simples ventanillas: procesar, administrar y entregar semejante volumen de divisas es una actividad económica que puede dejar ingresos propios por comisiones, cargos por operación y márgenes financieros. El informe identifica cuánto dinero pasó por cada entidad, pero no cuánto cobró cada una por prestar el servicio. Una comisión aparentemente pequeña, aplicada sobre miles de millones de dólares, puede transformarse en un ingreso considerable, y a eso podrían sumarse beneficios derivados de las condiciones de cambio y de tener los fondos disponibles durante un tiempo. Los bancos no son los beneficiarios finales de las divisas, pero tampoco quedan fuera del mapa de quienes obtienen ingresos gracias al circuito: la intermediación tiene un precio y alguien lo cobra.

La cadena entera tiene, entonces, sus propios beneficiarios: los comercializadores que compran y revenden el crudo, las entidades financieras que administran y distribuyen los dólares, y las empresas y personas que reciben las divisas y pueden sacar ventaja por acceder a ellas a un tipo de cambio favorable. Cada eslabón puede cobrar por participar o capturar una parte del valor. El problema es que la información publicada permite seguir buena parte del recorrido del dinero, pero no calcular cuánto ganó cada uno.
Un ejemplo sencillo: si una compañía obtiene un millón de dólares al tipo de cambio oficial de 900 bolívares y luego los vende a 1.000, la diferencia son 100 millones de bolívares. No hace falta que la empresa cometa una infracción para que haya una ventaja económica; basta con que tenga acceso a una divisa más barata que la que enfrentan otros actores. Si ese acceso se reparte de manera desigual, el sistema puede beneficiar a un grupo reducido de empresas y dejar a otras sin capacidad de importar. El 4 de noviembre, por ejemplo, la cotización oficial rondaba los 893 bolívares por dólar, mientras que la referencia paralela se ubicaba cerca de los 1.008. Esa brecha muestra el incentivo del acceso privilegiado a dólares oficiales. El informe no revela cuántos receptores revendieron las divisas, qué mercadería importaron ni a qué precio la comercializaron. Muchas compañías necesitan dólares para producir, importar alimentos, sostener empleos o pagar insumos; el problema es que, sin conocer los nombres de los beneficiarios, los montos individuales y los criterios de asignación, no se puede distinguir con claridad entre una distribución productiva, una ventaja comercial extraordinaria y una posible captura de renta.
Hay, además, una consecuencia política que no puede pasarse por alto: el mecanismo contribuye a consolidar al chavismo en el poder. Aunque Washington controle la cuenta de custodia y autorice los grandes desembolsos, la distribución interna de una parte sustancial de las divisas sigue pasando por el Banco Central y el sistema financiero venezolano. Quienes continúan gobernando el país conservan, por lo tanto, capacidad de influir sobre quién accede a los dólares y quién queda al margen. En una economía que depende de las divisas para importar medicamentos, alimentos, repuestos e insumos industriales, eso no es un simple trámite administrativo: determina qué empresas pueden operar, cuáles pueden crecer y cuáles quedan condicionadas por la falta de recursos. Y quien conserva influencia sobre esa distribución conserva también una herramienta de disciplinamiento económico y de construcción de lealtades políticas. Washington puede controlar el origen y la custodia de la renta petrolera, pero el mecanismo que diseñó deja en manos del chavismo una parte decisiva del poder que nace de distribuirla.
Si el sistema conserva vínculos con las estructuras del poder venezolano anterior, la continuidad de funcionarios y operadores del chavismo en áreas económicas y de seguridad obliga a preguntar hasta qué punto cambió realmente el control interno de los recursos. Diosdado Cabello, ministro del Interior y una de las figuras centrales del aparato chavista, mantiene influencia sobre áreas sensibles del Estado. Su hermano José David, que durante años dirigió el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, fue desplazado de ese organismo y enviado a Pequiven, y la recaudación y las aduanas pasaron a manos de otros funcionarios. Estos movimientos muestran una reorganización de los resortes económicos y administrativos, pero no permiten afirmar que un solo grupo controle por completo la distribución de las divisas ni identificar por sí solos a los beneficiarios finales.
Hay una dimensión estadounidense que el informe vuelve imposible de ignorar. El control de la cuenta, las licencias y las autorizaciones de desembolso no solo da poder sobre el dinero: también crea una relación de dependencia entre Washington y la dictadura en Venezuela. La Casa Blanca puede decidir qué operaciones se autorizan, qué empresas participan y bajo qué condiciones se liberan los fondos. Esa capacidad funciona como instrumento de supervisión, pero también como herramienta de presión política y de asociación comercial al mismo tiempo.
El tercer plano son los negocios que exceden la venta inmediata del petróleo. La reorganización del sector también está creando derechos sobre la producción futura y sobre campos que pueden generar ingresos durante décadas. Chevron anunció en septiembre acuerdos para invertir más de 7.000 millones de dólares durante los próximos cinco años y elevar su producción hasta unos 600.000 barriles diarios. La compañía afirmó que las nuevas condiciones fiscales, comerciales y legales le permitirán ampliar sus operaciones y desarrollar áreas adicionales en la Faja del Orinoco. Esa inversión supone condiciones de explotación que comprometen recursos venezolanos a largo plazo.
Más controvertido todavía es el caso de North American Blue Energy Partners, conocida como NABEP, que obtuvo derechos por cien años sobre 17 campos petroleros, con reservas estimadas en unos 65.000 millones de barriles, sin una licitación competitiva. El acuerdo incluye un mecanismo por el cual el Pentágono podría adquirir una participación del 35 % en la empresa matriz mediante warrants, además de un derecho preferente para comprar el 20 % de la producción a costo de extracción. La diferencia entre pagar el costo de extracción y pagar el precio internacional puede ser considerable: no es lo mismo comprar un barril que cuesta producir 20 dólares que adquirirlo a 60 u 80. Betancourt, además, tiene antecedentes que revelan la continuidad de un estilo. Su firma, Derwick Associates, obtuvo contratos estatales de gran valor durante el gobierno de Hugo Chávez para la construcción de centrales termoeléctricas, y también enfrentó investigaciones y acusaciones relacionadas con presunto lavado de dinero y malversación, que ha negado.
La pregunta sobre quién se beneficia no termina, entonces, en los intermediarios que venden el crudo ni en las empresas que reciben dólares. Alcanza también a quienes obtienen derechos sobre los campos, sobre la producción futura y sobre las condiciones fiscales de la industria. La renta petrolera puede transferirse mucho antes de que un barril salga del subsuelo: basta con conceder derechos de explotación, condiciones tributarias favorables o ventajas de compra que reduzcan los ingresos que recibirá el Estado en el futuro.
La administración Trump sostiene que reemplazó un esquema opaco por otro más controlado. Es cierto que los compradores deben pasar controles de sanciones y lavado de dinero y que KPMG produjo una primera reconstrucción de ingresos y desembolsos. Pero la transparencia sigue siendo incompleta: el informe no identifica a los veinte compradores, no permite conocer a todos los beneficiarios finales de las divisas y deja sin resolver aspectos centrales de los contratos y de los márgenes comerciales. La publicación, además, llegó después de meses de cuestionamientos de legisladores demócratas por la falta de información y de auditorías públicas.
Eso puede cambiar con el Congreso que se instala en enero de 2027. En las elecciones de medio término del 3 de noviembre, los demócratas lograron el control de ambas cámaras, y sus legisladores tendrán más herramientas para exigir documentos, citar funcionarios y examinar los acuerdos que sostienen la política de Trump hacia Venezuela. Para no generar expectativas exageradas, hay que aclarar que la capacidad de obligar a entregar determinada información dependerá de las facultades legales, de los procedimientos y de las eventuales disputas judiciales. Aun así, la investigación no tendría por qué limitarse a los 12.260 millones: también puede alcanzar las licencias concedidas a Vitol y Trafigura, las condiciones de los contratos petroleros, los vínculos entre operadores privados y funcionarios, y la participación del Pentágono en los acuerdos de explotación.
Hay otra investigación, potencialmente más importante, que no dependerá de Washington. Un gobierno venezolano elegido democráticamente podría revisar estas decisiones económicas, cuestionar las condiciones de los contratos, investigar la distribución de las divisas y reclamar los ingresos que considere entregados en condiciones perjudiciales para el país. No significa que pueda anular automáticamente todos los acuerdos: cada contrato deberá examinarse según sus condiciones, las leyes aplicables, las garantías otorgadas y los mecanismos internacionales de arbitraje. Pero una transición democrática podría abrir una disputa política, judicial y económica de enorme magnitud, con los derechos sobre campos petroleros, las licencias de comercialización, las condiciones tributarias y los compromisos de compra de producción futura bajo revisión.
Y es aquí donde regresan las dudas. La custodia puede tener una justificación legal. Lo que no queda explicado es por qué esa custodia vino acompañada de un sistema que también organiza el negocio, selecciona a sus operadores, distribuye las oportunidades de acceso a las divisas y compromete parte de la producción futura, y que además le da a la dictadura un mecanismo de recaudación marginal y de asignación de poder económico que la consolidan en el poder. Las consecuencias van mucho más allá de la contabilidad. Cuanto más tiempo permanezca vigente el esquema, más empresas acumularán derechos, contratos, inversiones y expectativas de ganancias; más difícil será revisar las decisiones tomadas y más actores tendrán algo que perder si un gobierno venezolano elegido libremente decide recuperar el control de sus recursos. En una nueva etapa democrática, esa riqueza acumulada puede traducirse en una enorme capacidad de presión política que condicione al nuevo líder en Miraflores. Por eso no se trata de hablar solamente de las opacidades del presente.
No hay pruebas suficientes para afirmar que ese sea el motivo por el que Trump se resiste a conceder una salida electoral en Venezuela. Pero es una hipótesis que merece ser investigada. Si una transición democrática pudiera revisar los negocios petroleros, reclamar ingresos o cuestionar las condiciones bajo las cuales se entregaron los campos, el problema para quienes hoy se benefician del sistema no sería solamente perder influencia política en Caracas: también podrían perder posiciones económicas de enorme valor.
Por eso los 12.260 millones de dólares son apenas el comienzo de la historia. La pregunta no es únicamente cuánto petróleo vendió Venezuela ni cuánto dinero regresó a sus bancos, sino quién decidió las condiciones de venta, quién obtuvo los dólares, quién recibió los derechos sobre los campos y quién tendrá autoridad para revisar todo lo que se hizo. El petróleo venezolano sigue bajo tierra, pero una parte de su renta ya está comprometida. Y el control de esa renta puede ser también una forma de decidir quién gobierna el país, quién explota sus recursos y quién tiene derecho a reclamar lo que le pertenece.
Un informe que mide cuánto se movió pero oculta quién cobró sirve más para justificar el mecanismo que para esclarecerlo.




