Alternativa para Alemania: Entre el avance electoral y el poder de gobernar

Por María Laura Fuentes

Autodefinida como una fuerza patriótica de orientación liberal-conservadora, “Alternativa para Alemania” (AfD) es considerada por buena parte de los analistas como un partido de derecha radical populista. No son necesariamente definiciones contradictorias, aunque tampoco una diferencia menor: cada una mira al partido desde una perspectiva diferente. Mientras la primera resalta los valores que dice defender —libertad, tradición e identidad nacional—, la segunda señala los aspectos más controvertidos de su discurso político y propuestas. Por eso, más que quedarse con una etiqueta u otra, conviene entender qué hay detrás de esas dos miradas.

El populismo constituye la forma en que AfD construye el conflicto político. Responde a la pregunta sobre quién debe tener el poder en Alemania y define las posiciones a través del contraste y la confrontación. Establece la división entre “nosotros” —el pueblo— y “ellos, los lejanos de allá arriba” —los partidos establecidos, las élites políticas, los gobiernos y las instituciones europeas—. Su discurso parte de una idea sencilla: los ciudadanos deben recuperar el control sobre las decisiones que afectan sus vidas, frente a unas clases dirigentes que, según AfD, se han alejado de ellos.

La derecha radical, en cambio, describe hacia dónde lleva ese conflicto y qué valores políticos defiende. En otras palabras, marca un rumbo: propone políticas que buscan acercar a Alemania al tipo de sociedad que considera deseable, recuperando el control sobre aquello que entiende esencial para su soberanía —sus fronteras, su moneda, su energía y su política exterior— y reduciendo drásticamente la inmigración.

En materia migratoria, sin embargo, decir simplemente que AfD está “contra la inmigración” resulta demasiado simplista. El partido plantea un cambio radical de la política de asilo y migración: controles más estrictos en las fronteras, rechazo de la inmigración ilegal, restricciones al sistema de asilo y una política mucho más intensa de retorno y deportación de personas sin derecho a permanecer en Alemania. Su programa denomina a este conjunto de medidas “remigration”. También propone que la protección concedida a determinadas personas pueda finalizar cuando desaparezcan las causas que la justificaron y plantea una política de inmigración mucho más restrictiva.

Pero la agenda de AfD va mucho más allá de la inmigración. El partido propone abandonar el sistema del euro y recuperar una moneda nacional, una de las banderas con las que nació en 2013. En política exterior, plantea poner fin a las sanciones contra Rusia y reconstruir sus relaciones comerciales y energéticas con Moscú. En materia educativa, busca recuperar el control sobre lo que se enseña en las escuelas, cuestionando los enfoques que considera ideologizados y reivindicando una educación más vinculada con la historia, la cultura, los valores y la identidad alemana. El resultado sería una Alemania menos condicionada por Bruselas: más soberana, decidida a reivindicar su identidad nacional y a definir por sí misma sus prioridades y políticas.

Peso electoral vs. gobernabilidad

Miremos cómo funciona la política alemana para comprender por qué AfD puede crecer mucho y, aun así, tener dificultades para llegar al poder.

Desde la creación de la República Federal en 1949, ser la fuerza más votada no garantiza gobernar. A diferencia de los sistemas presidenciales, los ciudadanos no votan directamente al jefe de gobierno en las elecciones federales, sino a los partidos que tendrán representación en el Bundestag (Parlamento Federal). Una vez definidos los resultados, los parlamentarios deben ponerse de acuerdo para reunir una mayoría, generalmente mediante una coalición de gobierno, y elegir así al canciller. Es decir, el ciudadano vota al Parlamento y el Parlamento elige al canciller.

Esto permite entender algo fundamental: ganar votos en Alemania no se traduce automáticamente en la garantía de gobernabilidad; es decir, la capacidad de un gobierno para tomar decisiones, conseguir apoyo político y sostenerse en el tiempo, una pieza fundamental del sistema político alemán.

Y hay una razón histórica detrás de esta arquitectura institucional. La República Federal nació después de la experiencia de la República de Weimar (1919-1933) y de la posterior dictadura nazi. La Constitución de Weimar había creado una democracia parlamentaria con amplios derechos, pero también otorgó al presidente poderes muy importantes y permitió una gran inestabilidad política. La experiencia de su fracaso influyó directamente en quienes redactaron el actual sistema alemán.

Por eso, el Grundgesetz, la Ley Fundamental de 1949, buscó construir una democracia con mayores mecanismos de estabilidad y controles sobre la concentración del poder. El Parlamento adquirió un papel central, el federalismo reforzó la distribución territorial del poder y se establecieron mecanismos destinados a impedir que una mayoría circunstancial pudiera desestabilizar fácilmente al Gobierno.

Una vez formado el Gobierno, el sistema establece una regla que evita desplazar a un canciller sin una alternativa definida. El Bundestag no puede destituirlo solamente votando en su contra: para reemplazarlo debe elegir al mismo tiempo a un nuevo canciller con una mayoría. Es lo que se conoce como moción de censura constructiva. De esta manera, así como no alcanza con ser los más votados para gobernar, tampoco basta con reunir los votos necesarios para desplazar a un gobierno: también hay que acordar quién lo va a reemplazar. Esta es precisamente una de las diferencias respecto de la experiencia de Weimar y uno de los mecanismos que el sistema alemán incorporó para favorecer gobiernos estables.

Las coaliciones, por tanto, no son simplemente una herramienta para impedir que un determinado partido gobierne. Son una consecuencia natural de un sistema parlamentario en el que ningún partido obtiene necesariamente una mayoría absoluta. Pero también cumplen una función política importante: obligan a diferentes fuerzas a negociar, compartir el poder y construir mayorías, en lugar de concentrarlo en una sola fuerza. En la Alemania posterior a Weimar y al nazismo, esta lógica forma parte de una arquitectura institucional concebida para proteger la democracia frente a la inestabilidad, la concentración excesiva del poder y el riesgo de que una fuerza política pueda utilizar los mecanismos democráticos para acabar debilitando o destruyendo la propia democracia.

La “Brandmauer”

Literalmente “muro cortafuegos”, este concepto describe la decisión de mantener a determinadas fuerzas fuera de las alianzas de poder. La política alemana ya tenía antecedentes de este tipo de aislamiento. Después de la reunificación, por ejemplo, existió durante años una fuerte distancia entre los partidos tradicionales y la PDS, heredera del antiguo partido comunista de Alemania Oriental y, posteriormente, antecesora de Die Linke (La Izquierda).

El concepto tomó una forma más concreta en 2018, cuando la conservadora CDU aprobó formalmente la decisión de no formar “coaliciones ni formas similares de cooperación” con AfD ni con Die Linke. Con el crecimiento de AfD, esa barrera adquirió cada vez mayor importancia y pasó a convertirse en una de las reglas políticas no escritas más relevantes de la Alemania actual.

En términos simples, la Brandmauer significa que los partidos tradicionales pueden competir con AfD, cuestionar sus propuestas e incluso intentar captar a sus votantes, pero no están dispuestos a convertir esos votos en una alianza para alcanzar el poder.

De coaliciones para gobernar a coaliciones para frenar

Aquí aparece la paradoja: mientras los demás partidos intentan mantener a AfD fuera del poder, su crecimiento plantea una pregunta cada vez más difícil de evitar: ¿la Brandmauer está frenando a AfD o simplemente está tapando el sol con la mano?

AfD puede crecer electoralmente sin aumentar en la misma proporción su capacidad de ejercer el poder de manera directa. Puede convertirse en una fuerza política cada vez más poderosa sin controlar las instituciones. Cuantos más votos obtiene, más bancas consigue y mayor es su capacidad para instalar temas, presionar a los demás partidos y condicionar el debate sin llegar a gobernar.

Mientras los demás partidos mantengan la Brandmauer, ese crecimiento no alcanza necesariamente para llegar al poder —por ahora—. Un paso más allá para AfD es conseguir una mayoría propia a nivel federal o lograr que alguno de los partidos tradicionales decida cruzar la Brandmauer.

El 6 de septiembre, Sajonia-Anhalt mostró hasta dónde puede llegar esta paradoja. AfD obtuvo el 43,8% de los votos y consiguió 39 de las 83 bancas del Parlamento regional (el “Landtag”), quedando a solo tres de la mayoría absoluta. La CDU, en cambio, obtuvo el 17,2% y quedó muy por detrás. El resultado convirtió a AfD en la fuerza claramente dominante del estado y marcó un nuevo récord para el partido en una elección regional.

Pero hay un dato que vuelve todavía más significativo el resultado: la participación electoral alcanzó el 77,8%, frente al 60,3% de 2021. Es decir, aumentó 17,5 puntos porcentuales y fue la participación más alta registrada en el estado desde la reunificación. En un país donde el voto no es obligatorio, significa que una cantidad excepcional de ciudadanos decidió concurrir a las urnas. AfD, además, consiguió movilizar a más de 150.000 personas que no habían votado en la elección anterior.

El resultado tiene una importancia que excede ampliamente a Sajonia-Anhalt. AfD estuvo a solo tres bancas de poder formar por sí sola un gobierno regional y, sin embargo, no pudo hacerlo. La razón vuelve a ser la misma: mientras la Brandmauer se mantenga, una victoria electoral contundente no garantiza la posibilidad de formar gobierno. La CDU volvió a descartar una alianza con AfD, dejando al partido ganador con una enorme fuerza parlamentaria, pero sin un socio con el cual alcanzar una mayoría.

Sajonia-Anhalt se convierte así en un ejemplo concreto de la diferencia entre ganar una elección y tener capacidad efectiva de gobierno. AfD demostró que puede alcanzar una magnitud electoral que hasta hace pocos años parecía difícil de imaginar. Ahora enfrenta la parte más difícil de la ecuación: transformar ese respaldo en poder institucional sin que los demás partidos estén dispuestos a facilitarle el camino.

Y ahí la cuestión deja de ser solamente cuánto puede crecer AfD. La verdadera incógnita es cuánto tiempo puede sostenerse una estructura política en la que una fuerza obtiene casi la mitad de los votos, pero el resto del sistema se niega a convertir ese resultado en una posibilidad de gobierno.

Desafío alemán

El fenómeno AfD plantea un desafío que va mucho más allá de la competencia dentro y entre partidos. Por un lado, interpela a las fuerzas tradicionales, que enfrentan una sociedad cada vez más preocupada por cuestiones concretas —inmigración, seguridad, energía, inflación, empleo y poder adquisitivo— y que muchas veces percibe que la política no está dando respuestas a la velocidad que esos problemas exigen.

AfD encontró allí un espacio político. Su discurso es menos cuidadoso con lo políticamente correcto, más directo y confrontativo. No parece dispuesta a aceptar como inamovibles determinadas políticas simplemente porque hayan sido acordadas dentro de Alemania o porque respondan a consensos establecidos en el ámbito europeo. Su propuesta parte, precisamente, de cuestionar esos consensos y recuperar margen de decisión nacional.

Eso le permite presentarse ante una parte del electorado como una fuerza que dice lo que otros partidos no se atreven a decir y propone hacer lo que otros no se animan a hacer. Esa percepción ayuda a explicar por qué consigue atraer no solo a votantes identificados con la derecha, sino también a personas desencantadas con las fuerzas tradicionales.

Pero el desafío también alcanza a la propia AfD. Entender el malestar de una sociedad no es lo mismo que tener la capacidad de gobernarla. Una cosa es cuestionar consensos, denunciar problemas y plantear soluciones contundentes; otra muy distinta es convertirlas en políticas viables, conseguir mayorías parlamentarias y asumir las consecuencias de decisiones que pueden modificar los pilares sobre los que Alemania construyó buena parte de su estabilidad.

Cambiar de manera drástica sus políticas, su relación con Europa o su posición frente a Rusia no solo implica elegir un nuevo rumbo: también requiere contar con las herramientas necesarias para evitar que la solución propuesta termine siendo peor que el problema que intenta resolver.

Y hay una dimensión todavía mayor. Alemania no es un país más dentro de Europa. Es la principal economía de la Unión Europea y durante décadas actuó como una de sus principales locomotoras políticas y económicas. Si una fuerza que cuestiona buena parte de los consensos europeos consigue llegar al poder, la discusión ya no será solamente qué quiere cambiar dentro de Alemania, sino qué lugar quiere ocupar Alemania en Europa y qué impacto tendría ese cambio sobre el proyecto europeo en su conjunto.

Por eso, el fenómeno AfD plantea un desafío que alcanza a todos: a los partidos tradicionales, que deben demostrar que pueden responder a las urgencias de la sociedad; a AfD, que deberá demostrar que puede transformar su discurso en políticas concretas y capacidad de decisión; y a Europa, porque un cambio de rumbo en Alemania difícilmente quedaría limitado a sus fronteras.