Corredor Andes-Atlántico: ¿Estrategia o firmas?
Por Agustina Sánchez Castro
El Corredor Andes - Atlántico puede ser una oportunidad real para la Argentina, y negarlo sería ingenuo, pero el debate gira en torno a la pregunta equivocada: cuántos millones, cuántos rieles, cuántos puertos, y poco se discute para qué. La política exterior debería medirse por lo que sus acuerdos dejan en el territorio y no por la cantidad que firma.
El 22 de septiembre pasado se difundió la declaración de Shield of The Americas, que se apoya en tres pilares: el económico, el de seguridad y el de coordinación multilateral. Veinticuatro horas después, en Nueva York y en paralelo de la Asamblea General de la ONU, Argentina y Estados Unidos lanzaron el Corredor Andes-Atlántico, firmado por el canciller Pablo Quirno y el vicesecretario de Estado Christopher Landau. Un documento habla de seguridad económica del hemisferio; el otro, de rieles, puertos y ductos.
El analista internacional Alejandro Safarov, del Departamento de América Latina y el Caribe del IRI-UNLP, advierte que la sucesión de ambos anuncios, con un día de diferencia, no prueba la existencia de un plan único ni de una coordinación previa. Es una cautela razonable, pero la secuencia deja una pregunta más incómoda; si otros están armando una arquitectura, que lugar se reserva Argentina dentro de ella y qué condiciones se plantean. Según la ficha del Departamento de Estado, el corredor busca modernizar la infraestructura que conecta el noroeste argentino, rico en minerales críticos, y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico y los mercados occidentales: ferrocarril, ductos, puertos, energía e infraestructura. Es el primer corredor del hemisferio occidental dentro del Partnership Infrastructure and Investment, la iniciativa de infraestructura del G7. La cifra que más circula es la de hasta 7.000 millones de dólares y hay que leerla con cuidado. Corresponde al marco que Argentina firmó con el EXIMBank y otorga financiamiento disponible hasta 2027, no dinero asignado ni obra adjudicada. Unos 6.000 millones apuntan a Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas que impulsan YPF, ENI y XRG, de unos 51.000 millones de dólares en total y Safarov aclara que esa operación es por ahora una propuesta indicativa y no vinculante.
La ficha oficial habla de agencias estadounidenses que pueden participar en el financiamiento. El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, habló en el mismo tono: El EXIMBank está dispuesto a movilizar hasta 7.000 millones para proyectos de minerales críticos y energía. Es lenguaje de posibilidad y la distancia entre lo que se puede hacer y lo que se hace es buena parte del asunto. Según Infobae, Lamelas explicó que el EXIMBank financia a proveedores estadounidenses y celebró las nuevas líneas de crédito para que esas empresas participen en proyectos locales. El texto del acuerdo parece contemplar que compitan en las licitaciones o actúen como subcontratistas.
Del lado argentino, los compromisos son más concretos, según diversos medios, el país se comprometió a fortalecer su marco legal para las inversiones y a ofrecer reglas previsibles para las concesiones de infraestructura con el RIGE como vehículo principal.
El corredor no nació de la nada. En agosto de 2024 se firmó un memorándum de cooperación en minerales críticos. El 4 de febrero de 2026, durante la reunión ministerial convocada en Washington por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, Quirno y Landau suscribieron el Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos. Según el comunicado de la Cancillería argentina, el acuerdo prevé herramientas de financiamiento público y privado, simplificación de permisos y cooperación en mapeo geológico, gestión de materiales críticos y reciclaje.
Al día siguiente llegó el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocas. Estados Unidos eliminaría aranceles para 1.675 productos argentinos, por exportaciones de 1.013 millones de dólares y, según la prensa, el texto también incluye el compromiso de priorizar a Estados Unidos como socio de minerales críticos. Consultado al respecto, Quirno sostuvo que el acuerdo no impide la participación de China en inversiones mineras.
Argentina, por su parte, según la Cancillería, eliminará aranceles para 221 posiciones arancelarias, reducirá al 2 % los correspondientes a otras 20 y otorgará cuotas para vehículos, carnes y otros productos agrícolas. El intercambio es de ida y de vuelta, y por eso la pregunta es inevitable: ¿qué recibe la Argentina a cambio?
La urgencia tiene una explicación y la tentación de firmar rápido es comprensible. Las exportaciones mineras de 2025 alcanzaron un récord de 6.037 millones de dólares, con un crecimiento cercano al 30 por ciento. Pero la oportunidad económica no elimina la necesidad de definir qué busca el país con estos acuerdos ni cómo piensa en convertirlos en beneficios duraderos.
El recorrido de memorándum al corredor es coherente, pero ninguno de los documentos dice, al menos hasta donde se conoce públicamente, qué quiere Argentina de todo esto más allá de inversión y divisas. Aquí está, a mi juicio, el centro de la discusión.
En política exterior hay una discusión clásica y útil, planteada por Lasagna: los objetivos nacionales van por un lado y los medios para alcanzarlo por el otro. La diplomacia económica, es decir, el uso de la política exterior para atraer inversiones, abrir mercados y conseguir financiamiento, es uno de esos medios. Pero un medio no define el rumbo; eso lo hace la estrategia, que consiste en decidir cómo se usan los recursos disponibles para alcanzar esos objetivos. Sin esa decisión, los recursos se movilizan sin un criterio claro.
La secuencia de 2024 a 2025 muestra un país que firma y firma bien. Todavía no muestra un país que haya dicho para qué. Quirno resumió su lectura al señalar que la Argentina creó las condiciones para que países amigos, como Estados Unidos, se interesen en construir infraestructura desde el sector privado. Es una buena descripción de lo que la diplomacia económica consigue: atraer capital y proveedores. No dice qué obtiene el país a cambio de convertirse en el destino de ese capital. Cuando los instrumentos se multiplican y los objetivos no se enuncian, el medio ocupa el lugar de la política y el éxito pasa a medirse por la cantidad de anuncios, no por lo que queda construido, producido y decidido en el territorio. Esa decisión no le corresponde a la Cancillería.
En Argentina, el Poder Ejecutivo orienta la política exterior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto la conduce y la ejecuta. Es el Ejecutivo el que tiene que definir qué espera el país de estas alianzas, y no puede delegar esa tarea en el ritmo de la agenda diplomática. La pregunta interpela para quiénes toman las decisiones, pero también a una sociedad que tiene derecho a saber qué se busca antes de que las firmas se conviertan en hechos consumados. Argentina, además, no negocia sola. Safarov recuerda que Gangfeng Lithium participa en Cauchari- Olaroz en Jujuy y que en Salta desarrolla Mariana y Pozuelos-Pastos Grandes.
En Neuquén, además, opera la estación de Bajada del Agrio, fruto de convenios entre organismos argentinos y chinos y utilizada por el programa espacial de China. Safarov aclara que esto no demuestra que el corredor haya nacido como respuesta a Pekín. Lo que sí muestra es que Washington llega a un territorio donde China ya tiene intereses concretos. Argentina no es un espacio vacío sobre el que dos potencias dibujan un mapa: tiene proveedores de capital que compiten entre sí, y esa competencia, bien administrada, constituye una de sus pocas ventajas de negociación.
La energía agrega un factor más. A partir de datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, Safarov señala que por el Estrecho de Ormuz transitaban unos 21,6 millones de barriles diarios de petróleo y otros líquidos en el cuarto trimestre de 2025, mientras que en el segundo trimestre de 2026 ese flujo cayó a 4,9 millones. El tránsito de GNL bajó de 10,5 a 0,8 mil millones de pies cúbicos diarios. Vaca Muerta no alcanza para cubrir ese faltante, pero podría sumar una oferta de petróleo y gas lejos de ese cuello de botella. Según Infobae, el anuncio se produjo en medio de un conflicto en Medio Oriente que afecta el transporte de energía por Ormuz y Bab-el-Mandeb. Ese valor estratégico es reconocido por otros y vale tanto como Argentina sepa negociar por él.
Todo esto ocurre en un tablero asimétrico. Quienes estudian la competencia por los minerales estratégicos coinciden en que las relaciones internacionales están atravesadas por intereses económicos y diferencias de poder, que hoy también se expresan en la disputa por esos minerales.
El Andes-Atlántico es una pieza de esa disputa y Argentina participa desde el lado menos poderoso de la relación. Por eso importa tanto lo que decida pedir, y no se trata de un asunto ajeno al resto de los países del Cono Sur. Chile ofrece una salida al Pacifico del Norte Argentino y Brasil proyecta su propia ruta, de modo que lo que Argentina decida o deje de decidir, repercute en toda la región.
Para Jujuy o Salta, la discusión de fondo es cómo conviven dos visiones lógicas distintas. El Corredor Bioceánico de Capricornio apunta a canalizar la producción por los puertos del Pacifico, a través de Chile; el Andes-Atlántico, en cambio, apuesta por los trenes, la Hidrovía y los puertos sobre el Atlántico. Safarov observa que Estados Unidos no ha asumido, hasta ahora, un compromiso específico con las rutas que conectan el norte argentino con el norte de Chile. Para esas provincias lo inteligente sería aprovechar las dos redes en lugar de depender de una sola salida.
Brasil, además, impide leer todo como un duelo entre Estados Unidos y China. Hace años que busca llegar al Pacifico para conectar su Centro-Oeste con los mercados de Sudamérica y Asia. Mato Grosso do Sul es una pieza clave de esa ruta bioceánica, lo que le da a Brasil intereses propios en el norte argentino.
En ese escenario, el artículo 124 de la Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales de su territorio. Según la ficha del Departamento de Estado, una delegación de ese organismo, de la DFC y del EXIMBank iba a recorrer Buenos Aires, Jujuy y Salta en octubre para identificar operaciones. La delegación llegó el 5 de octubre, Quirno la recibió el día 6 en el Palacio San Martín y el embajador Peter Lamelas resumió la visita en X con una consigna: del anuncio a la acción.
La acción ya empezó. Por eso, la política exterior que negocia el corredor tiene que sentar a las provincias en la mesa antes que los financistas, no después y no solo para la foto. Una política exterior estratégica exige, a mi juicio, cuatro decisiones previas a la negociación. Cada una puede traducirse en una pregunta que debería poder responderse con documentos públicos.
La primera es definir qué se quiere obtener, además de capital: procesamiento local, proveedores nacionales, transferencia de tecnología e infraestructura que también sirva a la producción regional. Si el EXIMBank financia a proveedores estadounidenses, ¿qué parte del procesamiento y de las obras queda en manos de empresas y trabajadores argentinos?
Safarov cierra su análisis con una advertencia que comparto: para Argentina, el problema será "convertir el interés externo en infraestructura, capacidad productiva y margen de decisión".
La segunda es mantener abiertas las opciones. Que el acuerdo con Estados Unidos no excluye a China, como sostuvo Quirno, sólo puede afirmarse si Argentina conserva, en los hechos, la capacidad de negociar con Pekín, Brasilia y Santiago sin que cada firma cierre la puerta a la siguiente. El propio canciller dijo, según Infobae, que las cadenas de suministro obligan a los gobiernos a definir quienes son "los países amigos y los países afines".
Esa lógica de alineamiento y la promesa de no excluir a nadie no terminarán de encajar. La propia misión estadounidense previó en Jujuy un panel que, según Infobae, iba a analizar las condiciones para que el país mantenga una inserción minera diversificada y vínculos con otros mercados. El tema está sobre la mesa; falta saber qué dice la Argentina. ¿Qué lo garantiza y qué pasa con las rutas hacia el Pacifico si el eje Atlántico gana prioridad en el financiamiento?
La tercera es asegurar la continuidad. Safarov señala que Washington busca cadenas de suministro de minerales menos concentradas desde antes de la actual administración, como muestran la Minerals Security Partnership y el memorándum de 2024. Es un objetivo que atraviesa gobiernos de distinto signo y Argentina necesita una posición igual de estable. ¿Qué la sostiene si cambia el gobierno, aquí o en Washington?
La cuarta es la legitimidad interna. Según informó Mining.com, el acuerdo marco de febrero todavía no había sido ratificado por el Congreso. Una política exterior que aspire a perdurar tiene que contar con el respaldo de las instituciones. ¿Cuándo se debatirá en el Congreso?
Si la respuesta a todo esto es "ya se verá", lo que hay es un marco de buenas intenciones, no una estrategia. Un acuerdo marco no puede resolverlo todo, pero el Estado tiene que saber qué quiere cuando se sienta a negociar cada operación, porque es allí, y no en el anuncio, donde se decide quien captura el valor.
Además, el escenario político norteamericano tampoco está asegurado. Safarov cita una encuesta de Reuters/Ipsos de septiembre de 2026 que muestra, entre votantes inscriptos, 43 % de preferencia por candidatos demócratas y 35 % por republicanos de cara a las legislativas. Una medición posterior de la misma consultora, a comienzos de octubre, los ubicó en 37 y 44 % respectivamente. Ninguna encuesta nacional alcanza para saber quién se quedará con cada cámara, pero un Congreso dividido podría cambiar partidas presupuestarias, controles y calendarios de ejecución, aunque eso no implicaría necesariamente derogar los acuerdos.
Lo que sí obliga es distinguir cuatro cosas que, como señala Safarov, suelen aparecer mezcladas en los anuncios: el marco político, la operación aprobada, el financiamiento desembolsado y la obra terminada. Sudamérica conoce esa distancia. La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional (IIRSA) lanzada en el año 2000, es un antecedente útil para recordar entre planificar una cartera ambiciosa de proyectos y convertirlas en obras.
En mi opinión, propongo cambiar la vara con la que se mide el corredor. En lugar de contar anuncios, habría que seguir cada proyecto en esas cuatro etapas y hacer pública la información correspondiente: qué se acordó, qué operación fue aprobada, cuánto se desembolsó y qué obra está efectivamente terminada. Es un ejercicio de transparencia que el Congreso, las provincias y la prensa especializada pueden exigir desde ahora y que protege tanto a la Argentina como a sus socios de las expectativas infladas. Un corredor discutido con datos resiste mejor un cambio de ciclo político, en Buenos Aires o en Washington, que uno que depende del entusiasmo de la foto inicial.
Un corredor es una vía, y una vía lleva a donde alguien decidió que fuera. Argentina tiene que definir su destino antes de que se concreten las primeras operaciones, porque los demás llegan con el suyo. La diplomacia económica consigue las cartas, lo que se haga con ella depende de la política exterior.
