Trump pierde el Congreso: Ucrania, Medio Oriente y Venezuela en la mira
Por Ignacio Montes de Oca
La derrota electoral de Donald Trump no se limita a una pérdida de bancas en el Congreso. Tiene consecuencias potenciales sobre tres conflictos internacionales en los que Estados Unidos desempeña un papel decisivo y en los que las decisiones presidenciales alteraron compromisos militares, alianzas históricas y equilibrios políticos: Ucrania, Medio Oriente y Venezuela.
En las elecciones legislativas del 3 de noviembre, los demócratas conquistaron ambas cámaras del Congreso, con avances particularmente significativos en estados que Trump había ganado en 2024. Según el recuento publicado por Reuters, la derrota republicana estuvo impulsada por el malestar económico, el aumento del costo de vida y el rechazo a la guerra contra Irán. El presidente reconoció que el conflicto había perjudicado electoralmente a su partido, aunque aseguró que no se arrepentía de haberlo iniciado.
El cambio de mayoría no desplaza a Trump de la Casa Blanca ni le quita el mando de las Fuerzas Armadas. Conserva amplias facultades para conducir la política exterior, iniciar negociaciones y ordenar operaciones militares. Pero desde el 3 de enero de 2027 perderá el control parlamentario de los presupuestos, las comisiones y las investigaciones. Los demócratas podrán citar funcionarios, exigir documentación, bloquear nombramientos y condicionar la financiación de nuevas iniciativas. No podrán, por sí solos, imponer una política exterior diferente ni superar un veto presidencial sin mayorías extraordinarias.
La diferencia es que, a partir de ese día, cada decisión de Trump tendrá ahora un costo político mayor y deberá afrontar un Congreso que ya no estará dispuesto a funcionar como una extensión de la Casa Blanca.
En Ucrania, el resultado puede representar una oportunidad para Kyiv y una complicación para Vladimir Putin. Desde su regreso a la presidencia, Trump modificó la política estadounidense frente a la invasión rusa: redujo la asistencia directa, presionó a Volodymyr Zelenskyy para aceptar negociaciones y adoptó decisiones que favorecieron la posición económica de Moscú, entre ellas flexibilizaciones de las restricciones al petróleo ruso. El bloqueo a partir de enero ya no va a ser avalado por el Congreso.
La dimensión financiera permite comprender lo que está en juego. El Congreso había autorizado aproximadamente 175.000 millones de dólares para responder a la guerra y sus consecuencias. La administración Trump, además, no impulsó una nueva partida de asistencia general que se acercara a los 70.000 millones de los grandes paquetes aprobados durante el gobierno de Joe Biden.
A esa reducción se sumó un instrumento todavía más sensible: la dependencia ucraniana de los sistemas estadounidenses de comunicaciones y de inteligencia. En octubre, Reuters informó que una orden procedente de la Casa Blanca había dispuesto limitar el servicio militar Starshield utilizado por Ucrania. La restricción afectó también las capacidades asociadas a Starlink, fundamentales para las comunicaciones en el frente y el funcionamiento de drones. La decisión demostró que Washington podía modificar la capacidad operativa ucraniana sin necesidad de retirar una sola unidad de armamento.
La nueva mayoría demócrata podrá investigar quién tomó esas decisiones, con qué fundamento y qué consecuencias tuvieron sobre la seguridad ucraniana. También podrá impulsar nuevas partidas de asistencia y recuperar las sanciones contra Moscú.
E incluso sancionar políticamente a los socios civiles en otros contratos con el estado. El problema es que Trump conserva la capacidad de veto y de demorar la ejecución de fondos. Por eso, la victoria de Kyiv en Washington no está asegurada.
Para Putin, en cambio, aparece una incertidumbre estratégica. Su expectativa de prolongar la guerra hasta que Estados Unidos termine imponiendo una negociación favorable al Kremlin dependerá ahora de un Congreso mucho menos permeable a las concesiones presidenciales. La posibilidad de una resistencia bipartidista a su política puede alterar los cálculos de Moscú.
En el caso del acuerdo para la comercialización de diésel ruso pactada por Trump, puede dar lugar a medidas precautorias que limiten el alcance de ese pacto. O promover acciones legales que reimpongan las sanciones. La puesta en marcha de la ley Graham podría ser una posibilidad que la mayoría demócrata explote, y que en ese trámite arrastre votos republicanos descontentos con el manejo que hizo Trump del asunto.
En Medio Oriente, la derrota republicana tiene una relación más directa con el costo de la guerra contra Irán. La campaña militar iniciada junto con Israel el 28 de febrero terminó afectando los mercados energéticos, el tránsito marítimo y el precio de los combustibles. La Casa Blanca descubrió que una operación presentada como demostración de fuerza podía convertirse en un problema electoral cuando sus consecuencias llegaban al bolsillo de los estadounidenses.
Pero el resultado también introduce un cambio importante en la relación con Israel. El propio 3 de noviembre, mientras se desarrollaban las elecciones, Trump anunció que Estados Unidos dejaría de proporcionar asistencia militar a Israel al terminar el año. Habló de unos 4.000 millones de dólares anuales, aunque el acuerdo vigente contempla 38.000 millones durante diez años, entre 2019 y 2028, equivalentes a 3.800 millones por año.
La decisión supone un cambio respecto del compromiso firmado durante la presidencia de Barack Obama y coloca a Benjamin Netanyahu ante una situación incómoda. Israel depende de Estados Unidos para una parte sustancial de su equipamiento militar, municiones, sistemas de defensa y tecnología. La asistencia no es solamente una transferencia de dinero: es una pieza de su arquitectura de seguridad.
El anuncio de Trump tampoco debe confundirse con una cancelación legal ya ejecutada. El acuerdo vigente compromete a ambas administraciones hasta 2028 y el Congreso tiene atribuciones decisivas sobre las partidas presupuestarias. Precisamente por eso, la nueva mayoría demócrata podrá revisar las condiciones de la asistencia, exigir explicaciones y discutir si debe mantenerse el respaldo militar sin mayores exigencias sobre la conducta israelí. Los cuestionamientos en las bancadas demócratas a Netanyahu y su debilitamiento en las elecciones parlamentarias, crean las condiciones para ese cambio en el vínculo.
El cuestionamiento ya no procede exclusivamente de sectores minoritarios del Partido Demócrata. La guerra en Gaza, las operaciones regionales y la ofensiva contra Irán ampliaron la resistencia a financiar sin condiciones las decisiones del Gobierno israelí. Netanyahu, o quien lo suceda, tendrá que negociar con una Washington en la que la protección parlamentaria de Israel será menos automática.
Para los países árabes del Golfo, el cambio también importa. Sus instalaciones energéticas y rutas comerciales quedaron expuestas a las represalias iraníes. Necesitan garantías de seguridad estadounidenses, pero también una política que no los arrastre a una guerra prolongada. Trump tendrá menos margen interno para mantener una escalada militar cuyo costo económico ya contribuyó a su derrota.
Venezuela presenta una contradicción todavía más profunda. Allí Trump convirtió una intervención militar en una demostración de poder regional, pero el resultado político posterior dista de la promesa de restauración democrática con la que Washington justificó buena parte de su actuación. El voto latino que contribuyó a su victoria en 2024, ahora le dio la espalda y el trato a los países de origen de esa comunidad no está desvinculado del resultado.
Tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, Delcy Rodríguez conservó el control de una parte sustancial del aparato chavista y pasó a ser la principal interlocutora de Estados Unidos. Washington restableció relaciones diplomáticas y abrió el sector petrolero a nuevas negociaciones. La dictadura no fue sustituida por una democracia ni se estableció un calendario electoral verificable. El bienestar en la región no tiene solo que ver con las justificaciones económicas.
La dimensión económica de ese entendimiento es considerable. El 17 de octubre, Rodríguez anunció que Venezuela esperaba inversiones petroleras por casi 76.000 millones de dólares durante los próximos cinco años, a partir de acuerdos recientes. Según sus declaraciones, el convenio bilateral con Estados Unidos comprende 17 campos petroleros y prevé la instalación de 250 equipos de perforación. Son cifras anunciadas por la propia dirigente venezolana, no inversiones ya desembolsadas ni producción garantizada.
La pregunta política es inevitable: ¿Estados Unidos está desmontando el chavismo o está negociando con una parte de su estructura para asegurarse el control económico y estratégico de Venezuela?
La ausencia de elecciones vuelve más evidente esa contradicción. Rodríguez no ha fijado una fecha para convocar comicios presidenciales libres, mientras el aparato institucional continúa bajo el control de dirigentes vinculados al régimen anterior. Tampoco existe una garantía de que la oposición pueda competir en condiciones equitativas, que los presos políticos sean liberados de manera efectiva o que se restablezcan las libertades públicas.
La normalización económica avanza, por lo tanto, mucho más rápido que la democratización. Para los demócratas, esa diferencia ofrece un argumento poderoso para investigar los acuerdos petroleros, las condiciones de la intervención y las razones por las que la Casa Blanca aceptó negociar con la principal figura sobreviviente del chavismo sin exigir previamente una transición verificable.
También podrán examinar los eventuales beneficios obtenidos por empresas y personas vinculadas al entorno presidencial. La relación entre la política venezolana y los intereses privados de los actores que participaron en su reorganización puede convertirse en uno de los asuntos más incómodos para Trump.
La dictadura de Rodríguez, por su parte, podría intentar aprovechar la disputa estadounidense para ampliar su margen de maniobra. Su capacidad de ofrecer petróleo y estabilidad operativa puede convertirse en una herramienta de negociación con una Casa Blanca que necesita exhibir resultados. Pero el nuevo Congreso tendrá más posibilidades de cuestionar que esos beneficios económicos se obtengan a costa de postergar indefinidamente la democracia venezolana.
Los tres conflictos muestran, con diferencias importantes, el mismo problema para Trump: su política exterior se apoyó en la posibilidad de utilizar los recursos estadounidenses, las alianzas militares y la presión económica como instrumentos de negociación personal. La derrota electoral introduce un contrapeso institucional que puede limitar esa estrategia.
En Ucrania, ese contrapeso puede favorecer la recuperación del respaldo a Kyiv y dificultar las concesiones a Putin. En Medio Oriente, puede obligar a Trump a moderar la guerra contra Irán y revisar las condiciones de la asistencia a Israel. En Venezuela, puede poner bajo investigación una política que desplazó a Maduro, pero terminó negociando con la estructura chavista superviviente, sin elecciones ni garantías democráticas.
No significa que los demócratas vayan a imponer una política exterior completamente diferente. Dentro del partido existen posiciones enfrentadas sobre Israel, Irán y el alcance del compromiso estadounidense con Ucrania. Tampoco disponen de los votos necesarios para superar automáticamente un veto presidencial. Pero ahora controlarán las herramientas para investigar, bloquear, condicionar y exponer públicamente las decisiones del Ejecutivo.
Hay, además, una consecuencia que alcanza a los adversarios de Washington. Putin, Netanyahu, los dirigentes iraníes y Delcy Rodríguez deberán recalcular sus expectativas. Ninguno podrá asumir que un acuerdo con Trump garantiza necesariamente la continuidad de la política estadounidense.
La derrota del 3 de noviembre no devuelve a Estados Unidos a su antiguo papel internacional ni resuelve ninguno de los conflictos abiertos. Lo que pone en evidencia es que la política exterior presidencial también tiene límites internos y que esos límites pueden modificar los equilibrios internacionales.
Trump todavía conserva el poder de mover las piezas del tablero, pero acaba de perder el control de una parte fundamental de las reglas con las que pretendía hacerlo. Quedan dos años para rediseñar la política exterior sin la suma del poder interno.
