Alaska, Novatek y el círculo de Trump
Por Ignacio Montes de Oca
Un proyecto de 25.000 millones de dólares para exportar gas desde Alaska, vendido como emblema de la soberanía energética de Estados Unidos, fue financiado y dirigido en secreto por una empresa rusa sancionada, según las denuncias de su propio director ejecutivo, y se promovió bajo el paraguas del apellido Trump. El Financial Times y The New York Times revelaron el 24 de octubre el caso Polar Train LNG, que une a un amigo de Donald Trump Jr., a los enviados del presidente a Moscú y a los oligarcas más cercanos a Vladimir Putin en una misma trama, mientras Washington decide cuánto aflojar las sanciones a Rusia.
La empresa se presentó en marzo de 2026 para construir una terminal de exportación en el North Slope, con destino a los mercados asiáticos. Al equipo ejecutivo encabezado por Joel Riddle se le explicó que el capital inicial venía de dos fuentes sin mácula: Gentry Beach, empresario texano y amigo cercano de Trump Jr., y Tech Wave Industrial Projects Management, una firma de Abu Dabi.
El plan técnico consistía en reutilizar una terminal a medio construir de la rusa Novatek y trasladarla a Alaska. Esos módulos de licuefacción pertenecían a Arctic LNG 2, el megaproyecto siberiano bloqueado por el Tesoro estadounidense desde 2023.
Novatek es el segundo productor de gas de Rusia y está sujeta a sanciones estadounidenses, de modo que ningún ciudadano ni empresa de Estados Unidos puede negociar con ella ni recibir su dinero sin autorización.
Para cumplir con la forma, Polar Train LNG tramitó una licencia específica ante la OFAC, la oficina del Tesoro que controla las sanciones. Pedía permiso para sentarse a negociar con Novatek la transferencia de tecnología y los acuerdos comerciales para Alaska. La licencia nunca se otorgó.
En consecuencia, el proyecto no tenía autorización para mover un solo dólar de origen ruso ni para dejar decisiones en manos de la gasista. Sin embargo, según las investigaciones, eso fue lo que ocurrió. Mientras la solicitud seguía pendiente en Washington, Tech Wave empezó a transferir millones de dólares a la cuenta de la empresa en Estados Unidos.
Riddle comprobó después que Beach no había invertido y no era ni accionista ni ejecutivo. Como principal directivo de la empresa, hubiera sido el responsable de esta maniobra en caso de que el asunto derivara en una investigación judicial. Las evidencias de la presencia inversora rusa eran para ese momento abrumadoras.
El Financial Times revisó mensajes de WhatsApp en los que Denis Solovyov, miembro del directorio de Novatek, discutía el financiamiento y buscaba acelerar las transferencias a Polar Train LNG. Según documentos que vio el Times, Solovyov y el presidente ejecutivo de Novatek, Leonid Mikhelson, hablaron de girar hasta 15 millones de dólares a Tech Wave para sostener la operación. Es lo que en el derecho de sanciones se conoce como actuar antes de tener la licencia: la compañía rusa financiaba y decidía como si el permiso ya estuviera concedido.
Mikhelson es accionista mayoritario de Novatek y dueño de una fortuna cercana a los 28.000 millones de dólares. Comparte la propiedad del grupo con Gennady Timchenko, cofundador del Volga Group, amigo de Putin desde los años noventa en San Petersburgo y sancionado por Washington desde 2014. Quienes manejaban el dinero eran el núcleo económico del Kremlin. Y nadie arriesga una fortuna si no tiene una certeza o una garantía política solida como respaldo.
Esta iniciativa no está exenta de consecuencias contra Ucrania. Como el segundo mayor productor de gas de Rusia, las exportaciones de Novatek generan miles de millones de dólares en impuestos y divisas que alimentan directamente el presupuesto con el que Moscú financia la invasión a Ucrania.
La alarma saltó dentro de la propia empresa. Cuando Riddle y el director financiero, Dan Chandra, advirtieron que los giros de Tech Wave dependían de instrucciones de directivos rusos, pidieron un dictamen al estudio Baker Botts, especializado en sanciones.
Los memorandos que Riddle adjuntó a su renuncia indican que los encargados de aplicar las sanciones en el Tesoro habían señalado posibles preocupaciones vinculadas con las sanciones a Rusia. Los abogados señalaron el riesgo de responsabilidad penal directa para los directivos, que ejecutaban dinero y decisiones rusas sin licencia válida.
En septiembre Riddle renunció, y lo siguieron Chandra, el vicepresidente ejecutivo Jim Smith y el gerente de ejecuciones Jody Trantham. Según el Times, Riddle y otros dos ejecutivos avisaron a la administración Trump y pidieron que se investigara.
El eslabón político lo aporta Beach, que además de amigo de Trump Jr. fue vicepresidente de finanzas del comité de investidura de Trump en 2017, y promovía el proyecto invocando el respaldo de la familia presidencial.
Trump Jr. dice que ya no son cercanos, y Novatek asegura que Beach no intervino en sus negociaciones. La explicación no se sostiene: un empresario sin capital aportado ni lugar en la sociedad, que aun así abre puertas con el apellido del presidente, tiene una cercanía que se ejerce y no se declara después.
La conexión diplomática es la más grave. Jared Kushner, yerno de Trump, y Steve Witkoff, su enviado especial, viajaron a Moscú a negociar el fin de la guerra en Ucrania, y el proyecto de Alaska se habló en esos encuentros con Putin.
La Casa Blanca admitió que se lo mencionó "brevemente". El Times señala que no hay indicios publicados de que Kushner o Witkoff conocieran los vínculos con Novatek. Es difícil de creer. Nadie lleva a una mesa con Putin un proyecto de 25.000 millones con tecnología rusa sancionada sin preguntar quién lo paga, y el Tesoro ya tenía el caso en su radar. Si no lo sabían, fue una negligencia de dimensión histórica. Si lo sabían, es un escándalo de otra categoría.
Revisemos la secuencia: en marzo de 2026 se presenta Polar Train LNG y en abril firma el Memorando de Entendimiento con Novatek. Ese mes la compañía norteamericana presenta la solicitud de autorización (Specific License) ante la OFAC.
Entre mayo y agosto, mientras la solicitud de licencia seguía pendiente y sin aprobación, la empresa comenzó a recibir inyecciones de fondos trianguladas por la firma Tech Wave desde Abu Dabi. Fue en este lapso cuando el ejecutivo ruso de Novatek, Denis Solovyov, empezó a gestionar de forma activa el vínculo con Polar Train LNG.
En el derecho de sanciones de EE. UU., solicitar una exención a la OFAC no autoriza a actuar mientras el trámite está en proceso. Sin embargo, pese a que esa oficina del Tesoro nunca emitió ni aprobó la exención ni la licencia específica, el dinero comenzó a circular y los negociadores Witkoff y Kushner hablaron en Moscú de la iniciativa.
Esa secuencia permite una lectura sobre la lógica del esquema, que ningún documento publicado confirma pero que los hechos vuelven plausibles. Primero, ganar tiempo: mientras la OFAC no respondía, los contactos de Kushner y Witkoff con el Kremlin podían producir un acuerdo macro, un alivio de sanciones o un permiso especial que legalizara retroactivamente lo ya hecho. Tanta energía política y el nivel de los interlocutores aumentan las suspicacias.
Segundo, triangular el dinero por Abu Dabi para que las alertas automáticas del sistema bancario estadounidense no frenaran fondos que venían directamente de Novatek. Esa actitud fue la que alertó a Riddle y su equipo en septiembre. La admisión de la mención del proyecto en las reuniones con Putin es de fines de octubre, pasó un mes y solo se reaccionó cuando el escándalo saltó a la prensa. De nuevo: la nación más poderosa del mundo tiene mecanismos de alerta de probada eficacia, que en este caso no funcionaron.
Tercero, usar a Beach como fachada de inversor patriota para tranquilizar a los ejecutivos técnicos y evitar controles de cumplimiento en la fase inicial. Si es así, no se trató de un descuido sino de un diseño. Este empresario no es un novato en gestiones opacas ni ajeno al primogénito presidencial.
El historial no es el de dos desconocidos. Estudiaron juntos, son padrinos de un hijo del otro y han colaborado en inversiones y en la campaña de Trump. Trump Jr. declaró que invirtió 200.000 dólares en un pozo de petróleo seco de Texas administrado por el padre de Beach, quien después fue condenado por fraude de quiebra.
En septiembre de 2017, un empleado de la Trump Organization creó MSMDF Agriculture LLC, vehículo con el que Trump Jr. invirtió en Eden Green, la empresa agrícola de la que Beach era copresidente. En octubre, Beach escribió al titular de la OPIC, la agencia federal de financiamiento para el exterior, sobre sus proyectos de infraestructura y energía en República Dominicana, aunque el organismo dice que no hubo solicitud formal.
Ese cuadro confirma la cercanía y describe que es un empresario que viajó por el mundo con un apellido ajeno, tolerado por quien lo ostenta hasta que se volvió incómodo.
El patrón que une al entorno de Trump con los oligarcas rusos tiene otros antecedentes. Novatek y la petroquímica Sibur, controladas por Mikhelson y Timchenko, firmaron contratos millonarios con la naviera Navigator Holdings, donde Wilbur Ross, secretario de Comercio del primer gobierno de Trump, tenía participaciones a través de fondos offshore. Ross se beneficiaba así de negocios con empresas de dos hombres de la órbita de Putin, uno de ellos sancionado por su propio gobierno.
El antecedente más reciente está dentro de la propia familia. En septiembre, ProPublica reveló que Umar Kremlev, presidente de la Asociación Internacional de Boxeo y aliado de Putin, pagó cientos de miles de dólares de los festejos por la boda de Donald Trump Jr. y Bettina Anderson en Bahamas, celebrada en mayo, a través de una empresa con sede en Dubái.
La pareja confirmó que Kremlev costeó dos noches de celebraciones en islas privadas y lo calificó como un extraordinario regalo de un amigo, mientras el entorno de Trump Jr. aseguró que no tiene con él una relación de negocios. El presidente dijo que no sabía quién era Kremlev, pero el Wall Street Journal reportó que Trump Jr. mantuvo con él varias reuniones desde que su padre llegó al poder.
Nada de esto prueba un vínculo con Alaska, incluso si se invoca la presencia de Kushner en la fiesta en Bahamas. Lo que muestra es que, meses antes de que estallara el caso Polar Train, el hijo del presidente ya había aceptado un regalo de seis cifras de un hombre del círculo de Putin, y esa familiaridad es la que alimenta las dudas sobre qué tan cerca están los intereses rusos del núcleo familiar de Trump.
El calendario agrava todo. La ley reciente de sanciones apunta específicamente a Novatek, y la semana pasada Trump suspendió temporalmente sus sanciones a Rusia invocando que era necesario para sostener las negociaciones de paz. Cada flexibilización beneficia a Novatek, y esa empresa rusa acaba de ser vinculada con un negocio que orbita a su familia. Esa coincidencia, obliga a la Casa Blanca a demostrar que no hay un interés de la familia Trump en acercarse a Rusia para participar de negocios personales.
El caso refleja la visión de gestión de gobierno e intereses comerciales de su círculo íntimo (Trump Jr., Kushner, Witkoff, Gentry Beach). Sugiere además una disposición a saltarse normativas internacionales o marcos de seguridad nacional en función de favorecer sus negocios multimillonarios.
La defensa de las partes no mejora el cuadro. Polar LNG puso como director interino a Tim Talkington y trató a Riddle de exempleado resentido, despedido con causa, pero los documentos muestran que renunció seis días antes de recibir la carta de despido.
Novatek negó que su tecnología estuviera atada al alivio de sanciones sobre Arctic LNG 2. Ninguna de las dos respondió con evidencia a los mensajes y las transferencias; atacaron a quien los reveló.
Las consecuencias son de tres órdenes. En lo legal, una investigación de la OFAC y del Departamento de Justicia por violación de sanciones, con riesgo penal para ejecutivos y financistas. En lo geopolítico, las exportaciones de gas alimentan el presupuesto con el que Moscú sostiene la guerra, por lo que un negocio que enriqueciera a Novatek en Alaska pagaría en parte la invasión a Ucrania. Y en lo político, el caso desarma el relato de Trump: el presidente que predica "Drill, baby, drill" y la primacía de la industria nacional tiene en su círculo a quienes habrían servido de puente para que capital ruso sancionado controlara infraestructura crítica en suelo estadounidense, a días de las elecciones del 3 de noviembre.
La historia guarda para este caso una ironía que ningún guionista se atrevería a escribir. En 1867, Rusia vendió Alaska a Estados Unidos por 7,2 millones de dólares, agobiada por las deudas y sin forma de defenderla de tan lejos.
Siglo y medio después, en esas mismas tierras, el presidente que levantó la bandera de la soberanía energética ve cómo una empresa rusa sancionada habría puesto el dinero y las decisiones de un proyecto de 25.000 millones, promovido por un amigo de su hijo que invocaba el apellido de la familia. Moscú no necesitó recuperar el territorio por las armas para intentar volver a sus riquezas. Le alcanzó con una transferencia a través de Abu Dabi y con saber cuáles son los resortes del poder que debía tocar.
