Ucrania le da un golpe letal al pacto entre Trump y Putin

Por Ignacio Montes De Oca

Ucrania vuelve a golpear a las refinerías rusas y responde a las presiones de Trump en el tramo final de la campaña de medio término. El triángulo político entre Kyiv, Washington y Moscú se tensa al poner en perspectiva los hechos que rodean a la ofensiva renovada de los drones ucranianos

Comencemos por la noticia más impactante: Ucrania golpeó en tres noches a tres de las mayores refinerías rusas con sus drones y en un solo fin de semana afectó al 10% de la producción de combustible del Kremlin. Las plantas atacadas fueron:

- NORSI / Kstovo (Lukoil), con una capacidad de procesado de 17 millones de toneladas métricas al año. Es la cuarta refinería más grande de toda Rusia y produce por sí sola el 11% de la gasolina de todo el país.

- Novokuibyshevsk (Rosneft): procesa 8.8 millones de toneladas métricas al año. Este complejo estratégico ubicado en la región de Samara se especializa en combustible diésel y combustible de aviación para las fuerzas armadas.

- Bashneft-Novoil (Ufa): capacidad de 7.5 millones de toneladas métricas al año. Forma parte del megacomplejo de refinado de la región de Bashkortostán, enfocado en gasolinas de alto octanaje.

Para entender la magnitud del ataque, vamos a suponer que las tres plantas fueran una sola super refinería y ver el perjuicio conjunto que sufre Rusia en unas pocas horas al reiniciarse el ataque ucraniano tras dos semanas de acatar una tregua impuesta por Trump.

En conjunto, Ucrania acaba de afectar la capacidad de refinado de 33,3 millones de toneladas anuales, un tonelaje diario de 666.000 barriles diarios de procesamiento y el 10,2 % del total anual de refinado de Rusia.

Este daño es desigual; en Novokuybyshevsk se dañaron las unidades de destilación primaria y quedó fuera de servicio a largo plazo. La de NORSI/Kstovo perdió sus torres principales de destilación tras el ataque de más de 100 drones y su operación fue detenida hasta nuevo aviso. Y la de Bashneft-Novoil opera con capacidad limitada tras perder su unidad de catálisis y, en consecuencia, la posibilidad de generar combustible de alto octanaje.

El punto está en la capacidad rusa para producir combustibles para su mercado interno y luego para satisfacer el acuerdo que firmaron Trump y Putin.

Tomando en cuenta la alta especialización de cada planta, las tres refinerías afectadas en esta última oleada suman aproximadamente entre el 15,5% y el 16% de la producción total de gasolina en Rusia.

Moscú ya reparó plantas golpeadas antes y probablemente lo haga de nuevo. Pero cada reparación cuesta semanas y recursos, y la reiteración de los ataques (Kstovo fue atacada más de una vez este año) convierte la capacidad rusa en una variable que el Kremlin ya no controla. Para un acuerdo que depende de excedentes exportables, esa incertidumbre basta.

Pero si añadimos el daño del fin de semana a las parálisis previas que Ucrania provocó en otras plantas clave a lo largo de este año (como la refinería de Omsk y la de Ryazan), el porcentaje total de capacidad de gasolina rusa que ha sido saboteada o forzada a operar en niveles mínimos supera el 35% a nivel nacional.

Es precisamente este déficit acumulado del tercio de su producción, lo que explica por qué Rusia pasó de ser un exportador histórico, a tener que importar 120.000 toneladas métricas de gasolina desde La India para evitar un colapso total en sus estaciones de servicio.

Pero, además, conjuntamente, estas tres plantas producen más del 30% de toda la gasolina de alta calidad que consumen los ciudadanos rusos y el combustible diésel y de aviación esencial que mueve a los tanques y aviones de las Fuerzas Armadas en el frente.

Allí reside uno de los argumentos clave de Ucrania: los ataques son defensivos en la medida que afectan la capacidad logística del Kremlin para sostener su ofensiva en el frente, o el que usa para los bombarderos que lanzan sus misiles contra las ciudades ucranianas.

Esa es la lectura política obligada porque mientras Trump forzaba a Ucrania a cesar sus ataques, Putin nunca dejo de atacar a las instalaciones energéticas ucranianas ni a sus ciudades.

De acuerdo con las verificaciones de la Misión de Vigilancia de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU) y el Ministerio de Defensa ucraniano, durante el lapso de la tregua, Rusia lanzó 220 misiles balísticos, entre 1.100 y 1.300 drones y un aproximado de 900 bombas planeadoras, la mayoría de estas últimas sobre zonas residenciales cercanas al frente como Járkov, Sumy y Jerson.

La intensidad fue tal que la ONU documentó que solo la capital, Kyiv, sufrió alertas y bombardeos reales durante 22 de los 30 días de ese ciclo. El saldo fue tremendo: 328 muertes y 2.105 heridos entre los civiles ucranianos.

Durante una de las noches del periodo de tregua (entre el 6 y 7 de octubre), el impacto de un solo misil de crucero combinado con drones en la localidad de Pryluky (región de Cherníhiv) segó la vida de 22 civiles e hirió a otros 45 en cuestión de minutos.

En parte esas muertes involucran a los EE. UU. y la decisión de Trump. El corte de Starshield/Starlink afectó la capacidad de la defensa aérea ucraniana para detener a los drones a reacción rusos.

Mientras tanto, Zelensky tuvo que denunciar que la alerta temprana contra ataques que entregaba EE. UU. había sido suspendida, generando una mayor letalidad de los proyectiles rusos al impedir que sonaran las alarmas para que la población civil tome resguardo. EE. UU. tuvo que recular en ambas medidas ante la indignación pública y las reacciones internas en un ambiente ya caldeado por sus preferencias cada vez más ostentosas hacia Rusia y su líder.

Ahora retrocedió a medias con la entrega de los Patriot a Ucrania. Zelensky también tuvo que salir a la palestra publica para revelar que el departamento de defensa estaba reteniendo las entregas de misiles antiaéreos en un momento crítico y que esos proyectiles ya habían sido pagados por el sistema PURL financiado por Europa.

Las encuestas en EE. UU. hicieron el resto del trabajo. Una encuesta de YouGov de octubre indica que el 66% de los estadounidenses simpatiza con Ucrania y que solo el 3% lo hace con Rusia.  El resultado: Trump aceptó entregarle 500 Patriot PAC 3 por un valor de 2.100 millones de dólares… pero después de 2030.

Kyiv ahora propone que la Casa Blanca autorice a los países de la OTAN el “adelanto” de Patriot en los arsenales europeos a cuenta de los que va a recibir más adelante.  Necesita cubrir las necesidades inmediatas, pero Washington aun no respondió a la propuesta. Para entender la urgencia ucraniana: EE. UU. envía o autoriza la entrega a Ucrania de 12 misiles Patriot al mes, mientras que Rusia dispara esa misma cantidad en una sola noche.

El 15 de octubre, Zelensky avisó que “hemos tenido suficiente” y que “Se acabó” en una entrevista con el Financial Times. Tras una quincena de espera, quedó claro que Trump solo le exigía a Ucrania que frenara sus ataques, mientras se mostraba impotente para lograr que su, ahora socio energético, cumpliera con la tregua.

Hay que recordar que, tras su llamada con Putin del 9 de octubre, Trump anunció que Rusia entregaría más de 300.000 toneladas de diésel de inmediato, 500.000 en noviembre y un millón más después, y otros tres millones “según el estado de sus refinerías de diésel”. Sumado, son unos 4,8 millones de toneladas, unos 35 millones de barriles. Repartidos en los seis meses de la Licencia General 135 (hasta el 7 de abril de 2027), equivalen a unos 190.000 o 200.000 barriles diarios. Es ese volumen el que Rusia necesita sacar de refinerías que ahora están golpeadas, y el propio anuncio de Trump ya admitía que podía no cumplirse.

La parálisis total de la refinería de Novokuybyshevsk, sumada al daño crítico en NORSI y Bashneft, recortó de golpe 320.000 barriles diarios de diésel ruso, lo que borró por completo el excedente exportable de 300.000 barriles que Rusia había prometido a Estados Unidos y dejó al mercado interno de Moscú en un déficit neto de 20.000 barriles al día.

Si Rusia decidiera cumplir con el trato de entregar 200.000 barriles de diésel al día para no quedar mal políticamente, tendría que comprar diésel en el exterior y revenderlo a pérdida a los Estados Unidos.

Para explicarlo de forma muy simple, la trampa económica en la que cayó Rusia se resume así: sin margen para exportar, Rusia se ve obligada a comprar diésel de emergencia a intermediarios (como Turquía) a precio internacional completo: $193 dólares por barril.

El daño a Rusia es aún mayor en perspectiva. Al prorratear el volumen total del contrato en los seis meses autorizados por la Licencia General 135, Rusia estimaba percibir un valor bruto estimado de todo el diésel de $4.900 millones de dólares tras aplicar los descuentos. Con un déficit de 20.000 barriles diarios por los ataques del fin de semana, ya no puede esperar ese ingreso.

El pacto con Donald Trump para meter combustible barato a EE. UU. obligaba a Rusia a vender su diésel con un descuento muy agresivo, a unos $140 dólares por barril acordado en el acuerdo por la Licencia 135. Si intentara cumplir el contrato, tendría que entregar un barril que a ellos les costó $193 conseguir, perdiendo otros $53 dólares extra por barril de su propio bolsillo

Ucrania destruyó las refinerías rusas y convirtió un negocio redondo en una máquina de perder dinero. Si Rusia debe poner de su bolsillo esa diferencia por cada barril para cumplir con las entregas, tendría que gastar por día 10,6 millones de dólares diarios en efectivo. Calculando los 6 meses del contrato y los 35,8 millones de barriles, resulta en un pasivo aproximado de $1.850 millones de dólares.

La campaña de drones de Ucrania transformó por completo este salvavidas económico en una trampa financiera inviable para Vladímir Putin. Y también para Trump que había basado su excusa para financiar al Kremlin en una necesidad de bajar el precio local e internacional de los combustibles. Ahora quedó entrampado en la obligación de exigirle a Putin que cumpla su contrato y exponerlo a pérdidas en lugar de ganancias.

Debe hacerlo porque con una campaña electoral en la que el precio del combustible es un tema central en la agenda, se prometió que el diésel ruso salvaría a los bolsillos de los votantes. De acuerdo con la EIA, el precio promedio del galón está en 6,35/6,50 dólares en las vísperas de las elecciones.

La otra opción es hacer control de daños y admitir que al fin de cuentas ese diésel no afecta al precio del combustible que pagan “los agricultores estadounidenses”. Ese fue el argumento que ahora debe contradecirse o exigirle a Putin que respete lo acordado, algo tan improbable como que se agilicen las entregas de misiles Patriot a Ucrania.

De todos modos, nadie fuera del círculo de MAGA creyó que el pacto con Putin iba a bajar el precio del galón de diésel y en los tiempos de entrega pactados estaba el otro indicio: considerando los tiempos de obtención, embarque y viaje, las primeras entregas deberían llegar tras las elecciones.

Aun así, el monto era tan irrisorio que el primer envío de 300.000 toneladas que equivale a 2,25 millones de barriles de diésel solo iba cubrir entre 14 y 18 horas de consumo nacional, considerando que EE. UU. consume entre 3,6 y 4 millones de barriles por día. Si se sumaran todos los barcos prometidos a lo largo del pacto, apenas alcanzan para cubrir entre 10 y 13 días de demanda estadounidense.

Desde el inicio de la campaña para acercarse a Rusia, presionar a Ucrania y justificar el financiamiento indirecto de la invasión por la vía de la compra del diésel ruso, todo salió mal para la Casa Blanca. Incluso provocó una rebelión legislativa que contó con la participación de miembros de la banca republicana.

Un bloque bipartidista de legisladores denunció que el pacto viola directamente la Ley del Fin de las Importaciones de Petróleo Ruso de 2022 y el espíritu de la Ley Lindsey Graham.

El frente legislativo bipartidista original estuvo formado por siete senadores. Había tres demócratas Jeanne Shaheen, Richard Blumenthal y Ron Wyden. Pero, este es el dato llamativo, la mayoría fueron republicanos: Susan Collins, Lisa Murkowski, Thom Tillis y John Curtis. El grupo creció luego a 12 senadores que firmaron una carta formal exigiendo la revocación del acuerdo energético con Putin. Entre ellos se sumaron figuras clave como los senadores Chris Coons (quien lideraría el comité de Relaciones Exteriores) y Elizabeth Warren.

Paralelamente, un bloque de 22 miembros de la Cámara de Representantes envió su propia carta exigiendo explicaciones al Tesoro, liderados por los jefes del Caucus de Ucrania y congresistas de alto rango como Greg Meeks y Jamie Raskin, quienes comenzaron a presionar directamente a los directores de los puertos de la Costa Este y a los presidentes de los bancos de Wall Street para que no toquen el diésel ruso.

Los mismos legisladores enviaron cartas formales de advertencia a los directivos de los puertos de Houston, Corpus Christi, Nueva York/Nueva Jersey y a los gigantes financieros de Wall Street como Goldman Sachs para que se mantengan lejos del diésel de Putin.

Las cartas recordaron a las corporaciones que participar, financiar, almacenar, transportar o facilitar la comercialización de ese combustible bajo una orden presidencial ilegal viola el Artículo 18 del Código de EE. UU. (§ 545). Esto expone a las empresas a penas de hasta 20 años de cárcel para sus ejecutivos, multas que duplican el beneficio obtenido y el decomiso total de la mercancía.

Los expertos constitucionales aclararon que esa ley de 2022 le quitó explícitamente al presidente la flexibilidad de emitir exenciones por decreto. Para anularla legítimamente, el Ejecutivo debía dar un aviso formal con 45 días de anticipación al Congreso y certificar hechos sobre el terreno en Ucrania que hoy en día son fácticamente imposibles. Por lo tanto, el legislativo dictaminó que cualquier diésel ruso que ingrese a suelo estadounidense lo hace de forma ilegal.

La congresista por Nueva Jersey, Mikie Sherrill, y otras autoridades estatales informaron que se encuentran evaluando además opciones portuarias y regulatorias para impedir físicamente que los barcos rusos atraquen o descarguen el diésel en las terminales locales.

El senador Blumenthal dio un ultimátum a la naviera Thanassis Martinos, propietaria del buque Agioi Fanendes que transporta diésel ruso, para que revele las identidades de las corporaciones que alquilaron el barco, las aseguradoras (y los operadores de las terminales portuarias privadas en Nueva York que iban a recibir el diésel). Al verse bajo la lupa de una inminente investigación del Congreso, las empresas comercializadoras de combustible retiraron sus ofertas de compra. Ninguna firma privada aceptó firmar el cargamento.

De acuerdo con las firmas de inteligencia como Rapidan Energy Group, ninguna empresa en Estados Unidos quería comprar el diésel. Los operadores de los buques que llevaban el diésel ruso cambiaron sus rutas en pleno océano Atlántico. Modificaron sus destinos hacia la categoría de "por órdenes" (sin puerto fijo) y los analistas confirmaron que buscaron desviar los cargamentos hacia Brasil, un mercado que compra diésel ruso de forma regular desde 2022 y donde las empresas no sufren la presión directa del Congreso estadounidense.

Comenzamos hablando de los ataques ucranianos en Rusia y llegamos a los muelles estadounidenses porque toda la trama tiene como factor común el combustible ruso y el acuerdo entre Trump y Putin. Ya no se trata de una cuestión meramente militar acotada a un daño en una planta.

Ucrania bombardea la oferta rusa y el descontento interno en EE. UU. impulsa un jaque a la demanda que incluye a las filas del propio partido de Trump. Todo esto mientras el presidente insiste en castigar a Ucrania con presiones que tienen un costo humanitario cada vez más elevado.

La conclusión proviene de un hecho llamativo, y es que aun con tantas circunstancias en su contra, Trump insista en medidas hacia Rusia y Ucrania que horadan su capital político en una instancia clave. Su obcecación política por conservar una buena relación personal con Putin lo llevó a una trampa política en el momento en que se decide como gobernará en la segunda mitad de su segundo mandato.

Y del otro lado Putin solo puede ofrecer una ilusión de auxilio energético que se hace humo tras la visita de los drones ucranianos.