De ilusión a decepción: el lento vuelo del “Escudo Nacional Antidrones” en Colombia

Por Camilo Mendoza

El conflicto colombiano ha destacado internacionalmente por ser uno de los enfrentamientos asimétricos más duraderos y cruentos de la historia. Su dinámica volátil, incierta, compleja y ambigua (VICA) ha impedido que las estrategias de defensa nacional logren una solución definitiva, ya sea mediante la fuerza de acción decisiva o la negociación política concertada. Por su parte, los adelantos tecnológicos de finales de la década de 2010 aportaron una nueva dimensión que elevó la violencia a niveles sin precedentes dentro de una pugna endémica que parecía desgastada. Fue así como la inclusión de drones en las tácticas de organizaciones al margen de la ley condujo a la "democratización terrorista" del dominio aéreo que experimentamos hoy.

Aunque Colombia fue pionera en la incorporación de tecnología antidrones (C-UAS, por sus siglas en inglés) en 2019, ese incipiente liderazgo naufragó entre la burocracia y la miopía organizacional. Mientras tanto, los grupos terroristas avanzaron en la consolidación de capacidades aéreas económicas, accesibles, efectivas y polivalentes. Este fenómeno descompensó el equilibrio de la guerra y consolidó dos facciones opuestas: por un lado, grupos ilegales acelerando su curva de aprendizaje y tecnificando su accionar bélico con drones de uso irrestricto; y por otro, las Fuerzas constitucionales reaccionando de forma fragmentada, con presupuesto limitado y sin una estrategia cohesionada.

Por tal motivo, los ataques con drones "letalizados" se configuraron como una nueva y dolorosa realidad nacional. No solo ocupan titulares, sino que transforman la cotidianidad de cientos de municipios donde la acción delictiva cobra la vida de civiles y uniformados por igual. Según datos emitidos por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ante el Senado el pasado 27 de enero, solo en 2025 se registraron 8.395 ataques, con un saldo de más de 20 muertos y 297 heridos.

¿Urgencia política o espejismo técnico?

El 18 de diciembre de 2025, en Aguachica, Cesar, el ELN asesinó a siete militares del Batallón de Infantería No. 14 e hirió a 30 más mediante el uso de drones. Como reacción, el presidente Gustavo Petro manifestó la necesidad de enfrentar la "Amenaza Dron" —pese a que ésta ya sumaba más de 50 víctimas mortales para esa fecha— y declaró el estado de emergencia económica y social mediante el Decreto No. 1390, asignando 2,7 billones de pesos para dotar de tecnología a la Fuerza Pública.

Consecuentemente, el 11 de enero de 2026, la Presidencia anunció el proyecto “Escudo Nacional Antidrones”, catalogándolo como una estrategia sin precedentes. Desde entonces, se inició un ciclo de reuniones, giras internacionales, pruebas técnicas y consejos de seguridad sobre un fenómeno que llevaba cinco años desestabilizando al país. Paralelamente, surgieron rumores sobre posibles favorecimientos contractuales, la participación de sistemas sin experiencia en combate real e incluso la supuesta inclusión de familiares de miembros del gobierno en el proceso.

El proyecto no se limita a la adquisición de hardware; establece tres líneas estratégicas: tecnología, legislación y entrenamiento. En lo legislativo, destaca la Resolución No. 000242 de la DIAN, que restringe la compra de drones en plataformas online y controla su tránsito en aeropuertos. Sin embargo, la realidad dicta un panorama diferente. De enero a marzo de 2026, los drones han segado la vida de cinco personas más, demostrando una evolución técnica alarmante: el uso de drones comerciales con salto de frecuencia y aeronaves guiadas por fibra óptica, capaces de evadir los sistemas actuales, como ocurrió el 12 de febrero en el Cantón Militar San Jorge, en Arauca.

Se puede afirmar que la curva de aprendizaje de los grupos ilegales ha superado la velocidad de gestión del Estado. Mientras el proyecto permanece en fase exploratoria, la amenaza evoluciona mediante explosivos artesanales y tácticas aprendidas de conflictos internacionales (Rusia/Ucrania). Más grave aún, han incorporado sus propios C-UAS, trasladando las hostilidades al dominio electromagnético para intentar equiparar las capacidades de Guerra Electrónica (EW) de la Fuerza Pública.

Bajo esta óptica, resulta incomprensible que, tras casi tres años de ataques sistemáticos, las autoridades no hayan estructurado una estrategia contundente. El resultado actual es una incongruencia estatal crónica que sigue registrando víctimas con la sangre de personas ajenas a esta nueva dinámica de guerra aérea.

Promesas con dinero fantasma: hipotecando el futuro de la defensa

A medida que el tiempo avanza, la falta de soporte financiero sólido es evidente. Según la Procuraduría General de la Nación, el proyecto carece de una estructura financiera clara (PAC) y opera bajo rubros que no guardan proporción con la inversión pretendida de 1.680 millones de dólares. La materialización del “escudo” dependerá de vigencias futuras hasta el año 2030, lo que sugiere que la capacidad operativa no llegará a tiempo para contener la crisis actual.

El proyecto se levantó sobre arena: no tiene presupuesto real y amenaza con dejar un hueco fiscal de 6,2 billones de pesos que simplemente no existen. Durante el próximo cuatrenio, en lugar de fortalecer la defensa, se arrastrará una deuda que limitará la inversión en bienestar y entrenamiento configurándolo como un brazo más de la estrategia de desmantelamiento institucional. Financieramente hablando, el proyecto no será un escudo, se configurará como una carga. No será protección, fungirá como elemento para hipotecar el futuro de la seguridad nacional. Y lo más grave: se hará a costa de la confianza ciudadana, que ve cómo se juega con cifras fantasma mientras se debilita la columna vertebral del Estado.

Lo que queda caro

En definitiva, la iniciativa llega tarde: 53 asesinatos y 500 ataques después. El uso de sistemas UAS por grupos armados ha pasado de ser una curiosidad tecnológica a una amenaza estratégica dominante.

En el plano técnico, surgen dudas razonables. Ninguno de los sistemas probados hasta ahora cuenta con medidas cinéticas (hardkill) efectivas contra drones de fibra óptica, que ya hirieron a oficiales de la FAC en febrero. ¿Por qué someter a desgaste operativo y económico a empresas que no ofrecen soluciones hardkill si el mismo Ministerio las definió como necesarias? ¿Se están evaluando capacidades contra ataques en enjambre (swarm attck) con diferentes niveles de automatización?

En cuanto a la estrategia conjunta y coordinación se observa una fragmentación en la doctrina, ya que a pesar de anunciarse tres líneas (legislación, entrenamiento y tecnología), la falta de un presupuesto asignado en firme y la ausencia de una integración real con la Aerocivil, entre las mismas Fuerzas Militares y con entidades civiles que aporten capital intelectual, genera vacíos en el control del espacio aéreo.

De modo similar, el exceso de legalidad y normas construidas desde el desconocimiento o la incapacidad de adaptarse a una operación aérea moderna fuera de los paradigmas que han permanecido anclados a la aviación convencional, ha erosionado la industria dron, afectando especialmente a pequeños empresarios, importadores legales o personas que desarrollaban proyectos productivos de pequeña escala, sin tener efecto directo sobre la disminución de los ataques con drones letalizados, que por el contrario, aumentaron un 132% desde la emisión de la Resolución No. 000242 de la DIAN en diciembre de 2025.

Puede entonces concluirse que el epicentro de la problemática generada por los UAS al servicio del terrorismo no recae sobre las capacidades o limitaciones técnicas de uno u otro sistema antidrón, sino sobre una clara disociación decisional del actual gobierno, que, a través del señor Ministro de defensa recibió propuestas de integración CUAS conjunta y coordinada desde el mes de febrero de 2025, pudiendo haber acortado significativamente la toma de decisiones, evitando muertes, sufrimiento y dolor a muchos colombianos.

Fuentes: Expediente "ESCUDO NACIONAL ANTIDRONES.pdf" y registros oficiales Mindefensa 2026.