Drones y crimen organizado: de la reacción a la prevención

América Latina enfrenta una nueva etapa en la evolución de las amenazas criminales. La experiencia de los conflictos armados, la disponibilidad comercial de sistemas no tripulados y la aparición de nuevas formas de empleo obligan a los Estados a anticiparse. Regular a los operadores y garantizar la trazabilidad de los equipos son pasos necesarios para evitar que la respuesta llegue demasiado tarde.
Por Diego Bavio
Una amenaza que ya está entre nosotros
En Colombia, los drones dejaron de ser una herramienta auxiliar para convertirse en un medio de ataque empleado por organizaciones guerrilleras contra las fuerzas de seguridad. Las aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos han sido utilizadas contra militares, vehículos e instalaciones estratégicas. En septiembre de 2026, un ataque contra un radar aeronáutico en Candelaria, Valle del Cauca, volvió a poner de manifiesto la vulnerabilidad de infraestructuras cuya protección tradicional no contemplaba adecuadamente esta amenaza.
En la frontera entre México y Estados Unidos, el fenómeno presenta otras características. Durante el año fiscal 2025, las autoridades estadounidenses detectaron más de 34.000 vuelos de drones a menos de 500 metros de la frontera. La cifra no significa que todos estuvieran vinculados al narcotráfico, pero evidencia la magnitud de una actividad que puede ser aprovechada por organizaciones criminales para observar movimientos, facilitar operaciones y explorar vulnerabilidades en la vigilancia fronteriza.
En las cárceles latinoamericanas, los drones también se han incorporado a la logística criminal. En Ecuador se documentaron cientos de intentos de ingreso de elementos mediante drones en un solo establecimiento penitenciario, mientras que en Brasil se han utilizado para introducir teléfonos, drogas y otros objetos de contrabando. Estas prácticas amplían las posibilidades de las organizaciones criminales para mantener comunicaciones y sostener operaciones desde el interior de las prisiones.
Aunque los escenarios son diferentes, los casos comparten un mismo rasgo: los drones ponen al alcance de actores no estatales capacidades que antes exigían más recursos, personal y medios especializados. La observación aérea, el transporte de cargas, el reconocimiento de instalaciones y, mediante modificaciones, los ataques contra personas o infraestructuras son aplicaciones distintas de una misma tecnología, cuya utilidad criminal depende tanto de los equipos disponibles como de los conocimientos para emplearlos.
Esta última dimensión merece especial atención. En 2026 se publicaron informaciones sobre alertas de inteligencia relacionadas con presuntos intentos de personas vinculadas a carteles mexicanos de adquirir experiencia en unidades ucranianas especializadas en drones. Estos reportes deben distinguirse de las afirmaciones que carecen de corroboración pública suficiente. Sin embargo, plantean una cuestión estratégica que va más allá de la adquisición de equipos: la posibilidad de que organizaciones criminales busquen incorporar conocimientos y procedimientos desarrollados en un conflicto de alta intensidad.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿vamos a esperar a que el uso criminal de los drones se generalice y se consolide como una capacidad operativa, o podemos actuar antes?
De la reacción a la prevención
Buena parte de la discusión sobre drones se concentra en la respuesta operacional: cómo detectarlos, identificarlos, neutralizarlos o proteger una instalación frente a un ataque. Son capacidades indispensables, pero insuficientes si el Estado comienza a desarrollarlas cuando una tecnología ya se ha incorporado a los procedimientos habituales de una organización criminal. En ese escenario, la respuesta institucional corre desde atrás.
Prevenir no significa prohibir todo aquello que pueda utilizarse para delinquir. Los drones tienen aplicaciones legítimas en la agricultura, la inspección industrial, la cartografía, la producción audiovisual, la investigación científica y las operaciones de emergencia. Su expansión representa una oportunidad económica y tecnológica que los Estados no deberían obstaculizar mediante regulaciones indiscriminadas.
El desafío consiste en compatibilizar esos usos con mecanismos que reduzcan las oportunidades de empleo criminal. Esto exige actuar sobre dos dimensiones complementarias: las personas que operan los equipos y la cadena que permite importarlos, comercializarlos y ponerlos en circulación. La prevención debe formar parte de la política de seguridad desde el comienzo, no añadirse como respuesta tardía cuando el problema ya se ha consolidado.

La primera capa de la defensa contra drones
Una de las lecciones de la guerra de Ucrania es que la defensa contra sistemas no tripulados (C-UAS) no puede depender de una única tecnología ni de una respuesta exclusivamente cinética. Requiere una arquitectura de capas que combine inteligencia, prevención, detección, identificación, protección y, cuando resulte necesario, neutralización. Cada una cumple una función diferente y compensa las limitaciones de las demás: detectar una aeronave no equivale a identificar a su operador, y neutralizarla en vuelo no resuelve necesariamente las condiciones que permitieron su utilización.
En esa arquitectura, la identificación de los operadores y la trazabilidad de los equipos cumplen una función preventiva y de investigación. Permiten mejorar la atribución de responsabilidades y reconstruir el recorrido de los sistemas cuando se detectan irregularidades o se produce un incidente. No sustituyen a los sensores, los sistemas de protección ni los medios de neutralización necesarios para defender aeropuertos, instalaciones militares, centrales energéticas y otras infraestructuras críticas. Los complementan, al ampliar la capacidad del Estado para actuar antes de una operación ilícita y para investigar sus circunstancias después de que ocurra.
El operador: formación, identificación y responsabilidad
La primera dimensión es la seguridad operacional. Un dron puede provocar daños sin que exista intención criminal: una pérdida de control, una maniobra imprudente o una operación realizada sin conocimientos suficientes pueden poner en peligro a personas, vehículos e infraestructuras. La comparación con la conducción de automóviles permite entender el principio: exigir conocimientos, establecer reglas y determinar responsabilidades no implica presumir intenciones delictivas, sino gestionar los riesgos inherentes a una actividad.
Los requisitos para operar aeronaves no tripuladas deberían guardar relación con las características del equipo y el tipo de operación. No sería razonable exigir las mismas condiciones a quien utiliza un pequeño dron recreativo que a quien opera una aeronave de gran capacidad para tareas agrícolas o realiza actividades de mayor riesgo.
La formación básica debería incluir las reglas de vuelo, las restricciones del espacio aéreo, los riesgos para terceros y las responsabilidades ante un incidente. Las operaciones de mayor riesgo pueden justificar habilitaciones específicas, mientras que las actividades de menor riesgo deberían contar con procedimientos accesibles y sencillos.
El objetivo es que, ante una operación irregular o un incidente, existan mecanismos adecuados para identificar al responsable y establecer las circunstancias de lo ocurrido. La identificación del operador no debería depender exclusivamente de que se produzca un accidente o se inicie una investigación criminal, pero tampoco convertirse en una carga burocrática desproporcionada para quienes utilizan drones de manera legítima.
La cadena comercial: conocer el recorrido del equipo
La segunda dimensión es la trazabilidad de la importación y la comercialización. Una búsqueda en plataformas de comercio electrónico permite encontrar drones agrícolas con capacidades de carga de decenas de kilogramos. Se trata de equipos que pueden cumplir funciones productivas legítimas, pero cuyas características plantean preguntas relevantes para la seguridad: ¿quién los importa?, ¿qué información queda registrada al venderlos?, ¿es posible vincular cada equipo con su comprador y reconstruir su recorrido si aparece involucrado en una actividad ilícita?
La disponibilidad comercial no constituye por sí misma una irregularidad, ni sería razonable prohibir un equipo por el solo hecho de que pueda ser modificado. El objetivo debería ser establecer una trazabilidad proporcional al riesgo de determinadas categorías de equipos, que permita identificar transacciones y reconstruir su recorrido cuando existan motivos legítimos para hacerlo.
Para ello, los Estados podrían fortalecer los registros de importadores y distribuidores, establecer obligaciones documentales para la comercialización de categorías de mayor riesgo y vincular la información pertinente con los registros aeronáuticos existentes. Cuando un equipo disponga de un número de serie, este puede contribuir a su identificación. Las transferencias y reventas también deberían contar con mecanismos sencillos para actualizar la titularidad, de modo que el registro comercial no pierda utilidad cuando el equipo cambia de manos.
La analogía con el régimen de armas ayuda a comprender la importancia de la identificación y la trazabilidad, pero no debe trasladarse automáticamente a la regulación de drones. Sus usos y perfiles de riesgo son diferentes: la finalidad no es equipararlos jurídicamente, sino establecer controles proporcionales a las características de cada categoría.
El comercio electrónico merece una atención particular. Las operaciones realizadas mediante plataformas digitales deberían quedar sujetas a criterios de trazabilidad equivalentes a los aplicables a los canales tradicionales, sin presumir que toda transacción es sospechosa ni imponer autorizaciones previas indiscriminadas. La finalidad es poder reconstruir el recorrido de los equipos, no impedir su adquisición legítima.
Estas medidas no eliminarán el contrabando, la fabricación artesanal ni las modificaciones clandestinas. Su valor reside en reducir espacios de anonimato, mejorar la información disponible y aportar elementos útiles para la prevención y la investigación criminal.

Una respuesta que no puede detenerse en las fronteras
El carácter transnacional de estas amenazas exige coordinación regional. Los equipos pueden importarse en un país, comercializarse en otro y utilizarse en un tercero. Las diferencias regulatorias y la falta de intercambio de información pueden generar vacíos que las organizaciones criminales aprovechen.
La respuesta no requiere crear de inmediato un sistema regional único. América Latina puede avanzar mediante criterios compatibles para la identificación de operadores, la trazabilidad comercial y el intercambio de información sobre incidentes y modalidades de empleo criminal. Colombia, México, Ecuador y Brasil ofrecen experiencias diferentes que pueden enriquecer esa discusión. Una primera etapa podría centrarse en identificar brechas regulatorias y establecer mecanismos de cooperación entre autoridades aeronáuticas, aduaneras, policiales y judiciales.
La región no parte de un vacío normativo. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México cuentan con disposiciones específicas para regular distintos aspectos del uso de drones, desde las condiciones de operación hasta el registro de aeronaves y la identificación de sus responsables. Sin embargo, los alcances de esos regímenes difieren y no puede darse por sentado que todos integren, con el mismo grado de profundidad, la importación, la comercialización, las transferencias de titularidad y la trazabilidad de los equipos.
El desafío consiste en avanzar hacia marcos regulatorios más coherentes y mecanismos de cooperación que permitan relacionar la información aeronáutica, comercial y aduanera, con obligaciones proporcionales a las características y los riesgos de cada categoría de equipo. No se trata necesariamente de crear nuevas estructuras desde cero, sino de identificar las brechas existentes, fortalecer los instrumentos disponibles y evitar que las diferencias entre jurisdicciones dificulten la prevención y la investigación del uso criminal de drones.
La cooperación también debería contemplar la transferencia de conocimientos. El desafío no se limita a la disponibilidad de drones, sino que incluye las capacidades para operarlos, modificarlos, integrarlos en procedimientos y adaptarlos a nuevas misiones. Esa dimensión adquiere especial relevancia al considerar la experiencia acumulada durante la guerra de Ucrania y su eventual circulación internacional.
La próxima etapa: el escenario posterior a Ucrania
La guerra de Ucrania añade una dimensión temporal que los Estados deberían considerar desde ahora. El conflicto está acelerando la formación de operadores y especialistas con experiencia práctica en sistemas no tripulados, pilotaje FPV, reconocimiento, adaptación tecnológica y guerra electrónica. Cuando cesen las hostilidades, parte de ese personal buscará legítimamente reinsertarse en la actividad civil, mientras que sus conocimientos tendrán un valor creciente en el mercado internacional.
La mayoría de estos profesionales no tendrá relación alguna con actividades criminales. Sin embargo, la experiencia acumulada en una guerra de alta intensidad puede despertar el interés de actores dispuestos a contratar especialistas, adquirir conocimientos o adaptar procedimientos desarrollados en el campo de batalla.
Esta posibilidad ya ha sido analizada desde el ámbito académico militar estadounidense. En enero de 2026, Raphael Parens y Christopher M. Faulkner publicaron en el Modern War Institute de West Point el artículo Mercenarism Reborn: Drone Operators, Coders, and the Post-Ukraine Market for Force. Los autores advierten sobre la posible formación de un mercado internacional de capacidades especializadas que excede las habilidades tradicionales del combatiente e incluye operadores de drones, programadores, analistas de datos e integradores de sistemas. Esas competencias pueden encontrar aplicaciones legítimas, pero también despertar el interés de actores armados privados y organizaciones criminales.
La experiencia de las compañías militares privadas después de otros conflictos ofrece una referencia útil: el final de una guerra no implica la desaparición automática de las capacidades humanas, técnicas y organizativas que generó. No se trata de equiparar a los operadores de drones con los mercenarios, sino de reconocer que los conocimientos especializados pueden trasladarse a nuevos mercados y escenarios.
Para América Latina, la cuestión es especialmente relevante ante los indicios de interés de organizaciones criminales por conocimientos y procedimientos militares vinculados al empleo de drones. Si esas señales se confirman, la eventual disponibilidad de especialistas formados en Ucrania podría ampliar las capacidades a las que determinados grupos tienen acceso. Esto no significa que los veteranos vayan a incorporarse masivamente al crimen organizado, sino que las organizaciones criminales podrían intentar adquirir equipos comerciales, contratar conocimientos especializados o adaptar procedimientos probados en combate. Es un riesgo que merece consideración preventiva, sin confundir una posibilidad plausible con una amenaza cuya magnitud ya esté demostrada.

Anticiparse es una decisión estratégica
La política de seguridad no debería esperar a que una tecnología se consolide como capacidad criminal para comenzar a gestionar sus riesgos. Mejorar la formación y la identificación de los operadores, fortalecer la trazabilidad de los equipos, desarrollar capacidades de detección y protección y profundizar la cooperación internacional son medidas que pueden ponerse en marcha desde ahora. Ninguna resolverá por sí sola el problema, pero su aplicación coordinada puede reducir vulnerabilidades y ampliar la capacidad de respuesta del Estado.
Estas medidas deben ser proporcionales al riesgo y compatibles con los usos legítimos de los drones. La finalidad no es restringir indiscriminadamente una tecnología de creciente utilidad civil, sino evitar que la falta de controles adecuados facilite su aprovechamiento criminal. Seguridad e innovación no son objetivos incompatibles: el desafío consiste en desarrollar ambas sin trasladar a los usuarios legítimos el costo de las deficiencias institucionales.
Los Estados deben asumir que las organizaciones criminales también aprenden, experimentan y adaptan sus procedimientos. La experiencia de Ucrania refuerza la necesidad de considerar no solo la evolución de los equipos, sino también la circulación de conocimientos especializados y su posible incorporación a nuevas formas de actividad ilícita. Prepararse para ese escenario requiere planificación, coordinación institucional y capacidad de adaptación.
La cuestión, por lo tanto, no es si los Estados pueden permitirse actuar antes de que la amenaza se consolide, sino si pueden permitirse esperar hasta que hacerlo resulte mucho más difícil.




