Por Richard J Kouyoumdjian Inglis - vicepresidente de Athenalab
Chile es uno de esos países en donde la lógica de las cosas a veces se esconde o no se deja ver con claridad, o derechamente no existe. Sospecho que algo similar puede suceder en la Argentina, pero también es posible que no sea el caso debido a su organización federal, pero esa conclusión se las dejo a ustedes, los lectores argentinos.
El mejor ejemplo de lo anterior es el caso del modelo de seguridad pública de Chile, país que no tiene un modelo que obedezca a un diseño lógico, sino más bien es lo que hay, algo claramente disfuncional que tomó forma con los años y que funciona torpemente ya que no obedece a un diseño o a un sistema, siendo lo más parecido una casa que se construyó por partes que tienen poco o nada de relación entre ellas y a la ausencia de un objetivo común. Cuando terminen de leer esta columna van a entender por qué.
Chile, a diferencia de la Argentina, es una republica unitaria, reflejando sus organizaciones e instituciones esa realidad nacional y unitaria, la que solo se da en la Argentina en la parte nacional del sistema judicial y en las policías de carácter federal que reportan al Ministerio de Seguridad, a entender, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal y la de Seguridad Aeroportuaria, agregándose el Servicio Penitenciario Federal a las instituciones recién mencionadas.
Antes de arrancar, en Chile se realiza una encuesta anual urbana de seguridad ciudadana. Lo más importante a mi entender y que refleja donde estamos es lo que las personas han dejado de hacer. Es un tema clave cuando se analiza el tema y se recomienda ver la lámina 48 de la publicación adjunta de la versión 2023 publicada en agosto del 2024.
Si tomamos Chile desde abajo hacia arriba, el modelo de seguridad, que insisto no obedece a un diseño de alguien, arranca con los mismos ciudadanos a cargo de la seguridad de sus hogares, o bien si viven en condominios o barrios protegidos, estará a cargo de las personas que trabajen en el lugar si es que los hay, o bien solo reciben el beneficio de que el acceso está cerrado, encargándose ellos del resto. Muchos y quienes lo pueden disponer económicamente, tendrán sistemas de alarmas que funcionan asociados a rondas y monitoreo. En algunas municipalidades se les provee a los vecinos de botones de pánico que funcionan conectados a los sistemas de la comuna. La conclusión hasta aquí es que independientemente de la obligación del estado de Chile de proteger a sus ciudadanos, son estos en su parte muy básica quienes se están haciendo cargo de ello, algo que se asemeja a la lógica de las fuerzas de autodefensa. No olvidemos que la constitución chilena en su artículo 1 indica:
“Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia”.
En el siguiente nivel tenemos a las municipalidades, las que por ley pueden:
“Adoptar medidas referidas a la seguridad pública a nivel comunal, siempre que no invadan las atribuciones de los organismos competentes en la materia, como por ejemplo las policías. Asimismo, la labor que realizan debe ser de apoyo y colaboración a los mencionados organismos y sus acciones han de llevarse a cabo en forma coordinada con tales entidades.”
Lo anterior, principalmente por ausencia o falta de capacidades de lo nacional, en la practica implica que los municipios, en los que disponen de recursos, toman cada vez más la responsabilidad por lo que ocurre en sus territorios, incluyendo tener sus propios equipos de pseudo policía municipal, ya que no pueden portar armas y no se pueden derechamente meter en temas que son propios de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).
Las municipalidades que generan recursos o que tienen la suerte de recibirlos del gobierno central, o bien desde las gobernaciones (distintas de las argentinas, ya que no disponen de autoridad sobre las policías y la seguridad pública), disponen de sus propias organizaciones de seguridad, realizan mucho trabajo preventivo, invierten fuertemente en tecnologías de monitoreo y registro, vehículos patrullas tripulados por inspectores o patrulleros municipales (pseudo policía municipal), todo lo cual sirve para prevenir y disuadir, pero con limitaciones que a continuación describo:
· Las medidas son conocidas, por lo tanto, sus efectos disuasivos son de carácter limitado para delincuentes más sofisticados y se ajustan a la realidad actual de la comuna y no lo que se les puede venir encima dada la realidad de Chile en esta materia.
· Si bien las tecnologías son eficientes y efectivas para registrar y monitorear, no transmiten la misma tranquilidad que da la presencia de vehículos patrulleros.
· Sus equipos móviles de seguridad (inspectores, patrulleros o guardias municipales) tienen excelentes capacidades de reacción al estar integrados a los sistemas de registro, pero se ven limitados en su actuar al no poseer armamento, que les sirve tanto para defenderse como actuar sobre los delincuentes y criminales, algo que armas del tipo taser no resuelven.
· No poseen capacidades de HUMINT y tampoco procesan todo lo que su gente y los vecinos dicen. Se basan mucho en las cámaras y poco en lo humano, dejando de capturar lo que viene de la voz de la calle.
· Y finalmente, sus planes no tienen objetivos claros y medibles, y su estrategia es más bien reactiva, no estando preparada para lidiar con fenómenos complejos como es el crimen organizado y el narcotráfico.
Evidentemente, las comunas mas pobres y desprotegidas tienen poco o nada de lo anterior, por lo que se podrán imaginar que solo disponen de lo que el Estado Central les da, siendo ya capturadas en gran parte de su territorio por organizaciones criminales que hacen las veces de soberano.
En el papel en nivel nacional se ve bien, pero si lo analizamos con más detalle, nos podremos dar cuenta de que la cosa no funciona, ya que no existe una estrategia, no es un sistema integrado y lo que existe fue diseñado para otra realidad, y que más bien parece un guión para un libro de García Márquez.
El Estado de Chile para manejar el tema de seguridad publica dispone de:
· Ministerio del Interior y Seguridad Publica. Existe un proyecto de ley muy avanzado que busca crear el Ministerio de Seguridad.
· Las subsecretarías del Interior y la de Prevención de Delitos.
· Delegados presidenciales (anteriormente conocidos como intendentes).
· Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI).
· Agencia Nacional de Inteligencia (ANI – no posee capacidades operacionales)
· Sistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Defensa más las instituciones)
· Los Tribunales de la República (juzgan y fallan – son un poder independiente).
· El Ministerio Publico (persiguen e investigan – organismo autónomo).
· Gendarmería (Servicio penitenciario dependiente del Ministerio de Justicia).
· Auxiliares del sistema (Servicio Medico Legal y laboratorios de criminalística & balística).
· Aduanas, Servicio de Impuestos Internos (SII) y Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Las fuerzas armadas solo se involucran en la seguridad publica en los estados de excepción constitucional y cuando se aplica lo relativo a infraestructura critica, algo que lamentablemente está dejando de ser excepcional por la incapacidad del sistema de manejar la realidad que enfrenta.
Como vimos anteriormente, las municipalidades soportan al individuo y las familias, y el Estado lo hace en parte con los gobiernos locales por la vía de principalmente proveer recursos, pero los limita fuertemente en lo que pueden hacer tanto los municipios como las personas, dejándose para sí el manejo de las policías, la investigación de los delitos, la justicia y servicios penitenciarios, como también lo que se refiere a lo auxiliar y los que apoyan.
Lo anterior no sería un problema si es que el Estado funcionara en forma integrada en lo que se refiere a seguridad pública. No lo hace en parte porque algunos integrantes o bien son independientes (Tribunales), o son autónomos (Ministerio Publico), y, por otro lado, no hay una estrategia con objetivos de seguridad pública. Ello impide una correcta determinación de los recursos necesarios como tampoco de su forma de utilización. A ello se suma que el sistema de inteligencia como un todo no tiene capacidades operativas y no ilumina correctamente al ejecutivo en su actuar, tema que está tratando de ser corregido por la vía de una nueva ley de inteligencia, pero que no está resultando fácil por visiones contrapuestas e ideológicas. Por de pronto contar con una ANI que funcione como un servicio de inteligencia 24x7 ayudaría mucho.
Al no haber estrategia y, más particularmente, objetivos, determinar la cantidad de policías necesarios se vuelve difícil, como también la cantidad de fiscales necesarios en el Ministerio Publico, o las capacidades del sistema carcelario. Como dato, aproximadamente un 90% de los delitos cometidos en Chile no son investigados y se archivan, pasando con ello el mensaje de que en este país delinquir es muy rentable.
Los criminales, y en particular, el crimen organizado, que es una actividad económica, racional, planificada, que usa medios violentos cuando es necesario, sabe de las deficiencias del modelo o de la ausencia de un modelo o sistema de seguridad pública. Se aprovecha de ello y opera a sus anchas, y si no obtienen mejores resultados se debe a deficiencias propias, como son la mano de obra que emplean, o cuando se dejan llevar por sus pasiones y dejan de ser racionales.
Por más que los especialistas en el tema levantan como la principal deficiencia la ausencia de una estrategia, el sistema político insiste en presentar listados de proyectos de ley como la solución al problema, no entendiendo la lógica y características que debe tener un sistema de seguridad pública, su estrategia, operación y medios que debe emplear.
Al final del día tenemos un sistema disfuncional, no integrado ni en lo vertical o lo horizontal, incapaz de corregirse a si mismo, y en donde el resultado es lo más parecido a la ley de la selva y del sálvese quien pueda, razón por la cual los ciudadanos están tomando el toro por las astas y haciéndose responsables por su propia seguridad, algo que lamentablemente es más difícil para los mayores de edad y los mas desposeídos, quienes en oportunidades terminan uniéndose a las filas del crimen, ya que se sienten mas seguros con el enemigo que los supuestamente amigos.
Bukele entendió las limitaciones de su país en materia de seguridad pública. Puso la seguridad del salvadoreño al centro, y sobre eso creo los subsistemas legales, policiales y penitenciarios adhoc. A Chile le falta entender que lo que hay no va a funcionar nunca a no ser que se rediseñe. No estamos hablando de acabar con las independencias de funciones o los mecanismos de salvaguarda de la democracia. Estamos hablando de hacer que el todo opere integradamente, con una estrategia, claridad en los objetivos y, por ende, en los medios a usar.
Si no hacemos lo anterior, el individuo, las familias y los municipios van a tomar ellos el problema y lo van a solucionar, muy probablemente en forma no eficiente y no eficaz, pero si buscando solucionar el problema de seguridad pública de las personas, su derecho a vivir libremente y en forma segura.
Debemos exigir una mirada global del tema, que cubra todo Chile a su largo y ancho y en los distintos niveles. Hoy no sabemos si es más efectivo y eficiente asignar los recursos y las responsabilidades a los municipios, o si es más conveniente duplicar la dotación de Carabineros. Como eso no se hace, cada uno sigue en lo suyo y el resultado está a la vista.
Cierro esta columna volviendo a reforzar la necesidad de una estrategia de seguridad pública, sin ella lamentablemente vamos a seguir dando bote sin rumbo o dirección.
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