El Reino Desunido: una idea que desafía a la imaginación
Por Ignacio Montes de Oca
El Reino Unido discute ahora si seguirá existiendo. Gales, Escocia e Irlanda del Norte no han abierto un proceso formal de secesión, pero sus gobiernos están por primera vez en manos de partidos que cuestionan la unión con Inglaterra. ¿Qué tan posible es una ruptura? ¿Qué pasos legales harían falta? ¿Qué clase de naciones surgirían? Son preguntas válidas, junto a las que interrogan sobre el destino del arsenal nuclear o la viabilidad fiscal de cada territorio.
Partamos de un principio: el mapa político de Europa se sostiene sobre equilibrios históricos que a menudo se dan por sentados. Por eso importa pensar en la disolución del Reino Unido. Gran Bretaña nació el 1 de mayo de 1707, con la unión de Inglaterra —que ya incorporaba a Gales— y Escocia. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda data del 1 de enero de 1801. El nombre actual, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, se fija en 1927, tras la partición irlandesa de 1922. Si esa arquitectura se rompe, el ejemplo puede alentar otros separatismos en el continente.
Pensar en la desintegración ya no pertenece al terreno de la ciencia ficción política. Hacerlo es necesario porque hablamos de una de las seis mayores economías del mundo, de un país que sigue entre las primeras potencias militares y de una de las redes de territorios de ultramar más extensas con 14 ubicaciones que incluyen territorios disputados como Malvinas y Gibraltar.
Si las tensiones constitucionales, los referendos acumulados y las crisis económicas terminaran por fracturar la unión, el impacto no se limitaría a una mera modificación cartográfica, sino que desencadenaría un terremoto geopolítico, comercial y militar con ondas expansivas en todo el globo.
Para entender la magnitud del proceso, el primer obstáculo es legal e institucional, ya que, a diferencia de las repúblicas federales, el Reino Unido carece de una única constitución escrita y de una cláusula universal de secesión.
Escocia tendría que transitar por un complejo camino de negociación política con Londres -similar al referéndum de 2014 pero sujeto a la voluntad del Parlamento central-. Debe hacer otro referéndum; la población votó en 2014 y el "No" ganó con un 55,3% frente al 44,7% independentista. Aquí hay una traba que puede ejecutar Londres: el Parlamento escocés no puede convocar a una votación separatista por sí solo: La Corte Suprema británica dictaminó en 2022 que Holyrood no tiene competencia para legislar sobre un referéndum de independencia sin la autorización de Westminster
Irlanda del Norte es el único de los tres casos que cuenta con un mecanismo legal específico ya establecido en un tratado internacional: el Acuerdo de Viernes Santo de 1998. Esos acuerdos de paz establecen el llamado “border poll”, que permite convocar a una votación sobre la reunificación con la República de Irlanda si la mayoría social así lo reclama. No obstante, su prioridad histórica sigue siendo la reunificación irlandesa.
Gales, por su parte, debate su futuro a través de comisiones de soberanía y ampliación de competencias autonómicas, sin un marco legal directo para la independencia inmediata. La discusión hasta hoy había sido sobre más autonomía, no sobre la independencia inmediata: El gobierno de Gales, liderado por Plaid Cymru, reclama principalmente una mayor transferencia de competencias de la Policía y la Justicia antes que la independencia. La independencia se plantea de momento como un proyecto a largo plazo: El propio partido independentista ha descartado celebrar un referéndum antes de las próximas elecciones autonómicas de 2030.
Lo que ha cambiado en estos días es un giro estratégico fundamental: por primera vez en la historia, los tres territorios están gobernados por partidos con ideas independentistas y han decidido coordinar sus esfuerzos en un frente común, buscando presionar a Londres de manera conjunta.
El hecho central es la firma, el lunes 14 de septiembre de 2026 en Cardiff, de un memorando de entendimiento por parte de los líderes del SNP (Escocia), Plaid Cymru (Gales) y Sinn Féin (Irlanda del Norte). En este acuerdo, los lideres de los tres partidos declaran conjuntamente que "nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación" y que "ningún gobierno de Westminster tiene derecho a bloquear la democracia". Es importante aclarar que la firma fue en carácter de jefes partidarios, no de autoridades de sus respectivas naciones.
Revisemos que sucedería en el caso de que el divorcio político se consumara y las fronteras internas se multiplicaran con el paso del tiempo. La frontera terrestre y marítima entre Irlanda del Norte y la isla de Gran Bretaña reviviría las pesadillas aduaneras y regulatorias del Brexit, obligando a instalar controles físicos estrictos en los puertos y pasos fronterizos. De igual forma, la histórica línea entre Inglaterra y Escocia se transformaría en una frontera internacional exterior, afectando el tránsito diario de miles de trabajadores, el suministro eléctrico compartido y los servicios de emergencia locales.
A ello se suma un factor crítico que el artículo original no cuantificaba: el déficit fiscal real de cada nación. Según las cifras de Government Expenditure and Revenue Scotland (GERS) para 2025-26, el déficit fiscal neto de Escocia fue de £25.300 millones, equivalente al 10,9% de su PIB, más del doble que el del conjunto del Reino Unido en el mismo período (4,2%).
El gasto público por persona en Escocia es £2.720 superior a la media británica, lo que refleja una dependencia estructural de las transferencias fiscales desde Westminster. En el caso de Gales, el déficit fiscal se sitúa entre £13.000 y £15.000 millones, entre el 15% y el 20% de su PIB; una Gales independiente tendría que cubrir ese agujero con impuestos propios, lo que según las estimaciones más citadas supondría £7.000 adicionales por persona al año de acuerdo con una estimación del Partido Laborista de Gales.
Irlanda del Norte, por su parte, recibió una subvención anual de Westminster de aproximadamente £15.000–16.000 millones en 2025-26 para mantener su nivel de gasto público de acuerdo con el Resource DEL y de unos £19.300 millones anuales de media en 2026-29 según el Spending Review.
Los estudios académicos más citados, como los de FitzGerald y Morgenroth, estiman que el coste de la reunificación para Irlanda sería de entre £9.000 y £21.000 millones anuales, equivalente al 5-10% de la Renta Nacional Bruta irlandesa, una cifra que incluye la asunción de esa subvención.
En el plano económico, la ruptura de un mercado interior tan integrado desbarataría cadenas de suministro con siglos de antigüedad. Países como Escocia o Gales tendrían que decidir si adoptan una moneda propia, si continúan usando la libra esterlina sin control sobre la banca central o si optan por el euro, enfrentando además una durísima negociación sobre qué porcentaje de la gigantesca deuda pública británica les corresponde asumir. A esto se suma el control de los recursos energéticos:
La red eléctrica británica funciona como un mercado único integrado, con interconexiones físicas que permiten el flujo de electricidad entre Inglaterra y Escocia. Una frontera internacional entre ambas naciones obligaría a crear mecanismos de comercio transfronterizo similares a los que existen entre la UE y el Reino Unido tras el Brexit, lo que podría encarecer la factura eléctrica en ambos lados y dificultar la integración de las renovables escocesas.
El operador del sistema, Neso, ya ha advertido de un “punto de estrangulamiento” en la red que afecta a Escocia y ha señalado que el Reino Unido necesita aproximadamente 10 GW adicionales de capacidad de transferencia en la frontera Inglaterra-Escocia para satisfacer la demanda actual. Escocia generó 38,5 TWh renovables en 2025 y aporta cerca de la mitad del viento medido de GB, más de dos tercios de la eólica terrestre, y exportó unos 20,8 TWh netos, lo que ilustra la magnitud del problema.
A finales de 2024 la NSTA estimaba 1,9 mil millones de barriles equivalentes comprobados y 2,9 mil millones comprobados + probables en toda la plataforma británica. La estimación de Wood Mackenzie / Kemp sitúa cerca del 85 % de los hidrocarburos restantes y más del 90 % del petróleo en aguas que una línea media atribuiría a Escocia, despojando a un hipotético Estado inglés de su principal fuente interna de hidrocarburos e ingresos fiscales, mientras Londres tendría que reconfigurar toda su matriz de importación energética.
La disolución del Estado central no sería una simple separación administrativa. Desarmaría una maquinaria militar y de inteligencia muy centralizada. Según las cifras del Ministerio de Defensa, el presupuesto ronda los £66.000 millones y el personal activo, unos 140.000 efectivos. Inglaterra, con cerca del 84 % de la población y de la base fiscal, heredaría el grueso nominal —unos 115.000 a 120.000 efectivos—, pero debería sostener costos fijos de potencia nuclear con una economía más pequeña.
Escocia, por su parte, se vería en la necesidad de constituir unas fuerzas armadas propias desde cero calculadas inicialmente en unos 12.000 a 15.000 efectivos conforme a estimaciones de expertos en defensa estratégica, heredando regimientos históricos de infantería, pero con el enorme desafío financiero de adquirir equipamiento pesado y flotas navales independientes. Gales absorbería contingentes menores del anterior ejército y un hipotético Estado resultante en Irlanda del Norte buscaría quizás una fórmula para integrarse a las del sur.
Hay un aspecto que el artículo original no abordaba: el impacto en la industria de defensa. Los astilleros del Clyde, en Escocia, dependen directamente de los contratos del Ministerio de Defensa para la construcción y el mantenimiento de submarinos nucleares. Según datos del Gobierno británico, aproximadamente 26.100 empleos cualificados en Escocia -incluida la construcción naval - están ya respaldados por el gasto anual multimillonario del Ministerio de Defensa.
Una Escocia independiente tendría que renegociar esos contratos o enfrentarse a la pérdida de miles de empleos altamente cualificados. El programa “Clyde 2070”, que contempla una inversión de £250 millones solo en los próximos tres años y forma parte de un plan de modernización de £26.000 millones para las bases navales británicas, es un ejemplo de la magnitud de la apuesta industrial que estaría en juego.
El punto de fractura más alarmante se situaría en la disuasión nuclear y la infraestructura estratégica. Bajo los principios del derecho internacional público y los criterios de sucesión de Estados que rigen en la materia, Inglaterra, en su calidad de Estado continuador, heredaría formalmente el arsenal nuclear británico, incluyendo los submarinos de la clase “Vanguard” y los misiles “Trident”.
Sin embargo, toda la infraestructura operativa de esta disuasión atómica está apostada exclusivamente en la base naval de HMNB Clyde, conocida como Faslane, en la costa oeste de Escocia. Dado que los movimientos independentistas escoceses se oponen frontalmente al armamento atómico y exigen la salida inmediata de todo material nuclear de su territorio soberano, Londres se encontraría ante un callejón sin salida catastrófico: gastar decenas de miles de millones de libras y consumir más de una década de obras para construir bases de reemplazo en la costa inglesa cerca de áreas densamente pobladas, o intentar forzar un estatus de extraterritorialidad militar que fracturaría las relaciones bilaterales desde el primer día.
Las estimaciones clásicas cifran el coste de reubicar la base de submarinos nucleares de Faslane en al menos £20.000 millones y unos 20 años de obras, según el profesor Trevor Taylor, del Royal United Services Institute; rangos posteriores elevan la factura hasta £50.000 millones. En paralelo, y no como parte de esa mudanza, el Gobierno británico ya comprometió £15.100 millones para modernizar la base en Escocia, dentro de un programa de £26.000 millones para las tres bases navales principales. El dilema es obvio: seguir invirtiendo en una infraestructura que una Escocia independiente exigiría evacuar, o asumir el coste político y financiero de trasladarla a Devonport o Milford Haven, con fuerte oposición local.
Asimismo, los servicios de inteligencia y ciberseguridad, concentrados masivamente en centros neurálgicos ingleses como el GCHQ, perderían la integración de datos compartidos y la cooperación territorial automatizada que hoy blinda a las islas británicas frente a ciberataques.
Este reacomodamiento geopolítico y militar operaría sobre sociedades con perfiles demográficos, étnicos y religiosos profundamente marcados y diferenciados tras la partición, cuyos datos se pueden leer con total claridad al examinar los informes de las oficinas nacionales de estadística (“Office for National Statistics” y agencias autonómicas) basados en los censos oficiales más recientes.
Inglaterra concentra el mayor volumen poblacional y es con diferencia el territorio más multiétnico, donde alrededor del 81% al 82% de la población se identifica como de etnia blanca y cerca del 18% al 19% pertenece a minorías étnicas, destacando las comunidades de origen asiático con un 9-10% y las negras con un 4%. Su perfil religioso, documentado por las mismas estadísticas censales, refleja un alto secularismo donde menos de la mitad de la población se identifica como cristiana, un 37-38% declara no tener ninguna religión y el islam encabeza las minorías con un 6% a 6.5%.
Por su parte, Escocia presenta una mayor homogeneidad demográfica según sus registros censales, con cerca del 95% de su población identificada dentro de la categoría étnica blanca, mientras que las minorías no blancas rondan en conjunto el 5%. En el plano religioso escocés, más del 50% de los habitantes declara no tener religión, los cristianos se ubican en torno al 35-38% ---divididos entre la presbiteriana Iglesia de Escocia y la Iglesia Católica---, y las minorías musulmanas y otras confesiones concentran cerca del 2% al 3%.
En el caso de Gales, los datos demográficos oficiales muestran una alta homogeneidad blanca que supera el 94% o 95%, con minorías asiáticas, negras y mestizas concentradas en centros urbanos como Cardiff y Swansea que representan entre el 5% y el 6%. Religiosamente, más de la mitad de los galeses no tienen religión, el cristianismo agrupa a cerca del 35-40% de los ciudadanos y conviven pequeñas comunidades musulmanas y de otras confesiones.
Finalmente, Irlanda del Norte es abrumadoramente blanca —más del 96 % en el censo de 2021—, pero su diversidad no es étnica sino comunitaria. Según esa misma encuesta, la población de origen católico quedó ligeramente por encima de la de origen protestante (alrededor del 46 % frente al 43 %), cerca de un 17 % declaró no tener religión y el resto se reparte entre otras confesiones. Esa partición identitaria, no un esquema de tercios simétricos, es la que seguiría condicionando cualquier border poll.
Un factor que el artículo original no abordaba es qué ocurriría con los ciudadanos británicos que residen en las distintas naciones. El Gobierno escocés ha publicado propuestas detalladas que contemplan un modelo de ciudadanía inclusivo: los ciudadanos británicos con residencia habitual en Escocia en el momento de la independencia tendrían derecho automático a la ciudadanía escocesa, y se permitiría la doble nacionalidad escocesa y británica.
Los ciudadanos británicos e irlandeses podrían residir y trabajar en Escocia sin restricciones tras la independencia, ya que Escocia seguiría formando parte de la Zona de Viaje Común que incluye el Reino Unido, Irlanda, las Islas del Canal y la Isla de Man. Sin embargo, quedaría por resolver cómo se coordinarían las pensiones y la seguridad social entre las nuevas administraciones, y qué ocurriría con los escoceses que residen en Inglaterra o los ingleses que residen en Escocia.
En el plano de la política exterior, la fragmentación provocaría una atomización diplomática y una pérdida drástica de peso específico global. Aunque Inglaterra heredaría formalmente la silla permanente con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU si se aplicara el principio de continuidad a favor de Inglaterra como se hizo con Rusia en 1991, su capacidad real de proyección se desinflaría al verse reducida a una potencia media regional sin los recursos de las naciones periféricas.
Escocia e Irlanda del Norte emprenderían caminos internacionales distintos. Edimburgo apostaría por reingresar en la Unión Europea, un proceso que no sería automático: exige Estado reconocido, negociación de adhesión y resolver la paradoja de una frontera exterior de la UE cruzando la isla de Gran Bretaña. La red consular británica tendría que desmembrarse. La OTAN debería redibujar su flanco en el Atlántico norte y el mar del Norte, que es una zona crítica para el monitoreo de submarinos rusos. Esa importancia podría verse comprometida si Edimburgo condicionara el patrullaje aliado en su espacio aéreo o las bases.
Las relaciones internacionales y los lazos históricos globales también mutarían por completo. En la Commonwealth, la asociación voluntaria de 56 Estados soberanos liderada simbólicamente por el rey Carlos III, las nuevas naciones independientes tendrían el derecho de solicitar su propia membresía por separado, mientras que la probable pérdida de un miembro permanente del Consejo de Seguridad con peso económico tradicional debilitaría la influencia diplomática de todo el bloque.
Para dimensionar el impacto financiero de esta separación de manera rigurosa, si se toman como base los agregados macroeconómicos y las proyecciones fiscales recopiladas por el Banco de Inglaterra, el Tesoro británico y organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el conjunto del Reino Unido registra una población cercana a los 70 millones de habitantes, una superficie total de unos 242.400 kilómetros cuadrados y un Producto Interno Bruto nominal superior a los 4,2 billones de dólares con un ingreso per cápita de aproximadamente 61.000 dólares.
A partir de estas métricas base, la división territorial arrojaría escenarios muy diferenciados para cada nuevo Estado resultante. Inglaterra, concentrando cerca del 84,6% de la población con unos 58,8 millones de habitantes en un territorio de 130.300 kilómetros cuadrados, retendría el grueso del músculo económico heredando un PIB estimado en torno a los 3,5 billones de dólares y un PIB per cápita superior a los 59.000 dólares, manteniendo los centros financieros globales, aunque cargando con la mayor parte proporcional de la deuda histórica y el déficit energético.
Escocia, contando con una población de unos 5,5 millones de habitantes y una superficie extensa de 77.900 kilómetros cuadrados, contaría con un PIB estimado en unos 260.000 a 280.000 millones de dólares y un PIB per cápita de aproximadamente 48.000 a 50.000 dólares; su renta se vería inicialmente impulsada por la riqueza petrolera y gasífera del mar del Norte, pero enfrentaría altos costos fiscales para asumir las competencias estatales completas y el desmantelamiento de infraestructuras basadas en energías fósiles.
Gales, con 3,1 millones de personas viviendo en una superficie de 20.700 kilómetros cuadrados, poseería un PIB cercano a los 100.000 millones de dólares y un PIB per cápita que rondaría los 31.000 a 33.000 dólares, reflejando una economía más modesta y dependiente de la integración industrial con el centro de la isla.
Irlanda del Norte, con una población de 1,9 millones de habitantes y un territorio compacto de 13.800 kilómetros cuadrados, registraría un PIB aproximado de 70.000 a 75.000 millones de dólares y un PIB per cápita de unos 36.000 a 38.000 dólares, cifras que variarían sustancialmente si opta por la independencia plena o si concreta su unificación económica y política con la República de Irlanda.
La disgregación británica, por lo tanto, no es solo un debate sobre banderas e identidades locales, sino un ejercicio de ingeniería que demostraría que es lo que podría ocurrir si un Estado moderno de primer orden llegara a fragmentarse, obligando a sus habitantes y a sus vecinos a rediseñar por completo su seguridad, sus finanzas y su lugar en el mundo.
Tras la experiencia del Brexit, los británicos conocen las consecuencias de las decisiones que apuntan a desandar el camino de la sumatoria de capacidades territoriales. Aún estamos en una etapa muy temprana del proceso que podría conducir a la atomización del Reino Unido, pero el hecho que se debata ya es de por sí una señal de una tensión que no logra resolverse.
