En octubre la guerra fue mal negocio para Putin

Por Ignacio Montes De Oca

Octubre de 2026 fue uno de los peores meses para Vladimir Putin desde 2022. No por un hecho capaz de cambiar por sí solo el curso de la guerra, sino por la acumulación de contratiempos en tres frentes que el Kremlin había mantenido relativamente separados: el militar, el económico y el político. Rusia perdió más territorio del que conquistó y sufrió el mayor número de bajas mensuales desde febrero de 2022. Las dificultades fiscales y el agotamiento de las reservas disponibles expusieron los límites de una economía sostenida por el gasto militar. Las tensiones entre el Estado, las empresas y una sociedad cada vez más expuesta a los costos de la guerra también se hicieron más visibles.

Rusia gasta cada vez más en una ofensiva con resultados territoriales decrecientes, mientras consume recursos necesarios para la economía civil. Putin conserva el control político y no enfrenta una amenaza inmediata a su permanencia en el poder. Pero octubre dejó algo difícil de ocultar: la guerra cuesta cada vez más y sus resultados justifican cada vez menos los sacrificios exigidos.

En el frente militar, el Estado Mayor de Ucrania informó de 54.400 bajas rusas en octubre, entre muertos y heridos. El promedio superó los 1.750 hombres por día y el 21 de octubre se registró el peor balance diario: 2.250 bajas. Son estimaciones ucranianas, no un recuento independiente de fallecidos. Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), que hace su propio seguimiento del conflicto, también destacó que fue el mes con más bajas rusas desde febrero de 2022.

Rusia había registrado aproximadamente 42.000 bajas en agosto y 46.230 en septiembre, por lo que el costo humano volvió a aumentar considerablemente en octubre. Según el ISW, lleva cuatro meses consecutivos con más de 40.000 bajas mensuales y su reclutamiento ya tiene dificultades para compensarlas. La cuestión es cuántos hombres puede enviar Putin al frente y por cuánto tiempo, sin reducir aún más la disponibilidad de trabajadores ni agravar el deterioro demográfico.

Lo peor para Moscú fue que esas pérdidas tampoco se tradujeron en conquistas territoriales. Según el análisis del ISW, en octubre las fuerzas rusas ocuparon o consolidaron 139,85 Km2, pero perdieron otros 167,14 Km2: un retroceso neto de 27,29 Km2. Fue el segundo mes consecutivo con un balance territorial negativo.

Al incluir las infiltraciones rusas en zonas donde no lograron un control efectivo, el ISW calculó un retroceso neto de 76,38 Km2. La diferencia muestra que penetrar en una posición ucraniana no equivale a conquistarla ni a mantenerla.

Ucrania informó haber recuperado 96,2 Km2 durante el mes. Los contraataques en Kupiansk y Lyman, junto con drones y vehículos terrestres no tripulados, ayudaron a frenar los avances rusos y recuperar posiciones. La tecnología, el reconocimiento aéreo y los ataques de precisión permiten compensar parcialmente la inferioridad numérica ucraniana.

La operación Vivaldi fue especialmente significativa. Según el ISW, Ucrania desarticuló el saliente ruso al norte y noroeste de Lyman e impidió una maniobra de envolvimiento del cinturón fortificado de Donetsk y frustró una operación que podía mejorar la situación rusa en ese sector.

La guerra de drones se convirtió en uno de los principales problemas del ejército ruso. Las unidades ucranianas de sistemas no tripulados multiplicaron sus ataques contra tropas, vehículos, artillería y posiciones logísticas. El Ministerio de Defensa de Ucrania atribuyó a sus drones 16.796 bajas rusas en octubre, una cifra que pertenece a los registros oficiales de Kyiv y debe interpretarse como tal.

Moscú conserva capacidad ofensiva y sigue atacando ciudades, instalaciones energéticas y redes ferroviarias ucranianas. Ante la falta de resultados decisivos en tierra, apuesta cada vez más por ataques de largo alcance. Según el ISW, Putin está cambiando su teoría de victoria: en vez de depender solo de avances terrestres lentos y costosos, busca usar misiles balísticos y drones de ataque para hacer insostenible la vida civil ucraniana y debilitar sus conexiones económicas con Europa durante el invierno.

No obstante, bombardear ciudades, redes eléctricas y ferrocarriles causa daños enormes, pero no garantiza la capitulación de Ucrania, que muestra que puede adaptarse, reparar instalaciones, reorganizar suministros y seguir combatiendo.

La economía tampoco dio a Putin muchos motivos para celebrar, aunque octubre trajo una excepción: los ingresos del petróleo y el gas. La guerra en Medio Oriente elevó los precios de la energía y permitió a Rusia recibir aproximadamente 11.900 millones de dólares, en ingresos fiscales por hidrocarburos, más del doble que en septiembre.

Esa mejora oculta un problema mayor. Según cálculos de Reuters, los ingresos petroleros y gasíferos de enero a octubre fueron aproximadamente un 14% menores a los del mismo período de 2025. El aumento de octubre respondió a circunstancias extraordinarias del mercado internacional y a pagos impositivos trimestrales en un contexto global de precios petroleros que bajaron desde el 3 de noviembre y por ende conducen las previsiones a la baja.

El precio internacional del petróleo no equivale al dinero que recibe el Estado. Rusia afronta descuentos comerciales, mayores costos de transporte, operaciones de triangulación y dificultades para cobrar sus exportaciones. La llamada flota en la sombra permite eludir restricciones occidentales y mantener parte de esas operaciones, pero añade costos y riesgos.

Además, los ataques ucranianos contra refinerías y depósitos de combustible obligaron a Moscú a financiar reparaciones y compensaciones a las petroleras. Para abastecer el mercado interno y a sus fuerzas armadas, el Estado devuelve parte de los ingresos de exportación al sector energético y sostiene así una infraestructura bajo ataque.

La evolución de octubre fue reveladora. Según fuentes de la industria citadas por Reuters el 27 de octubre, las refinerías rusas aumentaron su procesamiento aproximadamente un 25% en la segunda mitad del mes, tras una pausa en los ataques ucranianos. La producción llegó a unos cinco millones de barriles diarios y comenzaron a levantarse algunas restricciones a las exportaciones de combustibles. La recuperación mostraba, a la vez, cuánto dependía la actividad del cese de los ataques.

La tregua fue breve. El 5 de noviembre, Reuters informó de nuevos ataques contra las refinerías de Yaroslavl y Riazán, esta última una de las mayores del país. La interrupción de la recuperación volvió a mostrar la vulnerabilidad de una infraestructura clave para la economía rusa.

La paradoja es que Rusia, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, tiene dificultades para abastecerse de combustibles refinados. Durante 2026, numerosas regiones sufrieron restricciones de venta, faltantes en estaciones de servicio y aumentos de precios. Las autoridades debieron reorganizar el suministro, limitar exportaciones e incluso importar productos refinados.

Conviene distinguir los combustibles: la gasolina se usa sobre todo en el transporte particular; el diésel es indispensable para camiones, maquinaria agrícola, transporte pesado, vehículos militares y equipos de emergencia. También alimenta generadores eléctricos y calefacción en algunas localidades alejadas de las redes de gas. Su escasez no deja automáticamente sin calefacción a las grandes ciudades rusas, cuyos sistemas centrales dependen en buena medida del gas natural y de centrales térmicas. Sí puede afectar los servicios que mantienen en funcionamiento esas ciudades y regiones.

El invierno puede agravar la situación.

Con el frío, crece la necesidad de transportar combustible, alimentos, medicamentos y materiales para reparar redes de energía y calefacción. Quitanieves, vehículos de mantenimiento, generadores de emergencia y equipos de transporte necesitan combustible. Una interrupción prolongada puede encarecer la distribución, demorar el abastecimiento y afectar sobre todo a las regiones más alejadas de los grandes centros urbanos.

Esas regiones tienen menos recursos para afrontar las dificultades. Si los suministros se desvían hacia instalaciones militares, grandes centros industriales o grandes ciudades, las localidades periféricas quedan más expuestas. No se trata solo de la comodidad de los automovilistas, sino de la economía y los servicios esenciales.

Mientras el Kremlin intenta usar el invierno para presionar a Ucrania, atacando su infraestructura energética y dificultando la supervivencia de la población, sus propias refinerías y redes logísticas son vulnerables a las represalias. El país que busca convertir el frío en un arma también debe proteger su abastecimiento.

Así, la economía puede obtener ingresos extraordinarios algunos meses y aun tener dificultades crecientes para financiar a la vez la guerra, los servicios públicos y la actividad privada.

Un indicador preocupante es el Fondo Nacional de Bienestar, la reserva creada para proteger a Rusia frente a crisis económicas y oscilaciones del mercado energético. Según el Ministerio de Finanzas ruso, al comenzar octubre sus activos líquidos equivalían a unos 45.000 millones de dólares, apenas el 1,6% del producto bruto interno proyectado para 2026. Antes de la invasión a gran escala superaban los 113.000 millones de dólares.

El fondo perdió buena parte de su capacidad como colchón financiero y debe cubrir necesidades presupuestarias crecientes. Esto no significa que Rusia esté por quedarse sin dinero o detener sus operaciones militares: conserva recursos, puede endeudarse dentro del país y recaudar más impuestos. Pero endeudarse absorbe liquidez del sistema financiero; subir impuestos reduce el consumo y la inversión; y gastar las reservas deja menos margen ante futuras crisis.

Los datos preliminares del Ministerio de Finanzas ruso publicados por Interfax muestran un déficit federal de 5.186 billones de rublos en los primeros nueve meses de 2026, equivalente al 2,2% del PIB. El presupuesto original preveía 3.786 billones para todo el año. En septiembre, el Gobierno elevó su previsión anual a 7.345 billones de rublos, el 3,2% del producto bruto interno.

Antes de terminar el año, Rusia ya había superado ampliamente el déficit previsto para todo 2026. La explicación oficial fue el aumento del gasto y la reducción de los ingresos energéticos esperados. La mancha de la guerra obliga a revisar las previsiones fiscales que organizan el funcionamiento del Estado.

La actividad económica también refleja esas tensiones. El índice del sector servicios de S&P Global cayó a 50,1 puntos en octubre, apenas por encima del umbral entre expansión y contracción. El PMI manufacturero quedó en 49,9 puntos, por debajo del nivel de crecimiento. La producción y los nuevos pedidos siguieron débiles, mientras las empresas redujeron compras de insumos y personal.

La tensión entre la economía civil y la militar llegó también a las élites empresariales. Las condiciones financieras más duras, el costo del crédito y la prioridad de la industria de defensa dificultan invertir en sectores sin contratos estatales ligados a la guerra. El crecimiento militar no equivale a un desarrollo equilibrado: fabricar más municiones y vehículos militares puede elevar ciertos indicadores industriales, pero no resuelve la falta de inversión y trabajadores ni el deterioro de los servicios públicos.

A esto se suma una dependencia externa clave: China.

Tras las sanciones occidentales y la exclusión de buena parte del sistema financiero internacional, Rusia reorientó sus operaciones hacia el yuan y los bancos chinos. La moneda de Beijing pasó a ser un instrumento central del comercio exterior ruso. Según la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China, su participación en las operaciones cambiarias de Moscú pasó del 3% en 2022 al 54% en mayo de 2024 y llegó al 99,8% tras las sanciones a las operaciones en dólares y euros en la bolsa rusa.

El cambio permitió a Rusia seguir comerciando, pero creó otra dependencia. Ante el riesgo de sanciones secundarias estadounidenses, los bancos chinos pueden restringir pagos, operaciones y transferencias que comprometan sus intereses. Las empresas rusas quedan expuestas a demoras, mayores costos y dificultades para acceder a bienes y tecnologías.

No puede afirmarse que China vaya a abandonar a Rusia, pero Pekin tiene una posición más cómoda: puede comprar energía rusa, vender productos y mantener la cooperación estratégica sin asumir todos los riesgos que Moscú aceptaría. Rusia tiene pocas alternativas financieras y comerciales equivalentes. La relación es cada vez menos simétrica: Putin necesita a China más de lo que China necesita a Putin.

La falta de trabajadores es otro problema serio y poco visible de la economía rusa.

La crisis demográfica rusa es anterior a la invasión, pero la guerra la acelera. La población envejece, nacen menos niños, se pierden habitantes en edad laboral y parte de los jóvenes con formación profesional emigró desde 2022. Sumados los hombres enviados al frente y las víctimas del conflicto, hay menos trabajadores cuando la economía necesita producir más para cubrir las necesidades militares y civiles.

Carnegie Endowment for International Peace publicó en mayo un análisis de Salavat Abylkalikov sobre el problema. El estudio recoge estimaciones del Ministerio de Trabajo ruso: el país necesitará incorporar 10,9 millones de trabajadores hasta 2030. El desempleo rondaba el 2%, un nivel extraordinariamente bajo que también refleja la dificultad de las empresas para encontrar personal.

Las generaciones nacidas durante el derrumbe económico de los años noventa son mucho menos numerosas que las anteriores. Llegan ahora a las edades de mayor participación laboral, cuando Rusia necesita reemplazar a quienes se jubilan, emigran o van al ejército. La salida de jóvenes profesionales desde la invasión y la competencia del complejo militar-industrial por los trabajadores necesarios para la economía civil agravan el problema.

Para conseguir personal, las empresas ofrecen salarios más altos, pero estos no siempre aumentan la producción: a menudo solo elevan los costos y alimentan la inflación. La construcción, el transporte, la agricultura, la industria manufacturera y los servicios compiten por pocos trabajadores. El Estado también ofrece incentivos para el reclutamiento y absorbe mano de obra de las actividades productivas.

La demografía también afecta el consumo. Con menos trabajadores y más personas mayores, disminuyen los ingresos laborales y crece la proporción de recursos destinada a pensiones, salud y asistencia. Menos nacimientos no implican una caída inmediata de las ventas, pero sí debilitan la base de consumidores activos y las perspectivas de crecimiento. Además, la incertidumbre económica, la guerra y la emigración hacen que muchas familias jóvenes posterguen decisiones de vivienda, consumo e hijos.

Perder población significa menos trabajadores y contribuyentes, más presión sobre la asistencia y mayores dificultades para ampliar la producción. Incluso si la guerra terminara mañana, recuperar esa fuerza laboral llevaría años.

Carnegie advierte que la inmigración tampoco es una solución sencilla. Rusia dependió durante décadas de trabajadores de Asia Central, pero las dificultades económicas, las restricciones migratorias y la creciente hostilidad hacia esos grupos complican mantener el flujo. El Kremlin considera atraer trabajadores de países más alejados, incluidos India y algunos países africanos, aunque las barreras culturales, lingüísticas y administrativas dificultan compensar rápidamente el déficit.

La guerra convierte un problema demográfico de largo plazo en una limitación económica inmediata: Putin necesita más soldados y trabajadores, pero ambos compiten por una población que se reduce y envejece.

En política, octubre tampoco fue cómodo para el Kremlin. No por una amenaza inmediata de rebelión, sino por las contradicciones que debe administrar: la guerra exige soldados, dinero y producción militar de una economía que necesita trabajadores, inversiones y servicios públicos.

El costo se reparte de forma desigual. Las grandes ciudades, sobre todo Moscú y San Petersburgo, tienen más recursos para amortiguar la crisis. Las regiones periféricas dependen más de transferencias federales y soportan una parte desproporcionada del reclutamiento y las consecuencias sociales de la guerra. Sus presupuestos deben sostener hospitales, escuelas, carreteras, redes eléctricas y calefacción con recursos cada vez más limitados.

Las encuestas del Centro Levada muestran una diferencia significativa entre apoyar a las fuerzas armadas y preferir una salida negociada. Una parte importante de los rusos quiere que termine el conflicto, sin que eso implique necesariamente retirar su respaldo a Putin.

Apoyar a los soldados no implica querer sostener la guerra indefinidamente. La fatiga social puede crecer sin provocar protestas, especialmente donde las manifestaciones contra el poder son reprimidas y expresar desacuerdo tiene costos.

Sería incorrecto afirmar que Putin perdió el apoyo mayoritario o que su permanencia en el poder está amenazada. El Kremlin sigue concentrando el poder y dificulta que el descontento se convierta en oposición organizada. La debilidad está en el deterioro económico y social de las bases del sistema.

También importa el temor a una nueva movilización militar. El Kremlin ha evitado una convocatoria masiva que traslade directamente el costo de la guerra a las grandes ciudades. Otra leva reduciría la disponibilidad de trabajadores y podría provocar una reacción social más difícil de administrar.

Rosstat, el organismo oficial de estadísticas registró una pérdida natural de población cercana a las 600.000 personas de acuerdo a un artículo de Bloomberg. No puede atribuirse solo a la guerra, pero el reclutamiento, las muertes, la emigración y el deterioro de las perspectivas económicas agravan una tendencia que compromete la capacidad productiva rusa a largo plazo.

El dilema de Putin se complica: mantener el gasto militar presiona las cuentas públicas, las empresas y los hogares; reducirlo supone arriesgarse a reconocer que una guerra presentada durante años como una forma de restaurar el poder ruso no da los resultados prometidos. Compensar las dificultades con impuestos, recortes y reclutamientos puede aumentar el malestar de quienes aún sostienen el sistema.

Octubre no fue el mes del derrumbe ruso ni el comienzo inevitable del final de Putin. Pero las debilidades del modelo coincidieron de una forma especialmente desfavorable para el Kremlin.

Rusia perdió hombres y territorio. Los ingresos extraordinarios del mercado petrolero, alterado por la guerra en Medio Oriente, no ocultaron el deterioro fiscal, la reducción de reservas líquidas ni la pérdida de dinamismo privado. La escasez de combustibles, el encarecimiento de los servicios, la falta de trabajadores y el invierno próximo amenazan con llevar a la vida cotidiana los costos de una guerra que el Kremlin procuró mantener lejos de los principales centros de poder.

La dependencia de China reduce la autonomía de una Rusia que presentó su enfrentamiento con Occidente como una demostración de independencia estratégica. Putin conserva un aliado poderoso, pero tiene menos capacidad para negociar en igualdad de condiciones.

Putin puede tener recursos para prolongar el conflicto y, a la vez, debilitar las bases económicas, demográficas y militares del poder ruso. Puede enviar soldados, pero le cuesta más reemplazarlos; vender petróleo caro, pero necesita más dinero para reparar los daños de la guerra y sostener el presupuesto; conservar apoyo popular, pero no ignorar que la economía civil pierde capacidad de crecimiento y la guerra consume cada vez más recursos nacionales.

Ganar tiempo ya no significa necesariamente ganar la guerra. Octubre dejó una señal inequívoca: Rusia sigue siendo una potencia militar formidable, pero el costo de su ofensiva crece más rápido que sus resultados. Cuando la guerra compromete no solo a los soldados, sino también el combustible de la población, los trabajadores de la economía, los recursos del Estado y la autonomía de una potencia para decidir su futuro, el problema deja de estar solo en el frente. Empieza a estar dentro de Rusia.