En Perú la violencia criminal se expande desde las minas hasta las ciudades

Por Florencia Lucero Heguy

La violencia en Perú ha alcanzado niveles alarmantes. Lo que antes era una preocupación focalizada en zonas fronterizas o áreas rurales, hoy se ha transformado en una crisis nacional marcada por asesinatos, extorsiones, enfrentamientos armados y el avance implacable del crimen organizado. La expansión de mafias locales e internacionales, alimentadas por el narcotráfico y la minería ilegal ha puesto al país en estado de alerta.

El nuevo mapa del crimen

Lima Metropolitana encabeza la lista de las regiones más peligrosas del país. Distritos como San Martín de Porres, Comas, Independencia y Los Olivos han visto cómo la violencia se apodera de sus calles. Las balaceras, las extorsiones a comerciantes y los asesinatos por encargo son parte del día a día. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), organizaciones como “Los Pulpos” y “Los Chimbotanos” operan abiertamente en estas zonas, disputándose el control del territorio.

En el norte, La Libertad, y especialmente la provincia de Pataz, ha sido escenario de verdaderas guerras por el dominio de la minería ilegal. Enfrentamientos entre bandas armadas vinculadas a grupos como el Tren de Aragua y Los Alfiles han dejado decenas de muertos. El asesinato de 16 mineros en esta región sacudió al país y evidenció la profunda infiltración de mafias transnacionales.

Al sur, la ciudad de Juliaca y el centro minero de La Rinconada en Puno se han convertido en tierra sin ley. La actividad minera informal, en muchos casos controlada por criminales armados, ha desplazado al Estado y ha convertido estos enclaves en zonas de alto riesgo.

El rostro del crimen organizado

Las organizaciones criminales que operan en Perú han diversificado sus actividades ilícitas. La minería ilegal y el narcotráfico son sus principales fuentes de financiamiento, pero también incursionan en extorsión, tráfico de armas, trata de personas y sicariato. El Tren de Aragua, grupo criminal de origen venezolano, ha consolidado su presencia en varias regiones, mientras que el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil colabora con mafias locales en el tráfico de drogas hacia Bolivia y Brasil.

La alianza con bandas extranjeras no es casual: Perú se ha convertido en punto estratégico en la ruta sudamericana del narcotráfico. En regiones como Madre de Dios, grupos ecuatorianos como Los Choneros y Los Tiguerones actúan como brazo armado de operaciones ilegales de extracción aurífera.

Según cifras del Ministerio del Interior, entre enero y octubre de 2024 se registraron 1.601 homicidios, el número más alto en los últimos ocho años. Eso equivale a un promedio de más de cinco asesinatos por día, una cifra que pone en evidencia la gravedad del problema.

Los asesinatos no se limitan a criminales entre sí: profesores, comerciantes, transportistas y civiles inocentes se han convertido en víctimas colaterales o blancos directos de la violencia. Casos como el asesinato de un docente frente a sus alumnos en Lima estremecieron a la opinión pública y expusieron la fragilidad de la seguridad ciudadana.

En 2024 y 2025 se declararon estados de emergencia en varios distritos de Lima y provincias mineras. Asimismo, se impulsó un plan de formalización de la minería informal, acompañado por un fondo económico para pequeñas cooperativas.

En el plano internacional, Perú participa en la Red Andina de Seguridad 24/7 junto a Bolivia, Ecuador y Colombia, con el objetivo de intercambiar inteligencia y enfrentar conjuntamente al crimen organizado. Sin embargo, las acciones siguen siendo reactivas y la presencia del Estado en zonas críticas sigue siendo insuficiente.

A pesar de los esfuerzos, la violencia no cede. La percepción de inseguridad crece y cada vez más peruanos viven bajo el miedo de ser víctimas del crimen. Con organizaciones criminales cada vez más sofisticadas y una conexión regional consolidada, el desafío para Perú es monumental: recuperar el control del territorio, fortalecer sus instituciones y evitar que el crimen organizado termine por erosionar los cimientos del Estado.