España adelanta las elecciones: Sánchez hace una apuesta de alto riesgo
Por Ignacio Montes de Oca
Pedro Sánchez eligió las urnas antes que una agonía parlamentaria sin final visible. España celebrará elecciones generales el 29 de noviembre, nueve meses antes de que terminara la legislatura, en una convocatoria que transforma una derrota en el Congreso en la jugada más arriesgada de su presidencia.
La Moncloa confirmó que el decreto de disolución se publicará el 6 de octubre. El calendario sitúa la campaña entre el 13 y el 27 de noviembre, y la ley fija 54 días entre la convocatoria y la votación.
El Gobierno llega a la cita electoral sin presupuestos nuevos, con una mayoría deshecha y con varios frentes judiciales y políticos que la oposición intentará convertir en un juicio a ocho años de poder socialista.
El detonante fue la caída, el viernes 2, de dos decretos sobre vivienda. Uno, suspendía los desahucios hasta 2030, prohibía durante dos años que los fondos de inversión compraran vivienda con fines especulativos, ponía un tope del 2% al aumento anual de los alquileres y prorrogaba dos años los contratos que vencieran antes de fines de 2028. El otro establecía la renovación automática de los alquileres de vivienda habitual.
El primero perdió por 178 votos contra 172 y el segundo por 184 contra 166, según el acta del Congreso. PP, Vox, Junts y UPN rechazaron ambos textos; en la segunda votación también se apartaron el PNV y Coalición Canaria. El Ejecutivo anunció que los aprobará otra vez en el Consejo de Ministros para mantener la vivienda en el centro de la campaña.
La derrota llegó después del desahucio en Madrid de una mujer de 87 años y de protestas que reunieron a miles de personas durante el fin de semana, según las crónicas de El País y La Vanguardia. Sánchez busca convertir esa indignación en energía electoral y presentar el bloqueo parlamentario como la prueba de que necesita una mayoría más amplia.
Su mensaje ya está trazado. En su declaración institucional, el presidente pidió elegir entre una España que siga avanzando en justicia social y otra arrastrada por una “ola ultraderechista” que, a su juicio, recorta derechos. El PSOE intentará concentrar el voto progresista, defender el crecimiento y el empleo y explicar que sus reformas chocaron con una alianza de bloqueo formada por la derecha y los independentistas catalanes. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respondió que España podrá por fin elegir y llamó al cambio.
La apuesta también busca cambiar de tema. La legislatura estaba atrapada en los presupuestos prorrogados de 2023, sin margen para aprobar las cuentas de 2027. Junts, dueño de siete votos decisivos, condicionó cualquier apoyo al cumplimiento de las inversiones prometidas en Cataluña. Carles Puigdemont denunció en julio que la comunidad recibió en 2025 el 8,6% de la inversión estatal repartida por territorios, 1.321 millones de euros, frente a los 3.217 millones asignados a Madrid.
Para Junts, la campaña ofrece una doble oportunidad: exhibir su capacidad para condicionar Madrid y evitar que el PSOE absorba el coste del bloqueo. Sus votos eran decisivos, y el partido regionalista condicionó su apoyo a que se cumplan las inversiones prometidas en Cataluña. Con ese panorama, aprobar unas cuentas nuevas parecía casi imposible. La estrategia de Junts será presentarse como garantía de que cada voto catalán obtiene resultados concretos, pero deberá explicar por qué hizo caer medidas de vivienda negociadas parcialmente con el Gobierno.
El PP parte con ventaja en los sondeos y con un objetivo nítido: convertir el 29 de noviembre en un plebiscito sobre Sánchez. Alberto Núñez Feijóo respondió al anuncio con un llamado al cambio y buscará reunir bajo una misma idea el agotamiento institucional, la falta de presupuestos, la crisis de vivienda, la frontera de Ceuta y las causas judiciales que afectan al entorno socialista.
Su problema no es solo ganar, sino decidir cómo gobernar. Sigma Dos, SocioMétrica y 40dB ubican al PP entre el 31,6% y el 33,9% de los votos, con una proyección aproximada de 140 a 143 escaños. Ninguna estimación le concede por sí solo los 176 diputados de la mayoría absoluta, por lo que Feijóo necesita crecer a costa de Vox o asumir una negociación con Santiago Abascal.
Vox aparece como la fuerza con mayor crecimiento. Los mismos estudios lo sitúan cerca del 18%, con entre 62 y 63 bancas, casi el doble de las 33 actuales. Su campaña endurecerá el debate sobre inmigración, seguridad y control fronterizo, y señalará al PP cada vez que intente moderar el tono para atraer votantes de centro.
La aritmética convierte la relación entre PP y Vox en el gran dilema de la derecha. Las proyecciones publicadas este lunes les atribuyen juntos más de 200 escaños, una mayoría holgada. Feijóo intentará que la posibilidad de un gobierno estable impulse el voto útil hacia el PP; Abascal responderá que solo una representación fuerte de Vox impedirá que los populares suavicen su programa.
A la izquierda del PSOE, el escenario es más frágil. Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns concurrirán bajo la marca Frente Amplio y anunciarán su candidatura el 17 de octubre, tras la renuncia de Yolanda Díaz a encabezar el espacio. Podemos propone a Irene Montero y reclama primarias abiertas, una fórmula que Sumar rechaza, aunque las conversaciones continúan.
Ese desacuerdo puede decidir más que una diferencia de pocos puntos entre PSOE y PP. Sigma Dos proyecta nueve escaños para Sumar y dos para Podemos, mientras otros estudios mueven a ambas fuerzas en rangos igualmente bajos. El PSOE alentará el voto útil; Frente Amplio intentará retener a quienes temen que un socialismo reforzado gobierne sin presión por la izquierda; Podemos buscará capitalizar el desencanto con la coalición.
El PSOE, mientras tanto, deberá atravesar una campaña bajo presión judicial. Fuentes judiciales señalan que el juez Juan Carlos Peinado abrió el 21 de septiembre el juicio contra Begoña Gómez, esposa del presidente, por tráfico de influencias y malversación. Será juzgada por un jurado popular, igual que su asesora Cristina Álvarez, acusada solo de malversación. Moncloa denuncia una persecución y una investigación arbitraria.
El archivo judicial indica que el 22 de junio, el Tribunal Supremo condenó al exministro de Transportes José Luis Ábalos, dirigente del PSOE, a 24 años y tres meses de prisión por la trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, entre otros delitos. Es la mayor pena a un exministro en democracia, aunque cumplirá como máximo 16 años y medio. La sentencia indica que la trama giró en torno a él y no involucró a la dirección del partido.
También existe un expediente en la Justicia en el que se investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, aliado de Sánchez, en el caso de la aerolínea Plus Ultra, rescatada con 53 millones de euros públicos en 2021. Un juez de la Audiencia Nacional lo imputó por organización criminal, falsedad y tráfico de influencias, y lo citó a declarar en junio.
La crisis de Ceuta también pesó. Entre el 30 y el 31 de julio entraron unas 72.000 personas desde Marruecos, según el ministro Fernando Grande-Marlaska, un número muy por encima de las 8.000 o 9.000 de 2021. Más de 48.000 volvieron a Marruecos en dos días, pero semanas después seguían en la ciudad unas 5.000 personas según el Ministerio del Interior español y entre 10.000 y 12.000 según las autoridades de Ceuta. Murieron 72 personas, de acuerdo con la Delegación del Gobierno en Ceuta.
El Gobierno envió refuerzos policiales y militares, pero rechazó declarar la emergencia nacional que pedía Ceuta. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que no tenía informes que anticiparan la entrada. La oposición criticó una reacción tardía, y PP y Vox hicieron de la seguridad en la frontera uno de sus principales argumentos.
La oposición buscará unir esos asuntos en un relato de desgaste y falta de control. El PSOE intentará separarlos de la gestión del Gobierno, recordar que las causas tienen alcances distintos y evitar que las acusaciones sustituyan el debate sobre vivienda, salarios y servicios públicos. La disputa no será solo por los hechos, sino por cuál de ellos domina cada día de campaña.
También habrá una batalla por el voto exterior. El Tribunal Supremo suspendió de forma cautelar la inscripción electoral de algunos beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática que no puedan acreditar directamente el exilio de sus ascendientes. La medida, solicitada por Vox e Iustitia Europa, no retira nacionalidades ni frena trámites, pero puede afectar el censo si la Justicia no resuelve antes de la convocatoria.
Argentina concentra el mayor impacto potencial. Datos oficiales citados en los artículos registraban 366.579 solicitudes formales hasta julio de 2025, el 40% del total mundial, y 174.277 nacionalidades concedidas. El Consulado de Buenos Aires acumulaba además más de 645.000 pedidos de turno, una cifra distinta porque cuenta citas y no expedientes. Iustitia Europa, que competirá en los comicios, reclama que la suspensión se aplique ya al censo del 29 de noviembre; el Gobierno pide una resolución definitiva.
Las encuestas describen una ventaja clara de la derecha, pero todavía miden un país anterior al anuncio. El PSOE aparece entre el 25,6% y el 27,4%, con alrededor de 103 a 106 escaños, mientras el CIS ofrece una fotografía opuesta y lo coloca primero, con el 31% frente al 25,5% del PP. La campaña dirá si el adelanto moviliza a una izquierda desanimada o confirma el deseo de alternancia.
Los mercados, por ahora, no leen la convocatoria como una crisis. El Ibex 35 subía al abrir y retrocedió apenas tras el anuncio. La semana anterior había caído un 3,1% por una venta mundial de bonos, que llevó el interés de la deuda española a diez años a cerca del 4,1%, su nivel más alto en más de una década. Los analistas atribuyen esa presión a factores internacionales más que a la política española.
Sánchez ha elegido correr el riesgo antes que administrar la derrota. Feijóo quiere que la elección cierre una etapa; Vox, que abra otra más dura; la izquierda alternativa, sobrevivir al voto útil; y los partidos territoriales, volver a ser imprescindibles.
El 29 de noviembre no solo se contará quién gana: se sabrá si el presidente convirtió el bloqueo en una remontada o si adelantó, también, el final de su propio ciclo iniciado en 2018.
