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Groenlandia: la avanzada de Trump ya desembarcó en la isla danesa


Por Ignacio Montes de Oca


En septiembre, un barco cargado de equipos petroleros podría convertir una disputa política en una crisis internacional. Una empresa estadounidense vinculada al entorno de Donald Trump prepara una nueva llegada a Groenlandia y pretende comenzar en octubre una campaña de perforación en Jameson Land. El problema es que las autoridades groenlandesas ya les avisaron que no autorizaron el desembarco de los equipos y les advirtieron que cualquier nueva operación logística necesita su aprobación.

Si la empresa decide ignorar la advertencia, el siguiente episodio podría no ocurrir en Washington ni en Copenhague, sino sobre el territorio groenlandés: funcionarios locales intentando impedir una operación, trabajadores estadounidenses negándose a detenerla y equipos que podrían ser retirados o bloqueados por las autoridades. En circunstancias normales sería un conflicto administrativo. En la Groenlandia de 2026, con Donald Trump reclamando que Estados Unidos necesita controlar la isla, podría convertirse en algo mucho más peligroso.

Es por eso que la disputa por Groenlandia acaba de entrar en una fase alarmante. Nadie sabe hasta dónde llegaría Washington si las autoridades de Nuuk intentaran detener a la empresa estadounidense vinculada políticamente al entorno presidencial. Y tampoco está claro hasta dónde estaría dispuesta a llegar Dinamarca si Estados Unidos decidiera intervenir. Un incidente aparentemente pequeño podría poner frente a frente a dos países que siguen siendo aliados y miembros de la OTAN.



La petrolera estadounidense ya llevó equipos a la costa oriental de la isla y prepara una campaña de exploración en Jameson Land. Nuuk lanzó una “fuerte advertencia” y recordó que cualquier actividad logística debe contar previamente con la aprobación correspondiente. La compañía, sin embargo, mantiene sus planes: nuevos equipos llegarían en septiembre y la perforación podría comenzar en octubre.

La empresa es Greenland Energy. Su CEO operativo es Robert Price y Larry Swets su presidente ejecutivo y accionista mayoritario. Swets ya declaró públicamente que el proyecto petrolero "no está relacionado con la anexión estadounidense”.

Swets sostiene que bajo Jameson Land podría existir petróleo por un valor de hasta US$1 billón y que la compañía está dispuesta a invertir alrededor de US$60 millones para perforar. Esa cifra debe ser tomada con cautela: no representa reservas comprobadas ni petróleo ya descubierto, sino una estimación de la empresa. La exploración de hidrocarburos en Groenlandia ha sido históricamente difícil y costosa, y hasta ahora no se ha convertido en una industria petrolera comercial. La incertidumbre sobre el potencial real del yacimiento hace todavía más importante determinar qué hay detrás de una inversión de esta magnitud.

La operación tampoco parte de cero. Una compañía británica, 80 Mile, conserva derechos de exploración en el área y Greenland Energy pretende obtener una participación mayoritaria en el proyecto mediante el financiamiento de la campaña exploratoria. Esto permite entender mejor el conflicto: el problema no es simplemente que una empresa estadounidense haya aparecido en Groenlandia sin ningún antecedente legal. El derecho de explotación existe, pero no la autorización que exige Nuuk. No es solo un problema exclusivo con esa empresa: el parlamento isleño suspendió todas las actividades mineras y petroleras hace un lustro y ningún ejecutivo o ingeniero podía ignorar tal restricción.

La diferencia puede parecer administrativa, pero en el contexto actual es enorme. Si la compañía logra instalar toda su infraestructura, perforar y realizar inversiones millonarias, podría crear un hecho consumado sobre el terreno. Si las autoridades groenlandesas intentan impedirlo, tendrán que enfrentarse a una empresa estadounidense vinculada a figuras cercanas a Trump, precisamente cuando el presidente estadounidense lleva años sosteniendo que Estados Unidos debería tener el control de la isla.

Trump planteó por primera vez la compra de Groenlandia durante su primer mandato, en 2019. La propuesta fue rechazada por Dinamarca y provocó incluso la cancelación de una visita presidencial a Copenhague. En diciembre de 2024 volvió a plantear la cuestión y calificó la propiedad y el control estadounidense de Groenlandia como una “necesidad absoluta” para la seguridad nacional. Desde entonces, la presión aumentó y durante 2026 Trump llegó a plantear que Washington necesitaba controlar la isla, mientras vinculaba su posición con la seguridad del Ártico y sus planes de defensa antimisiles.

El argumento estadounidense va mucho más allá del petróleo. Groenlandia ocupa una posición privilegiada entre América del Norte y Europa y domina una parte fundamental del acceso al Atlántico Norte y al Ártico. Estados Unidos ya tiene presencia militar en Groenlandia sin necesitar ser propietario de la isla en la base aérea de Pituffik, utilizada para vigilancia y alerta temprana. La actividad militar rusa en el Ártico y el creciente interés chino por la región han convertido el extremo norte del planeta en un escenario cada vez más importante de la competencia entre las grandes potencias.

Ya existe una base legal para la cooperación militar de Washington con Dinamarca. Y los acuerdos entre ambos países le permiten ampliar esa presencia en Groenlandia sin entrar en conflictos diplomáticos. La pregunta obligada es: ¿por qué Trump considera necesario el control territorial? En Europa la respuesta a esa incógnita despierta desconfianza hacia su aliado transatlántico.

Europa ya empezó a moverse en consecuencia. Bajo el liderazgo de Dinamarca, varios países europeos lanzaron en el inicio de 2026 la operación "Arctic Endurance" en la isla, que contempla despliegue de aviones de combate y operaciones navales, y a la que se sumaron Suecia, Francia y Alemania; Francia, por su parte, refuerza en paralelo su propia presencia con la "Operación Resistencia Ártica".

Copenhague fue explícito sobre lo que está en juego: advirtió que un ataque a Groenlandia "prácticamente acabaría con la OTAN". Y a fines de este mismo agosto, coincide con el mes en el que Greenland Energy planea desembarcar nuevo equipo, más de cien soldados daneses llegarán a la isla para relevar por primera vez a las tropas profesionales. Es un gesto tan simbólico como deliberado para transmitir un mensaje: Groenlandia no está en venta.

Por eso, incluso si Jameson Land no contuviera una sola gota de petróleo comercialmente explotable, Groenlandia seguiría teniendo un valor extraordinario para Washington. El petróleo puede representar una oportunidad económica; la geografía, en cambio, es un activo estratégico permanente.

A eso se suman los minerales. Groenlandia posee importantes recursos de tierras raras y otros minerales considerados estratégicos para las industrias tecnológica, energética y militar. El interés internacional por esos recursos creció al mismo tiempo que Estados Unidos y Europa intentan reducir su dependencia de China en materias primas críticas. La isla aparece así en tres mapas simultáneamente: el energético, el minero y el militar.

En un marco más amplio la iniciativa es coherente con el deseo de Trump de ampliar el control sobre recursos globales, se enmarca en su disputa recurrente con los aliados europeos y crea un nuevo frente de crisis que distrae la mirada sobre los resultados de la operación militar en Medio Oriente.

En este contexto, hay que señalar una contradicción: cuantos más recursos propios tenga Groenlandia, mayor capacidad tendrá para independizarse de Dinamarca; pero cuanto más capital estadounidense necesite para explotar esos recursos, mayor puede ser su dependencia de Washington. Y evitarla profundiza la crisis que busca eludir la actual administración en la Casa Blanca.



El escenario político de la isla ayuda a entender el conflicto actual: Groenlandia disfruta de una autonomía amplia desde 1979. Su gobierno controla buena parte de los recursos naturales, mientras Dinamarca mantiene las competencias sobre defensa y política exterior. Esa distribución de poderes es esencial para comprender por qué Copenhague no puede simplemente entregar Groenlandia a Estados Unidos, pero Washington tampoco puede tratar a la isla como si fuera un territorio sin instituciones propias.

Además, Nuuk tomó una decisión política muy clara sobre los hidrocarburos. En 2021 suspendió la concesión de nuevas licencias de exploración petrolera por razones ambientales y económicas. La pesca, el turismo y la protección de un ecosistema extremadamente vulnerable fueron considerados más importantes que la posibilidad de desarrollar una industria petrolera de rentabilidad incierta. La operación de Jameson Land vuelve a poner esa decisión bajo presión.

El área también tiene sensibilidad ambiental. Parte de Jameson Land está comprendida dentro de zonas protegidas por la Convención de Ramsar sobre humedales. Una perforación petrolera allí no sería solamente una discusión sobre permisos y rentabilidad: afectaría directamente una política groenlandesa que durante los últimos años ha buscado limitar precisamente ese tipo de actividad extractiva.

Los vínculos entre Greenland Energy y el entorno de Trump agregan otra dimensión. La compañía está encabezada por Larry Swets y cuenta con figuras relacionadas con el universo político y mediático del presidente estadounidense; uno de sus directivos también está vinculado a iniciativas de defensa antimisiles. Esos lazos se profundizaron en abril, cuando Kenneth Griffin (el multimillonario republicano, fundador del fondo Citadel y donante de US$1 millón para la segunda asunción presidencial de Trump) adquirió una participación del 9% en la compañía, de acuerdo con una investigación de The Guardian.

El mismo informe reveló que algunos accionistas de Greenland Energy discuten en un grupo de Telegram qué podría impulsar el valor de la acción, incluida la posibilidad de un respaldo presidencial, algo que ya bautizaron como el "Trump pump". Además, en sus publicaciones en redes sociales, la esposa de Swets muestra que visitó Mar-a-Lago este año, algo sobre lo que ni Swets ni la empresa respondieron consultas.



Esos vínculos no demuestran que la Casa Blanca haya ordenado, financiado o coordinado la operación. Lo que sí hacen es que la iniciativa resulte políticamente mucho más sensible que una exploración petrolera convencional.

La coincidencia temporal tampoco es difícil de ignorar. Trump lleva años afirmando que Estados Unidos necesita Groenlandia; su administración ha presionado diplomáticamente a Dinamarca y ahora una compañía estadounidense vinculada a personas próximas al presidente pretende perforar una zona donde las autoridades locales dicen que no tiene autorización.

La próxima fecha crítica será septiembre, cuando está previsto que lleguen nuevos equipos, y después octubre, cuando Greenland Energy pretende comenzar las perforaciones. Hasta entonces, el conflicto seguirá siendo principalmente diplomático. Pero si la empresa avanza sin la autorización de Nuuk, todo puede cambiar en cuestión de horas.

Las autoridades groenlandesas podrían intentar impedir el desembarco, bloquear los equipos o detener las operaciones. La empresa podría recurrir a sus derechos de exploración y negarse a abandonar el proyecto. Dinamarca tendría entonces que decidir si ampara la decisión de Nuuk y Estados Unidos tendría que decidir si respalda a la compañía. En ese punto, una disputa por permisos petroleros dejaría de ser una cuestión empresarial.

Ese es el verdadero peligro de la situación. No hace falta que Trump ordene una intervención, que Groenlandia declare su independencia ni que aparezca un buque de guerra para que la crisis comience.

Groenlandia se encuentra ante una situación inédita: una empresa privada puede convertirse en el punto de contacto entre la soberanía groenlandesa, los intereses estratégicos de Estados Unidos y la defensa de un territorio danés. Si ese contacto produce un incidente, el problema ya no será cuánto petróleo existe debajo del hielo. Será quién está dispuesto a hacer cumplir su autoridad y quién está dispuesto a respaldarla.

En una disputa en la que Donald Trump ya ha dicho que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia, esa diferencia puede ser suficiente para convertir un pozo petrolero en una crisis entre aliados. Bastará con que un funcionario groenlandés intente detener una operación estadounidense y que alguien decida no obedecer.

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