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Kerch y la batalla de los puentes

hace 6 minutos
14 min de lectura

Por Ignacio Montes de Oca

 

La destrucción de un tramo del puente de Kerch es mucho más que un nuevo golpe contra la infraestructura rusa en Crimea. Forma parte de una estrategia militar de mayor alcance con la que Ucrania intenta cortar la circulación de las tropas de ocupación, dificultar su abastecimiento y reducir la capacidad de Moscú para sostener sus operaciones en todos los territorios ocupados. Los puentes son una pieza de esa campaña, pero no la única: las carreteras, los ferrocarriles, los puertos, las refinerías y los depósitos de combustible también forman parte del campo de batalla.

La apuesta de Kyiv consiste en atacar aquello que permite convertir la superioridad numérica y material rusa en capacidad efectiva de combate. Un ejército puede disponer de más soldados, tanques y municiones que su adversario, pero necesita transportarlos, abastecerlos y mantenerlos operativos. Si se interrumpen esas conexiones, la ventaja empieza a perder valor. Ucrania intenta precisamente eso: no derrotar al oso ruso en una competencia de fuerza bruta, sino cortarle las vías por las que circula su poder militar.

La campaña no se limita a Crimea. Los ataques contra las rutas de abastecimiento de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón buscan dificultar el movimiento de las fuerzas rusas en los territorios ocupados y comprometer su capacidad para sostener las operaciones en el frente. Al mismo tiempo, los golpes contra refinerías, instalaciones petroleras y depósitos buscan reducir la disponibilidad de combustible y complicar su distribución. La combinación de ambas operaciones apunta al mismo objetivo: que los recursos militares rusos tengan cada vez más dificultades para llegar adonde se necesitan.

Ucrania intenta así compensar su inferioridad numérica con una forma diferente de hacer la guerra. En lugar de concentrar sus fuerzas en una batalla convencional contra un adversario superior, golpea su retaguardia, sus conexiones y sus fuentes de abastecimiento. No necesita destruir todo el sistema logístico ruso. Le basta con obligarlo a utilizar rutas alternativas, multiplicar los convoyes, dedicar soldados a protegerlos, retrasar las entregas y gastar recursos en reparar una infraestructura que puede volver a ser atacada.

Un informe de ACLED sobre la campaña ucraniana en el sur ocupado describe precisamente esa evolución: los ataques comenzaron concentrándose en los vehículos que circulaban por las rutas militares y luego se extendieron a otros objetivos. El plan dejó de ser solamente interceptar el transporte para pasar a desarticular la red que lo sostiene. Cuando Rusia modificaba sus recorridos, Ucrania trasladaba los ataques a las nuevas rutas. Cuando instalaba pasos provisionales, también los convertía en blancos. La estrategia consiste en perseguir el abastecimiento allí donde intente reorganizarse.

Esta capacidad se apoya en una industria militar que Ucrania tuvo que desarrollar después de años de reclamar armamento occidental que nunca llegó en las cantidades necesarias. Alemania se negó durante mucho tiempo a entregarle los misiles Taurus y los Tomahawk estadounidenses siguen fuera de su alcance. Ante esa limitación, Kyiv decidió construir sus propios medios para atacar objetivos a gran distancia.

Según el viceministro de Defensa Serhii Boev, Ucrania planea fabricar siete millones de drones militares en 2026, con un volumen de producción que se duplica aproximadamente cada año desde 2023. United24 informó que Fire Point produce los drones de largo alcance FP-1 y FP-2 a un ritmo de unos 200 diarios. El primero puede transportar una cabeza explosiva de 105 kilos hasta 1.000 kilómetros, mientras que el segundo está diseñado para alcanzar objetivos situados hasta 200 kilómetros detrás del frente.

A esa producción se suman los misiles de crucero Flamingo. A fines de julio, Iryna Terekh, directora de la compañía, dijo al Guardian que la empresa fabricaba alrededor de 100 unidades mensuales. Cada misil cuesta unos 600.000 dólares, frente a los 3,5 millones de un Tomahawk, y tiene un alcance real de aproximadamente 1.800 kilómetros. Lo que antes Ucrania debía reclamar a sus aliados ahora empieza a producirlo por centenares.

Esas armas no se fabrican solamente para destruir objetivos militares. Su valor estratégico está en que permiten atacar los componentes de una red: un tren, un puente, un depósito, una refinería o un convoy. Cada blanco forma parte de una operación más amplia destinada a dificultar la circulación de los recursos rusos.

La presión sobre el combustible es una parte decisiva de esa operación. Los ataques contra las refinerías dejaron de ser acciones aisladas para convertirse en una campaña sostenida contra la capacidad rusa de producir y distribuir derivados del petróleo. Durante los primeros ocho meses de 2026, una refinería rusa recibió, en promedio, un ataque cada tres días.

El efecto no se limita a las instalaciones alcanzadas. Rusia debe reorganizar sus suministros y distribuir una disponibilidad menor entre sus necesidades civiles, industriales y militares. El problema para Moscú no es solamente conseguir que un camión llegue al frente: también es garantizar que tenga combustible para hacerlo.

En ese contexto, Crimea se convirtió en uno de los escenarios más visibles de la operación. Durante años, el puente de Kerch fue mucho más que una infraestructura de transporte. Para Vladimir Putin representaba la prueba material de que Crimea era rusa para siempre. Hoy es también la demostración de la vulnerabilidad de una ocupación que depende de un número limitado de conexiones. La lógica es sencilla: no hace falta conquistar Crimea si se puede cortar todo lo que llega a ella.

El problema adquiere otra dimensión cuando se observa cuánta población depende de esas conexiones. Crimea y Sebastopol reúnen aproximadamente 2,46 millones de habitantes, según las estadísticas demográficas de las autoridades de ocupación. A ellos se suma una importante guarnición militar y un aparato de seguridad que Moscú expandió desde la anexión de 2014. Durante esos años, Rusia también impulsó una política de traslado de población hacia la península. El Instituto para el Estudio de la Guerra recogió estimaciones de hasta 800.000 ciudadanos rusos instalados desde entonces, mientras que otras fuentes ucranianas elevaron la cifra a entre 850.000 y un millón. No existe un registro independiente que permita confirmar el número exacto, pero la magnitud del cambio demográfico es indiscutible.

Entre los recién llegados hay militares, funcionarios, integrantes de los organismos de seguridad, empleados públicos y sus familias. La ocupación no se limitó a desplegar tropas: Moscú también construyó una estructura administrativa y social que necesita mantenerse. Cada habitante adicional representa una demanda de alimentos, combustible, electricidad, transporte y servicios. El Kremlin no solo debe abastecer a sus fuerzas armadas; también debe sostener la población que trasladó para consolidar su control sobre el territorio.

La campaña comenzó por el mar. En 2024, Ucrania ya había alcanzado los ferris ferroviarios que cruzaban el estrecho de Kerch, pero fue en 2026 cuando terminó de inutilizar la capacidad de transporte que todavía conservaba Rusia. Según Euromaidan Press, en marzo la inteligencia militar ucraniana dejó fuera de servicio al ferri Avangard y dañó al Slavyanin. El 6 de abril, este último ferri ferroviario operativo en el paso, volvió a ser atacado. El Conro Trader, por su parte, no navega desde que fue alcanzado en 2024, según World Maritime News.

El resultado fue la pérdida de una alternativa fundamental para transportar trenes de carga por mar. Rusia todavía podía recurrir a las conexiones terrestres, pero la reducción de sus opciones de transporte empezó a concentrar el abastecimiento en un número cada vez menor de rutas.

El siguiente objetivo fue precisamente ese corredor terrestre. Con el paso de Kerch limitado, la carretera R-280, que conecta Rostov con Crimea a través de Mariúpol, Berdiansk y Melitópol, se convirtió en el principal cordón umbilical del sur ocupado. Por allí circulan blindados, municiones, combustible y suministros pesados. Golpear esa ruta significaba atacar la capacidad rusa de sostener sus posiciones en toda la región.

El 27 de mayo, según Euromaidan Press, Kyiv formalizó un programa de 113 millones de dólares destinado a golpear la logística rusa en profundidad. Dos días después, el Estado Mayor ucraniano registró un récord diario de la guerra: 483 vehículos rusos neutralizados. La presión sobre el transporte tuvo consecuencias inmediatas. Dos semanas más tarde, el comandante de las fuerzas de drones, Robert Brovdi, afirmó que el tráfico de carga militar por la R-280 había caído un 71%, desde unos 3.800 vehículos diarios hasta aproximadamente 1.100.

La escasez empezó a sentirse en Crimea. Novaya Gazeta Europa informó que las autoridades de ocupación impusieron un racionamiento de combustible desde el 31 de mayo. El 21 de junio suspendieron incluso la venta a particulares y empresas, reservando las existencias para los servicios estatales. La península empezaba a experimentar el costo de una campaña que no necesitaba destruir grandes instalaciones para producir efectos: bastaba con dificultar cada vez más el transporte de lo que necesitaba.

La magnitud del problema quedó expuesta por el propio Vladimir Putin. El presidente ruso reconoció que Crimea necesita alrededor de 70.000 toneladas mensuales de combustible, entre nafta y diésel, y que las reservas de la península alcanzaban apenas para unos pocos días. Son unas 2.330 toneladas diarias, sin contar las necesidades extraordinarias de las fuerzas armadas. Para comprender lo que significa ese volumen basta con dividirlo por la capacidad de los camiones cisterna: si cada uno transporta entre 25 y 30 toneladas, serían necesarios entre 78 y 93 camiones diarios solamente para cubrir esa demanda. Y eso suponiendo que no hubiera interrupciones, pérdidas ni dificultades en las rutas.

La situación ya había llegado a las estaciones de servicio. Las autoridades impusieron restricciones de venta y cupos de combustible, mientras que en Sebastopol la gasolina AI-95 llegó a subir un 30% en una sola semana, según datos de Rosstat publicados por Reuters. Putin reconoció que los ataques ucranianos contra las instalaciones energéticas estaban provocando problemas de abastecimiento. Con la conexión vial de Kerch comprometida y los ferris ferroviarios fuera de servicio, buena parte de ese suministro debe reorganizarse a través del corredor terrestre del sur ocupado, una ruta que también está bajo la amenaza permanente de los drones ucranianos. El combustible se convierte así en otro frente de la batalla logística.

El combustible no es el único problema. Crimea también depende de los suministros externos para cubrir buena parte de su consumo alimentario y de bienes básicos. La península produce cereales, frutas y algunos productos agrícolas, pero no dispone de una capacidad local suficiente para reemplazar todos los alimentos industrializados, los productos lácteos, las carnes procesadas y los bienes de consumo que demanda una población de más de dos millones de personas.

La situación agrícola se agravó con la pérdida del sistema de riego del canal de Crimea del Norte, cuya disponibilidad de agua quedó comprometida tras la destrucción de la represa de Nova Kajovka en junio de 2023. El efecto no se limita a la producción agrícola: también reduce la capacidad de la península para amortiguar las interrupciones de los suministros procedentes del exterior.



En junio de 2026 ya aparecieron señales concretas de esa presión. Reuters documentó restricciones en comercios de Sebastopol: algunos establecimientos limitaron las compras a tres paquetes de pasta y tres botellas de aceite por cliente. No significa que Crimea estuviera sufriendo una hambruna ni un desabastecimiento generalizado, pero sí que las dificultades logísticas comenzaban a trasladarse a la vida cotidiana. Cuando una península de estas dimensiones pierde capacidad de transporte y debe racionar simultáneamente el combustible, el problema deja de ser exclusivamente militar y se convierte en una cuestión económica y social.

Con el corredor de camiones bajo presión, el siguiente paso era golpear los puentes que permiten entrar y salir de la península. En junio, los drones ucranianos atacaron prácticamente todas las conexiones principales.

El 7 de junio, según Euromaidan Press, después de que fuera dañado el cruce fijo de Chonhar, Rusia instaló un puente de pontones a su lado. También fue atacado. El 11 de junio, los cuatro puentes de la entrada noroccidental, cerca de Armiansk, fueron alcanzados durante una misma noche. El 15 de junio volvieron a ser atacados los pasos de Chonhar y Henichesk, junto con el puente que conecta esta última localidad con la lengua de Arabat.

Esta franja de tierra, estrecha y alargada a lo largo de la costa meridional ucraniana, es la otra vía de acceso a Crimea. También quedó bajo los ataques. La importancia de esta modalidad de operaciones está en su repetición: los drones pueden provocar daños limitados, pero permiten volver a golpear una infraestructura cada vez que Rusia intenta repararla. Moscú se ve obligado a invertir recursos en reconstruir lo que Kyiv puede destruir nuevamente.

El golpe alcanzó después al ferrocarril. El 23 de junio, las fuerzas especiales ucranianas anunciaron que el puente ferroviario sobre el canal de Crimea del Norte, cerca de Rozdolne, “ya no existe”. Meduza explicó que era uno de los tres puentes ferroviarios que conectaban Crimea con el continente, junto con los de Kerch y Chonhar. Más tarde, el Kyiv Post informó del derrumbe de un tramo del puente vial de Chonhar.

Cada ataque redujo las alternativas disponibles. La cuestión ya no era solamente si Rusia podía utilizar una determinada carretera o un puente, sino cuántas conexiones le quedaban para mantener abastecida a una península con una importante guarnición militar y una población que depende de suministros procedentes del exterior.

En ese contexto llegó el golpe más simbólico: Kerch. El puente ya había sido atacado en 2022, cuando una explosión provocó el derrumbe parcial de dos tramos de la sección vial. Rusia consiguió repararlo y mantenerlo operativo. El 21 de junio, Zelenski anunció que nuevos ataques habían alcanzado ambos lados de la estructura y obligado a interrumpir el tránsito durante nueve horas. El puente volvió a abrir.

La importancia del puente también se mide por lo que costó construirlo. Rusia invirtió aproximadamente 228.000 millones de rublos, unos 3.700 millones de dólares de entonces, en una obra de 19 kilómetros que se convirtió en la conexión vial y ferroviaria más emblemática entre el territorio ruso y Crimea. Putin lo inauguró personalmente en 2018 y lo presentó como una demostración de que la península había quedado definitivamente integrada a Rusia. Destruir o inutilizar esa conexión supone, por lo tanto, mucho más que interrumpir el tránsito: significa poner en cuestión una de las mayores inversiones materiales y simbólicas de la ocupación.

El 15 de noviembre comenzó una nueva secuencia de ataques. Durante la noche del 15 al 16, drones ucranianos golpearon el puente de Kerch y obligaron a interrumpir tanto el tránsito vial como el ferroviario. Las autoridades rusas reconocieron el ataque, aunque calificaron los daños de menores y aseguraron que las reparaciones serían rápidas. Reuters informó que una de las vías volvió a habilitarse parcialmente unas 17 horas después, mientras los trenes retomaban su circulación.

La operación continuó durante la noche siguiente. El 17 de noviembre, nuevas imágenes y análisis de fuentes abiertas mostraron daños mucho más importantes: un arco vial de unos 227 metros habría caído al estrecho y la estructura ferroviaria vecina también habría resultado afectada y los restos podrían haber obstruido el principal canal de navegación bajo el puente, utilizado por embarcaciones que conectan los puertos del mar de Azov con el mar Negro. 

El golpe es estratégico incluso más allá de los daños materiales. Con la conexión vial de Kerch interrumpida, el tráfico que sale de Crimea debe recurrir al corredor terrestre del sur ocupado, precisamente el que Ucrania lleva meses sometiendo a ataques contra camiones, trenes y puentes. La península queda así, cada vez más dependiente de una ruta que tampoco ofrece garantías de seguridad.

También el turismo, una de las principales fuentes de ingresos de Crimea, empezó a pagar el precio de la crisis logística. En 2021, las propias autoridades rusas celebraron que la península había recibido 7,2 millones de visitantes durante los primeros ocho meses del año, un récord para el período postsoviético. Cinco años después, el panorama era muy diferente. Según datos de Travelline publicados por el diario ruso Kommersant, entre el 24 de mayo y el 6 de junio de 2026 las nuevas reservas hoteleras cayeron un 31% respecto del mismo período del año anterior. Las cancelaciones alcanzaron el 79% de las reservas registradas en esas fechas y en Sebastopol llegaron al 71%. La crisis de combustible, las dificultades de transporte y el temor a quedar varados en una península sometida a ataques, terminaron afectando incluso a una actividad que Moscú había utilizado para exhibir la supuesta normalización de la vida bajo la ocupación. Crimea no solo se volvió más difícil de abastecer: también empezó a perder parte de la economía que debía justificar su integración a Rusia.

Pero la campaña ucraniana tiene una vulnerabilidad que no depende de sus propias capacidades industriales: las restricciones tecnológicas impuestas desde el exterior. Durante meses, Kyiv tuvo problemas para mantener el acceso a Starshield, la versión militar de Starlink.

El 14 de octubre SpaceX impuso un límite de velocidad de unos 161 kilómetros por hora a las terminales militares, lo que interrumpió las conexiones en tiempo real de drones de largo alcance e interceptores. La tecnología era especialmente importante para esta campaña. Una crónica publicada por Tucson.com explicó que los drones de alcance medio guiados mediante Starshield habían sido un factor clave durante el año para atacar objetivos móviles, como camiones de abastecimiento y trenes rusos.

El servicio fue restablecido a fines de octubre. Entonces Elon Musk reconoció que SpaceX había aplicado restricciones. Según NPR, explicó que los límites eran decididos por el ejército estadounidense y, en última instancia, por el presidente Trump. The Wall Street Journal informó que Musk había hablado con varios altos funcionarios, incluido Donald Trump, antes de imponer el tope. The Telegraph, fue más lejos y señaló que el propio Musk había propuesto a Trump restringir el servicio.

Trump negó su participación, aunque agregó, según NPR, que “Elon nunca hará nada malo”. Las limitaciones volvieron a aparecer. Zelenski denunció que los interceptores perdían contacto cuando superaban la velocidad estipulada a lo largo del frente y sobre los territorios ocupados, según AP. Esta vez, SpaceX negó ante medios ucranianos y Axios que existieran restricciones.

Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra señaló que funcionarios ucranianos seguían denunciando limitaciones de velocidad en los drones que utilizaban Starshield. Es decir, los problemas continuaban cuando se produjo el ataque contra Kerch. Al mismo tiempo, según CBS, Ucrania dejó de recibir durante esos días las alertas de inteligencia estadounidense sobre grandes ataques rusos.

La combinación resulta difícil de ignorar: mientras Ucrania intenta cortar las comunicaciones logísticas rusas, depende de una infraestructura tecnológica que puede quedar condicionada por decisiones de Washington y de una empresa privada. La autonomía industrial conseguida en el terreno de los drones no alcanza todavía para eliminar esa dependencia. Otra vez, Musk y Trump aparecen como una fuente de incertidumbre para la capacidad militar ucraniana y, objetivamente, como un alivio para Putin.

Rusia, mientras tanto, comenzó a responder con una estrategia que utiliza la misma vulnerabilidad geográfica, aunque con un objetivo diferente. Hasta el otoño, Moscú no había atacado los puentes sobre el Dniéper en Kyiv, según Meduza. Eso cambió el 1 y el 2 de octubre, cuando drones rusos golpearon el puente Sur, dañando uno de sus soportes, el pavimento y las barreras situadas junto a las vías del metro.

Según Al Jazeera, los puentes Sur y Paton quedaron cerrados en ambos sentidos, mientras que el puente del Metro fue clausurado en uno. Tres de los seis puentes viales de la capital ucraniana quedaron así cerrados total o parcialmente. El 3 de octubre le llegó el turno al puente Norte. Un segundo impacto lo alcanzó al día siguiente.

Moscú justifica estos ataques por razones militares y los presenta como represalias contra objetivos utilizados por las fuerzas ucranianas. Sin embargo, la cronología permite observar una lógica que va más allá de esa explicación: cuatro meses después de que Ucrania intensificara su campaña para cortar los accesos a Crimea, Rusia comenzó a golpear los cruces que mantienen comunicada a Kyiv.

Zelenski atribuyó a Moscú una ambición todavía mayor. Según Meduza, el presidente ucraniano afirmó que Rusia intenta dividir el país a lo largo del Dniéper mediante ataques contra los puentes y la red eléctrica. No se trata únicamente de dificultar el movimiento de tropas y suministros, sino de comprometer la continuidad territorial y la comunicación entre las dos orillas del río.



Los puentes se convirtieron así en una nueva primera línea de la guerra, pero su importancia no se limita a las estructuras que caen sobre un río. Ucrania intenta atacar la circulación que sostiene al ejército ruso: las carreteras por las que avanzan sus camiones, los ferrocarriles que transportan municiones, los puertos que reciben suministros, las refinerías que producen combustible y los depósitos que lo distribuyen. Crimea es uno de los escenarios más visibles de esa estrategia, no su frontera.

Rusia conserva la superioridad en hombres y material, pero cada vez debe gastar más recursos para trasladarlos, protegerlos y mantenerlos operativos. Ucrania busca que esa superioridad se vuelva cada vez más difícil de utilizar. Es una manera de compensar la inferioridad numérica sin aceptar las condiciones de una guerra convencional en la que Moscú tiene ventaja.

Los ataques rusos contra los puentes de Kyiv muestran, a su vez, que el Kremlin comprendió la importancia de estas infraestructuras y busca trasladar el problema al territorio ucraniano. Pero hay una diferencia fundamental: Ucrania intenta cortar las conexiones que abastecen a un ejército de ocupación; Rusia busca comprometer la comunicación y la continuidad territorial del país que invadió.

La batalla, por lo tanto, no se libra solamente por los puentes. Se libra por la capacidad de mover un ejército invasor, alimentarlo, abastecerlo y mantenerlo en combate. Ucrania no puede igualar la fuerza del oso ruso, pero está intentando algo distinto: cortarle las patas logísticas para que su tamaño deje de ser una ventaja.

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