Los cascos azules abandonan el Sáhara Occidental: el choque entre Washington y Moscú dejó a la ONU sin misión

Los cascos azules se van, pero el conflicto sigue. Luego de 35 años en el Sáhara Occidental, la misión de la ONU empezó a ser desmantelada el 1 de noviembre de 2026. La causa no es que haya llegado la paz, sino que Estados Unidos y Rusia bloquearon las propuestas para sostenerla. El viernes 30 de octubre, el Consejo de Seguridad sometió a votación dos textos. El estadounidense obtuvo once apoyos y tres abstenciones (China, Pakistán y Somalia), pero Rusia lo vetó. El ruso, que planteaba extender el mandato sin modificaciones, reunió apenas tres votos; once países se abstuvieron y Washington votó en contra. Para aprobar una resolución se necesitan nueve votos a favor y ningún veto de los cinco miembros permanentes: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. Ninguna propuesta superó ese filtro. El mandato de la MINURSO, la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, expiró a la medianoche del 31 de octubre.
La discusión no se reducía a darle otro año de vida a la misión. Washington pretendía renovarla hasta octubre de 2027, suprimir la palabra «referéndum» de su nombre y establecer el plan de autonomía de Marruecos como única base de las negociaciones. Dicho de otro modo: debatir cómo se gobernaría el Sáhara dentro de Marruecos, en vez de mantener abierta la opción entre integración e independencia. El borrador también reclamaba revisar la estructura y los recursos de la misión. Para el embajador estadounidense, Mike Waltz, conservar la «R» de referéndum equivalía a aferrarse a una consulta que la ONU llevaba décadas sin organizar. Para el representante ruso, Vasili Nebenzia, quitarla significaba aceptar una solución unilateral. Presentó su decisión como un veto que salvaba vidas. Sin embargo, el resultado fue que la misión quedó sin continuidad.
Lo ocurrido el año pasado ayuda a entender el choque. El 31 de octubre de 2025, la resolución 2797 renovó la MINURSO con once votos a favor y tres abstenciones, entre ellas la de Rusia. Ese texto ya ubicaba la propuesta marroquí en el centro de las conversaciones y sostenía que una autonomía genuina bajo soberanía de Marruecos podría ser la salida más viable. Pero conservaba el requisito de una solución aceptable para las partes y el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro. El proyecto de 2026 buscaba estrechar todavía más ese camino y cambiar el nombre de la misión. Esta vez, Moscú puso el freno.
Marruecos celebró el desenlace y pidió retirar el expediente del Sáhara de la agenda del Consejo de Seguridad. Pero eso es lo que pretende Rabat, no una decisión de la ONU sobre la soberanía del territorio. Para el Polisario y Argelia, el veto ruso detuvo un texto favorable a Marruecos, aunque dejó un resultado difícil de festejar: también se perdió la misión. António Guterres recordó que su retiro no borra el derecho de los saharauis a decidir su futuro y pidió la máxima moderación. Además, una cosa es cerrar las operaciones y otra, irse de un día para otro. La ONU precisó el 2 de noviembre que el repliegue abarca unos 160 observadores militares, 180 civiles y personal asociado, y el cierre o traspaso de unas 13 instalaciones. Un equipo reducido organiza la salida. La MINURSO vigilaba el alto el fuego, informaba sobre incidentes y apoyaba el retiro de minas: tareas poco llamativas, pero difíciles de reemplazar.
Para comprender por qué esos observadores importaban, hay que volver a 1975. El Sáhara Occidental era una colonia española y Franco agonizaba. El rey marroquí Hassan II organizó la Marcha Verde: cientos de miles de civiles cruzaron hacia el territorio para reclamarlo. España firmó los Acuerdos de Madrid con Marruecos y Mauritania y terminó retirándose en febrero de 1976. Esos acuerdos repartieron la administración, pero no transfirieron la soberanía, según el dictamen jurídico de la ONU de 2002. El Frente Polisario, un movimiento saharaui que reclama la independencia, proclamó la República Árabe Saharaui Democrática y combatió contra ambos países. Mauritania renunció a sus reivindicaciones en 1979 y Marruecos pasó a controlar también esa zona. En 1991 se firmó un pacto: alto el fuego y un referéndum para elegir entre independencia e integración con Marruecos. La MINURSO nació para vigilar la tregua y preparar la consulta.
El referéndum nunca se realizó. Marruecos y el Polisario no lograron ponerse de acuerdo sobre quién podía votar: el movimiento saharaui defendía el censo colonial y Rabat quería ampliar el electorado. Un plan de la ONU de 2003 fue aceptado por el Polisario y rechazado por Marruecos, que en 2007 presentó su alternativa: autogobierno, pero bajo soberanía marroquí. Mientras la diplomacia se empantanaba, el territorio quedó dividido por un muro de arena fortificado, rodeado de minas, de unos 2.700 kilómetros. Al oeste se encuentran la costa, las ciudades y los principales recursos, bajo control marroquí. Al este, una franja desértica donde opera el Polisario. En noviembre de 2020, Marruecos envió tropas a Guerguerat, el paso hacia Mauritania, para despejar un bloqueo de manifestantes saharauis. El Polisario dio por roto el alto el fuego y se reanudaron las hostilidades: ataques con cohetes, drones e incidentes que los observadores tenían dificultades para verificar.
Un mes más tarde, en diciembre de 2020, Donald Trump cambió el escenario: Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara como parte del acuerdo que llevó a Marruecos a normalizar sus relaciones con Israel. España respaldó el plan de autonomía en 2022; Francia reforzó después su apoyo a Rabat, e Israel reconoció la soberanía marroquí en 2023. Son posiciones distintas, y no conviene confundir apoyar una propuesta con dar por resuelta la soberanía. Para Washington, además, Marruecos es un aliado importante fuera de la OTAN en el norte de África. Las rondas de conversaciones de 2026, incluida una en Madrid, no habían acortado la distancia entre las partes cuando llegó la votación de octubre. El respaldo diplomático a Rabat creció, pero la solución siguió sin aparecer.
Los apoyos no se reparten de forma pareja. Marruecos cuenta con Estados Unidos, Francia, España e Israel, entre otros, aunque cada país sostiene sus posiciones con un alcance distinto. La casa real marroquí afirma que más de dos tercios de los miembros de la ONU apoyan la autonomía: es una cifra de Rabat, no un recuento independiente. El Polisario tiene en Argelia a su principal sostén. Allí están los campamentos de refugiados de Tinduf y buena parte de su dirigencia. Sudáfrica, Mozambique, Cuba y Nicaragua también defienden la autodeterminación saharaui. Rusia cuestiona en el Consejo las salidas que considera impuestas, mientras China insiste en negociar. Sobre el dinero que recibe el Polisario conviene distinguir los hechos de las acusaciones: las cifras de cientos de millones de dólares que se atribuyen a Argelia no cuentan con una verificación pública sólida. Tampoco deben darse por probados los supuestos vínculos con Irán, Hezbolá o redes de contrabando. Esas acusaciones alimentan propuestas estadounidenses para declararlo organización terrorista; el Polisario y Argelia las rechazan.

¿Por qué gastó Rusia su veto en esta disputa? No hay una única explicación, y tampoco conviene presentar las intenciones del Kremlin como un hecho demostrado. Su relación militar y energética con Argelia ayuda a entender el contexto. Frenar a Washington le permite, además, disputar influencia y defender un discurso contra las soluciones impuestas desde afuera. Pero el resultado fue paradójico: Moscú decía querer conservar la misión y propuso renovarla; Estados Unidos rechazó esa salida. Entre ambos dejaron a los observadores sin mandato. La referencia al referéndum no desapareció del nombre, pero la misión que la llevaba empezó a esfumarse.
El mapa también se explica mirando lo que hay bajo la arena y frente a la costa. En Bou Craa hay un importante yacimiento de fosfatos, explotado por la empresa estatal marroquí OCP. De esa roca se extraen materias primas para fertilizantes: lo que sucede en el desierto termina conectado con la producción de alimentos. Los caladeros saharauis sostuvieron durante años parte del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, del que se beneficiaba la flota española. Rabat impulsa además proyectos solares y eólicos en El Aaiún y Dajla. En esta última ciudad construye un puerto atlántico y le ofrece a Malí, Níger y Burkina Faso una salida al mar a través de su Iniciativa Atlántica. Son proyectos económicos, pero también un modo de ganar peso político en el Sahel.
La rivalidad tiene su costo. Marruecos y Argelia mantienen cerrada la frontera terrestre desde 1994 y rompieron relaciones diplomáticas en 2021. Ese año, Argel cerró su espacio aéreo a los aviones marroquíes y dejó de enviar gas a España por el gasoducto que cruzaba Marruecos. Rabat perdió ingresos por el tránsito y España tuvo que reorganizar su abastecimiento mediante el gasoducto directo Medgaz y el gas que llega por barco. Europa, entretanto, intenta conciliar sus intereses con las reglas. En octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la UE confirmó que el Sáhara es un territorio distinto de Marruecos y que los acuerdos que lo afectan requieren el consentimiento de su pueblo. También exigió identificar como saharauis las frutas y verduras de ese origen. La respuesta de Bruselas ya no se limita a la negociación: desde el 4 de octubre de 2025 se aplica de manera provisional un nuevo acuerdo comercial, que para esos productos prevé indicar la región donde se cosecharon, en lugar del país de origen. El cambio de etiqueta no resuelve el debate de fondo: quién puede consentir la explotación de los recursos y quién se queda con los beneficios.
La disputa llega incluso al fondo del Atlántico. Al suroeste de Canarias se encuentra el monte submarino Tropic, un antiguo volcán cuyas costras contienen telurio, cobalto y tierras raras: materiales útiles para tecnologías como paneles solares, baterías e imanes de aerogeneradores. Su riqueza mineral no equivale, sin embargo, a una mina lista para explotar. Tropic queda más allá de las zonas económicas exclusivas de 200 millas, y la discusión gira en torno a los derechos sobre el lecho y el subsuelo marinos. España solicitó en 2014 ampliar su plataforma continental al oeste de Canarias, hasta 350 millas, apoyándose en la continuidad geológica. Marruecos proyecta sus reclamos desde la costa saharaui, que incorporó a su legislación marítima en 2020. Una ley nacional no alcanza por sí sola para resolver una frontera internacional, y el futuro del Sáhara suma otra dificultad. A todo esto, se agrega la preocupación por el daño que podría provocar la minería en aguas profundas.
Para Rabat, el Sáhara no es un asunto aislado: atraviesa sus vínculos con aliados y vecinos. La crisis de Ceuta de mayo de 2021 lo dejó en evidencia. Miles de personas ingresaron a la ciudad cuando Marruecos aflojó los controles, en medio del choque con España por la hospitalización del líder del Polisario, Brahim Ghali. La relación entre Madrid y Rabat se recompuso tras el giro español hacia el plan de autonomía en 2022. Esa secuencia no permite atribuir cada movimiento migratorio a una única causa, pero muestra el peso del conflicto en la relación bilateral. La cooperación militar con Israel agrega otra pieza, con drones, radares y ciberseguridad. Argelia, por su parte, se equipa con sistemas rusos y chinos. Cuando falta confianza entre vecinos, cada compra de armamento puede aumentar la inquietud del otro.
Lo que se pierde con la MINURSO no es una paz que ya estuviera lograda. Desde 2020 había hostilidades y la misión trabajaba con restricciones. Lo que desaparece es un mecanismo para observar, informar y mantener contacto con las partes cuando surgía un incidente. Sin él, un ataque sobre el muro o cerca de una ciudad como Esmara será más difícil de contrastar y más fácil de convertir en una batalla de versiones. También se debilita el apoyo práctico a la mediación. Pero cerrar la misión no saca automáticamente al Sáhara de la ONU: Guterres mantiene a Staffan de Mistura como enviado y el derecho a la autodeterminación sigue vigente. Se pierden herramientas sobre el terreno, pero el problema no desaparece ni se define a quién pertenece el territorio.
Si la tensión sube, las consecuencias no se limitarán al Sáhara. Un choque directo entre Marruecos y Argelia sería el peor escenario, aunque el riesgo no significa que esa guerra sea inevitable. Mauritania puede quedar expuesta si Guerguerat, esencial para su comercio, vuelve a ser un foco de enfrentamiento. En el Sahel, las ofertas de acceso al Atlántico y las rivalidades regionales conectan esta disputa con otras crisis. España tampoco observa desde lejos: tiene intereses en Ceuta y Melilla, en las aguas de Canarias, en las rutas migratorias y en el suministro de gas. Son posibles vías de contagio, no una lista de hechos anunciados. La incertidumbre crece porque al conflicto local se superpone el pulso entre Washington y Moscú.

La salida de los cascos azules no convierte la autonomía marroquí en un acuerdo aceptado ni acerca, por sí sola, la independencia que reclama el Polisario. Marruecos conserva su ventaja diplomática; el movimiento saharaui y Argelia siguen defendiendo la autodeterminación. La ONU mantiene la mediación, pero sin la misión que le permitía observar sobre el terreno. Puede que las partes eviten una gran escalada y la disputa siga estancada. También puede que un incidente, sin observadores ni confianza, resulte más difícil de contener. Por eso la pregunta importante ya no es quién ganó la votación en Nueva York, sino quién ayudará a frenar el próximo choque en el desierto. Los vigilantes se van; quienes viven dentro del conflicto no pueden hacer lo mismo.




