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Rusia amenaza al flanco oriental de la OTAN

hace 9 minutos
17 min de lectura

Por Ignacio Montes de Oca


La posibilidad de una acción militar rusa sobre el flanco oriental de la OTAN dejó de ser un escenario puramente teórico para convertirse en una preocupación central de la seguridad europea. Lo que aún queda por saber es si Putin optará por la opción más suave que es un incidente “accidental”, por una operación híbrida deliberada o por la más arriesgada y grave, el ataque militar convencional.

El panorama actual combina incidentes híbridos cada vez más frecuentes, una acumulación militar rusa en el norte y el Báltico, y un contexto político marcado por las dudas sobre el compromiso estadounidense con sus aliados. Pero la pregunta no es solamente si Vladimir Putin puede atacar a un país de la OTAN. Es también qué obtiene Rusia al sugerir que podría hacerlo y, sobre todo, cuánto puede conseguir sin llegar a cruzar ese umbral.

El espacio ambiguo entre la paz y la guerra convencional es de por sí el nuevo campo de batalla. Drones, misiles, sabotajes, ciberataques, operaciones de desinformación y violaciones del espacio aéreo permiten a Moscú poner a prueba la reacción occidental sin asumir necesariamente el costo de una guerra abierta.

El episodio más grave ocurrió en septiembre de 2025, cuando 19 drones rusos penetraron el espacio aéreo polaco durante una sola noche. Varsovia invocó el Artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, que establece consultas entre los aliados cuando uno considera amenazada su seguridad, y cazas de la OTAN derribaron varios de los aparatos. El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, afirmó entonces que se trataba de la mayor concentración de violaciones del espacio aéreo aliado registrada hasta ese momento y recordó que drones rusos ya habían ingresado en espacios aéreos de Rumania, Estonia, Letonia y Lituania.

El incidente no quedó aislado. En septiembre de 2026, el presidente lituano Gitanas Nausėda confirmó que un dron ruso Gerbera había ingresado en la noche del 14 al 15 de septiembre desde territorio bielorruso. Nausėda señaló que probablemente no tenía a Lituania como objetivo y que la guerra electrónica ucraniana podía haber desviado accidentalmente el aparato, pero advirtió que nuevos episodios podían producirse y reclamó capacidad para detectar estos drones antes de que ingresaran al espacio aéreo aliado. El Instituto para el Estudio de la Guerra consideró que el episodio demostraba la necesidad de que la OTAN pueda defenderse incluso cuando no pueda determinar inmediatamente si una incursión fue deliberada o accidental.

El primer ministro polaco Donald Tusk ha llevado la advertencia más lejos. Según dijo, sus servicios de inteligencia le habían comunicado de manera consistente que Moscú podría preparar ataques con drones y misiles contra uno o más países de la OTAN bajo la narrativa de un "accidente". Francia. Suiza y los Países Bajos también compartieron advertencias similares. El problema, en ese caso, no sería solamente el daño material sino la dificultad de determinar si una agresión fue deliberada y, por lo tanto, si corresponde responder militarmente.

El mar Báltico constituye otro frente. Desde finales de 2024 se registraron más de una decena de incidentes que afectaron cables submarinos de energía y telecomunicaciones, entre ellos el EstLink2 entre Finlandia y Estonia y un cable que conecta la isla danesa de Bornholm con Suecia, dañado en enero de 2026.

La respuesta de la OTAN fue Baltic Sentry, lanzada en enero de 2025 con fragatas, aviones de patrulla marítima y drones navales para proteger infraestructura submarina crítica. En junio de 2026 la propia Alianza informó que mantenía nueve grupos multinacionales de fuerzas terrestres en Bulgaria, Estonia, Finlandia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y Eslovaquia. La OTAN también organizó en septiembre de 2025 la Eastern Sentry para aumentar la vigilancia de todo su flanco oriental, una operación que prevé llegar hasta unos 5.000 efectivos en 2027.

La acumulación militar rusa también es reveladora. Informes de inteligencia europeos citados por medios como Militarnyi estimaron que Rusia podría llegar a estacionar hasta 115.000 soldados en sus fronteras nórdicas y bálticas, mientras un análisis de Meduza calculó que hasta 80.000 efectivos podrían quedar estacionados frente a Finlandia. Investigaciones conjuntas de medios nórdicos y bálticos, entre ellos NRK y SVT, identificaron además la construcción o ampliación de cuarteles, depósitos de municiones y almacenamiento de equipamiento pesado en Pechenga, a unos diez kilómetros de la frontera noruega; Kirillovskoye, a unos 70 kilómetros de Finlandia, y Kandalaksha, sobre el mar Blanco.



Los ejercicios militares agregan otra señal. En septiembre de 2025, Rusia y Bielorrusia realizaron Zapad, las maniobras estratégicas que cuatro años antes habían llegado a movilizar unos 200.000 soldados. La edición de 2025 fue mucho menor por el desgaste ruso en Ucrania, pero incluyó la simulación del empleo del misil Oreshnik, de alcance intermedio y capacidad nuclear. Polonia respondió desplegando unos 40.000 soldados en la frontera con Bielorrusia, mientras la flota rusa del Báltico practicaba lanzamientos de misiles contra más de 50 objetivos simulados.

Todo esto permite distinguir capacidad de intención. Pero, de hecho, el escenario más racional para Moscú no parece ser una invasión convencional a Polonia o los países bálticos, sino una provocación limitada, ambigua y potencialmente negable que permita medir hasta dónde llega la respuesta aliada.

La inteligencia estadounidense evaluó la posibilidad de que Putin intente poner a prueba la firmeza de la Alianza con acciones limitadas como ciberataques o una incursión terrestre de pequeña escala. Las estimaciones manejadas por la inteligencia sitúan distintos escenarios de riesgo entre el otoño de 2026 y 2029. La cuestión central sería probar si el Artículo 5 funciona en la práctica con la misma contundencia con la que funciona sobre el papel.

El Artículo 5, además, no equivale jurídicamente a un botón automático que obliga a todos los miembros a entrar en guerra. Establece que un ataque contra uno es considerado un ataque contra todos, pero cada aliado debe adoptar las medidas que considere necesarias. Esa flexibilidad es una fortaleza para responder a situaciones distintas, pero también crea un espacio de incertidumbre que una Rusia interesada en la guerra híbrida puede manipular.

El primer ministro polaco Donald Tusk describió el plan de ataques con drones o misiles contra países que ayudan a Ucrania como un medio para introducir una duda política antes incluso de la respuesta militar: ¿hasta dónde están dispuestos los gobiernos europeos a escalar por un incidente cuya autoría o intencionalidad no puede demostrarse inmediatamente?

La ventaja para Moscú es que no necesita conquistar territorio para cobrar el peaje. Una amenaza creíble obliga a la OTAN a fijar aviones, baterías, drones, tropas y vigilancia en Polonia, Finlandia, los Bálticos y el corredor de Suwałki. Cada recurso enviado a defender el flanco oriental es, al menos en potencia, un recurso que llega a Ucrania.

Esa es la “trampa báltica”: dispersar la defensa y la industria occidentales en varios escenarios mientras Kyiv sigue necesitando cantidades enormes de armas. En 2025 los socios comprometieron unos US$45.000 millones, pero las necesidades ucranianas para 2026 se calcularon en US$120.000 millones, de los que faltaban cerca de 60.000 millones externos; la UE, que ya había movilizado alrededor de €200.000 millones desde 2022, destinaba para 2026-2027 otros €30.000 millones presupuestarios y €60.000 millones de defensa. 

El peso europeo ya es decisivo. El Kiel Institute for the World Economy calculó que entre febrero de 2022 y febrero de 2025 Europa -la Unión Europea, sus Estados miembros y países como Reino Unido, Noruega y Suiza- comprometió unos €137.900 millones en ayuda a Ucrania, frente a US$114.300 millones de Estados Unidos. 

La presión sobre Europa no termina allí. En la cumbre de La Haya de junio de 2025, los 32 miembros de la OTAN acordaron llevar el gasto relacionado con defensa y seguridad hasta el 5% del PIB en 2035: 3,5 puntos destinados a necesidades militares y hasta 1,5 puntos a infraestructura y seguridad relacionadas. En 2014 el objetivo había sido del 2%.

Los números de SIPRI permiten dimensionar el cambio. En 2025 el gasto militar europeo aumentó 14% y alcanzó US$864.000 millones, mientras los 29 miembros europeos de la OTAN gastaron conjuntamente US$559.000 millones. Alemania elevó su gasto 24%, hasta US$114.000 millones, y España lo aumentó 50%, hasta US$40.200 millones. En el caso de Polonia, la proporción de gasto militar sobre el PIB fue una de las más altas de la Alianza.

Para Rusia, la amenaza tiene además una función interna que suele quedar relegada en el análisis militar. El problema de Putin no es solamente cómo combatir a Ucrania sino cómo explicar dentro de Rusia por qué una guerra que originalmente fue presentada como una operación contra un vecino débil continúa absorbiendo cantidades extraordinarias de recursos cuatro años después.

SIPRI calcula que el financiamiento federal ruso de la guerra y otros gastos militares alcanzó aproximadamente 16 billones de rublos en 2025, equivalentes al 7,5% del PIB. El crecimiento real del gasto militar, que había sido de 38% en 2024, todavía fue de 6,1% en 2025. El presupuesto de 2026 previó reducirlo a 14,9 billones de rublos, equivalentes al 6,3% del PIB, aunque SIPRI advirtió que el presupuesto podía ser modificado nuevamente. El déficit federal de 2025 había alcanzado 2,6% del PIB.

En términos comparables internacionalmente, SIPRI calculó que Rusia gastó unos US$190.000 millones en defensa durante 2025, un aumento real de 5,9%, equivalente al 7,5% de su PIB. Ese gasto representó el 20% del gasto público ruso, la proporción más elevada registrada por SIPRI para Rusia. Los 29 miembros europeos de la OTAN gastaron US$559.000 millones, casi tres veces el esfuerzo ruso medido en dólares.

La presión económica no es menor. El original esfuerzo militar ruso se produce mientras la economía enfrenta sanciones, escasez de mano de obra, presión inflacionaria y una creciente dependencia de los ingresos energéticos. En 2025 el déficit fiscal fue de 2,6% del PIB y el Banco Central mantuvo durante buena parte del período una política monetaria restrictiva para contener la inflación. La guerra derivó cada vez más recursos del presupuesto hacia defensa y sectores asociados al conflicto y menos margen para otras prioridades civiles. SIPRI advierte que esta concentración del gasto constituye uno de los principales problemas estructurales de la economía rusa.

La cuestión interna aparece con más claridad cuando se observa la opinión pública. El Centro Levada informó en septiembre de 2026 que, en agosto, 6 de cada 10 rusos apoyaban pasar a negociaciones de paz, mientras aproximadamente un tercio prefería continuar las operaciones militares. Más de la mitad consideraba que la guerra duraría todavía más de un año y seis de cada diez dijeron que el conflicto había afectado de algún modo a ellos mismos o a sus familias. Entre las consecuencias mencionadas aparecieron problemas materiales y económicos, muerte de conocidos, ataques con drones y ruptura de vínculos familiares

Esto no significa que la sociedad rusa haya abandonado el apoyo a la guerra. Levada continúa registrando un nivel elevado de respaldo a las acciones de las Fuerzas Armadas. Pero la combinación es políticamente significativa: se puede apoyar al ejército y, al mismo tiempo, querer que termine la guerra. En julio de 2026, Levada había encontrado que casi dos tercios apoyaban pasar a negociaciones de paz, mientras más de la mitad respaldaba intensificar los ataques contra Ucrania si no se alcanzaba un acuerdo.



Para Putin existe entonces una necesidad narrativa. Presentar el conflicto exclusivamente como una guerra contra Ucrania deja cada vez más expuesta la pregunta de por qué Rusia necesita mantener una economía de guerra, movilizar hombres y gastar cerca de una quinta parte del presupuesto estatal en defensa. Presentarlo como una confrontación con la OTAN permite explicar las dificultades como el precio de resistir contra un adversario mucho mayor.

El propio Putin utilizó ese marco en septiembre de 2026 al presentar las elecciones parlamentarias rusas como una demostración de unidad nacional y de apoyo a los soldados frente a los intentos externos de debilitar Rusia. Reuters informó que el presidente pidió a los ciudadanos votar como una forma de reafirmar la unidad nacional y resistir los esfuerzos extranjeros destinados a debilitar al país.

Rusia dice que la OTAN constituye una amenaza; la OTAN aumenta su gasto y despliega tropas porque advierte un riesgo desde Rusia; el Kremlin utiliza entonces ese rearme como evidencia de que su advertencia era correcta. Cuanto más se rearma Europa, más material tiene Putin para presentar la guerra como una confrontación defensiva contra Occidente.

La cuestión interna también explica por qué una escalada limitada puede tener más utilidad que una guerra abierta. Un ataque contra la OTAN sería militarmente desastroso para Rusia, pero una tensión crónica permite presentarse ante los rusos como una potencia capaz de desafiar al bloque occidental, justificar el esfuerzo militar y explicar por qué la guerra continúa sin necesidad de asumir inmediatamente el costo de una confrontación contra Europa.

A esto se suma el cálculo económico. La economía de la Unión Europea rondaba los US$19,4 billones en 2024, frente a unos US$2,1 billones de Rusia, según las cifras utilizadas en el artículo original. La población europea es además varias veces superior a los aproximadamente 144 millones de habitantes rusos. Esa asimetría no decreta por sí sola el resultado de una guerra -la experiencia de Ucrania demuestra que producción, logística, reservas, tecnología y voluntad política importan tanto como el tamaño del PIB-, pero sí muestra por qué una guerra abierta contra toda la OTAN sería un desafío muy diferente al conflicto con Ucrania.

La propia guerra está desgastando el instrumento militar ruso. En julio de 2026, fuentes citadas por Reuters señalaron que Putin continuaba resistiéndose a una movilización obligatoria de gran escala, mientras fuentes próximas al Kremlin hablaban de una posible intensificación del conflicto. Jack Watling, investigador del Royal United Services Institute, resumió el problema de otra manera: Rusia no necesariamente buscaría una guerra con la OTAN, sino utilizar ataques aislados para dividir a los aliados sobre cómo responder. Reuters también recogió la evaluación de que una escalada con la OTAN podría servir al Kremlin para justificar internamente una nueva movilización.

Existe, además, una segunda utilidad: la negociación. Mantener a la OTAN bajo presión puede servir a Moscú para convencer a Washington y a las capitales europeas de que continuar apoyando a Ucrania implica asumir un riesgo creciente de expansión de la guerra. En esa lógica, la amenaza sobre el flanco oriental se convierte en una ficha de negociación: Rusia podría ofrecer distensión en Europa a cambio de concesiones sobre Ucrania.

Esa hipótesis cobró fuerza con el plan de paz de 28 puntos que Estados Unidos trasladó a Ucrania en noviembre de 2025. El documento, elaborado con participación rusa, pero sin participación de Kyiv ni de la Unión Europea en su confección inicial, contemplaba el reconocimiento de facto de Crimea, Donetsk y Lugansk como territorios rusos, limitar el ejército ucraniano a 600.000 efectivos y establecer constitucionalmente que Ucrania no ingresaría en la OTAN. El punto 4 planteaba además un diálogo entre Rusia y la OTAN mediado por Washington para crear condiciones de desescalada.



Donald Trump llegó a advertir que Ucrania podía perder el respaldo estadounidense si rechazaba el plan, mientras Putin lo calificó como una base para un "arreglo definitivo". En esa ecuación, la amenaza sobre la OTAN funciona como una presión adicional: cuanto mayor sea el temor europeo a una expansión de la guerra, mayor puede ser la tentación de cerrar antes el conflicto ucraniano.

La presión no es exclusivamente militar. Según una investigación difundida por Bloomberg y analizada por el centro Le Grand Continent, la Agencia de Diseño Social del Kremlin, dirigida por Sergei Kirienko, coordina desde 2023 la operación de desinformación Doppelgänger, que clonó sitios de medios como Der Spiegel, Le Monde y Le Figaro para difundir contenidos destinados a erosionar la confianza en gobiernos occidentales y reducir el apoyo a Ucrania. El llamado "Proyecto 2026" buscaba ampliar ese tipo de operaciones.

En Europa también existen actores políticos que objetivamente reducen la cohesión de la política hacia Rusia, aunque no admiten actuar coordinadamente con Moscú. El Parlamento Europeo investigó pagos vinculados al medio prorruso La Voz de Europa a eurodiputados, mientras el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el eslovaco Robert Fico bloquearon en distintos momentos sanciones y asistencia a Ucrania. En febrero de 2026, Orbán vetó el vigésimo paquete de sanciones y un préstamo europeo de €90.000 millones para Kyiv; el bloqueo terminó en abril después de la reanudación del suministro de petróleo ruso a Hungría.

Al otro lado del Atlántico, el vicepresidente J.D. Vance atacó en febrero de 2025, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, a los gobiernos europeos por cuestiones relacionadas con libertad de expresión y democracia y se reunió con Alice Weidel, dirigente de AfD. Elon Musk, por su parte, había pedido públicamente el voto para ese partido. Meses después, Weidel reclamó recuperar las importaciones de petróleo y gas rusos para devolver a Alemania energía barata.

Vance también cuestionó públicamente si los aliados europeos eran "socios o clientes" de Estados Unidos. CPAC trasladó sus conferencias a Budapest y Varsovia, con Viktor Orbán como protagonista en Hungría y la presencia de dirigentes estadounidenses cercanos al movimiento MAGA. Esto no demuestra una coordinación centralizada entre Moscú, los partidos europeos y sectores del poder estadounidense, pero sí muestra una convergencia de discursos que puede reducir la cohesión occidental: Rusia presiona militarmente desde afuera mientras sectores políticos europeos y estadounidenses cuestionan desde adentro el costo de sostener a Ucrania y el valor de la alianza atlántica.



La cuestión de las minorías rusoparlantes completa la arquitectura del riesgo. Moscú lleva décadas acusando a los países bálticos de discriminación contra sus poblaciones de habla rusa. Sergei Lavrov llegó a calificar la situación de "apartheid" y Putin denunció lo que describió como "trato sucio" hacia los rusoparlantes. Los gobiernos bálticos rechazan esas acusaciones y el medio público letón LSM ha señalado que carecen de evidencia suficiente.

El 13 de mayo de 2026, sin embargo, la Duma rusa aprobó una norma que amplió las facultades presidenciales para desplegar fuerzas en el extranjero con el argumento de proteger ciudadanos rusos o personas consideradas vinculadas con Rusia detenidos o procesados en el exterior. Putin firmó posteriormente la legislación. El Instituto para el Estudio de la Guerra interpretó esa modificación como una preparación jurídica que podría facilitar futuras operaciones, especialmente en Moldavia y los países bálticos.

El antecedente ucraniano y la presencia de los “hombrecitos verdes” en Crimea en 2014 y antes de eso, el uso de rusos étnicos armados en Georgia en 2008 vuelve especialmente relevante esa cuestión. La protección de ciudadanos y "compatriotas" fue uno de los argumentos utilizados por Moscú para justificar acciones militares en el espacio postsoviético desde 1991. Que esa doctrina vuelva a recibir respaldo legal mientras aumenta la presión sobre los países bálticos no prueba una decisión de invadirlos, pero amplía el repertorio de argumentos que el Kremlin podría utilizar en caso de crisis.

La posibilidad de una operación de bandera falsa constituye otra pieza del mismo mecanismo. Después del impacto de un dron ruso en un edificio residencial en la ciudad rumana de Galați, Putin dijo que era demasiado pronto para afirmar que el aparato era propio y sugirió que podía tratarse de un dron ucraniano que se había desviado por una falla técnica. El Instituto para el Estudio de la Guerra advirtió que Moscú podría utilizar incidentes de ese tipo para negar responsabilidades o construir posteriormente un argumento que justifique una represalia.

En agosto de 2026, Lituania advirtió que Moscú podía utilizar drones ucranianos capturados para realizar ataques de bandera falsa contra infraestructura crítica en el Báltico. Polonia, Letonia y Estonia compartieron esa preocupación, según informó Reuters. La utilidad de este mecanismo es evidente: si el agresor consigue instalar dudas sobre el origen del ataque, puede ganar tiempo político y evitar que el incidente active inmediatamente una respuesta colectiva.

Moscú también desarrolló su propia narrativa de amenaza. En mayo, funcionarios rusos acusaron a los países bálticos de permitir que Ucrania utilizara sus territorios para lanzar drones contra Rusia. El viceministro de RREE Mikhail Galuzin advirtió que los bálticos "están jugando con fuego", mientras el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó las advertencias occidentales de "historias de miedo" destinadas a justificar la militarización contra Rusia.



El eventual repliegue estadounidense agrega otra variable. El Pentágono estudia opciones para reducir su presencia militar en Europa, que ronda los 80.000 efectivos. Las alternativas difundidas incluyen retirar aproximadamente 25.000 soldados, cerca de un tercio de esa fuerza, o incluso reducirla en unos 40.000, la mitad del contingente actual. Alemania alberga unos 36.000 militares estadounidenses, Italia unos 12.000 y España importantes instalaciones de la Fuerza Aérea y la Armada. La decisión depende de la revisión del despliegue estadounidense en Europa y del análisis del comandante de las fuerzas estadounidenses en Europa, general Alexus Grynkewich.

El dato importa menos por el número absoluto de soldados que por la señal política. Una reducción estadounidense no significaría automáticamente el abandono de la OTAN, pero podría ser interpretada por Moscú como una disminución del costo de probar la cohesión aliada. Reuters informó en septiembre de 2026 que la presión de Trump sobre la OTAN está llevando a los europeos a acelerar su propia defensa y, al mismo tiempo, está erosionando la confianza de algunos aliados sobre la permanencia del compromiso estadounidense.

La respuesta de la OTAN intenta precisamente impedir que esa percepción se convierta en una oportunidad rusa. El almirante Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comité Militar de la Alianza, afirmó que la OTAN dispone de unas 4.000 páginas de planes militares para el flanco oriental, desde una crisis menor hasta la activación del Artículo 5 y escenarios posteriores. "Los planes están listos, la estructura está lista, y las tropas, los sistemas y las armas están en espera", afirmó.

Dragone también señaló el límite de esa estrategia: las operaciones híbridas no activan automáticamente el Artículo 5 porque muchas permanecen por debajo del umbral de un ataque armado. Esa ambigüedad es justamente el terreno en el que Rusia puede intentar operar.

Pero Putin no calcula solamente en función de Washington y Bruselas. China e India introducen una restricción adicional que merece más atención.

China se ha convertido en el principal comprador de energía rusa y en un socio económico fundamental para Moscú. Esa relación permite a Rusia amortiguar parte de los efectos de las sanciones occidentales, pero Beijing también tiene razones para evitar que la guerra ucraniana se transforme en una guerra directa entre Rusia y la OTAN. Una conflagración europea de mayor escala afectaría los mercados energéticos, el comercio mundial y la economía china, además de aumentar la presión estadounidense sobre Beijing.

China no es, por eso, un aliado de Ucrania ni un actor neutral en la guerra. Su relación estratégica con Moscú es profunda. Pero su interés puede ser precisamente que Rusia conserve capacidad de resistencia sin cruzar un umbral que produzca una guerra directa con la OTAN. Esa diferencia es importante: Beijing puede tolerar la confrontación de Rusia con Occidente y, al mismo tiempo, tratar de evitar que se transforme en una guerra general europea.



India ocupa una posición distinta. Nueva Delhi mantiene vínculos históricos con Moscú y continúa siendo el segundo gran comprador de petróleo ruso. Reuters señaló en septiembre de 2026 que India se encuentra bajo presión estadounidense precisamente por esas compras de crudo ruso.

El primer ministro Narendra Modi también expresó públicamente su deseo de que termine la guerra. El 31 de agosto de 2026, durante una reunión con Putin en Bishkek, Modi afirmó que India apoyaba todos los esfuerzos de paz y que había que pasar "de una guerra interminable al fin de la guerra, al cese de las hostilidades". 

Esto no convierte a Modi en un mediador occidental ni significa que India esté dispuesta a romper con Moscú. Al contrario: la misma reunión en la que pidió terminar la guerra estuvo acompañada por una defensa de los crecientes vínculos económicos entre ambos países. La posición india es, por eso, más interesante: Nueva Delhi puede mantener una relación estratégica con Rusia y al mismo tiempo presionar para que la guerra no se extienda.

Para Putin, China e India representan así un límite potencial. Ambos países tienen incentivos para que Rusia no sea derrotada y para mantener sus relaciones con Moscú, pero también para evitar una guerra directa Rusia-OTAN. Una operación limitada en el Báltico puede ser tolerable para sus intereses; una guerra abierta entre Rusia y la Alianza sería una crisis muy diferente.

La suma de todos estos factores modifica la pregunta inicial. El problema no es si Rusia tiene capacidad para atacar a la OTAN. Es si tiene la voluntad y la capacidad para producir incidentes, generar incertidumbre, desplegar fuerzas y obligar a la Alianza a gastar más. La cuestión mucho más difícil es determinar hasta dónde puede hacerlo sin desencadenar una respuesta que le resulte militar, económica y políticamente insoportable.

Una invasión convencional de gran escala contra la OTAN sigue siendo un escenario de enorme riesgo para Moscú. Rusia tendría que abrir un nuevo frente mientras continúa la guerra en Ucrania, después de haber dedicado aproximadamente US$190.000 millones a defensa en 2025 y unos 16 billones de rublos de gasto militar y de guerra. Frente a ella tendría a una OTAN cuyos miembros europeos la superan en cifras de soldados, aviones, tanques y buques.

Una operación limitada, en cambio, ofrece a Putin una relación costo-beneficio completamente diferente. Puede generar alarma en Polonia o los países bálticos, obligar a desplegar fuerzas adicionales, aumentar el gasto europeo, distraer recursos de Ucrania, alimentar las divisiones políticas occidentales y reforzar dentro de Rusia el relato de que el país está combatiendo contra Occidente. Todo eso puede ocurrir sin que Moscú tenga que conquistar Varsovia, Vilna o Helsinki.



La posibilidad de un ataque ruso contra el flanco oriental de la OTAN es, por lo tanto, real pero restringida. Los datos disponibles no demuestran que Putin haya decidido iniciar una guerra convencional contra la Alianza. Sí muestran una combinación de acumulación militar, operaciones híbridas, preparación jurídica, presión propagandística, desgaste económico y utilización política del miedo que hace racional considerar escenarios de escalada limitada.

El verdadero objetivo puede no ser conquistar territorio aliado sino conseguir algo más barato: que Europa gaste más en defenderse, que reduzca su capacidad de sostener a Ucrania, que Washington dude sobre el costo de su compromiso y que los propios europeos comiencen a discutir cuánto están dispuestos a arriesgar por un conflicto que se desarrolla en sus fronteras.

Y existe una última paradoja. Cuanto más se rearma Europa para impedir una agresión rusa, más argumentos obtiene Putin para presentar ante los rusos la guerra como una confrontación con Occidente. Cuanto más China e India intentan evitar una escalada general, más margen tiene Moscú para mantener la amenaza sin cruzar el umbral que obligaría a sus propios socios a tomar distancia.

Una invasión convencional sigue siendo un mal negocio para Moscú: abriría un frente nuevo contra una OTAN en el que está en inferioridad militar. Una presión limitada le alcanza para otra cosa: obligar a Europa a defenderse, encarecer el apoyo a Ucrania, justificar la economía de guerra y sentarse a negociar con más cartas. Putin no necesita demostrar que puede derrotar a la Alianza. Le basta con que la Alianza tenga que demostrar, una y otra vez, que peleará por cada miembro. El arma más eficaz no es el misil que cruza la frontera, sino la duda sobre qué ocurrirá después.

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