Uruguay bloqueó un pago a Cardama por demoras en la entrega de motores para las OPV

El Estado uruguayo decidió no habilitar el pago correspondiente al tercer hito contractual del proyecto de construcción de patrulleras oceánicas (OPV), luego de que el astillero español Cardama no acreditara, dentro del plazo establecido, la entrega de los motores principales de la primera unidad, provistos por la firma Caterpillar.

El vencimiento del plazo se produjo en la noche del 14 de enero, fecha límite para que el astillero demostrara, mediante documentación certificada por la sociedad de clasificación, que los motores se encontraban efectivamente en sus instalaciones. Al no cumplirse esa condición, el pago quedó automáticamente bloqueado, de acuerdo con los términos del contrato y de la carta de crédito vigente.

Desde el Ministerio de Defensa de Uruguay señalaron que la medida responde estrictamente al incumplimiento de un hito técnico clave, indispensable para continuar con el cronograma financiero del proyecto. El tercer hito representaba un desembolso significativo del precio total del buque, por lo que su validación estaba sujeta a controles especialmente rigurosos.

El punto crítico del incumplimiento radica en que los motores Caterpillar no fueron entregados al astillero dentro del plazo estipulado, lo que impidió a Cardama acreditar el avance requerido. Si bien desde la empresa se atribuye la demora a inconvenientes con el proveedor, para la parte contratante el hecho concreto es que la condición contractual no se cumplió.

Este nuevo episodio se suma a una serie de tensiones previas en torno al contrato para la construcción de dos OPV destinadas a la Armada uruguaya, firmado en diciembre de 2023. En los últimos meses, el proyecto quedó bajo escrutinio por irregularidades detectadas en las garantías presentadas por el astillero, lo que derivó en actuaciones administrativas y judiciales en curso.

Desde el gobierno uruguayo aclararon que la falta de cumplimiento del tercer hito no implica automáticamente la rescisión del contrato, pero sí tiene consecuencias financieras inmediatas y refuerza la decisión oficial de no autorizar nuevos pagos mientras persistan los incumplimientos y no se esclarezca la situación legal.

En paralelo, se espera que en las próximas semanas continúen las instancias de evaluación técnica independiente sobre el grado real de avance de la obra, mientras se mantiene abierto un proceso de conciliación entre las partes. El futuro del proyecto dependerá, en gran medida, de la capacidad del astillero de regularizar la entrega de los equipos críticos y de cumplir con los compromisos contractuales pendientes.

Por el momento, el freno al pago marca un nuevo punto de inflexión en una iniciativa estratégica para la renovación de la flota de patrullaje marítimo de Uruguay, que sigue envuelta en demoras, controversias y definiciones aún por resolverse.