Venezuela: entre el SOFA, la proyección estadounidense y la supervivencia política del chavismo
La negociación de un acuerdo sobre el estatus de las fuerzas militares estadounidenses abre una nueva etapa en la relación entre Washington y Caracas. Sin embargo, su importancia debe medirse dentro de una arquitectura regional que Estados Unidos ya posee y de una competencia geopolítica más amplia con China.
Una noticia, varias interpretaciones
La información publicada por The New York Times el 3 de noviembre de 2026 sobre las conversaciones entre Washington y Caracas para establecer un acuerdo sobre el estatus de las fuerzas militares estadounidenses en Venezuela generó interpretaciones que, en algunos casos, exceden lo que efectivamente se conoce.
El dato central es que ambos gobiernos negocian un marco jurídico que permitiría ordenar actividades como visitas de buques, ejercicios, entrenamiento y asistencia humanitaria. La cantidad de efectivos, las instalaciones que podrían utilizarse y las condiciones de permanencia serían cuestiones sujetas a acuerdos posteriores.
Hay, sin embargo, una precisión importante: funcionarios estadounidenses señalaron que no existen conversaciones actuales para establecer bases militares en Venezuela y que una discusión de esa naturaleza se encuentra todavía muy lejos.
Por lo tanto, conviene distinguir entre la negociación de un marco jurídico, la eventual ampliación de las actividades militares y la instalación de bases o despliegues permanentes. Son escenarios diferentes y, con la información disponible, no corresponde tratarlos como parte de una misma decisión.
¿Qué significa realmente un SOFA?
Un Status of Forces Agreement (SOFA) es un instrumento jurídico que establece las condiciones bajo las cuales el personal militar de un Estado puede permanecer y desarrollar actividades en el territorio de otro.
Entre otras cuestiones, suele regular la jurisdicción penal y disciplinaria sobre el personal extranjero, las responsabilidades civiles, los procedimientos de ingreso y salida, el transporte de equipos y las cuestiones aduaneras.
Su función principal es proporcionar previsibilidad jurídica y establecer las responsabilidades de cada Estado durante las actividades de cooperación militar.
Sin embargo, un SOFA no equivale a un acuerdo de bases ni autoriza por sí mismo cualquier operación militar. Tampoco garantiza el acceso irrestricto a instalaciones o una presencia permanente. El alcance efectivo de la cooperación dependerá de las actividades y condiciones que ambos gobiernos acuerden.
La presencia estadounidense en América Latina: el Caribe como espacio estratégico
La presencia militar de Estados Unidos en América Latina tiene una distribución geográfica y funcional que no es casual. Una parte importante de su arquitectura de cooperación y acceso se concentra en Centroamérica y el Caribe, donde Washington ha desarrollado durante décadas mecanismos que permiten sostener operaciones de vigilancia, inteligencia, interdicción marítima y asistencia militar.
El combate contra el narcotráfico constituye el marco operativo más visible de esta presencia. La vigilancia de rutas marítimas, la cooperación con fuerzas de seguridad regionales y el despliegue de medios aeronavales permiten detectar e interrumpir los circuitos de circulación de drogas hacia Norteamérica.
Sin embargo, esta presencia excede la dimensión de la seguridad pública. El Caribe constituye un espacio de comunicación entre el Atlántico y el continente americano, concentra rutas comerciales y energéticas de importancia y permite proyectar influencia sobre Centroamérica, el norte de Sudamérica y los accesos al Golfo de México.
Mantener capacidades de vigilancia, acceso y despliegue en ese espacio representa una ventaja estratégica que trasciende la persecución del narcotráfico. En términos prácticos, permite a Estados Unidos observar el entorno regional, facilitar el movimiento de medios y personal y disponer de posibilidades de actuación cuando sus intereses lo requieran.
En este punto es necesario precisar qué entendemos por control. No se trata de soberanía ni de dominio territorial sobre los países que participan de los mecanismos de cooperación, sino de una capacidad práctica para mantener presencia, acceder a determinados espacios, obtener información y proyectar medios.
La presencia territorial estadounidense en Puerto Rico, la cooperación con República Dominicana y los mecanismos de acceso y colaboración establecidos con Panamá forman parte de esa arquitectura. En el caso panameño, los acuerdos recientes permiten actividades y despliegues temporales en instalaciones que permanecen bajo control de las autoridades locales. Estos mecanismos muestran que no es necesario disponer de bases propias para obtener ventajas operacionales y geopolíticas.
Colombia ocupa también un lugar particular dentro de este esquema. Su posición geográfica, con salida tanto al Caribe como al océano Pacífico, y una relación de cooperación militar con Washington desarrollada durante décadas le otorgan una relevancia regional significativa. El entrenamiento, la asistencia, el intercambio de inteligencia y la interoperabilidad forman parte de una relación que constituye uno de los principales pilares de la presencia estadounidense en el norte de América del Sur.
Venezuela: una posición complementaria, no indispensable
Venezuela posee atributos que explican el interés de Washington: una extensa fachada sobre el Caribe, recursos energéticos de relevancia y una ubicación geográfica que conecta el norte de Sudamérica con el arco caribeño. Esos factores le confieren importancia estratégica. Pero importancia no significa necesariamente centralidad, y mucho menos carácter vital.
Estados Unidos ya dispone de una arquitectura regional de presencia y cooperación que le permite operar en el Caribe. Colombia, por su posición entre dos océanos y por la profundidad de su relación militar con Washington, ocupa un lugar que Venezuela no puede sustituir. A ello se suman las posibilidades de acceso y cooperación que ofrecen otros países de la región.
En ese contexto, Venezuela podría reforzar la presencia estadounidense en el Caribe meridional, ampliar sus posibilidades de vigilancia y acceso y aportar nuevas capacidades de coordinación. Se trataría de una ventaja adicional dentro de una estructura existente, no de una condición necesaria para sostenerla.
Sobredimensionar la importancia de Venezuela supondría atribuirle una centralidad que no se corresponde con la distribución actual de las capacidades estadounidenses en la región. Y esa lectura, además, podría terminar alimentando una narrativa conveniente para el propio chavismo: la de presentar al país como una pieza indispensable para los intereses estratégicos de Washington.
La competencia con China: una dimensión que excede el narcotráfico
La presencia estadounidense en el Caribe y América Latina también debe analizarse dentro de una competencia geopolítica más amplia. Durante las últimas dos décadas, China amplió sus relaciones económicas, financieras y tecnológicas con la región, consolidando posiciones en sectores como energía, infraestructura, transporte, telecomunicaciones y minerales estratégicos.
En Venezuela, esa relación adquirió características particulares. Beijing se convirtió en uno de los principales socios económicos de Caracas, financió al Estado venezolano mediante créditos respaldados por petróleo, desarrolló vínculos con su industria energética y participó en sectores de infraestructura y telecomunicaciones. La relación también incluyó cooperación militar, provisión de equipamiento y el desarrollo de instalaciones de seguimiento satelital en territorio venezolano.
Esta presencia no debe interpretarse automáticamente como una proyección militar china equivalente a la estadounidense. Sin embargo, demuestra que la influencia de Beijing en Venezuela excede el intercambio comercial y alcanza ámbitos que pueden adquirir relevancia estratégica.
Para Washington, el problema no se limita a la eventual presencia de fuerzas militares de una potencia extrarregional. También comprende la posibilidad de que inversiones, acuerdos tecnológicos, posiciones logísticas y relaciones financieras se traduzcan en ventajas de influencia sobre sectores considerados sensibles.
La preocupación estadounidense por la infraestructura portuaria, las instalaciones de seguimiento espacial, las redes de telecomunicaciones y los accesos al Canal de Panamá muestra que esta competencia forma parte de su planificación de seguridad hemisférica.
En ese contexto, una eventual aproximación entre Caracas y Washington podría modificar las condiciones de acceso y cooperación de actores extrarregionales en Venezuela. Pero sería apresurado interpretar la negociación de un SOFA como el desplazamiento de China o la ruptura de los vínculos económicos existentes. Para que eso ocurra serían necesarias decisiones políticas y económicas de mayor alcance.
La cuestión, por lo tanto, no es si Venezuela se convertirá en un nuevo escenario de confrontación militar entre Estados Unidos y China, sino si el cambio en la relación entre Washington y Caracas puede reducir el margen de influencia que Beijing construyó durante las últimas dos décadas.
¿Qué busca Washington?
Desde la perspectiva estadounidense, un acuerdo de estas características puede responder a objetivos concretos que no requieren necesariamente el establecimiento de una presencia militar permanente.
En primer lugar, proporcionar un marco jurídico para desarrollar actividades de cooperación con las autoridades venezolanas, con reglas claras para el ingreso, permanencia y actuación del personal militar estadounidense.
En segundo término, ampliar las posibilidades de coordinación, intercambio de información y acceso operativo en el Caribe meridional. Esto podría facilitar actividades de vigilancia marítima y cooperación contra organizaciones criminales transnacionales.
Existe, además, una dimensión geopolítica. Una relación más estrecha con Caracas podría ofrecer a Washington mayores posibilidades de interlocución e influencia sobre sectores estratégicos venezolanos y, eventualmente, modificar las condiciones en las que operan actores extrarregionales, particularmente China y Rusia.
Sin embargo, estos objetivos deben distinguirse de los resultados que efectivamente pueda producir el acuerdo. La información disponible no permite afirmar que Washington esté buscando establecer una nueva plataforma militar permanente ni que haya decidido desplazar la presencia económica china de Venezuela.
La utilidad del SOFA podría residir, precisamente, en algo más inmediato: institucionalizar la cooperación, establecer condiciones previsibles para las actividades acordadas y ampliar las opciones de actuación estadounidense en el país.
¿Qué obtiene Delcy Rodríguez?
Para el gobierno de Delcy Rodríguez, la negociación tiene una dimensión que excede lo militar. Después de la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, el chavismo enfrenta el desafío de sostener la continuidad de su estructura de poder en un escenario político profundamente diferente. En ese contexto, la relación con Washington se convirtió en una variable central para la supervivencia institucional y política del sector que permanece al frente del gobierno.
La negociación de un acuerdo militar con Estados Unidos ofrece a Rodríguez la posibilidad de consolidarse como interlocutora en una relación bilateral compleja y demostrar que conserva capacidad para alcanzar entendimientos con Washington y gestionar cuestiones estratégicas del Estado.
También puede contribuir a normalizar la relación entre ambos gobiernos y abrir espacios de cooperación que favorezcan la continuidad de las estructuras administrativas y políticas existentes. Esto no equivale, sin embargo, a un reconocimiento definitivo de legitimidad política ni a la resolución de las tensiones internas y externas. La existencia de conversaciones demuestra que ambos gobiernos tienen asuntos concretos que negociar, pero no que sus intereses sean coincidentes ni que el proceso político venezolano esté resuelto.
Para el chavismo, el valor de esta negociación puede residir precisamente en esa posibilidad: mantener capacidad de interlocución internacional y evitar que su continuidad política quede definida exclusivamente por las condiciones impuestas desde el exterior.
La guerra narrativa: negociar también es construir una posición
En una negociación de esta naturaleza, los acuerdos que eventualmente se firmen no son la única dimensión relevante. También importa lo que cada parte consigue transmitir durante el proceso. Para Washington, negociar con Caracas puede proyectar su capacidad de influencia y demostrar que está en condiciones de establecer mecanismos de cooperación con un gobierno que hasta hace poco mantenía una relación de confrontación con Estados Unidos.
Para Delcy Rodríguez, la negociación ofrece otra oportunidad: presentar al gobierno como un interlocutor necesario para gestionar los asuntos estratégicos de Venezuela y mostrar que conserva capacidad de decisión en el nuevo escenario político.
Esta dimensión narrativa debe distinguirse de los resultados concretos. La negociación de un acuerdo jurídico no equivale a una alianza estratégica, del mismo modo que la posibilidad de desarrollar actividades militares conjuntas no supone necesariamente una presencia permanente ni una coincidencia de intereses.
La negociación puede tener valor por lo que eventualmente permita hacer, pero también por lo que sus protagonistas consiguen transmitir que ya están haciendo. En ese terreno, el proceso mismo se convierte en un instrumento político: cada parte busca proyectar capacidad de iniciativa, influencia y margen de decisión.
Entre la oportunidad estratégica y la realidad de los hechos
La negociación de un SOFA entre Estados Unidos y Venezuela puede representar un paso significativo en la relación bilateral, pero su alcance no debe confundirse con una transformación inmediata del equilibrio militar en el Caribe. Para Washington, el acuerdo podría ampliar las herramientas de cooperación y acceso en un espacio donde ya dispone de una arquitectura regional consolidada. Venezuela aportaría una posición complementaria y nuevas posibilidades de actuación, pero no constituye una pieza indispensable de esa estructura.
Para Delcy Rodríguez, el valor puede ser diferente. La negociación le ofrece una oportunidad para sostener su interlocución con Washington y proyectar continuidad política en un escenario todavía abierto.
Ambas partes pueden encontrar utilidad en el proceso, aunque eso no significa que compartan los mismos objetivos ni que sus intereses converjan más allá de los asuntos concretos que están negociando. Por ahora, lo comprobable es que existen conversaciones. El alcance del eventual acuerdo, las actividades que autorizaría y las condiciones de una posible presencia militar estadounidense todavía están por definirse.
La negociación importa, pero conviene no confundir lo que puede llegar a habilitar con lo que efectivamente representa hoy. Entre el valor estratégico de un acuerdo y la narrativa construida alrededor de él existe una diferencia que, en el caso venezolano, resulta fundamental.
