Venezuela: Una acción militar de EEUU es posible, lo que no se sabe aun es cuál es su objetivo

Por Ignacio Montes de Oca

Trump retiró a su negociador ante Maduro, Richard Grenell, y el camino diplomático quedó suspendido al tiempo que se refuerzan los rumores de una acción directa contra la dictadura chavista. Los escenarios posibles y las opciones legales son variadas.

El retiro de Grenell el 3 de octubre implica un avance de la “línea dura” de Marco Rubio que presionó para dejar el asunto en manos de los departamentos de estado y de guerra. La carta de Maduro a Trump planteando una "conversación directa y franca" fue producto de esa decisión. Los acuerdos que promovía el enviado especial, como la prórroga de las actividades de Chevron, dejan el primer plano. La incógnita es cuál es el destino que tendrán las exportaciones de U$S 190 millones mensuales de petróleo venezolano a EEUU que hacía esa empresa. Chevron le reclama al gobierno venezolano una deuda por U$S 3.000/3.700 millones y la prórroga autorizada por Trump le permitía seguir operando para saldarla, pero también genera una actividad comercial y financiera que conviene a la economía chavista. Por ahora, todo sigue igual.

Lo mismo sucede con las deportaciones. También el 3 de octubre llegó al aeropuerto venezolano de Maiquetía otro lote de 185 deportados desde Texas. Para Trump es crucial mantener esa vía abierta. Desde febrero de 2025 deportó a 4.200 venezolanos en un total de 21 vuelos. Pero aún queda mucho por deportar. El censo de EEUU de 2023 indica que en ese momento había unos 486.000 venezolanos en situación irregular. Sumemos 600.000 refugiados bajo el régimen del TPS y que la Corte Suprema acaba de dejar sin resguardo a pedido de la Casa Blanca.

La tarea de Grenell era precisamente sostener esos puentes abiertos, que tocan dos aspectos claves de la estrategia de Trump: migraciones y energía (que incluye compromisos electorales). Pero faltaba resolver el otro gran tema de la agenda que es el del flujo de drogas hacia los EEUU. El problema es que entre sí se contradicen porque una acción directa antidrogas en Venezuela puede suspender los vuelos de regreso de más de un millón de deportados y un ataque pondría en riesgo el recupero de ganancias de Chevron y Maduro ya avisó que tiene planes de represalia. Como se ve, es más difícil decidir qué tipo de acción se debe hacer para presionar a Maduro que hacer una película con soldados desembarcando al ritmo de las Valquirias de Wagner. En el mundo real las expectativas juegan un rol secundario y deben considerar factores e intereses concretos.

Vamos ahora a ordenar los datos sobre “el ataque inminente” y las “extracciones” para dejar en paz a esos modelos contratados para actuar como tropas sudadas. Apagamos los reflectores y nos concentramos en algo menos épico que son los hechos y los limites políticos y legales. Veamos a la secuencia de hechos. Grenell logró la liberación de 6 rehenes estadounidenses el 1 de febrero y el 20 del mismo mes se designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera. En EEUU arreció la campaña del ICE enfocada en la presencia de venezolanos en el país. Trump encontró un límite en la aceptación de los deportados. El 4 de marzo expiró la licencia de Chevron y Maduro ordenó la suspensión de los vuelos de deportación. El 13 de marzo se llegó a un acuerdo. Se reanudaron los vuelos y se prorrogó la licencia de manera limitada.

En los primeros días de julio Grenell logró que otros 10 prisioneros fueran liberados y que se reanuden las deportaciones. Esto permitió la llegada a Venezuela de 252 migrantes desde EEUU y desde el CECOT salvadoreño. Junio marcó un recordó con 209 vuelos con repatriados a la fuerza. El 25 de julio se designó al Cartel de los Soles como organización terrorista y el día anterior se prorrogó la actividad de Chevron. Hasta aquí Grenell y Rubio iban poniendo cada uno sus bazas en una acción coordinada, pero con contradicciones lógicas. Pero a partir de este mes hubo un cambio.

En ese mismo mes Trump firmó una directiva secreta que autoriza al Pentágono a usar las fuerzas armadas para atacar directamente a grandes cárteles narcotraficantes en la región definidos como grupos terroristas. En agosto, ordenó el despliegue naval frente a Venezuela. El 2 de septiembre la Armada de EEUU destruyó la primera lancha en el Caribe y desde entonces hubo declaraciones ambiguas de parte de Trump. En algunas sugería ataques terrestres, en otras que buscaba la salida de Maduro y en otros dijo que no iba a buscar un “cambio de régimen” en Venezuela. Dado que orientarse por los dichos de Trump es como usar una veleta como brújula, sigamos con los hechos. Veamos cuales fueron las decisiones y los pasos legales que se fueron dando en EEUU respecto a Venezuela. Es importante entenderlo para mantenerse en el plano de la realidad.

El primer paso para una acción directa fue haber designado a algunos carteles como “organizaciones terroristas extranjeras” y de ese modo sacarlas de la justicia ordinaria para pasarlas al estatuto de riesgo para la seguridad nacional. Ese camino abre a justificaciones diversas.

El 2 de octubre la Casa Blanca envió a los comités del Congreso un aviso confidencial con el pedido de autorización para realizar acciones militares limitadas en lo que denominó un "conflicto armado no internacional" contra los cárteles de la droga allí donde se encontrasen. Esa justificación admite el uso de la fuerza letal y coloca a los integrantes de grupos designados previamente como terroristas en la categoría de “combatientes ilegales”. No es una cuestión semántica porque evita los protocolos que impiden lanzarles misiles sin contemplaciones.

Según la interpretación legal de EEUU, significa que pueden ser capturados y detenidos indefinidamente sin un juicio civil o penal, tal cómo se trató a los miembros de Al Qaeda. Esta perspectiva tiene un efecto psicológico como la imagen de las lanchas volando por los aires. Además, autoriza al Pentágono a organizar otras acciones militares. Ya había una autorización para el despliegue de la flota en el Caribe con la designación de los carteles como terroristas. Este nuevo permiso habilita, según algunas interpretaciones, a operaciones más ambiciosas. De acuerdo con Trump, las muertes por el uso de fentanilo y otros narcóticos constituyen un “ataque armado” contra EEUU y desde allí se deben tomar medidas simétricas para represaliar el daño y frenar los embarques de drogas. Esa es la base política para sus descargos legales.

Que la administración Trump considere que está ante un "conflicto armado no internacional" no le dé rienda libre para actuar sin límites en el escenario exterior. La Casa Blanca lo sabe y de allí que haya pedido las autorizaciones correspondientes a los comités del Congreso. Sin ese permiso puede actuar en aguas internacionales, pero no dentro de territorio soberano de otros países. En realidad, puede hacerlo, pero estaría vulnerando leyes de EEUU y cuando se pierde el poder puede que la displicencia de hoy lleve a un estrado judicial pasado mañana.

Para organizar una acción de guerra contra otro estado debe seguir los pasos de la Ley de Poderes de Guerra o War Powers Act de 1973 y actuar de acuerdo a las normas de auto defensa frente a organizaciones terroristas. En cualquier caso, sigue necesitando del respaldo legislativo. En EEUU y en particular en el Congreso se debate la base legal de una acción en Venezuela. Trump puede lanzar un ataque sin pedir permiso, pero luego debe justificarlo ante los comités del Senado. Si no lo hace, tanto él como sus funcionarios pueden tener problemas en el futuro.

Para hacer un ataque el Poder Ejecutivo tiene que notificar con 48 horas de antelación al Congreso indicando el sitio, la justificación, medios involucrados y los objetivos concretos. Puede ser una notificación reservada y eso es lo que parece haber hecho Trump la semana pasada. La notificación debe ser dirigida al presidente pro tempore del Senado y al de la Cámara de Representantes. A partir de allí tiene 60 días para actuar y 30 de prórroga para garantizar la retirada. Esto es para el caso que no haya una declaración de guerra, que es algo muy diferente. Para operaciones más allá de los 90 días se necesita una AUMF o Authorization for Use of Military Force, que requiere una aprobación por mayoría simple de las cámaras o la declaración de guerra que requiere idéntico consenso parlamentario y allí hay algunos problemas políticos.

La mayoría de los demócratas se oponen a una acción militar, como era previsible, pero también hay resistencias entre legisladores republicanos como Paul Rand, Mike Pence y Justin Amash. La mayoría oficialista es muy ajustada para pasar por alto estas oposiciones. De no lograr esas aprobaciones deben pausarse las acciones, no hay ambigüedades en la interpretación de las leyes. Este entramado legal luego se debe combinar con las circunstancias políticas para el caso específico de Venezuela y los tiempos que requiere una acción militar.

Puede que esos 4 o 6 mil marines no sean suficientes para sacar a Maduro de su cargo o, lo que es más importante, para acabar con el chavismo si se ejecuta una cadena de reemplazos para cada figura neutralizada o enviada a un calabozo luego de ser capturada en una operación especial. No solo se trata de considerar a los 265.000 militares que hay en Venezuela. Una parte podría mantenerse fiel al régimen por ideología o por aferrarse a los negocios de la droga y todo el listado de delitos que generan ganancias en la parte más marginal de la economía venezolana. Luego hay que contar con los famosos “colectivos”. Se estima que hay 46 de estos grupos en 16 estados y cada uno de ellos podría tener entre 50 y 150 integrantes. Entre el ELN y las FARC que operan en el país hay otros 2.000 guerrilleros en zonas remotas como Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. El Tren de Aragua tiene unos 4.000 integrantes y luego hay que contar los 3.000 miembros formales del SEBIN, sin contabilizar a colaboradores y policías que están tan comprometidos con el régimen que probablemente no tengan otra opción que pasarse a alguna forma de resistencia.

No vamos a contar los 100 millones de tropas de las milicias bolivarianas, pero bastaría con que un pequeño grupo de ellos se sume a la guerra de guerrillas y sabotajes para que ese plazo de 60 o 90 días se quede corto. No es tan sencillo desarmar 26 años de chavismo. La otra opción es no invadir y realizar ataques puntuales sobre la infraestructura militar, pero incluso si eliminara a los cabezas del régimen, no afecta el número de tropas y paramilitares que mantienen el control represivo a base de armamento portátil y fidelidades regionales.

Lo mismo sucede con los medios y centros de distribución de drogas. El tráfico se monta sobre las estructuras de comercio civil y afectarlas puede agregar una dosis extra de precariedad a la vida dentro de Venezuela y ser usada por la dictadura para valerse del factor nacionalista. Salvo que se asegure una insurrección militar exitosa, se asume un riesgo grande de provocar una inestabilidad violenta que solo puede ser conjurada con una presencia militar permanente que nos devuelve a la necesidad de permisos legislativos y de elaborar un plan riguroso.

Desentenderse del asunto no es una opción porque dejar a Venezuela sumergida en una guerra civil es el peor de los escenarios. La experiencia de Irak y Afganistán ya le mostró a EEUU que puede quedar fuera de todo y eso incluye un listado gigantesco de beneficios a futuro. Por ejemplo, haría desaparecer la opción de seguir enviado deportados cuando le faltan aún un millón de personas para repatriar. Y esa es una prioridad central para Trump. Suena poco lógico disponer de vuelos para enviar de a miles por mes para lanzarlos en medio de una guerra civil.

Un estado fallido también haría imposible o enormemente caro explotar las reservas naturales venezolanas. No solo hablamos de la primera reserva global de petróleo con 300.878 millones de barriles probados. Hay otras fuentes de recursos, en particular en el Arco Minero del Orinoco. Hablamos de 14,2 millones de toneladas métricas de hierro, las 8° Reserva más grande del planeta, de 321 millones de toneladas de bauxita, 35.000 toneladas de coltán, 1.000 millones de quilates de diamantes, 7.000 toneladas de oro y yacimientos de cobre, níquel y tierras raras. El solo hecho de controlar las mayores reservas de crudo le daría la oportunidad de controlar a la OPEP, una entidad clave para manejar el precio internacional del principal insumo de la economía global. Apurarse para resolver el tema de Venezuela podría ser un error fatal de cálculo.

La opción es lograr convencer al Congreso para declarar un estado de guerra. Pero Trump es un empresario y sabe de costos y beneficios. Pero también es un político y conoce el desgaste que supondría empantanarse en una batalla de años luego de prometer a sus electores lo contrario. Las operaciones de Siria y Afganistán le costaron a EEUU U$S 2 billones. La relación coste beneficio se va diluyendo a media que se estire una intervención en Venezuela. Por donde se lo mire, para Trump el único negocio es entrar y salir con las tropas y regresar con sus contadores. Solo si logra ejecutar una acción limpia y rápida podría evitar un desastre y controlar Venezuela haciendo uso del poder emanado del haber echado a Maduro y a sus cómplices. Es decir, que el nuevo gobierno tenga una lealtad agradecida con EEUU como para sumarse a su órbita.

Para eso tiene algunas tareas pendientes como recibir en el salón Oval al presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González, como lo hizo ya con otros mandatarios. Algunos de ellos con credenciales democráticas que no alcanzan a los tobillos del dirigente venezolano. Y además ayudaría mucho que dejara de poner a los venezolanos como objeto de su furia migratoria. O que dejase de acusarlos de ser parte del Tren de Aragua en cada discurso. Eso debilita a la oposición a Maduro dentro del país que más puede hacer para que regresen por su cuenta.

Lograrlo es importante porque con tantos recursos Venezuela es una joya que están aprovechando otros. China, Rusia e Irán son los que hoy usufructúan de esas riquezas y de paso convirtieron a Venezuela en un bastión y una lanzadera para influir en toda América Latina y en el Caribe. Echar a los chinos, rusos e iraníes de Venezuela implica acercar a Trump a su sueño de convertir a EEUU otra vez en la potencia rectora del continente. Dado que el petróleo venezolano es una de las razones principales de la supervivencia cubana, su caída puede tener un efecto dominó. La caída de Maduro puede arrastrar a otras dictaduras como la de Nicaragua y alejar a sus espónsores políticos. No se trata solo de riquezas materiales, para Trump el poder pisar firme en Venezuela implica concretar uno de sus slogans preferidos; “América para los americanos”.

Todo conduce a una incógnita clara y es ¿Qué se propone Trump con Venezuela? La opción militar es evidente, la salida diplomática fue desechada, pero aún no queda claro si su objetivo primordial es lograr el dominio sobre la política venezolana o acceder a sus riquezas. Esa duda es clave, la primera conduce a sacar a Maduro para acordar con un nuevo gobierno legítimo y la segunda a cambiar la cúpula para negociar con quienes sucedan al chavismo ese acceso privilegiado, la obediencia a sus deseos migratorios y el freno al envío de narcóticos. Ambas opciones implican caminos muy diferentes y un uso en el tiempo muy distinto de la potencia militar de los EEUU. El botín es muy grande en todos los aspectos y su efecto sobre otras naciones de la región será determinante a la hora de exhibir la voluntad intervencionista.

Y es allí en donde hay que llamar la atención sobre el aspecto final. El pedido de permiso al Congreso se realizó a partir de la necesidad de combatir a los carteles y "grupos armados no estatales", en plural. Venezuela tiene uno de cada uno. Esa cuestión semántica no es menor. Entre los carteles designados hay 6 de México y entre los grupos armados, el ELN y las FARC que operan en Venezuela y Colombia. Ese es un aspecto que se pasa por alto al centrar la mirada en la posible caída de Maduro. La advertencia implícita se dirige a todo el sur del Río Bravo. Tiene sentido que Colombia esté tomando nota y las reacciones desaforadas de Petro. Pero también México, que maniobra a sabiendas que reúne los requisitos para quedar en la mira de Trump: aporta la mayor parte de inmigrantes ilegales y tráfico de drogas que recibe EEUU.

Un cambio político en Venezuela es urgente, pero no satisface la cuestión de la migración ni la del tráfico de drogas de EEUU. El Cartel de los Soles aporta solo una fracción de la droga que consumen los norteamericanos. De Colombia proviene el 84%, la mayoría llega por México.

Este permiso que se da EEUU implica acciones en cualquier territorio extranjero de la zona y las razones antiterroristas invocadas a partir de la acción de los cárteles tienen el potencial de abarcar cualquier lugar en donde se detecte su presencia. Esto es en todo el Caribe y más allá. Al entender el alcance de la advertencia de Trump es posible comprender que se busque o no la caída del chavismo o solo de los actuales jefes del Cartel de los Soles, se asoma una política de intervención activa en los asuntos de una región que está lejos de limitarse a Venezuela.

Si se entiende esto, es posible analizar hasta dónde y cómo se propone actuar Trump en Venezuela y que es solo un paso dentro de una política aún más ambiciosa. Dejar de analizar la periferia del asunto puede llevar al error de considerar que todo se trata de Maduro y el chavismo. Tampoco se trata de petróleo, porque un acuerdo que favorezca a Chevron le alcanza para recuperar el nivel de importaciones previas a las sanciones de 2019. Maduro está en el punto ideal para arrancarle un pacto que lo logre y otro para que reciba al millón que Trump quiere echar.

Y para terminar, hay que volver a diferenciar entre cambio de dirigentes y de régimen. Las acciones para lograr cada uno son tan diferentes como lo es una acción militar puntual de una guerra. Solo cuando ocurra el ataque lo sabremos por sus objetivos puntuales. Hasta entonces es pura especulación y juegos mentales. Trump tiene un propósito que no dejó aun en claro y ahora hay que saber si el Pentágono y Rubio tienen un plan delineado para hacerlo realidad y cuál es su verdadero alcance geográfico. Y, por fin, hay que ver si tiene éxito.

También hay que observar lo que sucede en EEUU. Trump ordenó movilizar más tropas dentro de los distritos demócratas que en el Caribe. Y el apagón presupuestario y los ruidos en la economía desaconsejan abrir un frente militar caro y sin una garantía de resultados inmediatos. Son muchas dudas mientras EEUU maniobra en el Caribe y la dictadura chavista se prepara para un evento que sucederá, sin saber cuándo y donde. Sus socios regionales y estratégicos por ahora no intervienen y eso le da una cuota extra de incertidumbre sobre lo que pueda suceder. Sin un plan claro para el día después de Venezuela, es solo una negociación armada. Ese día después tiene muchas opciones y ese es el problema. Puede ser con o sin chavismo. Con o sin Maduro. Con o sin su gobierno legítimo. Vendría bien que Trump lo discuta con Edmundo González.