COP Internacional 2026: Un análisis sobre las repercusiones jurídicas de tratar a las facciones criminales como organizaciones terroristas.

El panel reunió a destacados expertos en la materia para debatir sobre los cambios en la legislación, la soberanía, el estrangulamiento financiero del crimen organizado y, sobre todo, la seguridad jurídica de los agentes de policía.

Cualquier posible cambio en el tratamiento legal de las organizaciones criminales brasileñas, que pasen a ser consideradas organizaciones terroristas, no debe limitarse a un simple cambio de terminología. Para tener un impacto concreto en la lucha contra el crimen organizado, el debate debe abarcar la legislación, las herramientas disponibles para las fuerzas de seguridad, la cooperación internacional, la congelación de recursos financieros y, sobre todo, la seguridad jurídica de los agentes de policía que participan en las operaciones.

Este fue uno de los temas principales del panel “Impacto legal en la sociedad brasileña y en la actuación policial en la transformación conceptual de una organización criminal en una organización terrorista”, celebrado este jueves (13) durante la COP International 2026 en São Paulo. El debate reunió a Carlos Motta, asesor legal de la COP International ; Rômulo Brito, oficial de la Policía Judicial del Estado de Río de Janeiro y presentador del podcast Fala Guerreiro Cast ; y el Dr. Luciano Lara, fiscal y escritor.

El debate comenzó con un escenario en el que organizaciones como Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), según la valoración de los participantes, han dejado de operar exclusivamente en mercados tradicionalmente asociados al crimen organizado. El control territorial y la explotación de las actividades económicas, además de la imposición de normas a la población y el uso de la violencia como mecanismo de intimidación, se presentaron como elementos que incrementan la complejidad del problema.

Rômulo Brito argumentó directamente que ciertas prácticas de estas organizaciones ya han traspasado los límites convencionales atribuidos al crimen organizado. Según él, los actos violentos se utilizan como instrumentos para conquistar y preservar territorios.

"El crimen organizado, no lo llamaría terrorismo, pero sí podría denominarse, por ejemplo, actos terroristas. Y mediante estos actos, expanden, dominan y mantienen el control del territorio del Estado", afirmó.

Según Brito, el problema se agrava especialmente cuando una organización comienza a imponer normas a quienes viven en un territorio determinado. Para concluir su presentación, planteó una pregunta provocadora: “Cuando una organización criminal controla un territorio, impone normas a la población y utiliza el terror para mantener su poder, ¿nos enfrentamos simplemente a un problema de seguridad pública, o es un problema mucho más profundo de lo que imaginamos?”.

Del nombre a los efectos legales

Carlos Motta cambió el enfoque del debate. En lugar de centrar la discusión únicamente en si el PCC, el CV y otras facciones deberían o no ser clasificadas como organizaciones terroristas, argumentó que el punto central reside en las consecuencias legales de tal posible cambio.

"Mi preocupación no radica en la clasificación como organizaciones terroristas u organizaciones criminales, sino más bien en sacar a la luz un proceso de pensamiento en el que debemos analizar las consecuencias legales para la sociedad y, especialmente, para los agentes de seguridad pública, es decir, los policías", afirmó.

Según Motta, cualquier cambio debe establecer claramente qué instrumentos estarán disponibles y cuáles serán los límites de las acciones del agente público. El objetivo es evitar una reforma legislativa que, si bien inicialmente amplía las facultades, posteriormente exponga al agente de policía a interpretaciones legales divergentes.

Para él, la seguridad jurídica debe ser el eje central del debate. «No sirve de nada debatir la clasificación. Necesitamos desarrollar la legislación para que tenga consecuencias efectivas para el agente de policía en el terreno», afirmó.

La legislación brasileña es uno de los puntos de debate.

Uno de los obstáculos señalados en el panel de discusión radica en la propia estructura de la legislación antiterrorista brasileña. Motta argumentó que la ley vigente asocia la caracterización del terrorismo con motivaciones específicas, mientras que la realidad de las facciones criminales brasileñas se relaciona principalmente con la obtención de recursos y el control territorial.

Esta distinción es importante porque, según el razonamiento presentado en el panel, clasificar simplemente una facción en otra categoría legal sin revisar las disposiciones legales podría dar lugar a impugnaciones legales posteriores y comprometer las investigaciones y operaciones.

Por lo tanto, Motta argumentó que el debate debería dejar de lado la pregunta "¿es crimen organizado o terrorismo?". Para responder a otra pregunta: ¿qué instrumentos jurídicos y operativos pretende obtener el Estado con una posible nueva clasificación?

Tres instrumentos que deberían guiar el debate.

Motta destacó tres frentes que, a su juicio, deberían guiar este debate. El primero es la posibilidad de alcanzar actos preparatorios. El segundo implica un apoyo operativo más sólido y una mayor integración entre las instituciones. La presentación mencionó recursos de inteligencia, equipamiento, estructuras federales y mecanismos de cooperación que podrían fortalecer las operaciones contra organizaciones con una capacidad financiera y territorial significativa.

El tercer frente es el financiero. "Hoy en día todo gira en torno al dinero", afirmó Motta. Según él, "sin el estrangulamiento financiero de las organizaciones, por mucho que se modernicen las operaciones policiales y la seguridad pública en Brasil, se acaba librando una batalla casi imposible: la batalla contra el dinero".

Brito también hizo hincapié en este aspecto al argumentar que bloquear la estructura financiera podría afectar no solo a los miembros de las facciones, sino también a la red económica que sustenta sus operaciones. “Es mucho más importante bloquearla desde la raíz, desde el dinero. El dinero impide la compra de armas, impide la inversión en recursos humanos”, afirmó.

La soberanía se ha convertido en un tema central del debate.

El panel también abordó uno de los puntos más delicados del debate: si la cooperación internacional en la lucha contra organizaciones clasificadas como terroristas podría representar algún tipo de injerencia en la soberanía brasileña.

Según Motta, una cosa no implica necesariamente la otra. Brasil podría incorporar mecanismos de cooperación extranjera, inteligencia, financiación o equipamiento, manteniendo al mismo tiempo el control total de las operaciones.

"El primer aspecto de la soberanía es la capacidad de decidir y ejecutar. Eso es lo que significa ser soberano. Quien tiene el poder de decidir y el poder de ejecutar es soberano sobre esa situación", afirmó.

Posteriormente, recalcó: “No hay que tener miedo de clasificar a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas y aceptar ayuda del extranjero, ya sea financiera, de inteligencia o con equipamiento. Nuestra legislación simplemente debe proteger esta operación de seguridad pública para que nunca escape de las manos de las instituciones brasileñas”.

El debate adquiere una dimensión adicional dada la internacionalización de las principales facciones brasileñas y sus vínculos con organizaciones extranjeras, un aspecto que también abordaron los ponentes. Para ellos, el crecimiento de estas redes exige que el país evalúe los instrumentos de cooperación internacional sin renunciar al control nacional sobre las acciones de seguridad.

La inseguridad del agente de policía en primera línea.

A pesar de abordar temas como el terrorismo, el crimen organizado, la cooperación internacional, la soberanía y los bloqueos financieros, el debate convergió repetidamente en la situación del profesional que implementará las medidas en la práctica.

Motta advirtió que una legislación imprecisa puede generar inseguridad precisamente para quienes deben tomar decisiones durante una operación. En su opinión, los agentes deben conocer de antemano las reglas de actuación y las consecuencias legales derivadas de la clasificación de los delincuentes.

“¿Cuáles son las consecuencias legales de esta práctica para un agente de seguridad pública?” , preguntó durante la presentación. A continuación, hizo hincapié en que el agente de policía debe estar al tanto de las consecuencias legales de la clasificación adoptada.

Este punto ayuda a explicar por qué, en opinión de Motta, transformar conceptualmente una organización criminal en una terrorista sin reformar los instrumentos legales puede generar más controversia que resultados.

Para concluir, resumió la cuestión con una pregunta provocadora: "¿Queremos un nombre nuevo o queremos trabajar con este nombre y sus consecuencias?".

La respuesta propuesta en el panel se centra menos en la etiqueta y más en lo que viene después: una legislación capaz de definir con precisión los instrumentos de investigación y represión, dirigida a la estructura financiera de las organizaciones, que establezca los límites de la cooperación internacional y que brinde seguridad jurídica a quienes llevan a cabo las operaciones. En este marco, el debate sobre calificar a una facción como organización criminal o terrorista deja de ser meramente conceptual y comienza a plantear una cuestión concreta: ¿qué herramientas pretende tener el Estado brasileño para enfrentarla y bajo qué normas puede utilizarlas?