El cielo como nueva trinchera: drones de ataque de las FARC, ELN y Clan del Golfo en Colombia

Por Erich Saumeth

La historia reciente de la guerra irregular en Colombia tiene un punto de quiebre silencioso en 2018. Ese año, en Tumaco (Nariño), aparecieron los primeros reportes de drones empleados por el Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las FARC. En ese momento eran herramientas de observación e inteligencia (detectándose también los primeros artilugios armados), utilizadas para vigilar el movimiento de la Fuerza Pública en una región donde el narcotráfico y la minería ilegal son la base de la economía armada.

Ese debut marcó el inicio de un proceso de adaptación tecnológica: de aparatos comerciales de bajo costo para diversas actividades, los drones pasaron a ser parte del arsenal de los grupos armados ilegales. En pocos meses, las autoridades empezaron a incautar unidades modificadas con soportes improvisados para portar granadas (lanzándose incluso una alerta en este sentido por el Comando General de las FFMM en 2023), y desde entonces se configuró una amenaza que en 2025 ya se ha convertido en uno de los principales desafíos de seguridad del Estado colombiano.

ISR: ojos invisibles en la selva y los ríos

Antes de arrojar explosivos, los drones cumplieron un papel fundamental en labores ISR (inteligencia, vigilancia y reconocimiento) convirtiéndose estas aeronaves pequeñas y silenciosas -para las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo- en la manera ideal de vigilar sin exponerse.

En el nor-oriente, sur occidente o en el centro del país, los aparatos sobrevuelan caminos rurales para detectar patrullas militares, monitorean puestos policiales antes de un ataque, verifican si la Fuerza Pública instala retenes y, sobre todo, ayudan a vigilar las rutas de narcotráfico y los socavones de minería ilegal, llegando incluso a ser utilizados para la corrección del fuego de morteros artesanales o para coordinar emboscadas.

El Clan del Golfo (AGC), que hasta 2024 limitaba su uso a la observación, comenzó en 2025 a emplear drones cargados con explosivos, especialmente en Bolívar y Córdoba, lo que demuestra que el fenómeno se ha extendido más allá de las disidencias de las FARC y el ELN.

De vigilar a matar: el salto ofensivo

El tránsito del ISR al ataque ocurrió pronto. A partir de 2022–2023 se empezaron a documentar con mayor frecuencia drones que dejaban caer granadas sobre objetivos fijos como las estaciones de Policía, bases del Ejército y patrullas en movimiento y para 2024, alias Iván Mordisco, cabecilla del disidente Estado Mayor Central afinaba esta nueva táctica de combate, llevándose incluso a cabo un primer curso en el manejo de estos medios.

Se priorizó para ello el empleo de modelos tales como los DJI Technology Co Mavic 3 Pro y Mini 4 Pro, adaptándoles dropping kit´s instalados (como sistema de lanzamiento de objetos) que abraza el fuselaje y libera la carga con una interfase en el RC, gracias a que estos drones tienen un Mtow de 1.150 gramos lo que les permite cargas útiles de hasta 300 gramos, según Luis Armas, experto en sistemas UAV. Como medios de ataque vienen utilizando granadas hechas con materiales livianos (especialmente plásticos) usando envases PET con sus respectivos iniciadores con explosivos y metrallas, para ser lanzadas sobre sus objetivos, según la opinión del experto Javier Miranda consultado sobre este tema.

El conteo de los ataques: una escalada en cifras

Lo que en 2018 parecía un experimento aislado se ha convertido en una práctica sistemática, de hecho, hasta el 23 de agosto de 2025, los ataques superaban los 260 incidentes registrados, con un fuerte incremento en el último año. Solo en 2024 se documentaron 108 ataques, y en lo que va de 2025 ya se superaban los 160.

El costo humano de esta escalada es considerable, pues doce uniformados han muerto directamente como resultado de los ataques y más de 109 militares y policías han resultado heridos, entre ellos 26 en 2024 y al menos 83 en 2025, según reportes consolidados por las Fuerzas Armadas de esta nación, convirtiendo a estos sistemas en armas que producen daño con eficacia creciente.

La guerra en el agua: ataques a la Armada

Uno de los capítulos más preocupantes de esta tendencia es el paso de los ataques a tierra a la ofensiva en los ríos. Hasta agosto de 2025, tres embarcaciones de la Armada Nacional habían sido atacadas con drones en operaciones fluviales en Guaviare y Putumayo. El más reciente ocurrió el 31 de agosto de 2025 (el primero en noviembre de 2024 y el segundo en julio pasado), cuando un dron lanzó granadas sobre una patrullera, marcando el tercer incidente de este tipo.

La novedad es significativa: los ríos son las arterias de movilidad en la selva, y hasta ahora las embarcaciones de la Armada habían sido atacadas con emboscadas terrestres o explosivos artesanales en orillas. El uso de drones abre un nuevo frente de vulnerabilidad para una de las fuerzas mejor preparadas del país.

Escenarios recientes: Cauca, Tolima y Valle

Los recientes casos ilustran la dimensión del problema. Por ejemplo, en Cajibío (Cauca), en abril de 2025, se registraron tres ataques con drones en apenas 12 horas, dirigidos contra instalaciones de la Policía en medio de celebraciones religiosas.

Por su parte en Anzoátegui (Tolima), las disidencias de las FARC difundieron un video de un ataque a la estación de Policía, lo que demostró no solo la capacidad ofensiva, sino el uso propagandístico de esta tecnología.

En los puertos del Pacifico y más exactamente en Buenaventura (Valle del Cauca), el 30 de agosto de 2025, un infante de Marina murió en un ataque con dron explosivo, confirmando que la amenaza ya no se limita a hostigamientos leves, sino que cobra vidas de forma directa.

Guerra aérea de bajo costo: Un desafío estratégico para el Estado

La evolución de esta táctica ha obligado al Estado colombiano a reaccionar, incorporando la Fuerza Pública sistemas antidron (pero en números mínimos) que permiten detectar, interferir y derribar aeronaves hostiles. Al mismo tiempo, la Armada y el Ejército han reforzado sus capacidades ISR con drones propios de mayor alcance, como los ScanEagle/NightEagle y los V-BAT 128, que permiten extender la vigilancia y responder a los vuelos hostiles.

Sin embargo, el desafío es complejo, pues los grupos armados utilizan drones comerciales de bajo costo, fáciles de reemplazar, adaptables y difíciles de rastrear. La asimetría de costos es clara dado que un dron armado improvisado cuesta una ínfima parte del valor de los sistemas antidron necesarios para contrarrestarlos.

En apenas siete años entonces, Colombia ha visto cómo los drones pasaron de ser un accesorio curioso en el conflicto a convertirse en un arma estratégica de bajo costo y alto impacto. Las disidencias de las FARC lideran esta tendencia, el ELN las acompaña y el Clan del Golfo se suma. Los resultados son medibles: cerca de 270 ataques, 12 muertos, más de 109 heridos y tres embarcaciones fluviales atacadas sin que hasta la fecha se haya diseñado un macroproyecto para la adquisición masiva (centenares a miles) de sistemas inhibidores, para el conjunto de las FFAA, aún a pesar de las evidentes necesidades tácticas.

Colombia se enfrenta y aboca ahora a una nueva fase en la guerra irregular que libra, en la que los cielos bajos, sobre la selva, los pueblos y los ríos (y quizás pronto las ciudades), se han transformado en las nuevas trincheras invisibles de un conflicto derivado exclusivamente del narcotráfico y sus múltiples aristas. Es la metáfora cruel de un país que, pese a buscar la paz, descubre que la guerra siempre encuentra una forma de regresar, disfrazada esta vez de tecnología cotidiana.