El gobierno argentino transfiere la administración de la flota aérea presidencial al Ministerio de Defensa

Mediante el Decreto 377/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional argentino dispuso la transferencia de la administración, operación y custodia de la flota aérea presidencial al Ministerio de Defensa. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa Luis Petri, busca optimizar el uso de recursos y personal especializados.

La normativa establece que el Ministerio de Defensa asume la plena responsabilidad por el mantenimiento y control técnico de las aeronaves destinadas al uso exclusivo de la Presidencia de la Nación. Esta decisión incluye la transferencia de los créditos presupuestarios vigentes, sin implicar un aumento en la cantidad de unidades organizativas del Estado.

Pese al traspaso, la Secretaría General de la Presidencia continuará siendo la autoridad encargada de definir el uso de las aeronaves, pudiendo solicitar su afectación o desafectación, y requerir información sobre su estado operativo.

El decreto también introduce una serie de modificaciones en la estructura organizativa de la Secretaría General de la Presidencia y del Ministerio de Defensa. Entre los cambios, se redefinen funciones de la Casa Militar y se incorporan nuevos objetivos a la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico del Ministerio de Defensa. Se destacan las funciones de mantenimiento integral de la flota y la capacitación del personal conforme a estándares internacionales.

Asimismo, se mantienen vigentes los regímenes especiales de contratación establecidos previamente para garantizar la operatividad de las aeronaves, excluidos del régimen general de contrataciones del Estado. Esto permitirá una mayor agilidad en la gestión técnica y logística de la flota presidencial.

Desde el Gobierno sostienen que la medida permitirá una gestión “más eficiente” de los recursos técnicos y humanos involucrados en el funcionamiento de la aviación presidencial, en línea con la reorganización del aparato estatal impulsada por el Ejecutivo.

El decreto ya se encuentra en vigencia y contempla la adecuación de cargos, funciones y objetivos conforme a las nuevas responsabilidades asignadas, sin afectar los principios del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).