No hace falta, a esta altura, analizar la falta de políticas de defensa en la Argentina, pero sí es importante, a pocos días de nuevas elecciones presidenciales, ver qué se puede esperar en el próximo gobierno sobre este tema. La crisis económica que se ha venido acentuando y para la que parece que ningún candidato tiene un plan serio para salir de ella, ha llevado a que las cuestiones de largo plazo se hayan dejado de lado y, dentro de ellas, para el sector político, la defensa parece ser de las menos relevantes.
De los seis candidatos a presidente, se puede decir que hoy tres de ellos, como son Roberto Lavagna, José Luis Espert y Nicolás del Caño, no contemplan políticas de defensa en sus plataformas. No hace falta aclarar que, siendo de extrema izquierda, Del Caño no tiene en cuenta nada relacionado a las Fuerzas Armadas y su futuro. Por su parte, Lavagna prácticamente nunca se ha pronunciado durante la presente campaña en relación a la defensa y Espert, cuando lo hizo, no planteó nada distinto de lo que cualquiera puede decir.
Por su parte, Juan José Gómez Centurión, a pesar de provenir del Ejército, ha presentado en su momento una propuesta de defensa que más bien es una política militar y no de defensa, ya que no hace un análisis geopolítico ni determina necesidades concretas en cuanto al marco legal, organización y equipamiento de las fuerzas, más allá de algunas cuestiones muy puntuales, como la radarización o la vuelta a un Código de Justicia Militar, lo cual me parece correcto. Plantea una inversión de 10.000 millones de dólares en equipamiento, sin aclarar el por qué de esa suma, el para qué ni en qué se invertiría, tampoco cómo haría el estado para proveer dicha suma, lo cual da la idea de que el monto no surge del análisis de necesidades y posibilidades, sino que es algo más bien arbitrario. El resto de sus planteos, sobre salarios, obra social, museo y veteranos de Malvinas, son más bien cuestiones internas de las fuerzas que no hacen a una política de defensa. Personalmente me decepcionó, ya que esperaba, por su trayectoria, un trabajo más elaborado y fundamentado.
Yendo a los dos candidatos con posibilidades de éxito, por lo que son los que realmente interesa analizar, con respecto a Mauricio Macri, el hecho de que ya esté gobernando permite ver cuál es su postura frente a la defensa y que ésta no ha significado un cambio de rumbo significativo con respecto a la administración kirchnerista anterior, a pesar de algunas mejoras, como el inicio del blanqueo de los sueldos, el correcto cambio del decreto reglamentario de la Ley de Defensa y algunos pasos en un reequipamiento más racional. El aspecto más positivo que ha tenido este gobierno, sin dudas, ha sido la vuelta del respeto y la revalorización de las Fuerzas Armadas por parte del Poder Ejecutivo y las demás instituciones estatales, algo que se había perdido completamente durante el gobierno kirchnerista y que fue, sin dudas, lo que más daño generó a las fuerzas.
Sin embargo, es muy poco lo que se hizo frente a las necesidades y las posibilidades que había, lo cual se debe al desinterés del gobierno en la cuestión de la defensa, a la falta de un proyecto de país, a la incomprensión de la importancia de la defensa en la política exterior y a la selección de personal inadecuado para el ministerio de defensa, imposibilitando así la confección de una política de defensa.
Ante una posible reelección de Macri, sí es interesante tener el cuenta que su candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, sí ha nombrado muchas veces la importancia de la defensa y la recuperación de las Fuerzas Armadas, esperándose que su peso en el gobierno pueda influir en que haya un cambio de rumbo.
Sin embargo, creo que está también en las propias fuerzas y en la parte de la sociedad interesada en la defensa, el planteo de la necesidad de contar con un Ministerio de Defensa con gente idónea, que se desarrolle una política de defensa a largo plazo y que haya un compromiso desde el Poder Ejecutivo y los demás ministerios en el apoyo de dicha política. Si no, se mantendrá el estancamiento actual, con el constante deterioro de unas fuerzas que precisan de manera urgente una reorganización, un reequipamiento y el replanteo del marco legal, que sea acorde a las necesidades y a la realidad actual.
Ahora, lo más preocupante de todo es el planteo del candidato kirchnerista. Si bien tampoco ha tocado el tema de la defensa y las Fuerzas Armadas de manera abierta, hace pocos días se publicó un documento con distintas propuestas del Partido Justicialista que apoya la candidatura de Alberto Fernández (https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://assets.iprofesional.com/assets/pdf/2019/10/485080.pdf?4.1.3) el cual permite ver algunas de las ideas del equipo de trabajo que tiene a su alrededor. En su mayoría, quienes trabajaron en dicho documento formaron parte del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Cristina Fernández.
En general, el capítulo sobre defensa carece de contenidos relevantes y hace un análisis demasiado superficial de la realidad, más allá de apelar a un nacionalismo discursivo que no han defendido en la práctica. Por otra parte, si bien plantean que el problema de la defensa viene desde 1983, indican que éste se agudizó con el último gobierno, cuando en realidad el declive más pronunciado comienza en 2001 y se mantuvo constante desde entonces, incluyendo a los doce años de gobierno del movimiento que integra Alberto Fernández. A la vez, al plantear que “la preocupación por los problemas sociales y económicos prevalecerá ante los de la defensa, entre otros, en el tiempo por venir” indica que la defensa no será prioritaria, sino que estará completamente relegada a que primero se resuelvan otros problemas. En esto, es preciso que se comprenda que una economía fuerte se basa en que quienes inviertan sientan que sus activos están seguros y bien protegidos, y eso implica que exista un sistema de defensa y seguridad que les genere confianza. Y de manera similar, en cuanto a los problemas sociales, la seguridad y la defensa son un pilar en su resolución, ya que una sociedad más segura está menos expuesta a sufrir los embates de organizaciones criminales u otros grupos que pueden dañar el entramado social. En lo que se refiere a la política de remuneraciones, básicamente plantean acabar aquello que ellos mismos empezaron cuando fueron gobierno, lo cual es contradictorio pero, al menos, aunque no lo dicen de manera explícita, reconocen su error.
En otro punto, indican lo siguiente: “Las Fuerzas Armadas padecen una larga penuria presupuestaria. La medición del gasto militar argentino efectuada por el acreditado Instituto Internacional de Estocolmo de Investigaciones para la Paz (SIPRI, su acrónimo en inglés) indica que ese gasto, en 2008, medido en dólares constantes, era de 9.214 millones. En tanto que en 2018 alcanzaba a 5.337 millones, es decir, una pérdida del 42%. Se trata de un retroceso considerable”. Sin embargo, la propia base de datos del SIPRI indica algo distinto (https://www.sipri.org/sites/default/files/Data%20for%20all%20countries%20from%201988%E2%80%932018%20in%20constant%20%282017%29%20USD%20%28pdf%29.pdf) donde se puede ver que en 2008 ese valor era de 4278 millones y no el número indicado en el documento del Partido Justicialista, lo cual lleva a que todo su planteo sea erróneo. Además, de la lectura del documento del SIPRI se destaca que 2017 y 2018 son los años con el mayor gasto en defensa en la última década (en 2017, según el SIPRI, fue de 5460 millones, el más alto desde 1989), mientras que es importante tener en cuenta que el mismo instituto calcula que desde 2004 hasta ahora, el porcentaje del PBI gastado en defensa ha oscilado entre 0,8 y 0,9 % del PBI, estando en la actualidad en 0,9 %.
Otro punto que es preocupante es el planteo de que Defensa Nacional y Seguridad Pública deben permanecer como funciones estatales diferentes, algo que ya se había planteado durante el gobierno kirchnerista y que implica un total desconocimiento del tema, ya que en el mundo moderno, donde los conflictos son híbridos y asimétricos casi en su totalidad, la seguridad de un estado, entendida como la seguridad de sus habitantes y sus intereses frente a cualquier amenaza, comprende a la vez la defensa y la seguridad pública, ya que la línea que separa ambas es difusa y a veces directamente no es posible determinarla, como es el caso de la ciberguerra o de grupos insurgentes financiados, entrenados o sostenidos por otros estados (como ocurre en Colombia, Ucrania y Siria, entre otros casos).
Sí me parece destacable la idea de promover una cultura nacional para la Defensa, la cual aparece de manera similar en la propuesta de Gómez Centurión.
Dentro de lo poco que aporta el documento, lo que resulta más preocupante es el capítulo que indica que “es necesaria la gestión de una dinámica poblacional acorde con la amplitud territorial de nuestro país”, abordando que “la distribución de la población es poco consistente con esa amplitud. Basta señalar que, en la actualidad, el 54% de los habitantes está concentrado en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y centro-sur de Santa Fe, que representan sólo el 18,3% de la superficie del país. Por lo tanto, el 46% de la población se distribuye en el 81,7% del territorio nacional. Es preciso desarrollar una política demográfica más equilibrada que propicie un mejor balance de la ocupación territorial de nuestro país y beneficie el desenvolvimiento económico”. Esto, por un lado, nada tiene que ver con la defensa, y si bien no aclaran qué pretenden con la idea de una “política demográfica más equilibrada”, me parece preocupante que podría ser la puerta de entrada a la idea de plantear relocalizaciones de parte de la población del país (algo inconstitucional) o la justificación a la apertura a la inmigración masiva para ocupar dichos espacios. Más allá de que esta idea carece completamente de sustento legal, hay que entender que hoy la gente vive donde quiere y donde encuentra más oportunidades y no donde al estado le parece mejor. Esta realidad de “desequilibrio demográfico” está presente en muchísimos grandes países del mundo, como Canadá, Rusia y Australia y en todos se debe a las mismas razones: la gente vive donde encuentra un entorno más amigable, sea por mayor desarrollo económico o por cuestiones ambientales.
Finalmente, hacen un planteo a la vuelta a organizaciones como fue la fracasada Unasur y su Consejo de Defensa, que no favoreció el desarrollo de políticas de defensa ni generó ningún beneficio, aunque significó alinearse con gobiernos dictatoriales como el de Venezuela, lo cual hoy podemos ver como una gran amenaza para las libertades y las instituciones democráticas de la Argentina, ya que de ningún defensor de una dictadura como la que hoy ejerce el chavismo, puede esperarse que vaya a ser un ferviente defensor de nuestras instituciones republicanas y de los derechos humanos.
En general, como conclusión, lo que se percibe es que la defensa sigue siendo un tema relegado para los políticos, principalmente por su falta de plataformas concretas y proyecto de país, lo cual ya es algo grave (a pesar de que estemos acostumbrados), ya que se están eligiendo personas y partidos que, a pesar de ser la razón por la cual son elegidos, no saben qué hacer con el país ni qué pueden plantear a largo plazo.
Los políticos solo buscan votos y, por ende, solo se enfocan en aquello que creen que la sociedad demanda. La sociedad siempre prioriza su aquí y ahora, el muy corto plazo y aquello que la afecta de manera directa, mientras que la defensa es algo que, en tiempos de paz, parece abstracto y difícil de valorar, como lo es un seguro de vida mientras estamos sanos. La falta de prioridad del tema defensa refleja la falta de proyecto de país, la incapacidad que tiene la Argentina de fijarse un rumbo y saber hacia dónde queremos ir. Y es imposible llegar a algún lado si no se sabe hacia dónde se quiere ir.
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