La amenaza aérea que enfrenta Colombia: ataques con drones aumentaron 146 % en cinco meses.
Camilo Mendoza - Autor del libro Amenaza Dron, consultor de defensa
El uso de drones por parte de grupos armados ilegales está transformando la dinámica del conflicto. La evolución hacia plataformas FPV y sistemas guiados por fibra óptica obliga a replantear la estrategia de defensa aérea de baja altura.
Los conflictos de Ucrania y Rusia y las confrontaciones en Medio Oriente han convertido a los drones en una herramienta cada vez más determinante de vigilancia, ataque y reconocimiento.
En Ucrania, en particular, el campo de batalla se ha convertido en un escenario de intensa competencia tecnológica, con el empleo masivo de drones de bajo costo, sistemas FPV, plataformas guiadas por fibra óptica —capaces de evadir los inhibidores electrónicos— y nuevas soluciones de navegación asistida por inteligencia artificial.
La velocidad de esta evolución evidencia que las capacidades de defensa deben adaptarse continuamente a tecnologías que cambian en cuestión de meses y que pueden alterar de manera significativa las dinámicas tradicionales de combate.
Colombia, un caso alarmante
Colombia enfrenta una transformación acelerada de la amenaza aérea. Los grupos armados ilegales han incorporado drones de bajo costo como nuevos vectores de ataque, modificando las condiciones de seguridad para la Fuerza Pública y poniendo en riesgo infraestructura crítica, servicios públicos y población civil.
De acuerdo con los datos de la Defensoría del Pueblo, entre enero y mayo los ataques con drones aumentaron 146 % frente al mismo periodo del año anterior, al pasar de 49 incidentes confirmados a 121.
El impacto de esta nueva modalidad de violencia ya se refleja en el número de víctimas: 21 personas han muerto y 145 han resultado heridas, entre uniformados y civiles.
La amenaza, sin embargo, trasciende las bajas directas. El ataque contra el radar de Santana, en El Tambo, Cauca, evidencia el denominado “efecto cascada”: la destrucción de infraestructura estratégica puede generar consecuencias sobre el tráfico aéreo y afectar sistemas que trascienden el objetivo inicial.
Según el análisis realizado por Camilo Mendoza – Mayor retirado de la Fuerza Aérea Colombiana y pionero en defensa antiaérea y tecnologías antidrones– el mismo fenómeno puede extenderse a otros sectores estratégicos. Los ataques contra infraestructura energética y de hidrocarburos en regiones como Catatumbo y Arauca pueden terminar afectando redes de servicios públicos y comprometiendo sistemas nacionales de navegación y telecomunicaciones.
De drones recreativos a drones de ataque
La evolución tecnológica de los drones está modificando las condiciones del conflicto. Las plataformas tipo FPV (First Person View) – los drones que comúnmente vemos– están siendo adaptadas por los grupos al margen de la ley para transportar cargas explosivas de hasta 7,5 kilogramos, incluyendo granadas de mortero de 60 milímetros, y emplearse como aeronaves tipo “kamikaze”.
Pero uno de los principales cambios se encuentra en la incorporación de drones guiados por fibra óptica, una tecnología que representa un desafío para los sistemas tradicionales de guerra electrónica.
Los inhibidores convencionales funcionan sobre la base de interferir las señales de radiofrecuencia que mantienen la comunicación entre el operador y el dron. Cuando el dron está conectado al operador mediante un cable físico de fibra óptica, esa posibilidad desaparece: no existe una señal de radio que pueda ser interferida.
La consecuencia es un cambio sustancial en la ecuación de seguridad. Las capacidades diseñadas exclusivamente para enfrentar amenazas de radiofrecuencia pueden resultar insuficientes frente a una nueva generación de vectores.
Una defensa antidrones no puede depender de una sola tecnología
Ante este escenario, el reto para el Estado no consiste simplemente en adquirir más sistemas antidrones o buscar una solución única capaz de neutralizar todas las amenazas.
La respuesta debe construirse sobre una arquitectura integral de defensa aérea de baja altura, con diferentes capas de protección.
La primera corresponde a la detección avanzada, mediante radares capaces de identificar objetivos de pequeña firma.
La segunda es la mitigación adaptativa, que combine la intercepción electrónica para amenazas de radiofrecuencia con capacidades de intercepción cinética o hard kill frente a drones de fibra óptica y vehículos aéreos no tripulados de mayores capacidades.
La tercera consiste en una defensa activa e integrada, destinada a proteger simultáneamente infraestructura crítica, activos militares y centros poblados mediante una operación coordinada bajo un mando unificado.
La velocidad de adaptación se convierte en el nuevo desafío
El análisis también advierte que la velocidad con la que evolucionan las capacidades de los grupos armados ilegales está superando la capacidad institucional de adaptación.
“Mientras los adversarios pueden modificar sus plataformas y capacidades tecnológicas en cuestión de semanas, los procesos estatales de adquisición, evaluación y despliegue pueden avanzar a un ritmo considerablemente menor” aseguró el Mayo (R) Mendoza.
Por ello, el desafío no es exclusivamente tecnológico. También es de planeación estratégica.
La respuesta requiere identificar previamente las capacidades reales de los grupos ilegales, anticipar la evolución de las amenazas y establecer requerimientos que permitan responder a escenarios cambiantes.
Las limitaciones de las capacidades actuales, señala el análisis, no deben interpretarse únicamente como fallas técnicas de los sistemas de inhibición. El problema también está relacionado con la ausencia de una estrategia conjunta, coordinada y prospectiva que permita determinar qué capacidades necesita realmente el Estado antes de definir sus procesos de adquisición.
Proteger infraestructura crítica, una prioridad
La nueva amenaza obliga a ampliar el concepto de protección. Radares, instalaciones energéticas, redes de servicios públicos y sistemas de comunicaciones son hoy tan relevantes para la seguridad nacional como las instalaciones militares ubicadas en zonas de confrontación.
El análisis plantea priorizar la protección inmediata de esta infraestructura mediante la integración de sistemas de detección y el fortalecimiento de capacidades complementarias a las que actualmente despliega la Fuerza Pública.
También plantea acelerar el desarrollo y la integración de soluciones de fabricación nacional, con redundancia tecnológica y capacidades de detección, clasificación, inhibición y destrucción de amenazas UAS.
En particular, la intercepción cinética adquiere relevancia frente a aquellos vectores que son inmunes a la guerra electrónica convencional.
Catatumbo, Arauca y Cauca: zonas prioritarias
La transformación de la amenaza aérea exige una respuesta que combine tecnología, coordinación institucional y velocidad de despliegue.
Las zonas de confrontación activa, entre ellas Catatumbo, Arauca y Cauca, requieren especial atención ante la evolución de las capacidades de los grupos armados ilegales.
La conclusión es contundente: la soberanía del espacio aéreo nacional enfrenta una nueva amenaza y recuperar la iniciativa requiere una nueva arquitectura de defensa aérea de baja altura, mayor velocidad de respuesta y tecnología capaz de anticiparse a la evolución del adversario.
La guerra cambió de altura. La respuesta del Estado también debe hacerlo.
